Presupuesto de salud de Córdoba y pandemia: ¿inversión extraordinaria o recuperación de lo perdido?

Presupuesto de salud de Córdoba y pandemia: ¿inversión extraordinaria o recuperación de lo perdido?
5 julio, 2021 por Redacción La tinta

En esta nota, el médico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y de la UNRC analiza el presupuesto asignado a Salud en pandemia y lo compara con los años anteriores. Déficits de financiamiento, debilidad del primer nivel de atención, problemas de coordinación interjurisdiccional y carencias de recursos humanos en un sistema de salud sometido históricamente a políticas de ajuste.

Por Iván Ase para La tinta

La pandemia que asola al mundo desde inicios del 2020 ha puesto en tensión a todos los sistemas de salud. Sistemas con distintos valores, modelos de financiamiento, tipos de cobertura y arreglos entre sectores y jurisdicciones se han visto desbordados por el evento. Una respuesta general frente al mismo ha sido la asignación de recursos económicos extraordinarios para enfrentarlo. ¿Qué ha pasado en Córdoba al respecto? ¿También hubo un crecimiento extraordinario del presupuesto de salud provincial para enfrentar la pandemia?  

En este sentido, el presupuesto total de la Provincia de Córdoba tuvo un incremento, durante el año 2020, del 31,28%, en un contexto de inflación promedio anual, considerado por el Ministerio de Finanzas provincial, del 39,4%. Es decir, el gasto provincial sufrió un importante ajuste real al haber tenido un crecimiento bastante menor que la inflación. Sin embargo, los recursos destinados a la Finalidad Salud (FS) tuvieron un incremento del 59,96%, correspondiéndole al Ministerio de Salud el 99,28% de esos recursos. Este incremento permitió que la Finalidad Salud represente el 10,51% de la totalidad del gasto provincial. 

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(Imagen: La tinta)

Pero, ¿qué significa este incremento de recursos para 2020 en términos históricos? ¿Efectivamente representa una asignación extraordinaria de recursos para el sector?

Al finalizar el proceso de descentralización en nuestra provincia (1996), los recursos destinados a la Salud por los distintos gobiernos provinciales han oscilado entre el 9 y el 10% del total de los mismos, siendo el promedio del período 2002-2015 del 9,54%. A partir del año 2015, el gobierno provincial inicia un proceso de ajuste de los recursos para el sector que se evidencia en la disminución del porcentaje destinado a la FS: 2015, 10,32%; 2016, 9,74%; 2017, 8,78%; 2018, 8,39% y 2019, 8,68%. Esto significa que, en términos porcentuales, los recursos extraordinarios asignados para enfrentar la pandemia no implicarían más que la recuperación de los porcentajes habituales para el sector post-descentralización. 

Estas conclusiones se pueden apoyar en otros datos que se evidencian en la información provincial correspondiente al 2020. Así, en relación al número de cargos destinados al sector salud, luego de las nuevas incorporaciones señaladas por las autoridades provinciales, el año 2020 finaliza con 12.660 cargos de salud. Pues bien, en el caso del personal, se puede evidenciar la misma evolución que en el campo presupuestario: 2015, 12.510; 2016, 11.964; 2017, 11.780; 2018, 11.685 y 2019, 11.639 cargos. 


Nuevamente, lo que aquí aparece es que la cantidad de cargos con que termina 2020 (1.000 cargos más que en 2019) no es otra cosa que una recuperación de los cargos existentes en 2015 y que habían sido reducidos como parte de la política de ajuste o austeridad sectorial arriba mencionada. 


Pero, además, la recuperación de estos recursos financieros y humanos se ha hecho de manera concentrada sobre aquellas áreas o rubros directamente involucrados en la lucha contra la pandemia, mientras que los otros sectores se mantenían casi paralizados y soportando restricciones presupuestarias muy significativas. 

En este punto, es posible señalar que, si a los recursos presupuestarios que se incrementaron durante 2020, a un 59,96% se les resta el denominado “Gasto COVID-19” (Gasto en Agentes de la Salud por emergencia: $1.550.611.043 y Fondo para atención del estado de alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas: $4.971.833.805), dicho incremento se reduce al 28,24%, alrededor de 10 puntos por debajo de la inflación del año. Es decir, se podría decir que el “Gasto COVID-19” se financió en parte con el enorme ajuste sufrido por el “Gasto No COVID-19”. 

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(Imagen: La tinta)

Caso paradigmático en este punto es el de Salud Mental provincial (SMP). El incremento del presupuesto para la SMP fue del 28,64% (10 puntos por debajo de la inflación), lo que significa que el mismo pasó a representar el 4,85% del total para la FS. Aunque la provincia de Córdoba nunca cumplió con los estándares fijados por organismos sanitarios internacionales y normativas de salud mental vigentes (que debe representar como mínimo el 10% de la FS), el porcentaje del 2020 ha sido el más bajo de los últimos años (2015, 6,96%; 2016, 6,96%; 2017, 6,64%; 2018, 6,26% y 2019, 6,03%).

