Piamonte espera justicia
Desde el 2016, existe un amparo ambiental por contaminación y uso de agrotóxicos en una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe. Conversamos con Vilma Córdoba, una de las afectadas, y con la abogada Eugenia Boccio que lleva adelante la causa judicial por fumigaciones y daños a la salud que ya han sido comprobados.
Por Débora Cerutti para La tinta
“Yo veo a mi hija que tenía alergia. Nos hacía mal el olor, nos ardía mucho la nariz, no podíamos respirar. Teníamos que meternos dentro y tener todo cerrado. El tema era mi papá porque él se iba deteriorando cada vez más y a él era el que más mal le hacía. Se le tapaba el pecho, a mí también. Parecía que un olor tan fuerte nos hacía mal el respirar. En eso, nos dimos cuenta que nos estaba haciendo mal y teníamos algo en el cuerpo”.
Las palabras de Vilma Córdoba son claras. No se puede respirar. Algo tapa el pecho. Algo se mete en el cuerpo. Su papá murió en medio de la causa judicial que busca justicia y cuidado a la salud de quienes habitan Piamonte, pequeña localidad situada en la provincia de Santa Fe.
Hace varios años, Vilma decidió hablar y hacer pública una situación que estaba afectando su cuerpo, el de su mamá, el de su papá, el de su hija. Los cuerpos de su comunidad: “Algunos, al principio, estaban en contra de que hablara, pero, ahora, se están dando cuenta de que es algo bueno para todos”, dice esta mujer de la que tan sólo conozco su voz y su valentía.
Ella se contactó con la abogada Eugenia Boccio y juntas iniciaron un camino judicial para denunciar las consecuencias de un modelo de muerte silencioso en su territorio. Un forma de producir que tiene como nombres estrella las palabras “soja” y “glifosato”, probablemente, “el mayor escándalo sanitario de los últimos tiempos”, al decir de Marcos Filardi de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de Buenos Aires.
Así, comenzó la primera causa ambiental por contaminación con agrotóxicos en esta localidad santafesina, un amparo por contaminación ambiental que se fundamenta en la Ley General del Ambiente (Número 25675) y que hace hincapié en el derecho colectivo a un ambiente sano.
Pluricontaminación y cinco puntos son los que contempla el amparo: la prohibición de las fumigaciones, el cumplimiento de las normativas provinciales, la prohibición del tránsito de mosquitos y permanencia de los mismos en el ejido urbano, la gestión de los residuos peligrosos producto de las fumigaciones, la reubicación de los silos y acopio, y la indemnización a la salud; “Pedimos que se cumplimenten con estas resoluciones provinciales, la 177 del 2013 que establece que los acopios tienen que estar a partir de una determinada fecha fuera de los 500 metros del ejido urbano y el decreto 1844 que habla de la gestión de residuos peligrosos que los agrotóxicos y sus envases cuando están ya utilizados”, explicó Eugenia.
La medida cautelar fue dictada en septiembre de 2016. Establecía la prohibición de fumigar en los campos lindantes al domicilio de Vilma Córdoba, a una distancia no menor de 800 metros, así como la prohibición de circulación, permanencia y guarda de los usos aplicadores en el radio urbano de la localidad de Piamonte: “Desde que nosotros obtuvimos esta medida cautelar, nos costó bastante el cumplimiento de la misma siendo que fue noticia, hace unos años atrás, que logramos el secuestro de un mosquito que estaba incumpliendo esta normativa. En noviembre de 2016, tuvimos también la sentencia primera en la provincia de Santa Fe en una causa de amparo ambiental que declara la inconstitucionalidad de la prohibición de la ley de amparo provincial. Eso nos permitió hacer las pruebas periciales”, manifestó la abogada de la causa.
En los resultados de los análisis que se hicieron con motivo de la prueba médica pericial, se detectaron las roturas de cromosomas en los distintos miembros integrantes de la familia, siendo que la hija de Vilma es la que presenta mayores daños en su ADN.
Luego de esta prueba pericial, tuvieron la sentencia de primera instancia, que se declaró posteriormente nula. Esto redujo la protección y el distanciamiento de las fumigaciones de 800 a 500 metros, a pesar de que existe un principio en el derecho ambiental que es el de no regresión.
Las pericias en suelo que se realizaron en el marco del amparo indicaron que hay en los suelos fumigados una fuerte presencia de mineralización por sobre la de humificación: “La práctica que se está llevando adelante en la zona, en los campos peritados, indica que ese desbalance o degradación se debe a la forma en la cual se están trabajando estos suelos”, dice Eugenia.
Suelos muertos son parte del paisaje de la pampa húmeda durante las últimas décadas, producto del uso de fertilizantes minerales en altas dosis, el uso recurrente de agroquímicos, la escasa rotación de cultivos, el uso de cultivos de alto índice de cosecha, entre otras prácticas agroquímicas que llevan a la disminución de sustancias orgánicas: “Es un modelo dependiente de semilla transgénica, agrotóxicos, que no tiene en cuenta el suelo como un ser viviente, sino como un sustento sobre el cual crece un commoditie”, afirma Eugenia.
Una vez que la cámara de apelaciones en Santa Fe declaró nula la sentencia de primera instancia, volvió el expediente a primera instancia. Hubo, luego, una audiencia de partes donde acordaron la realización de una pericia técnica en agroecología: “La realización de la misma viene a raíz de que se entendía, hasta este momento, que, en una cuestión de fumigaciones y de protección ambiental, las partes que accionan defienden el derecho a la salud no solamente de uno, sino de toda la población a la cual pertenecen y el derecho a un ambiente sano. Por otro lado, tenemos a los productores o aplicadores de agrotóxicos que ellos defienden o se posicionan con el derecho a la producción, el derecho al trabajo”, explica Eugenia.
La agroecología, como forma de producción, da cuenta de que no hay allí un conflicto de derechos, ya que se puede producir alimento sin agroquímico y trabajar.
“Hay varios productores agropecuarios que están dentro de esta zona de no utilización de agrotóxicos. Ellos invocan que la no utilización les impide poder producir. Sin embargo, se puede producir de otra manera. Tenemos un suelo muerto y eso implica que no va a tener mucha vigencia más este modelo de producción. Se propone un cambio de modelo, uno que tenga en cuenta al suelo como ser vivo”.
Como en la causa se anuló la primera instancia, hoy, Vilma, su familia y Eugenia esperan a que el juez que interviene en la causa llame a una audiencia de partes y dicte una sentencia que traiga un poco de justicia a los suelos y los cuerpos de la comunidad de Piamonte.
*Por Débora Cerutti para La tinta.
