Trabajadoras en riesgo
En lo que va de 2019, se han alcanzando cifras históricas de femicidios en Argentina. Desde el gobierno provincial, apuestan al Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia como el espacio para abordar la problemática, aunque cualquier persona que haya acudido sabe que es insuficiente. Conversamos con una trabajadora del área de Constatación de esta dependencia, una vez más en reclamo por las condiciones laborales y por los escasos recursos para la asistencia.
Por Redacción La tinta
Nos esperábamos en una panadería cerca del Polo. Cuando por fin nos vimos, se acercó y comenzó a contar quién es. Trabaja hace 14 años en varios espacios de provincia, con distintas situaciones y modalidades de contratación, contando, entonces, con un largo historial de precarización. Es trabajadora social y, actualmente, se desempeña en el área de Constatación del Polo de la Mujer de la Provincia de Córdoba. Es un área creada por ley, que tiene como finalidad valorar la situación de riesgo de las personas involucradas en un hecho de violencia denunciado. La tarea que realizan es visita a los domicilios y elaboración de informes a solicitud del juzgado, y, en función de estos, se toman las medidas de resguardo: exclusión del hogar de la persona que ejerce la violencia, la restricción del contacto, solicitar tratamiento psicológico u otras medidas cautelares. Las trabajadoras de constatación evalúan el riesgo a partir de indicadores creados por el área.
Mientras habla, pienso sobre el riesgo de evaluar el riesgo y sobre la importancia de la tarea como una pieza fundamental para evitar situaciones que amenazan la vida de las mujeres, niñes y jóvenes.
Cuenta que van al domicilio y entrevistan a la familia, lxs vecinxs y la persona que denuncia, según el caso. Rápidamente, vuelve la palabra riesgo: “Moverse en un vehículo, estar en el escenario donde no tenemos un arraigo, nosotros somos foráneos y, además, lo que implica involucrarse en la situación de violencia en sí”, explica.
Cualquier persona imaginaría que, para este trabajo, con tanta exposición, atendiendo a toda la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, con la cantidad creciente de casos de violencia denunciados, debe ser un espacio con gran cantidad de trabajadorxs. Sin embargo, esta área está compuesta por dos equipos interdisciplinarios (cada uno con una psicóloga y una trabajadora social) a la tarde y cuatro a la mañana, totalizando unas 13 personas. El modo de contratación tampoco es alentador: la mayoría monotributistas, dos planta permanente, tres contratadas como administrativas siendo profesionales (no contemplando título y antigüedad), con un promedio de sueldo de 18 mil pesos por treinta horas semanales.
“El riesgo también está en la tarea en sí, que es un relato de mucha angustia, te vas a su casa con estas situaciones y un cansancio psíquico y físico que no es reparado emocional ni económicamente. Hay intentos fallidos. En nuestra área, a su vez, no hay supervisión de casos, con el personal nuevo que entró, no hay casi intercambio entre equipos y turnos. Tener supervisión es importante para ponerse a pensar la práctica, los casos. La contención es personal, pero no está institucionalizada”.
Sobre el divide y triunfarás
Desde hace tiempo que las trabajadoras del Polo de la Mujer realizan reclamos, lo que nos cuenta ahora es una continuidad de una situación que se parcha sin resolverse. Una de las últimas medidas de asamblea fue por inseguridad en un territorio al que entraron sin las precauciones suficientes de seguridad. En lugar de abordar el problema, la provincia contrató nuevas profesionales a las que no se les brindó la información adecuada, haciendo una suerte de espacio paralelo de trabajo.
“En los últimos tiempos, hubo un proceso de consolidación y de agrupamiento de las trabajadoras para tratar de lograr cosas y, en vez de entrar en negociación con ellas, lo que pasó es que fue creciendo el Polo, se contrataron más personas, en condición de monotributistas, muchas con miedo de participar por miedo que las echen. Solo que, en el último tiempo, las monotributistas tuvieron que hablar porque el nivel de exigencia es muchísimo sobre ellas”.
Este crecimiento del Polo, a partir de la precariedad de quienes comenzaron a trabajar, generó que las luchas dadas y las exigencias planteadas no se acumularan, y, en cambio, pudieran generarse dos instituciones paralelas. “En 2018, comenzó un equipo nuevo en el turno mañana, monotributistas, que funcionaban mayormente sin protocolo, que es un marco de indicaciones a los fines de establecer actuaciones para no exponer a los trabajadores, exponiendo a las profesionales a situaciones de riesgo de vida, ya protocolizadas; y, en paralelo, un turno tarde que nos ateníamos más al protocolo y que habíamos participado de la asamblea”. Una de las situaciones de riesgo se dio cuando una profesional del equipo de la mañana entró a un barrio “que estaba establecido en los protocolos, acordado con funcionarias y jefatura de policía que no se entrara, y pasaron por una situación de violencia callejera traumática. Ellas desconocían que no se estaba implementando el protocolo”.
Sobre el riesgo
Los reclamos siguen sin respuesta en una de las dependencias más importantes para abordar las situaciones de violencia de género, que hoy desbordan a todo lo existente en materia de asistencia. Las trabajadoras exigen que su trabajo sea considerado como trabajo de riesgo, “cómo que no es de riesgo cuando nos apuntan con un arma en un barrio, cuando el deterioro que tenemos mentalmente es muy alto por la complejidad de la problemática, cuando la demanda en cantidad es exponencialmente superior a la cantidad de profesionales en los equipos, cuando cada uno se busca y se paga la terapia para estar bien”.
