Políticas contra el hambre
Representantes de la agricultura familiar, legisladores y académicos reflexionaron sobre el rol del Estado y de las asociaciones civiles en el desarrollo y la implementación de políticas públicas necesarias para resolver la crisis alimentaria que atraviesa la Argentina. La actividad fue en el marco de las jornadas de apertura de la nueva oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur.
Por Vanina Lombardi para Agencia TSS / UNSAM
Se dice que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Sin embargo, en el país, hay 15,9 millones de personas en situación de pobreza, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, y la malnutrición crónica es uno de los principales problemas de salud que afectan a la población, detrás del cual se esconde la desigualdad de ingresos y de acceso a una alimentación adecuada, tal como refleja la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), que se conoció el mes pasado.
“Este modelo no solo no puede alimentar al mundo como promete, tampoco es capaz de garantizar el derecho a la alimentación de nuestra población. El paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos genera serios problemas en nuestros territorios, enferma y mata a nuestra población, destruye bosques, selvas y humedales, y genera una concentración y extranjerización de la tierra que pone en riesgo la posibilidad de producir alimentos a futuro”, sintetizó el abogado Marcos Filardi, miembro de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria.
Filardi habló durante un encuentro que reunió a pequeños productores y representantes gubernamentales y académicos en el salón Torquato Tasso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reflexionar sobre el rol del estado y las asociaciones civiles en la definición e implementación de políticas públicas que ayuden a revertir la situación de hambre que sufre el país y la situación de emergencia alimentaria que rige por ley desde el año 2002 y que, recientemente, ha sido prorrogada hasta el 2022.
“Necesitamos planificar la alimentación en la Argentina. Cuando hablamos de alimento, hablamos de quién consume y quién produce. No podemos dejar algo tan esencial como la alimentación en manos del mercado”, agregó Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT). Y agregó que, para combatir el hambre, es necesario garantizar la defensa de los territorios campesinos, la transformación del modelo actual a la agroecología y la democratización de la cadena de distribución.
“Dar esa discusión es una tarea de todo el pueblo, tenemos que dar testimonio todos los días con nuestras acciones y presionar para que eso suceda. No alcanza con votar una vez cada cuatro años”, advirtió.
Al respecto, la legisladora platense Victoria Tolosa Paz, co-autora del Plan “Argentina contra el hambre” junto con Daniel Arroyo y Santiago Cafiero, adelantó que el primer esfuerzo en la próxima gestión de gobierno buscará garantizar el agua potable como primer derecho universal. “Hacernos cargo de la política contra el hambre es una política pública integral que tenga en cuenta quién, cómo y dónde se producen los alimentos en la Argentina”, subrayó la legisladora y se refirió a la intención de trabajar en conjunto con productores locales y gestionar las compras de alimentos por parte del Estado para promover las producciones regionales.
“Hay una agricultura familiar muy vigorosa en varios sectores, como frutas, hortalizas, huevos, cerdos y cabras, que tienen una importante producción, pero necesitan políticas públicas”, agregó Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Vía Campesina, y destacó la relevancia de que haya un protagonismo activo de las organizaciones de productores en el diseño e implementación de políticas públicas.
Economía anfibia
Durante los últimos años, a través de reiterados verdulazos en distintos puntos del país, los pequeños productores lograron introducir sus problemáticas en los platos urbanos y llevar al conjunto de la sociedad la discusión sobre la producción y distribución de los alimentos que se comercializan en el país.
“Como organizaciones del campo popular, tenemos que hacer real la alternativa. Demostramos que el modelo agroecológico y que otro tipo de comercialización son posibles, y decimos lo que hay que hacer porque lo hacemos y lo demostramos todos los días”, dijo Levaggi.
Montón recordó que el 13,5 % de las tierras son trabajadas por el 84% de los agricultores, mientras que el 1,5% de los establecimientos agroindustriales dominan el 80% del mercado interno y controlan el 93% de la exportación. En este sentido, destacó la relevancia de la agricultura familiar en la producción de alimentos y la necesidad de contar con políticas que promuevan las producciones regionales.
“Hay sectores de la agricultura familiar que hoy proveen al mercado, como el yerbatero, cabritero y el de cerdos, y hay otros que necesitan ser fortalecidos porque fueron destruidos en estos últimos cuatro años, como los pequeños tambos”, ejemplificó Levaggi y advirtió que existen distintos tipos de productores que hoy están dialogando para trabajar en conjunto: “El macrismo logro unir a sectores que estábamos desperdigados y que nos fuimos uniendo con un propósito superador. Hay muchos que ya estamos abasteciendo, otros se tienen que fortalecer y hay sectores cooperativos medios en los pueblos que también podrían estar proveyendo hoy”, dijo Levaggi y aclaró que los sectores cooperativos de la agricultura familiar están en condiciones de avanzar, pero de manera gradual, ya que uno de los principales procesos que se dieron en el campo es el desarraigo.
“El agronegocio tiene un solo hilo conductor: aumentar el lucro y, para eso, la escala. La agricultura familiar, en cambio, tiene otros objetivos: producir alimentos por una cuestión cultural y generar trabajo, primero, para la familia y, después, para otros”, afirmó Montón y destacó el “gran potencial” de este tipo de producción tanto para abastecer al mercado interno como para la exportación.
“Mi propuesta es que la economía sea anfibia, que discrimine qué va a ir al mercado global y qué se va a proteger de las economías locales arraigadas. Esto es lo que ha faltado en los progresismos que han sido devorados por el mercado global y se olvidaron el otro camino de reservar, custodiar y preservar la permanencia de la gente”, propuso la antropóloga y activista feminista Rita Segato.
Segato detalló que, para sostener la denominada economía de bienestar, los progresismos latinoamericanos se han valido principalmente de tres fuentes de recursos en las últimas décadas: la concentración de riquezas, la racionalización en las gestiones y la venta de commodities (minerales, soja, petróleo) a la economía mundial.
Segato también se refirió al rol de las personas en la construcciones sociales. En este sentido, explicó que la relación entre Estado y sociedad en América Latina no es la misma que en Europa. “Aquí, llegó alguien y trasladó la gestión, pero mantuvo una relación de exterioridad con respecto a los territorios, que se mantienen ajenos a la vida de las personas, que lo saben y, entonces, construyen escondites: de formas de producción, de saberes, una vida propia, protegida, una especie de clandestinidad de 400 años”, sostuvo.
La antropóloga consideró que la soberanía alimentaria requiere “una entrega de jurisdicción a la gente”, que la conecte con su historia alimentaria y productiva, y que el Estado trabaje para realizar esa historia de los pueblos con su historia, en qué contexto se come y qué significa el comer. De otro modo, “no se podrá sacar a los pueblos de la inanición a la que están siendo sometidos permanentemente por los estados coloniales. La gente tiene que construir sociedad, mejorar sus escondites, hacer sus propuestas y, luego, intentar defenderlas”, dijo Segato y dejó un interrogante abierto: “¿Podrá el Estado comprometerse a proteger los escondites de la gente y devolverle a la gente la gestión de su vida, añadiendo que ese escondite también es el de las mujeres, que son garantes de la memoria y de la diversidad genética?”.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS / UNSAM. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto
