Sicarios en las sierras de Córdoba: brutal ataque y persecución a comunidad originaria de Candonga
La codicia del desarrollo inmobiliario ya llegó a niveles insospechados en Sierras Chicas, donde la comunidad originaria Pluma Blanca soporta, desde hace décadas, intentos de desalojo por parte de la familia Remonda, fundadores del diario La Voz del Interior. En los últimos años, la escalada de violencia por parte de patotas ha ido creciendo cada vez más: robo de animales, ataques con armas de fuego, bombas caseras y hasta denuncias de secuestro y violación a integrantes de la familia que resiste en las tierras que fueron habitadas ancestralmente.
El pasado sábado 21 de agosto, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el territorio comechingón Pluma Blanca (Candonga-El Manzano), donde la comunidad pudo relatar todas las violencias que vienen sufriendo por parte de privados que les disputan las tierras que habitan y trabajan ancestralmente.
Del encuentro, participaron organizaciones socioambientales y vecines de Sierras Chicas, brigadas forestales, medios de comunicación y más de una decena de representantes de comunidades originarias de todo el territorio provincial.
La solidaridad ante el horror que está atravesando la Comunidad Pluma Blanca posibilitó un hito político que hace tiempo venía siendo postergado: por un lado, una asamblea entre comunidades indígenas de Córdoba, que durante demasiados años estuvieron distanciadas; y por otro, una articulación directa con organizaciones socioambientales, que se enfrentan ante los intereses espurios del mismo enemigo.
«Llegó la hora que el pueblo-nación comechingón se vuelva a unir. Que dejemos de ser comunidades aisladas y que volvamos a tener esa pureza del alma. Hay mucha bronca e impotencia, y llegó la hora de que seamos lo que callaron nuestros padres y antepasados (…) Esperemos no haber llegado tarde, hermano», expresó Héctor Tulián, de la Comunidad Ktalamochita, uno de los representantes de las comunidades que se hizo presente.
Patotas y sicarios al servicio del desalojo
Carlos López es el Nawán de la Comunidad Pluma Blanca y, desde que nació, hace 42 años, vive en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas. Sus progenitores y abueles residieron y trabajaron la tierra en el mismo territorio, sólo que, con el correr de los años, fueron siendo expulsades hasta quedar las casi 123 hectáreas que Carlos junto a su compañera y sus cuatro hijes intentan defender.
«Sabemos que la lucha viene de hace muchas generaciones, porque la generación anterior a la mía ya venía sufriendo todos estos ataques por parte de gente que quiere quedarse con las tierras que pertenecían y pertenecen a las comunidades indígenas (…) Acá había muchísima gente y se la fue acorralando, obligándola a irse. De la comunidad, formamos parte tres familias, pero las otras dos, tras los hechos de violencia, decidieron trasladarse de lugar», expresó Carlos durante la conferencia de prensa realizada en su hogar.
Actualmente, la tierra ancestral de la Comunidad Pluma Blanca es disputada por Luis Ernesto Remonda, familia que fundó y fue propietaria de La Voz del Interior hasta su fusión con el Grupo Clarín. El nieto del fundador del diario tiene intereses inmobiliarios y vínculos mineros en la zona, y se encuentra en litigio desde hace años. En 2020, recibió un fallo favorable de la Justicia en primera instancia, aunque el desalojo contra la familia López se encuentra en suspenso por el decreto nacional que prohíbe los desalojos durante la pandemia.
Pero la comunidad no recibe solo presiones judiciales. Casi cotidianamente y de manera sistemática, la familia López está expuesta a agresiones y hostigamiento para instarles a dejar sus tierras, situación que se ha ido agravando en la última década.
Amenazas, cortes de alambres y matanza de animales; incendios intencionales; mensajes mafiosos o disparos con armas de fuego a las paredes de la casa. Recientemente, les rociaron con nafta las ventanas de la vivienda y escondieron una molotov casera debajo de la cama de una de las hijas de Carlos.
En 2013, sucedieron hechos todavía más traumáticos. En el marco de los ataques a la familia, Norma, compañera de Carlos, denuncia que fue violada en reiteradas oportunidades por un hombre identificado como Claudio Sequeira. «Venía con armas, con una carabina 22 larga. Me decía que lo mandaba la señora Remonda. Venía, me amenazaba a mí y a los chicos, y me llevaba para el fondo. Así lo hizo hasta el mes de noviembre, cuando decidí denunciarlo”, relató Norma en 2015 al medio Striptease del Poder. Sequeira era en ese momento empleado rural registrado de Luis Remonda, información acreditada en la ANSES.
Llamativamente, el imputado fue representado por el abogado de confianza de la familia Remonda y, tras solo dos años de cárcel, el imputado fue absuelto, liberado y consiguió un trabajo efectivo en la minera de la zona.
Hace apenas unas semanas, el jueves 5 de agosto, encontraron introducidos en una grieta de la pared varios explosivos de fabricación militar. Estaban muy cerca de la salida de una salamandra y una cocina. La propia División de Explosivos de la Policía constató que se trataba de gelamón, un explosivo de uso minero. Casualmente, acusan que la minera de la zona es también uno de los privados interesados en sacar a la comunidad de allí.
Natalia Bilbao, abogada representante de la familia, explicó a La tinta: «Hay múltiples causas, pero las últimas situaciones son parte de una escalada de violencia ya inadmisible. Hemos realizado una nueva denuncia y nos hemos constituido esta semana como querellantes en la fiscalía de Jesús María para que se investiguen estos hechos (…) Esta situación no da para más«. La letrada agregó además que, por el hecho del explosivo, se presentó una denuncia paralela en la Justicia Federal, porque la procedencia del explosivo y el órgano de contralor de ese material son de la órbita nacional.
Justicia colonial
El conflicto de tierras en Pluma Blanca se genera por una pugna entre un privado que afirma tener el título dominial de las tierras y una comunidad que ejerce posesión efectiva de la tierra desde hace décadas.
Bilbao señala que la sentencia de desalojo contra Pluma Blanca empezó con una representación maliciosa del abogado Aníbal Boero, quien no procuró que se defendieran los derechos campesinos, indígenas y posesorios de la Comunidad, y además dejó vencer los plazos para apelar las sentencias. Incluso, Boero está denunciado por estafa en otra comunidad, por hechos similares. «No fue casual su intervención deficiente en la causa. Es un abogado que se dedica, en cierta manera, a recurrir a familias con predios grandes que buscan regularizar su situación. Y en ese afán, les hace perder el 70 o 90% de su territorio. Es su modus operandi y quedó evidente en la causa penal que tiene la Comunidad Canchira», señaló la abogada.
De todas maneras, más allá de las causas civiles y penales vigentes, Bilbao remarcó la necesidad de corrernos de las instituciones que tienen que ver con la constitución del Estado moderno y hacer valer el derecho indígena, que tiene sustento en convenios internacionales que tienen carácter de ley constitucional.
«Estas cuestiones no se pueden resolver solo con el derecho privado. El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y, si una comunidad es preexistente a la conformación del Estado, sus derechos deben ser respetados previamente, no se puede ir en desmedro de ese reconocimiento», concluyó la representante de la familia López.
