Por un campo que alimente: “Es clave fortalecer la agricultura familiar y la economía popular”
Desde la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, Marcos Filardi analiza las características y desafíos del Plan contra el Hambre anunciado por el nuevo gobierno. En entrevista con La tinta, reflexiona sobre el lugar estratégico que adquieren la agricultura familiar, campesina e indígena, y la economía social y popular ante la emergencia alimentaria y las presiones del agronegocio.
Por Lucía Maina para La tinta
Tener hambre es como tenazas
es como muerden los cangrejos
quema, quema y no tiene fuego:
el hambre es un incendio frío.
Sentémonos pronto a comer
con todos los que no han comido,
pongamos los largos manteles,
la sal en los lagos del mundo,
panaderías planetarias,
mesas con fresas en la nieve,
y un plato como la luna
en donde todos almorcemos.
Por ahora no pido más
que la justicia del almuerzo.
Apenas se cruza la puerta verde del Museo del Hambre, este poema de Pablo Neruda intenta ponerle palabras a ese vacío tan del cuerpo, tan de todxs. Ahí me recibe Marcos Filardi, creador de este espacio que, en un rincón de la ciudad de Buenos Aires, busca que esa injusticia quede, por fin, como pieza museo. Pero ese horizonte todavía queda lejos de estos tiempos.
Por eso, entre una estantería llena de alimentos de la agricultura familiar y una serie de mapas de Argentina que, desde el arte, buscan desnudar su destrucción, nos sentamos a conversar sobre las características del hambre en un país que se cree productor de alimentos. Sobre las relaciones entre ese vacío que afecta a millones de personas y ese campo que, por estos días, amenaza con cortar rutas y calles en defensa de su “rentabilidad”, y también sobre las preguntas, esperanzas y desafíos que, en este contexto, despierta el Plan contra el Hambre anunciado por el nuevo gobierno nacional.
Abogado que lleva años dedicados a la defensa del derecho a la alimentación, Marcos es también integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISA), cuya impulsora, Miryam Gorban, fue designada ayer como Doctora Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires. La Red CALISA es uno de los tantos y diversos espacios que fueron convocados a participar del plan defendido como máxima prioridad por el presidente Alberto Fernández, en particular, en el Observatorio Argentina contra el Hambre, uno de los órganos creados por el nuevo programa, que Filardi analiza en esta entrevista.
— Empecemos por el diagnóstico, ¿cómo se encuentra la problemática del hambre en Argentina? ¿Qué situación nos deja el macrismo en relación a esa realidad?
— Claramente, el derecho a la alimentación viene siendo crónicamente violado en la Argentina y esto excede a la administración de Mauricio Macri. Cuando hablamos de derecho a la alimentación, hablamos de tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Este derecho está reconocido en nuestra propia Constitución y legislación nacional. Ahora prorrogamos la emergencia alimentaria hasta 2022 y, en esa ley, volvemos a ratificar el deber ineludible del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.
Ahora, si tenés una parte importante de la población por debajo de la línea de pobreza, que hoy es de alrededor de un 40%, significa que esos sectores en esta economía capitalista no van a acceder a una alimentación adecuada porque no tienen los medios suficientes. Entonces, van a estar condenadas a enfocarse en lo más rendidor y barato que ofrece el mercado, que son los carbohidratos, grasas y azúcares. Es decir que, si bien acceden a las calorías mínimas para mantenerse con vida, no están accediendo a nutrientes de calidad. La consecuencia es que el 12% de nuestros chicos tiene una desnutrición crónica. Y, como contracara, el 67% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, que es un hambre oculta.
Cuando hablamos de hambre, tenemos que hablar de las distintas caras que adquiere el hambre en un contexto concreto como es el de Argentina. Es un problema no de desnutrición aguda, que afecta al 1,4 de la población, sino de desnutrición crónica y obesidad por la falta de acceso económico a una alimentación de calidad.