El 3 de enero, otra vez, las trabajadoras de Constatación sufrieron un incidente en el ejercicio de su trabajo, “tenemos, aproximadamente, un hecho gravísimo por año y otros graves en áreas donde las trabajadoras corren riesgo de vida”.
Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá, elaborado a partir de información de medios, en lo que va de 2019, se alcanzaron cifras históricas. Sólo en enero, hubo al menos 24 femicidios en Argentina, de los cuales casi la mitad fueron perpetrados por la pareja, ex pareja o un familiar, en su mayoría con armas de fuego o golpes, el 46% en la vivienda de la víctima. Considerando estos datos y el trabajo específico de las trabajadoras de Constatación, no es difícil entender cuál es el riesgo de realizar entrevistas a personas involucradas en la denuncia y en sus propios domicilios. “Ha crecido la violencia, se ha vuelto más cruenta, más fuerte el intento de disciplinamiento sobre la mujer y como que lo que sale en los medios se reproduce en las denuncias que una lee: ‘Te va a pasar lo de aquella’, como que también nutre, aunque es importante que se diga. Los medios reproducen el odio y los varones saben que lo pueden hacer”.
La cantidad de personas en el área es uno de los puntos relevantes. “El hecho de ser pocas significa, en términos concretos, que hay oficios de diciembre, por ejemplo, que, al día de hoy, no tienen medidas, porque falta el informe de constatación. Es decir, la mujer que denunció en diciembre está conviviendo con el denunciado, siguiendo en riesgo de violencia y/o femicidio.
Sobre el Estado como patrón
Como parte de los reclamos, esperan que las monotributistas sean contratadas, que se les reconozcan sus derechos laborales, el aguinaldo, las vacaciones por ley, que dejen de depender de la gestión para conservar el puesto de trabajo, “cuando fue el cambio de gestión, nos echaron sin causa y, por la lucha de los compañeros, volvimos a trabajar”.
Además, algo a lo que nos hemos acostumbrado, es el mismo Estado el que genera una relación de dependencia encubierta, penado por las mismas leyes que dice hacer cumplir. “Acá están las más variadas formas de contratación, pero es un reflejo de lo que es el Estado provincial, todo lo que es para la mujer es así, por ejemplo, la contratación de las maestras y ayudantes de sala cuna es una precarización enorme”. Además, existen algunas trabajadoras en calidad de becarias con un salario de alrededor de 8 mil pesos por veinte horas semanales.
Por otro lado, todavía hay profesionales con casi cinco años o más de antigüedad contratadas como administrativas. “Hay mucha diferencia en los sueldos, por eso, otro reclamo importante es la equiparación salarial y pase a planta de compañeras que cumplen cinco años ya sosteniendo los equipos, mayoritariamente en turno tarde, que se pague título, años de antigüedad. Esto es cumplir la ley, los profesionales no son administrativos, por eso, pedimos, hace años, un reconocimiento monetario y más humano”.
No cuidar a las trabajadoras que acompañan y asisten a personas en situaciones de violencia de géneros es no cuidar la tarea y no cuidar la tarea evidencia la falta de relevancia que existe desde los gobiernos en relación a la problemática. “Descansan en que hay mucho compromiso de los profesionales en la tarea y se agarran de eso, ´uno más, atendé uno más, cómo se va a ir así la persona´… cómo termina la cabeza de esa persona, además, si se atiende más de lo previsto en el mismo tiempo, se realiza mal la tarea”.
Sobre la prevención, los bombos y platillos
La lucha contra la violencia de género y los dispositivos empleados fueron parte importante del plan de gobierno del actual gobernador, a partir de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, y diversos programas que tienen como beneficiarias a las mujeres. Sin embargo, es evidente que no es suficiente y que sólo se logra, y a medias, una asistencia sobre la situación de violencia en sí.
“La lectura que hago de dónde está la falacia es que esto va a a seguir y en escalada, porque se está asistiendo como se puede una vez que pasó” y, aquí, la prevención es imprescindible, “no se puede pensar en erradicar la violencia si no se está dando Educación Sexual Integral en las escuelas, si todavía tenemos jovencitas que, cuando vamos a entrevistar, nos dicen que no pueden salir de short porque el novio no las dejan, si sigue existiendo este control naturalizado sobre sus cuerpos”. Si bien existen acciones, son aisladas y motivadas por los profesionales, “no hay una política de prevención que llegue a otros lugares. Si eso no se profundiza, creo que vamos en escalada”.
Las dependencias existentes están desbordadas, las personas que sufrieron un episodio de violencia y acuden al Polo, en ocasiones, esperan horas para que las atiendan y, en muchos casos, se les sugiere realizar sus tratamientos psicológicos en los dispensarios barriales, “pero ¿cuál es la situación en los dispensarios si muchos no tienen equipos para esta tarea? Ahí hay algo que tiene que ver con la política de salud mental, no hay suficientes psicólogas y trabajadoras sociales”. Además, nos cuenta que atender en el dispensario significa un riesgo para el profesional, “porque, en muchos casos, se responsabiliza a la persona de afuera: ´tu psicóloga te está llenando la cabeza´. Hubo experiencias de persecución a profesionales, sin medidas de resguardo”.
Sobre el 8M
Las trabajadoras del Polo de la Mujer esperan formar parte juntas del 8M, siendo parte de la masiva movilización con sus reclamos. “Las mujeres siempre participamos en el 8M, así que tenemos pensado participar como mujeres trabajadoras para poder darle visibilidad a estos reclamos”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
