Marcha contra la criminalización de la protesta: luchar por la educación no es delito
Por Redacción La tinta
Organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, sociales y políticas convocan a participar de una movilización este miércoles 21 de agosto para rechazar el procesamiento de 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, imputados por la Justicia Federal por su participación en las tomas durante la rebelión educativa del 2018. La convocatoria es a las 16, desde Patio Olmos hasta Tribunales Federales.
El año pasado, miles de estudiantes y docentes en todo el país salieron a reclamar mayor presupuesto para la educación pública. La no convocatoria a mesa paritaria y el riesgo concreto de cierre de universidades por falta de fondos tuvieron como respuesta inmediata el no inicio de clases, asambleas multitudinarias, movilizaciones y tomas de edificios.
«El conjunto de reclamos de la comunidad educativa tenía como eje central el rechazo al ajuste llevado adelante por el gobierno nacional de Mauricio Macri y el FMI», expresaron desde la Asamblea Interfacultades en un comunicado de prensa.
En Córdoba, el reclamo por la educación pública, en general, tenía demandas particulares para la gestión que Hugo Juri y Yanzi Ferreira llevan adelante en el rectorado de la Casa de Trejo: falta de presupuesto, falta de becas, mejoras en infraestructura, actualización de los planes de estudio con importante participación estudiantil, necesidad de una perspectiva de género en todas las cátedras, mayor presupuesto para protocolos contra violencia de género, régimen de alumno-trabajador en todas las facultades, fuera la policía de las universidades, entre otros reclamos.
En este contexto, lxs estudiantes decidieron tomar el Pabellón Argentina, como presión para la formación de mesas de negociaciones donde se pudiera discutir el pliego de reivindicaciones. Sin embargo, las autoridades optaron por la judicialización y distintas maniobras para intentar desmovilizar a la asamblea.
La Justicia Federal -de la mano de la fiscal Graciela López de Filoñuk- decidió avanzar con el procesamiento de 27 estudiantes y una docente que participaron de la toma pacífica del Pabellón Argentina entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre del año pasado.
«La información utilizada para poder llevar adelante esta persecución fue aportada por las mismas autoridades de la UNC, por lo que su co-responsabilidad en la criminalización de la protesta es innegable. En igual situación, se encuentra el Ministerio de Educación de la Nación, quien viene incitando la apertura de causas judiciales y la aplicación de sanciones académicas a quienes participaron de los conflictos educativos de mayor profundidad», indicaron desde la Asamblea.
Finalmente, el 26 de junio, el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió procesarlxs por el delito de “usurpación por despojo” (dictó falta de mérito con respecto a la docente imputada).
«La judicialización de compañerxs tiene como objetivo central desmovilizar a quienes salimos a luchar contra el brutal ajuste en marcha. Frente a esta política de persecución a quienes luchamos, reinvindicamos el camino de la rebelión educativa del año pasado y vamos a continuar la pelea contra el ajuste de Macri y el FMI. Repudiamos el procesamiento a les estudiantes y exigimos el cierre inmediato de la causa judicial», concluyeron.
Tras el auto de procesamiento, las defensas apelaron la decisión de avanzar en la criminalización y, en estos momentos, se aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva fecha para la audiencia oral y pública donde se desarrolle la apelación.
En este sentido, la abogada Victoria Siloff, representante legal de algunxs de lxs imputadxs, resaltó que los motivos de la apelación fueron la falta de tipicidad en la conducta reprochada a les estudiantes y, subsidiariamente, una causal de justificación.
Respecto a la falta de tipicidad, la defensa sostiene que no hay delito. «Debatir, discutir y, finalmente, tomar el Pabellón como una medida de protesta no se configura un delito, no existe. Esto va de la mano con el segundo argumento: hay varios motivos para decir que no hay delito», indicó Siloff en diálogo con La tinta.
La causal de justificación implica, además, que, si bien una persona cometió un delito, ese delito está «salvado» porque el Código prevé diferentes motivos que precisamente justifican que se haya cometido un ilícito. Como, por ejemplo, la legítima defensa.
«En este caso concreto, por un delito de usurpación, una causal de justificación de la toma sería el ejercicio legítimo del derecho de peticionar a las autoridades y el derecho a la libertad de reunión, de asociación, incluso de protesta. Eran medidas de protesta para lograr un diálogo con las autoridades y ese diálogo nunca se configuró, y, en vez de solucionarlo por vías administrativas en el ámbito académico, se criminalizó», añadió.
Y concluyó: «Si no tenemos derecho a la protesta legitimado en nuestro país, tenemos un retroceso. Que los condenen puede significar algo sumamente negativo en el ámbito de los derechos humanos. Que un Tribunal termine condenando a estudiantes por ejercer su derecho a protestar es muy grave porque significa que dificulta a futuro que haya protestas similares, que la gente se anime denunciar o tomar medidas de acción directa. Son medidas disciplinadoras del Estado que implican una lesión muy fuerte de la democracia».
Les imputades
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
