«Este modelo es ecocida, genocida e inconstitucional»

«Este modelo es ecocida, genocida e inconstitucional»
27 septiembre, 2019 por Redacción La tinta

Contrahegemoníaweb fue al Museo del Hambre y habló con Marcos Filardi, especialista en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria sobre agronegocio, hambre y derecho. Cuáles son los motivos por los que este modelo se mantiene en pie y a quién beneficia. Qué papel juegan los monstruos empresariales como Bayer y Monsanto. Por qué es importante enfrentar la ley de semillas que impulsa el gobierno.

Por Manuel Petruzela para ContrahegemoníaWeb

Marcos Filardi es abogado especialista en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Pertenece a esa parte del derecho que no anda todo el día con traje y corbata. No se peina a la gomina, ni pone distancia con el resto del mundo. Anda con una remera a rayas y con el pelo libre. Porque es mejor así que la libertad con fijador, diría alguien por ahí. Ceba unos mates y cuenta todo a velocidad crucero, constante. Datos, números, estudios e información de cómo el agronegocio como sistema productivo atenta contra el ser humano como especie, y en el camino queda el medio ambiente herido de muerte. “Este modelo viola el derecho a la alimentación, viola el derecho al agua, viola el derecho a la salud, viola el derecho a la integridad física, viola el derecho a la vida, viola el derecho a vivir en un ambiente sano, es un modelo violatorio de nuestros derecho humanos.”

En el barrio de San Cristóbal se da el encuentro. Es en el Museo del Hambre, del cual Marcos forma parte. Estos ámbitos suelen identificarse con documentos, objetos e información de cosas pasadas o que se pretenden en el olvido y se las vuelve a visitar con cierta nostalgia. Pero en este caso no. En esta especie de subsuelo que está en la avenida San Juan funciona una biblioteca popular, hay un espacio cedido a una cooperativa de trabajo para la venta de productos agroecológicos, y también una muestra del caricaturista brasileño Carlos Latuff. Pero: ¿por qué se creó un espacio así? “Porque el hambre, como bien dice una consigna argentina hace muchos años, es un crimen. Y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance de encerrarlo de una vez y para siempre en un museo”.

Marcos se egresó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizó algunos viajes para entender, o tratar, por qué hay un modelo que puede alimentar a 12.000 millones de personas y, sin embargo, 842 millones pasan hambre. Por África fue el primero. “Tuve contacto con realidades muy fuertes, muy impactantes, muy de muerte. Ir a un centro de nutrición terapéutica y encontrarte diez chicos, ir al día siguiente y que sean ocho. Y que no genera titulares. El hambre crónica no televisada. Porque no es que a partir de ahí sale en un diario, se escandaliza todo el mundo y se toman medidas. No. La mujer va, se lleva a su hijo o a su hija y lo entierra en la parte trasera de la casa“.

Después viajó por Argentina: “también hay muertes por desnutriciones crónicas de base, que están presentes en este país que dice ser o se tiene en el imaginario como el granero del mundo, el supermercado del mundo y que quiere exportar alimentos para diez veces su población. Es mentira esto. Y en uno u otro lado la raíz es la misma. Tanto en África como en Argentina tenés acaparamiento de tierra, concentración de tierra, extranjerización de tierra, monocultivo, un modelo agroindustrial dominante globalizado”.

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—¿Qué es el agronegocio?

—El agronegocio es básicamente un modo de producción, distribución y consumo que descansa en primer lugar en el uso de insumos de síntesis química: agrotóxicos, transgénicos, fertilizantes sintéticos. Que además en Argentina está enhebrado a partir del monocultivo y cuyo destino es principalmente la exportación. Así que no está destinado prioritariamente a satisfacer las necesidades alimentarias de nadie, ni mucho menos del mercado interno, de la población del país, sino que está pensado para producir commodities exportables hacia otros mercados. Agronegocio es relaciones contractuales, una agricultura de servicios, un pool de siembre que alquila una tierra, pero también alquila una empresa sembradora y los servicios de una empresa cosechadora, alquila los servicios de una empresa fumigadora y en ese entrecruzamiento de relaciones contractuales se da este fenómeno. Frente a ese modelo que es dominante en Argentina, que es hegemónico, emerge como otro modo de producir la agroecología en todas sus formas.

