Del hambre de las barriadas populares a la reforma agroalimentaria del campo
En el marco de una pandemia mundial que arrasa a la economía, pero, sobre todo, a la economía real, o sea, la que es tangible, la que genera alimentos, esa que produce y reproduce la vida, Córdoba ni el Gran Córdoba han quedado ajenas.
Por Ignacio Andrés para La tinta
Para entender la situación alimentaria en los barrios populares, tenemos, de mínima, que analizar dos dimensiones a mi entender: 1) la propiamente alimentaria (o de consumo de alimentos) y 2) la productiva o de producción de los alimentos. En la relación dialéctica de esas dos dimensiones, se encuentra tanto el problema como la solución a la situación alimentaria –y agregaría de salud- de los barrios populares de Córdoba y el Gran Córdoba.
En la primera dimensión -la propiamente alimentaria-, la situación en Córdoba es gravísima, la misma se expresa en los comedores y merenderos populares que se encuentran desabastecidos, muchos de ellos han tenido que cerrar sus puertas y dejar de atender los deberes de cuidado que venían realizando. Por poner solo un ejemplo de la situación descripta, la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza tiene 16 comedores y merenderos comunitarios en distintos barrios de la ciudad, de los cuales, 14 tuvieron que cerrar en el marco de la cuarentena, esto debido a no tener los alimentos necesarios ni los medios para el armado de un esquema de cuarentena; viandas, bolsones, etc. Se ha venido trabajando arduamente para gestionar las autorizaciones necesarias para reabrirlos, pero, sin alimentos y sin las herramientas necesarias para armar una dinámica de cuarentena (viandas o bolsones, a lo que se le debe sumar desinfectantes, barbijos, guantes, etc.), se hace imposible llegar a los sectores más golpeados por la pandemia –que son los mismos que históricamente han sido excluidos por el modelo capitalista-. Hay que agregar que, día a día, se incrementa la demanda de alimentos en los sectores populares y cada vez son más familias las que solicitan a los comedores y merenderos un plato de comida.
La intervención del Estado nacional en este tema es deficitaria, el gobierno viene enviando alimentos secos en cantidades irrisorias para la necesidad de los comedores y merenderos de los sectores populares. El tema se agudiza más en el ámbito provincial y municipal donde la ayuda a estos sectores es aun más escasa cuando no nula. Hay que ver los números para entender; en Córdoba y Gran Córdoba, existen más de 300 comedores y merenderos (dejando fuera del conteo a ciudades como Río Cuarto, Villa María, Alta Gracia, San Francisco, etc.), ese número es el censado por las Organizaciones Sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero también existe una cifra negra de comedores barriales no censados, que engrosan aun más la lista de comedores y merenderos como de las necesidades alimentarias que lo acompañan.
Independientemente de la parva de alimentos suministrada por el Estado, no se puede soslayar la calidad de los mismos; en su gran mayoría, los alimentos entregados por el gobierno nacional, provincial y municipal se limitan a alimentos ultra procesados y a base de harinas y azúcares, lo cual solamente funciona como un paliativo para el hambre, pero no alimentan, no generan salud ni la posibilidad de un desarrollo equilibrado en los sujetos. Este tema de la calidad de los alimentos es igual de importante que el de la escasez, debería ser impensado que una de las provincias más importantes del histórico “granero del mundo” no pueda brindar alimentos en cantidad y calidad necesaria para su pueblo.
La segunda dimensión, la productiva propiamente dicha, es igual de compleja que la primera. Para empezar, hay que remarcar que Córdoba, como provincia, tiene grandes extensiones de tierra produciendo commodities internacionales, esos productores son los que concentran la mayor cantidad de tierra como riqueza y son los impulsores del modelo agro-extractivista-químico. Estos sectores, como bien definía un referente de la UTEP en una entrevista, son un factor de atraso e inestabilidad en la sociedad. Sus intereses y privilegios chocan con los límites de “lo común”, y no me refiero estrictamente a lo material, sino, más bien, al proyecto de vida de las grandes mayorías (sectores populares), como el proyecto social que un Estado debe generar para ser considerado tal. Estos sectores, que jerarquizan sus intereses y privilegios por encima de “lo común”, generan sociedades sin justicia social, sin soberanía política (en este caso, soberanía alimentaria) y sin independencia económica.
Pero la dimensión productiva propiamente dicha también está compuesta por productores de granos, lácteos, carnes y otros productos alimenticios de calidad. Este sector que nuclea a chacareros, horticultores de los cinturones verdes, pequeños productores rurales y campesinos, cooperativas agrarias, etc., se está potenciando con experiencias productivas nuevas (y no tan nuevas, pero sí alternativas) como la economía popular, la producción agroecológica, la producción orgánica, la producción bio dinámica, etc. En este modelo de producción, se retoma, desde distintos lados, la idea de “somos lo que comemos”, procurando generar alimentos de calidad para llevar una vida sana en un modelo de producción equilibrado con el medio ambiente.
Sin embargo, este sector importantísimo de la economía tangible no dispone de acceso a la tierra y, en su gran mayoría, son arrendatarios que deben pagar grandes cantidades de dinero para producir la tierra. La falta de tierra propia de este sector genera una baja importante en los ingresos de los productores de alimentos, aumenta significativamente los precios de los mismos y desalienta a que más productores se dediquen a la producción de alimentos de calidad.
En mi opinión, creo que el Estado en sus tres esferas, nacional, provincial y municipal, debe enfocarse en fortalecer a este sector de la producción, para que los alimentos de calidad abunden, bajen sus precios, generen salud y todo ello en un esquema sustentable con el medio ambiente.
Creo que al problema alimentario hay que atenderlo en lo inmediato con los paliativos que se encuentran a disposición de las organizaciones, esto es, a través de la gestión de alimentos con el Estado en sus tres esferas, a lo que se le debe sumar la creatividad militante para que esas gestiones generen margen de autonomía y la solidaridad que tenemos como pueblo, pero las causas estructurales que lo generan se resuelven: permitiendo el acceso a la tierra a más productoras y productores, desconcentrando las grandes ciudades hacia una ruralidad sana y rentable, prohibiendo la propiedad privada ociosa y especulativa, fomentando modelos alternativos de transición para salir del monopolio agro-extractivista-químico, incorporando tecnología (en bio insumos, por ejemplo), maquinaria y logística al sector, flexibilizando las habilitaciones, autorizaciones y permisos de producción, transporte y comercialización, entre otras. Solo cuando estas medidas se tomen con la seriedad necesaria, podremos decir que caminamos hacia la erradicación del hambre.
En este punto, debemos entender la relación dialéctica que comentaba al comienzo del artículo entre consumo y producción de alimentos (paliativo/transformación estructural). si no se atiende esta relación, podemos caer en el principio político del gatopartismo “donde todo debe cambiar para que nada cambie” y transformarnos en tecnócratas en la gestión de la escasez y de mala calidad de alimentos. Por eso, no debemos conformarnos con los cambios superficiales, sino que debemos estar muy atentos a lo estructural.
Hoy más que nunca, en el medio de una cuarentena donde se visibiliza la importancia y necesidad de los productores y productoras de alimentos de calidad, las organizaciones sociales debemos apoyar y fomentar una reforma agroalimentaria integral.
*Por Ignacio Andrés para La tinta / Foto de portada: La tinta.