Respecto de la adecuación, esto también trasciende las dos administraciones, pero se agudiza en los últimos 4 años porque empieza a haber cambios en la calidad de los alimentos, que ya no son buenos para comer, sino para los accionistas de la industria alimentaria. Si hoy quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que tenemos para el mercado interno, no tendríamos suficiente: falta disponibilidad de alimentos que el propio Estado recomienda para tener una dieta saludable, según las guías alimentarias. A eso, sumale que esas frutas y verduras vienen cada vez con menos nutrientes por empobrecimiento del suelo, y contaminadas con agrotóxicos, en este país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos usa por persona en el mundo.
Por otro lado, tenemos la disminución de la calidad de todo tipo de carnes, derivado justamente del modelo agroindustrial dominante. Como era más rentable hacer soja que ganadería, encerramos a las vacas en feed lots, les dimos soja y maíz transgénicos más alimento “balanceado” que incluye antibióticos. Eso se traduce en mayor cantidad de grasas saturadas, presencia de antibióticos y bacterias súper resistentes, como consecuencia del abuso de antibióticos, en lácteos, carnes y en las aguas que bebemos. Y, finalmente, hay un incremento en el consumos de “objetos comestibles no identificados”, los OCNIs, como les dice Miryam Gorban, o ultraprocesados, ricos en grasa, azúcar, sal, aditivos que están asociados fuertemente al sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas.
Entonces, vivimos hoy en un pueblo de malcomidos que dice que está produciendo alimentos para 400 millones de personas y sabemos que esto es una mentira, porque estamos produciendo unos pocos comodities exportables para llenar tanques de nafta o engordar el ganado de otros mercados.
Esto genera un modelo agroindustrial dominante que es incapaz de garantizar alimentos de calidad, sanos, seguros y soberanos para toda la población. Pero tenemos la potencialidad a través de nuestros bienes comunes naturales de hacerlo y de tener un excedente para compartir con otros pueblos.
— ¿Qué nos podés contar sobre el Plan Argentina contra el Hambre propuesto por el nuevo gobierno nacional, en base a la información y los anuncios realizados hasta ahora?
— Lo primero es destacar la convocatoria: que el presidente ya en la campaña haya convocado a erradicar lo que él llama “la mayor vergüenza nacional” es bienvenido porque es una convocatoria desde lo más alto del poder ejecutivo, que, de manera muy ambiciosa, pretende llamar a todos los actores de la sociedad a poner sobre la mesa esto de que en un país que se dice productor de alimentos estemos teniendo hambre. No es la primera vez que, desde el Ejecutivo, se pone el tema del hambre en la agenda. Lo que sí es distinto es el discurso, porque es la primera vez en la historia que desde estas convocatorias se habla de derecho a la alimentación adecuada y soberanía alimentaria.
Lo que se anunció hasta ahora es un programa que está escrito y que crea dos instituciones: el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que ya ha tenido su primera reunión pública, donde están grandes figuras de toda la sociedad, con una convocatoria bien amplia y heterogénea; y después otro órgano que se llama Observatorio Argentina contra el Hambre, que, según trascendió, tendría tres patas: una técnico científica, que se va a encargar del contralor externo de la ejecución del plan, una segunda que es la articulación con movimientos sociales para el monitoreo en los barrios de la ejecución del plan y una tercera pata que tiene que ver con el impacto desde las neurociencias.
El programa tiene un componente muy interesante al menos en su formulación y es que tienen un rol protagónico la agricultura familiar, campesina e indígena, y la economía social y popular en tanto proveedoras de alimentos para satisfacer las necesidades del pueblo. Y eso si es un componente novedoso donde queda expresada la voluntad del ejecutivo nacional de resolver este problema de manera sustentable en el tiempo y poniendo en el centro de la solución a la agricultura familiar, que es la que, aun hoy, con todas sus dificultades estructurales, proporciona gran parte de los alimentos que consumimos día a día, y la economía social y popular que se ha organizado crecientemente en los últimos años y que hoy está en condiciones, si tiene un impulso desde el propio Estado, de satisfacer esas necesidades alimentarias.