—¿La agroecología va más allá de producir sin agrotóxicos?

—Va más allá incluso de la mera sustitución de insumos, porque hoy se piensa que la agroecología es solamente un proceso productivo en donde vos evitás el uso de fertilizante sintético derivados de combustibles fósiles, agrotóxicos y transgénicos. Entonces, si hacés monocultivo con fertilizante biológico y control biológico de plagas, para algunos estarías hablando de agroecología y eso no es agroecología. Para nosotros es todo un relacionamiento distinto con el entorno, con el hábitat, con el ecosistema, que introduce dimensiones de las relaciones sociales implícitas en ese proceso. Cómo son las relaciones laborales en ese ámbito, el proceso de formación de precios, que exceden en mucho la parte estrictamente productiva. Y al mismo tiempo tiene que ver con toda una revinculación con la naturaleza de la que somos parte a la hora de cultivar alimentos, que va más allá de una mera sustitución de insumos. Y es central la pregunta porque hoy hablamos de una agroecología en disputa.

—Y teniendo en cuenta los niveles de pobreza e indigencia a nivel nacional (33,6 y 6,1 respectivamente según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA), y la cantidad de personas que no pueden acceder a una alimentación adecuada. Todo con el agronegocio como telón de fondo. ¿Existe dentro del derecho alguna herramienta para enfrentar la situación que se genera a partir de esto?

—No hay duda del carácter normativo en nuestro país del derecho a la alimentación. Nosotros legítimamente podemos decir que el derecho a la alimentación adecuada se está violando en la Argentina, entre otras cosas, por el modelo agroindustrial dominante. Y por otro lado no es que solamente es recomendable que el Estado lo abandone y vaya a la agroecología, sino que está obligado por sus obligaciones en materia de derechos humanos a hacer esa reconvención. Nuestra Constitución Nacional, a través de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos, le da jerarquía constitucional a distintos instrumentos que reconocen nuestro derecho a la alimentación adecuada, nuestro derecho humano al agua, nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, entendida no solamente como a no ser privado arbitrariamente de ella, sino el derecho al desarrollo de condiciones que hagan una existencia digna, y el derecho a la integridad física y psíquica. A la luz de eso podríamos discutir si el modelo agroindustrial dominante es compatible o no con la Constitución. Con varios colegas entendemos que es un modelo inconstitucional. Justamente porque es violatorio de los derechos humanos con jerarquía constitucional. Este modelo es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos, además de ecocida y genocida. Por lo pronto es poner la cúspide de nuestra normativa donde tiene que estar. Lo que la FAO viene pidiendo, lo que el comité de derechos económicos sociales y culturales dice en su resolución general 12, que lo que tenemos que hacer es la ley marco. Argentina al día de hoy no tiene una ley marco de derecho a la alimentación. De la semilla a la semilla, los objetivos, los recursos, las acciones, los principios. Eso no lo tenemos, ahí hay una tarea pendiente.

—El agronegocio parece inherente al sistema de producción capitalista que entiende a la naturaleza como una mercancía más. ¿Se puede pensar un sistema alternativo como la agroecología dentro de este sistema o es incompatible?

