Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya
Víctimas de agrotóxicos, médicos, agricultores, abogados y jueces de todo el mundo se reunieron del 14 al 16 de octubre en La Haya, Países Bajos, en el Tribunal Internacional Monsanto para enjuiciar simbólicamente a la compañía estadounidense por crímenes contra la humanidad. ¿El objetivo? incorporar la figura de “ecocidio” al Estatuto de Roma, que dicta las normas del Código Penal Internacional, sobre la base de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.
“La única forma para que Monsanto siga con su negocio es legalizando el genocidio”, dijo en La Haya Juan Ignacio Pereyra, argentino, abogado e integrante de RENAMA, una red que nuclea a municipios y comunidades que fomentan la agroecología. Pereyra explicó a Notas que “si la gente no exige, la Justicia no camina en ninguna parte del mundo. Por eso nos juntamos en este tribunal, para dar a conocer las pruebas de que Monsanto no solo daña masivamente bienes esenciales, sino que causa consecuencias graves, tanto en el ambiente como en la salud, que perduran por generaciones”.
Si bien este tribunal no es un foro judicial que pueda condenar efectivamente, encuentra legitimidad en sus orígenes desde la sociedad civil. Es convocado, entre otros, por la documentalista Marie-Monique Robin y la ecofeminista Vandana Shiva para visibilizar la evidencia científica acerca de cómo Monsanto, ahora aliada con Bayer, impuso una lógica de destrucción del ambiente y de familias enteras, como el alumno más aplicado del sistema neoliberal. François Tulkens, presidenta del jurado integrado por otras dos juezas y dos jueces, reveló que esperaban emitir una “recomendación” hacia fines de este año para que aporte al avance de la legislación internacional en términos de derechos humanos y ambientales.
De los 30 testigos que pasaron por el tribunal, cuatro fueron argentinos: María Liz Robledo, mamá de Martina, que nació con una malformación congénita a causa del contacto con agrotóxicos; Diego Fernández, un productor que centró su alegato en la rentabilidad y sustentabilidad de la agroecología; el ya mencionado Juan Ignacio Pereyra y el único médico latinoamericano del tribunal, Damián Verzeñassi quien, recogiendo el guante del fallecido investigador Andrés Carrasco, se enfocó en las conclusiones del estudio de la salud de 96 mil personas de 27 localidades de cuatro provincias agropecuarias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos).
“Es una muestra realmente significativa. Con toda esa información hoy sabemos que en esas localidades hay una misma forma de enfermar y de morir prácticamente sin diferencias entre unas y otras, que no es la misma que a nivel nacional, ni es la misma que hace 20 años”, explicó Verzeñassi desde La Haya. Y agregó: “Cuando buscamos un factor común entre las localidades encontramos que esas localidades son, desde hace 20 años, territorios de producción de eventos transgénicos dependientes de veneno y que todas las poblaciones coinciden en el tiempo con la instalación de este modelo, por lo que empiezan a aparecer abortos espontáneos, malformaciones congénitas, problemas endócrinos, respiratorios, dermatológicos, y cáncer”.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, declaró al glifosato como “potencialmente cancerígeno” al ubicarlo en el grado “2A” de la escala de agentes que generan cáncer, pero en el Tribunal se dieron pruebas suficientes como para situarlo en la primera categoría. Es decir, definitivamente “cancerígeno”. “Esto ya no puede pasar desapercibido para la autoridad sanitaria”, se queja -sin exagerar- Verzeñassi para quien sin embargo “lo que define la política en el mundo entero no es la salud pública sino la necesidad del mercado. No tenemos siquiera soberanía para definir como queremos vivir”.
La Asamblea de los Pueblos: problemas y reclamos semejantes en todo el mundo
Mientras se desarrollaba el juicio se escuchaban los debates y las proclamaciones de la Asamblea de los Pueblos, un espacio organizado también en la ciudad holandesa para el intercambio entre activistas ambientales, organizaciones de la sociedad civil, guardianes de la semilla, agricultores, comunicadores y periodistas de India, Brasil, Argentina, Canadá, Italia, Burkina Faso y Australia, por enumerar algunos países. El objetivo fue gestar “las acciones necesarias para un futuro basado en el derecho de los agricultores de conservar e intercambiar las propias semillas, sobre la autodeterminación de la alimentación, sobre la agro-ecología, sobre nuestros bienes comunes y sobre la economía de la solidaridad”, además de los derechos de la naturaleza y la democracia de la tierra, según se publicó en el sitio web oficial.
Ana Bróccoli, ingeniera agrónoma y docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y asambleísta en La Haya, aseguró que “desde la revolución verde de los 60, y con el auge de los agronegocios que explotó en la década del 90, vemos que la lucha contra las corporaciones nos hermana con los demás países. Tenemos la necesidad de trabajar en conjunto con los campesinos, mantener nuestras identidades, rescatar y compartir conocimientos ancestrales en contrapartida”.
Al calor del debate en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), los asambleístas de este continente asentaron en la llamada “Declaración Latinoamericana” su repudio al agronegocio y a los “actos de biopiratería” que permite el “poder político en su mayoría”. En varios puntos se exhorta a los gobiernos a apoyar el reconocimiento de la figura de “ecocidio” y a cumplir el principio de “no regresión” de las normas de protección ambiental.
*Por Gabriela Franchini para Notas.