Por otra parte, en el análisis de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Salud por objeto del gasto, se puede evidenciar que el incremento de recursos se concentró en Bienes de consumo (168,4%), Servicios no personales (70,3%), Transferencias para erogaciones corrientes (73,5%) y Bienes de Capital (78,7%). Mientras que el rubro Personal se incrementó sólo un 36,7% (por debajo de la inflación) y el rubro Trabajos Públicos decreció un 89,5%. 


Esta distribución de los fondos no sólo muestra el aumento de recursos destinados a insumos y aparatología médica, sino también la apuesta a un modelo de gestión que decidió incrementar personal por la vía del “monotributo” (pago de honorarios) y la tercerización de nuevos servicios a empresas privadas (centros de hisopados, vacunatorios, servicios de emergencias, entre otros), en lugar de fortalecer la planta de personal estable del Ministerio de Salud. Se puede afirmar que la pandemia nos trajo mayor precarización laboral en el sector. Es notable, también, la disminución de recursos en obras de infraestructura durante el 2020. 


Finalmente, la pandemia ha encontrado a un sistema de salud provincial que viene arrastrando problemas estructurales crónicos y estaba siendo sometido a un proceso de ajuste desde 2015, más allá de algunas “inauguraciones” hospitalarias. El incremento de recursos del 2020 apenas alcanza para recuperar lo perdido por el sector en ese período. 

Aunque resulta aventurado, en la actualidad, señalar “recetas” infalibles para enfrentar la pandemia, debemos decir también que los déficits de financiamiento, la debilidad del primer nivel de atención, los problemas de coordinación interjurisdiccional y las carencias de recursos humanos han condicionado una respuesta sanitaria a la pandemia que se ha limitado a un enfoque biomédico tecnológico con una llamativa desatención por los enfoques territoriales de atención a la salud y las dimensiones psico-sociales o de salud mental. A la luz de los datos epidemiológicos actuales, los resultados de ese enfoque no parecerían promisorios. 

Es cierto que es casi imposible tener preparado un sistema de salud para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Sería, por ejemplo, irracional y desaconsejable desde el punto de vista sanitario disponer en tiempos de normalidad de la cantidad de “camas críticas” y respiradores que han sido necesarios para enfrentar este tiempo excepcional. Pero es cierto, también, que los sistemas de salud sometidos permanentemente a políticas de ajuste o austeridad no son la mejor plataforma desde donde enfrentar contingencias dramáticas como las actuales. Esperemos no estar perdiendo la oportunidad de realizar este aprendizaje colectivo.

*Por Iván Ase para La tinta / Imagen de portada: La tinta.

Palabras claves: Córdoba, covid-19, pandemia, salud

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Mendiolaza y Anisacate: vecinxs iniciaron un proceso de revocatoria a sus intendentas

Mendiolaza y Anisacate: vecinxs iniciaron un proceso de revocatoria a sus intendentas
28 marzo, 2025 por Redacción La tinta

Dos intendentas en la mira de las comunidades que gobiernan. Adela Arning, titular en Mendiolaza por el PRO, y Natalia Contini, en Anisacate, asumida por el PRO, ahora confesa de La Libertad Avanza, ambas enfrentan un pedido de revocatoria de su mandato por incumplimientos en las gestiones locales. En Anisacate, la Justicia Electoral frenó el pedido, mientras que avanza en Mendiolaza. Para estas comunidades, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria ante el incumplimiento de las promesas de campaña y gestiones con graves retrocesos para el pueblo.

«Con nuestras firmas, la podemos sacar, no por cuestiones políticas, sino por la inacción y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a todos los problemas que tenemos como comunidad”, expresaron vecinos de Mendiolaza semanas atrás. Palabras similares expresaban vecinos de la localidad de Anisacate, en el Valle de Paravachasca, donde cada vez hay más malestar, enojo y menos tolerancia. “Al principio, la gente decía: ‘Es nueva, hay que darle tiempo’, pero viendo como es su accionar, la gente ya no está teniendo tanta paciencia”.

Adela Arning es intendenta de Mendiolaza y, desde el año pasado, es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional PRO Argentina. Asumió el 10 de diciembre del 2023 y tiene mandato hasta el 2027, con el 25,8% y una diferencia de apenas 28 votos en relación con el segundo candidato, el justicialista Nicolás Martínez Dalke. Sustituyó al radical Daniel Salibi, que gobernó la ciudad del cordón de Sierras Chicas durante 24 años consecutivos. Conserva la figura de ser “apadrinada” por Mauricio Macri y ella misma ha manifestado que se involucró en política por él, en 2015. El año pasado, recibió al exmandatario, que construye una casa en la localidad. «Todos saben que siento a Córdoba mi provincia. Estoy feliz porque, producto de la insistencia y la persuasión de Manuel (Tagle), estoy construyendo una casa en Córdoba, por lo cual voy a pasar más tiempo en Córdoba. No empiecen con las especulaciones de si voy a ser gobernador. Por ahora, voy a disfrutar de El Terrón», expresó Macri en octubre del año pasado. 

