Santa Fe: amenazas contra una ambientalista
La mujer integra una agrupación que trabaja por el medio ambiente y que mantiene una tensa disputa con firmas acopiadoras de cereales.
Una integrante de la agrupación de vecinos en lucha por la salud y el ambiente de María Juana denunció que recibió llamadas telefónicas en las que la amenazaron con matar a sus hijos si no cesaban en su lucha por procurar un ambiente más saludable para esa localidad. El suceso ocurrió en el marco de una tensa disputa que gran parte de la población sostiene contra las firmas acopiadoras de cereales con plantas dentro del ejido urbano.
El miércoles pasado por la mañana, Rosalía Ramonda recibió una llamada telefónica, cuando atendió, un hombre que dijo llamar desde Tucumán se identificó como Francis Ale. Preguntó por su marido, y al responderle que estaba trabajando, el sujeto dijo: «Ya sé, trabaja en San Jorge. Quiero hablar con vos para que le digas que deje de romper las bolas, que quedará mucha gente sin trabajo. Ustedes tienen dos hijos viviendo en Córdoba y si no dejan de romper las pelotas se los vamos a hacer cagar. Que deje las cosas como están porque si yo muevo algo en Córdoba tus hijos son boleta».
La mujer realizó la denuncia en la comisaría local, y contó que el hombre dijo pertenecer al clan Ale, señalado como una asociación ilícita que operaba en el norte argentino y que fue relacionada con la desaparición de Marita Verón, ocurrida en 2002.
Ramonda le preguntó si trabajaba en Agricultores Federados Argentinos (AFA), a lo que respondió: «No mamita, yo no trabajo, yo soy mafia, tengo muchos camioneros de allá que me cuentan todo. Así que no jodan con el trabajo. Así que deja de ir a sacar fotos porque tus hijos la pasarán mal. Sé todo, uno estudia, el otro ya se recibió y viven los dos en Córdoba».
Ramonda relacionó la amenaza con una tensa reunión ocurrida la semana anterior entre representantes de AFA, camioneros y vecinos preocupados por la contaminación que implica la planta de acopio y el acarreo de granos. La mujer también tomó fotografías del tránsito de camiones desde y hacia las plantas de cereal para graficar de qué forma la contaminación afecta a los vecinos. En el teléfono de Ramonda quedó registrado el número desde donde se realizó la llamada. Ella lo buscó en internet y lo ubicó en la guía telefónica de Frías, Santiago del Estero.
Segunda amenaza
El jueves pasado hubo un segundo llamado, esta vez otro hombre le reiteró las amenazas. El sujeto dijo conocer la llamada anterior y que fue contratado para ese fin. Le ordenó a Ramonda que publique en la página de María Juana Sustentable en Facebook, la leyenda “no vamos a molestar más a la gente de María Juana”, con eso ellos iban a terminar y a cobrar el trabajo. Se radicó nuevamente denuncia policial.
Ramonda, quien junto a su marido, Horacio Brignone, integra una agrupación de vecinos que desde hace varios años lucha por mejorar la calidad de vida de los mariajuanenses, atribuyó lo ocurrido a la tensión que genera reclamar el derecho «a la salud y a un ambiente sano». Si bien hace años que realizan esta demanda, todo recrudeció cuando se incrementó el acarreo y acopio de granos, a raíz del aumento la producción agroindustrial en la región.
A ello se sumó la muerte del empleado de AFA, Roberto Poli, en octubre de 2015. El obrero destapó un envase de fosfuro de aluminio —un químico utilizado para controlar insectos en granos almacenados— que liberó gas, lo intoxicó y lo mató después de veintitrés días de agonía.
En este contexto el jefe comunal tomó la decisión de suspender, en febrero de este año, la ordenanza emblema que los vecinos habían logrado que se sancione en 2012 y que estipulaba la prohibición total para aplicar agroquímicos con aviones en todo el distrito.
Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) indicó que en la comunidad, los índices de cáncer superan por más del doble a la media del resto del país. Ante ello, los vecinos propusieron hace unas semanas que se desista de utilizar agroquímicos en los silos de almacenaje y que se planifique una relocalización paulatina de las plantas de acopio.
María Juana es otro pueblo fumigado, que pide una normativa local y provincial que proteja a sus habitantes y prácticas productivas y que no agredan ni a la salud y ni a la naturaleza.
Fuente: La Capital
