Por la vida: proponen un Plan Nacional de Reducción de Uso de Agrotóxicos
Profesionales y organizaciones elaboraron un plan que busca reducir gradualmente la aplicación de agrotóxicos y, con ello, el riesgo y el daño al que millones de personas se encuentran expuestas por las fumigaciones en Argentina. La propuesta incluye un Programa Nacional de Estímulo a la Agroecología que busca reconvertir la producción de nuestro país hacia una agricultura libre de venenos. Sus impulsores viajarán a Buenos Aires para presentar la propuesta al candidato a presidente, Alberto Fernández.
Por Lucía Maina para La tinta
Profesionales y organizaciones vinculadas a la salud y al ambiente elaboraron un Plan Nacional de Reducción de Uso de Agrotóxicos, que busca reducir gradualmente la aplicación de estos productos y, con ello, el riesgo y el daño al que millones de personas se encuentran expuestas por las fumigaciones en Argentina. La propuesta incluye un Programa Nacional de Estímulo a la Agroecología que busca reconvertir la producción de nuestro país hacia una agricultura libre de venenos. Dada la responsabilidad del Estado en esta problemática, sus impulsores apuestan a que la propuesta se transforme en una política pública durante el próximo gobierno, por lo que, el próximo jueves 5 de septiembre, viajarán a Buenos Aires para presentarla al candidato a presidente y ganador de las PASO, Alberto Fernández.
“Necesitamos transformar esta realidad y desarrollar un Plan para reducir el uso de agrotóxicos en el país que no deja de aumentar cada año. Un Plan que, a medida que disminuya el consumo de agrotóxicos, vaya desarrollando una agricultura de base agroecológica”, destacan las organizaciones que impulsan el proyecto.
Entre ellas, se encuentran redes de profesionales, como la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS), y la Red Federal de Docentes por la Vida. También participa la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), espacios educativos como la Escuela de Nutrición de la UBA, así como colectivos y ONGs de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires que luchan contra las fumigaciones.
La iniciativa incluye distintas herramientas a nivel nacional que buscan demostrar que “hay maneras de hacer que dejen de fumigar a la gente sin afectar la balanza comercial”, como señalan desde REDUAS. Por un lado, se contemplan dos programas complementarios, uno vinculado a la Reducción de Agrotóxicos y otro de Estímulo a la Agroecología, “para que, a medida que va disminuyendo la utilización de agrotóxicos, se mantenga los rindes con prácticas agroecológicas en un proceso de transición que incluya ganadería”. Sus impulsores señalan que, en ambos casos, “se buscará la adhesión voluntaria de los agricultores”.
La financiación de estas políticas, destacan, se realizaría a través del 0,2% del total de las retenciones nacionales aplicadas a todas las exportaciones agropecuarias del país. A ello, se suma una Normativa de Restricción de Uso de Agrotóxicos, que sería obligatoria para todos los productores.
La propuesta tiene su correlato en otros países. En Brasil, organizaciones médicas como ABRASCO y la Sociedad de Pediatría están proponiendo una ley para reducir el uso de agrotóxicos en ese territorio, mientras que, en los últimos años, Francia, Holanda, Dinamarca y Bélgica han lanzado planes para disminuir el uso y la contaminación con estos productos.
El caso de Argentina es particularmente alarmante, ya que el país consume más de 500 millones de litros de agrotóxicos, lo que se traduce en una exposición promedio de 11 litros por habitante por año, la cual aumenta notablemente en “zonas agrícolas donde las tasas de cánceres, malformaciones congénitas, autismo, hipotiroidismo, asma, etc. son varias veces superiores a las de las ciudades donde no se fumiga”, advierten lxs autorxs del plan.
Un círculo vicioso: más contaminación, menos salud
Herbicidas, insecticidas y fungicidas son utilizados diariamente en la agricultura. Se trata de productos diseñados para matar plantas e insectos, pero sus efectos en la salud humana han sido crecientemente probados en los últimos años y muchos de ellos ya han sido clasificados como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ello, su aplicación en el país en las últimas tres décadas no ha parado de crecer.
“Según datos de las cámaras de empresas de agrotóxicos, en 1990, se aplicaron 38 millones de litros y, en 2018, se consumieron más de 500 millones de litros. En esta época, la superficie cultivada aumentó en poco más de 50% (de 20 millones de ha a 32 millones), pero el aumento del consumo de agrotóxicos es mayor al 1000% y esto se debe a que este modelo de producción es dependiente de los químicos, porque tanto las plantas como los insectos y los hongos se (…) vuelven resistentes”, expresan desde REDUAS.
Y agregan: “Este aumento continuo del consumo de agrotóxicos beneficia indudablemente a las empresas multinacionales de pesticidas que cada año facturan más y se convierten en actores esenciales de este modelo”.
Estos venenos se acumulan en el ambiente, generando una contaminación del agua, el aire y la tierra que “pone en contacto directo a la población de esos lugares con los agrotóxicos, en riesgo de que estos afecten su salud”, denuncian lxs promotorxs del plan. Y enumeran las enfermedades que puede provocar esta exposición, entre ellas, cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, trastornos de atención, autismo y enfermedades neurológicas degenerativas. Agregan que la comida es otro de los modos de exposición: “Los agrotóxicos utilizados en múltiples cultivos contaminan los alimentos, como se verifica en estudios del propio SENASA”.
Políticas para proteger la vida
En un informe, lxs profesionales y organizaciones detallan las características del Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos, que fue elaborado como propuesta para el nuevo gobierno que asuma en el país en diciembre próximo. La intención, destacan, es ofrecer instrumentos específicos para incentivar el no uso de estos productos, que se complementaría con asistencia técnica del INTA y extensión agronómica universitaria.