—En ese sentido es incompatible. Porque pretender humanizar al capitalismo, cuando ya demostró ser quien es, te muestra sus limitantes. De hecho el modelo agroindustrial dominante está sostenido por los grandes intereses del capitalismo globalizado. Hay grandes ganadores de este modelo. Nosotros decimos este modelo es ecocida es genocida, nos podemos aventurar y decir que es inconstitucional, ahora ¿por qué se sostiene si es así? Y se sostiene por los grandes intereses en juego. Hay grandes ganadores del modelo que hacen mucho dinero con este estado de cosas. Estás hablando de cinco cerealeras que monopolizan la comercialización de todos los granos y cereales que se producen, estás hablando de la industria alimentaria, ocho a diez empresas que procesan esas materias primas y las convierten en los objetos comestibles, estás hablando de la industria química y de los insumos, donde cuatro corporaciones concentran toda la comercialización de agrotóxicos, eventos transgénicos, semillas comerciales y demás. Estás hablando de la industria de la maquinaria pesada. Son cinco empresas que concentran toda la maquinaria que se usa en el agro. Estas hablando del petróleo. El plástico, el empaquetado, los productos ultraprocesados. Hay plástico y derivados de combustible fósiles a donde quieras que veas. Y detrás de todo eso tenés a los hipermercados y supermercados mediando en la comercialización, y a los bancos, compañías financieras y fondos de inversión invirtiendo, lubricando, especulando con todo el sistema. Ahí estás hablando del núcleo que genera dividendos para los accionistas de las grandes corporaciones vinculadas a este modelo, o sea, si no atacas ese núcleo es muy difícil desandar. Al final de cuentas tenemos que pensar todo otro sistema de relaciones sociales y eso significa discutir si puede ser con el capitalismo o no, y eventualmente con qué tipo de capitalismo. Porque en sí claramente con esta lógica, no. Está demostrando lo que es: un modelo que arrasa con los bienes comunes naturales, que está poniendo en serio riesgo nuestra supervivencia como especie.

—En marzo de 2018 se concretó la fusión de Bayer y Monsanto. ¿Qué significado adquiere esta unión en el mapa que describís?

—Por un lado concentra aún más a los jugadores, que no es la única, porque en realidad la compra de Bayer a Monsanto se da también en el marco de otras dos fusiones importantes: Dow se fusiona con DuPont y generan Corteva; Syngenta es comprada por ChemChina y ahora está en diálogo con Sinochem. Es decir, hay todo un proceso de concentración donde se aplica la propia lógica del capitalismo, o te fusionas o te concentras, o desapareces. Básicamente la competencia te termina comiendo.

Después ¿Quién está detrás de Bayer y Monsanto, pero también de Dow y de Dupont? Un fondo de inversión: BlackRock, que es el principal accionista de esas empresas. La tesis de Gaby Weber, en el documental Cómo Monsanto trasladó sus riesgos a Bayer, es que BlackRock es la que fuerza a la compra de Bayer a Monsanto sin un adecuado estudio de los pasivos que Bayer va a enfrentar a la hora de comprar el 100 por ciento del paquete accionario de Monsanto. Y los resultados están a la vista. Hoy tenés 11.200 juicios en EEUU en curso contra Bayer, la continuadora de Monsanto. Las acciones han caído un 15 por ciento desde la fusión, han tenido que desprenderse de algunos activos.

—El oficialismo en el Congreso de la Nación está tratando de avanzar con una nueva ley de semillas. ¿Por qué se sostiene que esta es la ley de semillas Bayer-Monsanto?

—Monsanto de manera persistente, constante, venía presionando a las autoridades argentinas, y esto no es una excepción sino que venían presionando a las autoridades de todos los países de la región y de otras regiones del mundo, para hacer a las leyes de semillas más afines a sus intereses. En Argentina concretamente esto tiene que ver con que nuestra ley que data del año 1973 reconoce el uso propio de semillas. No con el alcance que nosotros quizás quisiéramos. No es una ley que hable de la semilla como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, ni mucho menos. Pero aun así reconoce el uso propio como una excepción del agricultor. En consecuencia, el productor puede comprar la semilla, usarla en su campo y después reservar la semilla y reutilizarla. Ese uso propio al día de hoy, conforme a nuestra legislación vigente, es gratuito. No tiene que volver a pagarle regalía por el uso primigenio de esa semilla. Como esto choca con los intereses de la empresa semillera y la biotecnológica, que quieren venderte todos los años, es necesario restringir ese uso propio. Que ese uso propio deje de ser gratuito para pasar a ser oneroso. Este es el núcleo del proyecto de la ley de semillas que nosotros llamamos Monsanto y desde que Bayer la compró, Bayer-Monsanto.

—¿El productor podría comprar otras semillas que no estén modificadas genéticamente, que no estén patentadas?