En lo inmediato, lo que se ha anunciado es la Tarjeta Alimentar, que le va a permitir a las familias poder acceder a la compra de algunos alimentos en los circuitos adheridos. Ahí hay una discusión central que fue claramente planteada en el Observatorio que tiene que ver con qué entendemos por alimentos, porque estamos quienes sostenemos que el Estado tiene que tener un rol pedagógico y orientar al consumo de lo que el mismo Estado recomienda consumir para tener una dieta saludable. Nosotros sostenemos que ese dinero tiene que ir a comprar alimentos, que es lo que más está en falta en la mesa de lxs argentinxs, a comprar fruta, verdura, proteínas de calidad, carnes, huevos y no alimentos para pobres o súper alimentos como se nos quiere hacer creer.
No es una cuestión de caridad, de resolver una indignación moral, sino que es una obligación constitucional, dimanada de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos, una bandera que este gobierno alzó en su discurso inaugural. Ahora tiene que ver esta cuestión en términos de derechos humanos y establecer una serie de políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada de toda la población.
Y eso también implica poner el ojo en la producción. Es inescindible pensar el consumo, la producción y la distribución, tenés que abordarlas al mismo tiempo.
— Teniendo en cuenta la heterogeneidad de actores involucrados en este plan, ¿quiénes han sido invitados al Consejo Federal contra el Hambre y qué nos puede decir eso de la tendencia que va a tener en su ejecución?
— En el Consejo Federal, que es la instancia más política, vemos una gran heterogeneidad: tenés sentada en la mesa desde la COPAL, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios que reúne a la industria más concentrada y asociada a la oferta en el mercado de los ultraprocesados; a Syngenta, segunda empresa química a nivel mundial, responsable de la venta y producción de agrotóxicos y transgénicos; y también a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o Barrios de Pie; a las Abuelas de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel o a Tinelli.
Lo importante es saber cuál es el rol que asume en esa mesa el Ejecutivo, porque ahí hay claramente conflictos de intereses. A nuestro entender, el rol debe ser el de un Estado rector de las políticas públicas: en hora buena, convocar a todo el mundo, pero no se debe perder de vista que el Estado es el garante del ejercicio del derecho a la alimentación y esto va a implicar que se tomen decisiones que vayan en contra de algunos sectores porque no es posible que todos los intereses queden aglutinados en la decisión que finalmente se tome.
— Volviendo al plano de la producción de alimentos, la mayor parte de la superficie cultivable del país está en manos del agronegocio y el monocultivo de transgénicos, ¿qué políticas públicas podrían desarrollarse para enfrentar esta situación estructural del país?
— Justamente, que el Estado actúe en todos los niveles y, así como se plantea una estructura del plan a nivel nacional, se plantee también a nivel provincial y local. Cuando se sancionó la ley 25724 en el año 2002, preveía la creación de consejos alimentarios locales, que nunca se conformaron: esa institucionalidad es muy importante construirla, para que la movida venga de abajo arriba. Brasil hizo esto durante la presidencia de Lula con mucho éxito a través de los consejos alimentarios locales, entonces, las políticas alimentarias se empezaban a discutir a nivel local, con un montón de actores, luego, iban a nivel estadual y, cuando llegaban a Brasilia, ya venían tan construidas desde las bases que la industria alimentaria quiso meter la cola y no pudo porque el proceso había garantizado que el planteo estuviese suficientemente sólido y apropiado socialmente. Entonces, por un lado, la federalización del plan es imprescindible y es muy auspiciosa si se construye en ese sentido, garantizando la participación popular.
Una declaración interesante de quien va a ejecutar el plan, que es Victoria Tolosa Paz, es que esta es una oportunidad imprescindible para cambiar la matriz de producción de alimentos en nuestro país. Nosotros estamos anclados en esa definición política muy fuerte. ¿Realmente hay una voluntad de cambiar la matriz productiva del país? Bueno, eso exige adoptar políticas públicas de transición, no vamos a salir del modelo agroindustrial dominante de la noche a la mañana, pero podemos claramente empezar a hacerlo e ir en otra dirección.
Hay medidas sencillas: los consejos alimentarios locales son un paso, lo segundo son las compras públicas porque el Estado, en todos los niveles, es comprador de alimentos. Si, desde ahí, el Estado expresa una preferencia a comprar alimentos sanos, seguros y soberanos producidos por la agricultura familiar, campesina, indígena y distribuidos, procesados o comercializados por la economía social y popular, el potencial transformador de eso es increíble.
