Liberaron a Reina Maraz
En octubre de 2014 Reina Maraz Bejarano, una mujer boliviana que solo hablaba quechua, fue condenada por el supuesto homicidio de su esposo en un juicio plagado de irregularidades. Finalmente este miércoles fue puesta en libertad luego de la apelación de su defensa.
Ahora deberá esperar que la Cámara de Casación resuelva sobre el caso. Durante todo el proceso -que comenzó cuando fue detenida en 2010- y luego en los años que estuvo presa, Reina se convirtió en un símbolo para el movimiento de mujeres y feminista. Por este motivo, al salir de prisión fue recibida por una multitud.
#Géneros | Reina Maraz en libertad, una victoria para las oprimidas https://t.co/73hIAIL8N5 Por @laurasalome y @_ParodiCamila pic.twitter.com/CyOY7QYBR2
— #Marcha5Años (@MarchaOrgAr) 21 de diciembre de 2016
Como señaló en su momento Notas, en noviembre del 2010, Reina Maraz ingresó al penal femenino Nº33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires acusada de un crimen por el que no había sido juzgada. Allí estuvo alojada junto a su beba (nacida dentro del penal) sin saber por qué. Es que la detenida no hablaba castellano y nadie le había explicado los motivos de su detención.
En 2011, el Comité Contra la Tortura conoció a Reina y comenzó a trabajar sobre su caso llevando a una traductora quechua. “No entiendo nada”, fue lo primero que tradujo la profesional. Las palabras de la mujer fueron el puntapié que permitió develar una historia atravesada por la violencia.
Había conocido a su marido, Límber Santos, en la localidad boliviana de Avichuca, cerca de Sucre, cuando tenía 17 años. Se casaron y tuvieron dos hijos. Reina cuenta que ya en aquél entonces, Límber la golpeaba cuando bebía. Tiempo después su marido se ausentó del hogar para buscar trabajo en Argentina. A su regreso, intentó convencerla de que emigre con él y la amenazó con quitarle a sus hijos para convencerla.
Así llegó al país. Instalada en Buenos Aires, la familia de Santos le quitó sus documentos para que no pudiera regresar. Ante una posibilidad de trabajo, se mudaron al municipio bonaerense de Florencio Varela. Allí, Santos entabló relación con un vecino, Tito Vilca Ortiz, con quien contrajo deudas por juegos y que pagó con el cuerpo de Reina.
El 16 de noviembre de 2010 Reina presentó una denuncia en la policía por la desaparición de su marido, a quien no veía hace dos días. Supuestamente basándose en la denuncia de uno de sus hijos menores, la policía allanó su domicilio y encontró el cuerpo de Santos enterrado en un predio aledaño abandonado.
La policía fue a buscar a Reina y la acusó del asesinato. Al no entender el idioma en el que le hablaban, asintió con la cabeza ante el oficial parado en su puerta (un gesto tradicional de su comunidad). Eso selló su suerte. Reina fue detenida, estando embarazada de siete meses.
El juicio y la cárcel nuevamente
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conoció su caso en una visita de monitoreo a la cárcel y le garantizó un servicio de traducción y una defensa legal.
Recién allí Reina pudo enterarse de que se la acusaba de haber sido cómplice en el asesinato de su marido. Para colmo, Tito Vilca murió estando detenido, por lo que ella quedó como la única acusada de un homicidio doblemente agravado (premeditado y con alevosía).
Según la versión que la fiscalía presentó al Tribunal Oral Federal 1 de Quilmes, Reina y su vecino Tito Vilca se pusieron de acuerdo para matar a Santos y lo hicieron estrangulándolo, luego lo enterraron juntos y finalmente se repartieron el dinero de unos ahorros de la víctima y sus dos celulares. La hipótesis de la acusación tiene como base y prueba central al testimonio del hijo del medio de Reina, que entonces contaba con apenas 5 años, obtenido en un interrogatorio con la fiscal del caso en una charla en Cámara Gesell, pero sin la presencia de una psicóloga o de una traductora para el menor.
Las integrantes del TOC N° 1 aceptaron enteramente la hipótesis de la acusación, desoyendo las protestas de la defensa que hacía hincapié en la absoluta falta de pruebas para condenar a Reina, así como en la interminable cadena de violencias personales e institucionales de la que había sido víctima. Desde la física y sexual por parte de su marido y su vecino, hasta la indiferencia penitenciaria respecto de su aislamiento idiomático, los maltratos policiales y finalmente la absoluta sordera judicial.
“Hubo cuestionamientos muy fuertes por parte de las tres psicólogas respecto de esa prueba [la entrevista al hijo de Reina en Cámara Gesell] en el sentido de que era una aberración cómo se le había tomado declaración a ese niño, que estaba mal desde todo punto de vista, tanto desde lo técnico como desde la psicología”, explicó en su momento Sofía Ballesteros, una de las abogadas de la acusada. “Ellas fueron muy claras en el sentido de que eso no se podía tomar por válido de ninguna forma, que lo que el niño decía era un discurso que repetía y que había sido inculcado por un mayor. El niño hablaba en quechua, la fiscal lo interroga en castellano y todo el tiempo está interpretando lo que el niño balbucea muy confusamente”, añadió.
Pero las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butierrez hicieron caso omiso de estas razones y el martes 28 de octubre de 2014 dictaron una sentencia que condenó a Reina a prisión perpetua.
Finalmente, a fines de noviembre se realizó un audiencia donde Reina pudo contar su historia ante los jueces de la Sala 6 del Tribunal de Casación. Tras analizar el testimonio resolvieron ponerla en libertad hasta que haya una sentencia firme.
Fuente: Notas. Foto de portada: Laura Salomé.
