Pasaron más de 10 años de la segunda desaparición de Julio López ¿Qué significa su desaparición en momentos en los que el relato negacionista sobre el terrorismo de Estado en Argentina ha desplazado al discurso de los Derechos Humanos?
El gobierno macrista expresó en septiembre pasado que pretende ser querellante en la causa judicial que investiga la desaparición de Jorge Julio López, testigo que contribuyó a la condena de Miguel Etchecolatz.
Esta causa no arrojó en diez años, ninguna pista sobre el paradero de López, pero sigue abierta y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán Garavano firmaron por entonces un acuerdo para investigar un delito en el que el propio Estado es el principal sospechoso.
Una causa abierta por diez años
El rol del testimonio de Julio López en la condena del genocida Etchecolatz no es algo que se haya tenido en cuenta cabalmente para investigar esta desaparición. El curso de la causa que investiga la desaparición de López demuestra el desdén con el que se trató este caso. Una y otra vez, pareció desdibujarse la pregunta necesaria: ¿Por qué López desapareció por segunda vez?
Siguen sin indagarse en profundidad, los resabios de actores y prácticas del terrorismo de Estado en la configuración actual de las fuerzas de seguridad.
Siendo tratada primero como una averiguación de paradero más y no como una desaparición forzada de persona, la investigación estuvo en un primer momento, a cargo de la Policía Bonaerense. Esta fuerza no hizo más que desviar la atención cada vez que aparecían en la órbita de las sospechas represores como el ex-comisario Etchecolatz, sospechosos evidentes en esta historia.
Y aunque la causa fue trasladada del fuero provincial al fuero federal, no está garantizada la independencia y la efectividad de las fuerzas de seguridad que tienen ahora a cargo las medidas de prueba: la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Siguen sin indagarse en profundidad, los resabios de actores y prácticas del terrorismo de Estado en la configuración actual de las fuerzas de seguridad.
El actual gobierno nacional se posicionó desde un principio, en las antípodas del discurso de sus antecesores en relación al terrorismo de Estado. El discurso oficial recupera lo más recalcitrante del negacionismo que históricamente, se ha combatido y se alinea con los relatos que reivindican el rol de las fuerzas armadas en las sucesivas dictaduras militares. Por eso, no deja de ser sorprendente el anuncio que anticipa el décimo aniversario de la desaparición de López.
Más allá de la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, no es un dato menor que a diez años del hecho se discuta si el principal sospechoso de la desaparición de López debe recibir el beneficio de prisión domiciliaria o no. El pasado agosto, el Tribunal Oral Federal N°1 resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien continúa recluido por otras causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El discurso macrista de reconciliación con las Fuerzas Armadas también implica un abierto acuerdo con brindar este tipo de beneficios a represores, así como la complicidad instituida en la composición de dicho Tribunal Oral.
¿Por qué hace falta Julio López?
El 18 de septiembre de 2006, Miguel Etchecolatz recibía una de sus cuatro condenas a prisión perpetua. Ese mismo día, en el recinto del mismo juzgado en el que acababan de condenar al ex comisario, se exclamaba: “Por H, B o Z, pero el compañero hoy no está aquí y pido el compromiso de que cuando salgamos de acá, salgamos a buscarlo. Y que exijamos que aparezca YA! con vida.”
López es mucho más que una deuda de la democracia. Es la prueba de la inacción de la clase política en desmantelar el aparato represivo.
Aquella condena fue el resultado de la primera causa abierta después de la anulación de las leyes de impunidad. Y a Jorge Julio López lo habían desaparecido por segunda vez.
López es mucho más que una deuda de la democracia. Es la prueba de la inacción de la clase política en desmantelar el aparato represivo. Ningún gobierno en estos diez años tomó nota de que Etchecolatz venía de la misma fuerza policial que accionaba junto a la justicia provincial en la investigación del caso. Ningún gobierno exigió a la justicia indagar a Etchecolatz por esta segunda desaparición. Por esto decimos que el aparato represivo no ha sido desmantelado. Porque una trama densa y compleja de actores e instituciones no ha dejado pasar ni un haz de luz en diez años para averiguar qué pasó con López.
Negar las desapariciones en democracia es una pauta para medir las (no) intenciones políticas de destejer esa trama densa. Retorcer el argumento de los Derechos Humanos para otorgar prisión domiciliaria a genocidas sentenciados a múltiples condenas perpetuas va un poco más allá, y alerta sobre la potencia de esa trama que sospechamos se mantiene intacta.
Ni reconciliación, ni olvido ni perdón
Como Frente Organizado Contra el Código de Faltas consideramos que estas políticas sólo intentan hacer retroceder las conquistas logradas por el campo popular. Entendemos que las intenciones del presente gobierno no apuntan a iluminar las sombras que ocultan a Julio López y que el Estado es responsable de ésta y todas las desapariciones forzadas en democracia, del ocultamiento y de la inmovilidad de las causas.
Decimos basta a diez años de impunidad, y de complicidad. No creemos en la reconciliación con instituciones que consideramos, siguen siendo cómplices de crímenes de Estado; de antes y de ahora. Ni la corporación judicial, ni las fuerzas de seguridad, ni las clases políticas han dado las respuestas necesarias: el desmantelamiento del aparato represivo y el fin de la represión como instrumento de control social.
* Por el Frente Organizado contra el Código de Faltas (FOCCOF). Fotografía: Gabriel Orge.
** Nota publicada en septiembre de 2016.