También se quiere hacer una transferencia de dinero a los sectores populares, la Tarjeta Alimentar, para que la gente libremente compre sus alimentos en el mercado. Pero si nos limitamos a meter dinero en el bolsillo, la que gana es la publicidad y los sectores que lo monopolizan: industria alimentaria concentrada, supermercadismo y agronegocio. Para evitar eso, hay que adoptar otras políticas públicas. Y eso se relaciona con algo que se anunció en el discurso presidencial: hacia dónde va la política de comunicación. Los medios públicos pueden contrarrestar a la publicidad con una voz que ayude a cambiar los patrones alimentarios del país.
Otra cuestión central: si ves el Plan Argentina contra el Hambre, la palabra agroecología no aparece nunca. También el Estado debe orientar sus compras o las compras de la gente a la producción agroecológica, para lograr una transición de ese modelo tóxico dependiente al modelo familiar y agroecológico. Hay otras palabras ausentes que deberían estar, como tierra, semillas. El agua si está, pero no solo se trata de garantizar acceso a agua potable, sino también cuidar la fuente de agua, y eso implica cuestionar el modelo extractivo, poner el ojo en el fracking, la mega minería, la contaminación industrial y por agrotóxicos. Y esto va a ser objeto de disputa, de la lucha que tendremos que dar.
— A partir de las elecciones y el cambio de gobierno, se empezó a vivir una presión desde los sectores del campo vinculados al agronegocio, una amenaza que recuerda al bloqueo a la distribución de alimentos que las entidades rurales realizaron en 2008. ¿Qué reflexión hacés sobre los desafíos que plantea esta reacción del sector más concentrado del sistema agroalimentario?
— Naturalmente, va a haber intereses en pugna y ahí va a estar la capacidad del Estado en todos los niveles de resolver políticamente ese choque de intereses en aras del bien común, sobre todo, sostenido de abajo a arriba, popularmente. Estamos en un contexto de emergencia clara, económica, financiera, alimentaria, sanitaria, y esto es un peligro en todo sentido y es una oportunidad. Entonces, cómo atravesemos la emergencia nos va a dar una pauta de hacia dónde queremos ir, por eso, es clave disputar en este momento cómo queremos transitar esa emergencia.
Y cada vez hay evidencia más abrumadora, ya no hay prácticamente nadie que diga que los agrotóxicos son inocuos, hoy reconocen que hay un impacto, pero que se resuelve con las Buenas Prácticas Agrícolas, aunque nosotros sabemos que no va por ahí. Incluso, ya se habla de una transformación del modelo a base de venenos, la propia APRESID ha recomendado no recurrir a los barbechos químicos para hacer cultivos de cobertura, es un giro copernicano en los últimos 30 años. El Estado también tiene que ver esa tendencia y acelerar ese camino.
Pero, en cualquier caso, el Estado es el garante de derechos humanos y, si eso implica restringir, controlar o poner un coto a los intereses sectoriales, habrá que hacerlo en aras del bien común. Y el resto, las grandes mayorías beneficiadas por esas medidas de política pública, tendremos que salir y organizarnos para defender esas conquistas.
— ¿Cuál es la importancia de la soberanía alimentaria en este contexto político?
— Justamente, en ese contexto, es importante darle a la agricultura familiar, campesina e indígena todas las herramientas para poder maximizar la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para toda la población. Eso es soberanía alimentaria: es poner en el centro del sistema productivo, no al agronegocio, sino a la agricultura familiar, campesina e indígena. Hoy, las políticas públicas deberían ir en aras de la soberanía alimentaria, de hacer crecer ese sector y fortalecer la economía social y popular, porque si eso logra, no en lo inmediato, pero en un mediano plazo, difícilmente encuentres desabastecimiento a futuro porque vas a tener la necesidad alimentaria del pueblo provista desde esos sectores. Por eso, desde el punto de vista político y estratégico, es clave fortalecer a estos sectores.
*Por Lucía Maina para La tinta. Imagen de portada: La tinta.
