Antofagasta de la Sierra: cacique desconoce la designación de cargo provincial publicada en el Boletín Oficial

Antofagasta de la Sierra: cacique desconoce la designación de cargo provincial publicada en el Boletín Oficial
8 julio, 2020 por Redacción La tinta

Román Guitian es cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano de Antofagasta de la Sierra. El 4 de julio pasado, el diario “El Ancasti” de Catamarca publicó una nota llamada “Cacique pasó de antiminero a supervisor”, haciendo referencia a una supuesta designación del cacique en un puesto del Ministerio de Gobierno, Justicia y DD.HH., a través de un decreto con fecha 17 de junio del corriente año y publicado en el Boletín oficial el día 3 de julio. La nota fue publicada el día posterior a que se diera a conocer el caso del camionero de La Rioja que, trabajando para una empresa minera, no cumplió el protocolo sanitario y resultó ser el primer caso positivo de COVID-19 en Catamarca.

Por Redacción La tinta

Desde la comunidad que integra Román, desmintieron dicha designación, ya que la misma se realizó sin el consentimiento del cacique. En un comunicado de la organización Pucará, afirmaron que la operación mediática de uno de los diarios más importantes de Catamarca (con una explícita posición a favor del extractivismo minero)  pone de manifiesto el mecanismo de empresas y gobiernos para desarticular las luchas populares: “ofrecer/designar cargos a referentes de las luchas sociales, aprovechándose de las situaciones de vulnerabilidad que el mismo Estado y las empresas generan en las poblaciones indígenas y campesinas, para, con ello, fragmentar las comunidades”.

Esta designación se realizó sin el consentimiento de Román Guitian. Desde la organización PUCARÁ, de la cual la Comunidad Atacameños del Altiplano forma parte, dieron a conocer que “esta designación no fue asignada al Cacique, quien se entera de esta información cuando logra tener acceso a la nota por WhatsApp, y niega absolutamente haber prestado su consentimiento para tal cargo. De hecho, manifestó no tener comunicación con autoridades provinciales desde noviembre de 2019”.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

En el comunicado, denuncian también que la noticia ha generado dudas y desconfianzas, como así también hostigamiento y violencias hacia la comunidad Atacameños del Altiplano, pero reconocen que no es la primera vez que sucede: “Este accionar por parte del Estado-empresarial no es nada nuevo, lo conocemos en nuestras asambleas y a lo largo de toda Abya Yala como una de las maquinarias de desgarramiento del tejido social”.

Esta situación denunciada está vinculada al conflicto en torno al desarrollo del acueducto del Río Los Patos. Las comunidades de la región esperan todavía una respuesta del Ministerio post presentación por la cual se solicitó la suspensión de dicho acueducto. A su vez, el expediente que tramita ante el Juzgado de Minas se encuentra pendiente de fijar una audiencia.

Secar ríos en la Puna, perseguir a quienes luchan

“Desde que se dio a conocer la expansión del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto (el cual requiere la utilización de casi 1 millón de litros de agua por hora), la comunidad Atacameños del Altiplano junto a vecinxs autoconvocadxs se han organizado para exponer su postura en defensa del agua y sus trabajos ancestrales”, afirman en el comunicado. Desde ese momento, el gobierno y las empresas reforzaron sus prácticas de amedrentamiento.

Numerosos son los hechos de violencias por resistir a este proyecto minero: en octubre de 2019, la policía reprimió y detuvo a la familia Morales para abrir un camino minero. En noviembre de ese mismo año, los hermanos Calpanchay fueron detenidos arbitrariamente en su territorio comunitario y, en diciembre, el cacique Román Guitian junto a su familia fue perseguido a medianoche por una camioneta de una empresa privada al servicio de la minería en la cual se movilizaban policías uniformados.

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(El agua que vuelve al salar. Con alta concentración de salmuera y químicos utilizados por la empresa)

Los hechos continuaron en el 2020: en febrero de este año, autoridades de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca e integrantes de la asamblea PUCARA fueron hostigados por la policía en el territorio de la comunidad cuando recorrían el salar. En marzo, arremetieron contra Patricia Reynoso: el Ministerio de Educación la dejó sin sus haberes por presentar una postura “antiminera”.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.

Palabras claves: agua, Catamarca, covid-19, Mineria

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