Para ello, proponen que los productores que se sumen al programa con el compromiso de disminuir o no utilizar agrotóxicos podrían recibir créditos bancarios con tasas de interés diferenciadas respecto de los productores convencionales, además de ver reducidas en hasta un 50% las retenciones para soja, maíz y trigo.
El programa también implicaría eliminar incentivos a la importación, producción y comercialización de agroquímicos, y promover ajustes en la legislación tributaria que generen estimular la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos agroecológicos u orgánicos.
Con estas medidas, las metas que se buscan alcanzar son, en primer lugar, impedir que, en los próximos dos años, siga aumentando el uso de agrotóxicos en el país y, luego, lograr una disminución de un 30% en el año 2025 y de un 50% en los cinco años siguientes.
Los incentivos se complementan con la propuesta de una Normativa Nacional de Restricción de Uso de Agrotóxico, que incluye, entre otras cosas, la prohibición de las fumigaciones aéreas a partir de 2021, tal como lo establecen reglamentaciones del Parlamento Europeo. Además, establece la prohibición de los agrotóxicos de mayor peligrosidad y el uso de cualquier pesticida, bajo cualquier técnica de aplicación, en los alrededores de mil metros de zonas pobladas, áreas protegidas y aquellas de producción agroecológica. El proyecto también determina el traslado de aquellos acopios, silos, depósitos y comercios de agrotóxicos que se encuentran en pueblos y ciudades.
Otra agricultura es necesaria y posible
Las organizaciones que promueven el Plan Nacional de Reducción de Uso de Agrotóxicos denuncian que es responsabilidad del Estado y sus instituciones tomar el problema con la gravedad que tiene, y solucionarlo desde las políticas públicas. Es ante esta necesidad y también ante la certeza de que es posible cultivar sin venenos que nace esta propuesta. De hecho, tal como subrayan sus impulsorxs, la demanda de productos libres de pesticidas está creciendo en todo el mundo y en nuestro país, que, con más de 3 millones de hectáreas certificadas como orgánicas en 2016, es el segundo productor orgánico del mundo.
“Es posible cultivar sin agrotóxicos y avanzar en una Transición Agroecológica con beneficio para la salud colectiva, para el ambiente, para los consumidores y mantener o, incluso, aumentar los beneficios económicos y sociales. La Red Nacional de Municipios Agroecologicos (RENAMA) ya tiene 85.000 ha cultivadas sin una gota de agrotóxicos en las zonas de resguardo del periurbano de 14 pueblos bonaerenses y entrerrianos con muy buenos rendimientos”, afirman.
Muchas veces, los intentos de reducir el uso de agrotóxicos se enfrentan a discursos que plantean la imposibilidad de producir por fuera del modelo de los agronegocios. Ante ello, esta propuesta incluye un Programa Nacional de Estímulo a la Agroecología, que, a la vez, se vale de las múltiples experiencias ya existentes en Argentina y en el mundo.
Este programa establece un fondo nacional para la formación en técnicas de producción orgánica y agroecológica, que sería sostenida por el INTA, las facultades de Agronomía de las universidades nacionales en complemento con organizaciones sociales como el Foro Agrario Nacional. A esto, se sumarían distintos “estímulos a la producción y distribución de insumos a la agroecología (semillas, fertilizantes y biocidas orgánicos, etc.), que facilite el acceso de los mismos a los productores”.
La propuesta también recupera la experiencia de RENAMA para que municipios de zonas fumigadas puedan adherir a esta política y sostener zonas de resguardo ambiental en la periferia de los pueblos con producción libre de agrotóxicos.
Las organizaciones también incluyen en su proyecto medidas para garantizar “el acceso a la información, la participación y al control social, para reducir el uso de agroquímicos y el desarrollo de tecnologías sostenibles, ecológicas y agroecológicas”. Entre ellas, recuperan la demanda sostenida desde hace tiempo por diversos sectores de etiquetar los alimentos que contienen OGM y/o residuos de agrotóxicos. También, se busca abrir instancias de participación en el SENASA para reevaluar los riesgos de los 15 pesticidas más utilizados en el país.
Por último, desde las redes de profesionales y movimientos sociales, afirman que, si bien se trata de un plan a nivel nacional, también los gobiernos e iniciativas locales pueden avanzar en este sentido:
“No necesitamos esperar a que este Plan de Reducción se convierta en una política pública para poder desarrollarlo a nivel local, de las comunas y municipios o, incluso, a nivel de provincias. En este momento, ya se están desarrollando experiencias de agroecología en los lotes periurbanos de muchos pueblos, donde también se prohibió por ordenanza fumigaciones en las cercanías de zonas pobladas”.
Organizaciones que proponen el Plan Nacional de Reducción del Uso de Agrotóxicos: Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados; FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud); Red Federal de Docentes por la Vida; RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología); Coordinadora por una vida sin agrotóxicos de Entre Ríos, BASTA ES BASTA; Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe; Red de Salud Popular Dr. Ramon Carrillo (Chaco); CALISA (Cátedra libre de Soberanía Alimentaria); Escuela de Nutrición, UBA; Madres de Barrios Fumigados de Pergamino; Colectivo Andres Carrasco; ONG Equistica (Rosario), Grupo Ambiental Conciencia Agroecológica de 9 de Julio y Museo del Hambre (Buenos Aires).
*Por Lucía Maina para La tinta. Imagen de portada: Pablo Piovano.
