“Destruir un bosque para que hagan negocios es absolutamente condenable“
Deforestación, glaciares, minería, agronegocios, inundaciones y la negligencia estatal. Entrevista a Elio Brailovsky, ex Defensor Ambiental del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires.
Por Mario Hernández para Marcha
—En estos días se viralizó un video donde un grupo de activistas de Greenpeace lucha para frenar las topadoras en una finca propiedad de Alejandro Brown Peña, primo del Jefe de gabinete, en el que de 8.962 hectáreas de bosque protegido que había solo quedan 3.000. La región fue rezonificada por el gobernador Juan Martín Urtubey para permitir el cultivo de soja, las topadoras arrasaron con 400 hectáreas de esas 3.000 que quedan y avanzan hacia un poblado donde viven diez familias wichi y 7 criollas destruyendo sus medios naturales de subsistencia y contaminando el agua. A esta situación que se presenta y que trascendió en la provincia de Salta ¿podríamos tomarla como denominador común en el resto de nuestro país?
—Me parece mucho, pero digamos que Salta ha sido un caso extremo por el tipo de sociedad vertical y autoritaria que hay allí, de modo que uno puede plantearlo como un caso extremo que se está repitiendo, pero tal vez a escala menor en otros lados.
Detrás de esto hay un conjunto de negligencias, una de ellas es que hay una Ley de bosques que no está siendo cumplida, que el cálculo que se hizo es que para aplicar esa Ley hace falta un presupuesto legalmente asignado y solo le dieron efectivamente en dinero real el 6% del total para proteger los bosques. Con lo cual no alcanza para nada y además hay una conducta de una cantidad de gobernadores, de un sector o de otro, que en el caso de Urtubey es interesante porque estaba con el gobierno anterior, está con el actual y va a estar con el próximo; una cantidad de gobernadores están favoreciendo a los amigos que hacen negocios destruyendo el patrimonio nacional de los argentinos.
Esos bosques que han tardado siglos en formarse y en Salta la soja significa cosechas muy buenas por un período muy breve, del orden de los 10 años y después hay que abandonar el campo. Entonces nuevamente el nivel de irresponsabilidad de destruir un bosque que ha llevado siglos en formarse para que alguien haga negocios es algo absolutamente condenable.
—Sergio Bergman, el Ministro de Medio Ambiente, en la Conferencia de cambio climático en Hong Kong en noviembre del año pasado, vio necesario revisar la Ley de bosques y también la Ley de glaciares por considerarlas “épicas legislativas”. ¿Cuál es la importancia que tienen el bosque nativo y los glaciares?
—Son dos aspectos que están muy vinculados, el bosque nativo es el regulador hídrico, si no hay bosques lo que vamos a tener son aluviones, justamente porque los bosques regulan el agua y hacen que la lluvia y las grandes tormentas infiltren lentamente en el suelo. Cuando se deforesta tenemos aluviones y grandes inundaciones aguas abajo, que es lo que ha pasado en los últimos años en una cantidad de pueblos de Córdoba donde lotearon la sierra, deforestaron y tuvieron varias ciudades con inundaciones importantes.
Los glaciares también están vinculados a la situación hídrica, porque tenemos cada vez menos nieve en la Cordillera, los glaciares son cada vez más pequeños y el riesgo de que las mineras dinamiten glaciares para extraer minerales que están debajo de ellos significa que como estos glaciares están en la alta cordillera, si las mineras interceptan el agua, no va a llegar a los cultivos y a las personas. De modo que hay que plantearse que los glaciares son la fuente de agua potable de nuestras ciudades cordilleranas. Si quieren cambiar la Ley para que haya minería en los glaciares están haciendo minería en el tanque de agua de San Juan, Mendoza, Neuquén, etc. Agua con cianuro, no es lo mejor que uno puede meter en su tanque de agua.
—Tenemos incendios nuevamente en la provincia de Mendoza y en La Pampa.