—Sí, eventualmente sí podría. Lo que pasa es que ahí en ese marco tenés que leer la concentración que hay en el mercado de semillas. Tenés cuatro empresas que controlan el 100 por ciento de los eventos transgénicos, 75 por ciento de la semilla certificada y 75 por ciento del mercado mundial de agrotóxicos. Son esos pocos actores los que están concentrando toda la oferta. Y por eso decimos que lo que está en juego va mucho más allá de eso. Porque al final, darle ese poder a las empresas, implica transferirles el poder de decidir qué se cultiva, cómo, para qué, para quién, a qué precio, qué alimentos van a haber disponibles y a qué precio. Esto es un tema que afecta a los productores pero también nos afecta a nosotros en tanto comensales en la ciudad. Porque quien genera el cuello de botella ahí en la producción va a tener todo el poder en toda la cadena. Siempre decimos el que controla toda la alimentación, controla a los pueblos. Quien controla la semilla en tanto base de la alimentación, controla toda la cadena.

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—¿Por qué hablamos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? ¿Cuáles serían sus diferencias?

—Seguridad alimentaria es el estado de cosas en la cual vos podés garantizar que los alimentos lleguen en suficiente cantidad y calidad a las personas que lo necesiten, punto. Y digo estado de cosas sin siquiera hablar del paradigma de derechos. Porque no estás hablando del derecho humano a la alimentación adecuada, del derecho de esa persona a acceder a esa alimentación cuantitativa, cualitativa y culturalmente adecuada. Es otro paradigma. Es el paradigma que fogonearon durante muchos años los gobiernos, el FMI, el Banco Mundial.

La soberanía alimentaria es un paradigma completamente contrapuesto, antitético y superador del modelo agroindustrial dominante. Es una propuesta programática-política, de transformación sustancial del sistema agroindustrial dominante, que tiene su propuesta en materia de producción, que tiene su propuesta en materia de distribución, que tiene su propuesta en materia de consumo. En materia de producción claramente la soberanía alimentaria aboga por la agroecología, de base campesina, poniendo en el centro del sistema productivo quien efectivamente produce alimentos, que es la agricultura familiar campesina-indígena. Aboga por acortar las cadenas, priorizando la producción local para el abastecimiento local, en vez de commodities exportables, alimentos para los pueblos, alimento para el mercado local.

Y además garantizar que el productor puede llegar directamente al comensal, evitando al intermediario que se lleva gran parte de la tajada. Y en tercer lugar, para el paradigma de la soberanía alimentaria la tierra es necesaria para la producción de alimentos y tiene que estar puesta al servicio de la producción de alimentos y en consecuencia es necesario discutir tierra para qué, para quién y en manos de quién. Enarbola una bandera histórica de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que es la de la reforma agraria integral. Para que efectivamente la tierra esté en manos de quien la trabaja para producir alimentos, en armonía con la naturaleza para satisfacer las necesidades alimentarias de los seres humanos. Y en ese sentido la alimentación y el agua son bienes comunes, no pueden ser meras mercancías. Porque necesitás comer para vivir, comer bien para vivir bien, vivir saludablemente, tener una vida digna. Tenemos que repensar todo el sistema mercantil, capitalista, de ver al alimento como una mera mercancía. Es otra lógica completamente distinta, completamente transformadora.

*Por Manuel Petruzela para ContrahegemoníaWeb / Imagen de portada: Lavaca.org.

Palabras claves: agroecología, agroindustria, agronegocios, Alimentación, Bayer, Inseguridad Alimentaria, ley de semillas, Marcos Filardi, Monsanto, Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura Familiar, soberanía alimentaria, Syngenta

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Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 

Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 
26 noviembre, 2024 por Soledad Sgarella

El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.

Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.

Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.


«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”. 


Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”. 

Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.

“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Tejer las redes para una vida digna

Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.

Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.

En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.

Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024. Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.

El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.

Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.

Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector

Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”, historiza. 

Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”. 

La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.

Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.


Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”. 

Yamila, de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.

*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

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Palabras claves: Católicas por el Derecho a Decidir, Feminismo popular, Movimiento Campesino de Córdoba, mujeres campesinas, Salud Comunitaria, salud sexual y reproductiva

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