Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones: despidos, traslados y violencia institucional
El Ministerio de Salud de la Provincia despidió a nueve trabajadorxs y efectuó el traslado compulsivo de otrxs cinco en lo que va de la cuarentena. El vaciamiento de los equipos profesionales y la clausura de los convenios que sostenían las políticas de dicha dependencia son solo ejemplos de los recortes que el Gobierno Provincial viene realizando -en medio de la crisis sanitaria- en la gestión pública de la salud.
Por Redacción La tinta
Aun con la existencia del Decreto Presidencial DNU N°329/2020, que establece específicamente la prohibición de despidos en el contexto de la crisis sanitaria, las noticias de cesantías laborales y recortes en programas de la Provincia no cesan. Cinco pases compulsivos en marzo, nueve despidos en abril en el Programa de Prevención Territorial y la clausura de un convenio de trabajo con la ONG Programa del Sol son muestras del vaciamiento que se viene realizando en los equipos de profesionales de la salud de nuestra provincia.
Las medidas tomadas dejaron sin empleo a psicólogxs, trabajadorxs sociales, operadorxs terapéuticxs, talleristas y un chofer -poniendo nuevamente en foco las terribles condiciones laborales en que lxs profesionales se desempeñan- y vaciaron los espacios que garantizan el derecho a la salud mental de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en un contexto donde el consumo de drogas se intensifica y complejiza.
La Unión de Trabajadores de la Salud publicó un comunicado en el que denunciaron las condiciones de precarización laboral, cuestionando las condiciones de contratación de dicha Secretaría. “Existen sólo 13 trabajadores de planta permanente y aproximadamente 130 trabajadores monotributistas que facturan por sus servicios a ONG y Fundaciones con las que la Secretaría tiene convenios. Los contratos se renuevan cada un mes y, en otros casos, cada tres meses. Los ingresos se cobran con dos y hasta tres meses de retraso. Se trabaja en condiciones de alta exposición, desempeñando el trabajo en espacios con riesgo para la salud: sin ART, sin condiciones edilicias y equipamiento de trabajo adecuado, ya que cada equipo debe “buscarse”/gestionarse los lugares donde atender en cada barrio”, explican desde la UTS.
Como parte de las condiciones laborales denunciadas, lxs trabajadorxs manifestaron que se les exigía 70 horas mensuales y, muchas veces, se les solicitó tareas extras que incluyeron actividades alejadas de su especificidad profesional, como la participación en eventos sociales, inauguraciones de obras públicas o realizar tareas extras como testeos de HIV y campañas de vacunación antigripal, sin capacitación y sin medidas de bioseguridad.
Desde el Centro de prevención y tratamiento para el consumo de drogas Programa del Sol, dijeron que, desde septiembre del año 2017, mantenían un convenio específico de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría mediante Decreto Provincial 1754/2016. Las acciones que llevaban adelante se enmarcaron en el “Programa de Prevención Territorial”, dependiente de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, programa que fue cancelado esta semana, dejando a cinco profesionales sin trabajo y comunidades sin asistencia y acompañamiento. Dicho equipo de trabajo realizaba trabajo territorial con Espacios de Primera Escucha por situaciones relacionadas con el consumo de drogas y Talleres de Prevención, orientados a jóvenes, niñes y mujeres en los barrios Estación Flores, Villa Adela y Yapeyú de la ciudad de Córdoba. En el comunicado, la entidad manifestó con preocupación que “se cortan de manera abrupta los procesos de trabajo que se vienen sosteniendo desde hace dos años y medio, lo que implica desconocer derechos de esta población en situación de vulnerabilidad, que, en este contexto de crisis de salud, económica y social, ve diezmado (nuevamente) su derecho al acceso a la salud mental, desconociendo también la necesidad de abordajes con base territorial como lo reconoce la Ley de Salud Mental N° 26.657”.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, por su parte, también se expresó en un comunicado donde se puso de manifiesto un duro rechazo ante la situación: “Estas acciones se dan en el marco de una emergencia sanitaria que, como se viene señalando desde distintos ámbitos, tiene fuertes impactos sociales en tanto profundiza las desigualdades y recrudece las problemáticas existentes. En este contexto, ante una situación de mayor demanda, se vuelve necesario el fortalecimiento de los equipos de salud mental y de abordaje del consumo problemático”.
El Ejecutivo Provincial, por el contrario, parece desoír las recomendaciones del Informe Final del Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, del que fue partícipe la misma casa de estudios y en el que se destaca continuar y reforzar los servicios de asistencia psicológica a las poblaciones que estos programas atienden.
Violencia Institucional: presiones y amedrentamientos
“Desde hace largo tiempo, los trabajadores son objetos de violencia institucional y reciben amedrentamientos continuos por parte de la institución”, expresaron desde la Unión de Trabajadores de la Salud.
“Los despidos y las presiones que sufren los trabajadores han llevado a que, en el último año, el personal se haya reducido significativamente. Inicialmente, cada equipo de territorio contaba con 4 profesionales, en la actualidad, sólo tienen 1 o 2 profesionales, en algunos casos, ha desaparecido el equipo completo”.
La UTS asegura que, en el Área de Asistencia (que funciona en el Hospital San Roque viejo), se viene ejerciendo violencia institucional desde hace tiempo como extremos controles, amedrentamientos y persecución a lxs empleadxs. Como sucede en muchas reparticiones, las condiciones de trabajo en cuarentena empeoran las condiciones precarias de trabajo de lxs profesionales de la salud. Lxs profesionalxs aseguran que el clima de trabajo “es de miedo y terror”, y que “se trabaja con la incertidumbre de quién será el próximo despedido y/o transferido, sumando a esto las exigencias de cierto número de prestaciones semanales y mensuales”.
“La situación, en el marco del COVID 19, se agravó, ya que la demanda se realiza a través de llamadas telefónicas manteniéndose las mismas exigencias previas a la pandemia». En el caso de lxs profesionales que no cumplen con dichas exigencias, se les presiona semanalmente para comunicarles que «no les están dando los números», advirtiéndoles que se cuiden, por “cualquier cosa que se decida hacer con ellos”, ya que, en su gran mayoría, son monotributistas. Y con los profesionales que fueron advertidos y no pudieron “subir los números” (cantidad de prestaciones diarias), fueron llamados a cumplir actividades administrativas en la sede de la Secretaría, sin tomar en cuenta la profesión ni respetar si eran personal de riesgo, ni prever las medidas necesarias para el traslado en la vía pública, por lo que algunxs de ellxs fueron demoradxs por la policía. En el marco de la urgencia epidemiológica y la necesidad de profesionales de salud que desarrollen tareas esenciales, la Secretaría hace trabajar a sus profesionales por castigo, “porque no le dan los números”, afirma la Unión de Trabajadores de la Salud.
Tanto la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba como el Colectivo Cordobés de Psicólogxs Comunitarixs, se solidarizaron con la situación, reprobando la violencia ejercida y los amedrentamientos continuos contra lxs profesionalxs desde hace tiempo, pero, en especial, en este contexto de emergencia, profundizando el impacto social de las medidas de recorte de las políticas públicas sobre los sectores de mayor vulnerabilidad y afectando los derechos de lxs trabajadorxs.
*Por Redacción La tinta.