—Yo he seguido los comentarios periodísticos y la discusión política sobre incendios forestales que hubo todo el año en Chile. Y la manera en que los chilenos, con un gobierno y con otro, el modo en que se prepararon sabiendo que el verano es el momento de los incendios forestales, entonces después del desastre del año pasado se tomaron una cantidad de medidas importantes en el país vecino que tiene ecosistemas parecidos a los nuestros y sorprende que no se haya aprendido nada en la Argentina y no se hayan tomado medidas semejantes. El hecho es que los incendios forestales nos siguen sorprendiendo, nuevamente el cambio climático, esto significa mayores períodos de sequía, sequías intensas y, por consiguiente, mayores riesgos de incendios forestales. Si a esto agregamos que el clima no es suficientemente prioritario seguiremos perdiendo hectáreas de campos y me temo que detrás de esto haya la negligencia, como hubo detrás de la gestión de la ingeniera María Julia Alsogaray, de dejar quemar áreas protegidas para después tratar de quitarles la protección, porque como se quemó para qué la queremos.
—La intención del gobierno era tratar la modificación de la Ley de glaciares en febrero, ahora no va a haber llamado a extraordinarias, pero es muy interesante que el juez Casanello en un informe que encontró en un allanamiento efectuado en el Ministerio de Medio Ambiente recabó 44 emprendimientos mineros que violan la Ley de glaciares. Esta es información del juzgado del juez Casanello.
—Lo que sorprende es que el juez Casanello haya procesado a un científico que hizo un inventario de glaciares incompleto y no haya procesado al ministro de Medio Ambiente que tenía la información de una cantidad de emprendimientos ilegales. Tendría que haber actuado, para eso es ministro.
—Otro tema que me interesa conversar con usted es esta especie de genocidio por goteo que produce la fumigación con agrotóxicos, se han conocido varios casos en los últimos días, en particular en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú. ¿Cuáles serían las medidas o acciones que se deberían adoptar frente a esta situación?
—Lo primero es un diagnóstico, es decir, en nuestro país no se está haciendo una medición concreta de los agrotóxicos que hay en alimentos y en agua de red. Entonces cuando una ONG llamada Bios de Mar del Plata analizó la sangre y orina de sus propios integrantes y encontraron que tenían plaguicidas que no deberían habitar en los cuerpos de habitantes urbanos hicieron un llamado de atención a las autoridades. Necesitamos un buen diagnóstico de qué agroquímicos hay, qué plaguicidas se están usando y qué está llegando a los cuerpos de todos nosotros y a partir de ahí empezar a plantear políticas más duras y estrictas sobre qué se hace con las sustancias de alta peligrosidad.
Además, hay un aspecto muy perverso del sistema científico y es que los agrónomos se reciben sin saber la peligrosidad de las sustancias que aplican, están siendo engañados por la propia Facultad de Agronomía. De modo que se necesita un paquete importante de medidas, que incluyen la conciencia pública, el diagnóstico y obviamente una cantidad de restricciones minuciosas sobre sustancias de alta peligrosidad que como esas sustancias son mercancía continuamente se presiona a los productores con que tienen que fumigar porque sino van a perder la cosecha, lo cual generalmente es mentira, se trata de asustar al productor para que fumigue de más con todo lo que implica en cuanto a riesgos para los vecinos, los que trabajan ahí y también para los consumidores de cualquier cosa que tiene origen en el campo.
—Habitualmente escribo un panorama político sindical y me llamó la atención una noticia que recabé respecto de los despidos en el Senasa, porque los mismos productores manifestaron su preocupación, se trata de 130 técnicos, respecto de las exportaciones de productos alimenticios regionales y las dificultades que ocasionaría la falta de controles para realizar esos negocios. A mí se me presentó el interrogante ¿y nosotros qué?
—El tema es que cuando estamos ante problemas lo peor que se puede hacer es esconderlos, despedir a los encargados de controlar la bromatología es de alta peligrosidad desde lo sanitario porque a nosotros nos van a tocar los productos contaminados o en mal estado. Y desde lo económico porque nadie sabe qué le estamos vendiendo al exterior. Ya hace muchas décadas que en Europa cada tanto rechazan productos argentinos porque tienen demasiados plaguicidas. Así que inclusive desde lo económico es irracional y desde lo sanitario mucho más. Personal del Senasa debería estar abocado a ver qué estamos comiendo, lo peor que se puede hacer es despedirlos.
*Por Mario Hernández para Marcha.