Con su tono sobrio y el slogan de campaña de “vivir de manera ordenada, segura, sustentable y sostenible en el tiempo”, y la alternancia, capacidad e idoneidad como valores del ejercicio político, pasado el año y medio, no le ha sido simple la gestión a Adela Arning. Se ha enfrentado a múltiples conflictos, cuestionamientos y un pedido de revocatoria en marcha avalado por la Justicia Electoral. En una nota al diario Perfil, dijo: «Somos mujeres del PRO que les ganamos a hombres fuertes de la política, ellos ahora trabajan de esa forma y nosotros, desde el día uno, no dejamos de ordenar lo que dejaron».

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Imagen: La Política Online.

Se registraron grandes protestas en la ciudad frente a la intención de aumentar las tasas en un 165%, los despidos en la planta de empleados, la cuotificación de los sueldos de concejales y una crisis institucional en su equipo. Además, quejas sobre el servicio de recolección de basura o cambio de luminarias, denuncia por defraudación al fisco, el proyecto de ordenamiento territorial, entre una lista larga.  


El pedido de revocatoria fue impulsado por el vecino Alberto Dalmazzo, quien, en diálogo con La tinta, comenta el inicio del proceso: “Yo había empezado a recolectar firmas individualmente, tenía muchas, pero saltó el tema de que, en Anisacate, no prosperó el pedido de revocatoria a la intendenta porque había alguna irregularidad en la presentación. Entonces, consulté a unos abogados amigos que me asesoraron y, posteriormente, me presenté con los escritos en la Junta Electoral Municipal, ya que la jueza de paz también es la jueza electoral”.

En primera instancia, la jueza no le quiso recibir el escrito, luego, lo recibió, pero le manifestó que no podría darle una respuesta por el momento, ya que no estaba constituida la Junta Electoral local. La notificación se envió al juzgado electoral de Córdoba y, el 11 de marzo, la doctora Marta Vidal dio instrucción de rehacer la Junta Electoral municipal. “A los pocos días, me comunican que ya estaba constituida la junta, presenté otros escritos y, a partir de ese momento, comenzó el proceso de recolección de firmas. Con las firmas de entre 3 y 5% del padrón electoral, y con los argumentos que motivan la revocatoria, nos presentamos al Juzgado Electoral local para que ratifiquen todas las firmas ―únicamente pueden firmar las personas que hayan participado en la última elección―. Luego, tenemos 15 días hábiles para juntar el resto de firmas que equivalen al total del 10% y quedaría formalmente efectuado el pedido de revocatoria de Arning”, detalla Dalmazzo. 

Se habilitaría así un proceso donde asumiría algún concejal, mientras, en un plazo de entre 15 y 30 días, se realizaría un nuevo llamado a elecciones.

Natalia Contini asumió como intendenta de Anisacate el 10 de diciembre de 2023, tras ganar por 19 votos las elecciones en las cuales se presentó con el PRO, como parte de la línea halcona que lideraba Patricia Bullrich. Dejó atrás los 30 años de gestión de Ramón Salazar del PJ cordobés, quien judicializó el resultado electoral en su momento. Asumió y cumplió con dos de las promesas de campaña: sacó la estatua de Néstor Kirchner de una de las plazoletas sobre la ruta y comenzó una auditoría interna de la gestión anterior.

A los pocos meses de iniciada su gestión, instaló un local y creó el espacio Juntos por la Libertad, diciendo que sería el punto cero de la unión del PRO y LLA. Desde ambos espacios políticos, eluden su adscripción y, más bien, pareciera transitar un limbo de institucionalidad partidaria. Desde el inicio, ha replicado formas y prácticas mileístas, y en una entrevista reciente en La Voz dijo: “Yo me pasé sin pedir permiso desde el día que decidí apoyar al presidente en su gobierno. Confío plenamente en su plan desde que asumió, porque demostró que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer”. 

Una de las integrantes de Vecinxs Autoconvocadxs de Anisacate, quienes llevaron adelante el pedido de revocatoria a la intendenta Contini, en diálogo con La tinta, nos cuenta que se fue volviendo tema de conversación en muchos grupos las múltiples situaciones de retrocesos que se viven en la localidad desde que asumió. De las charlas, se pasó a la conformación de un grupo virtual al que se fueron sumando más personas. “Alguien comentó que existía la posibilidad de revocatoria mediante la ley provincial y que era accesible a la ciudadanía para solicitarlo. Hicimos circular un cuestionario y comprobar que muchas personas querían adherir a la revocatoria. Así se decidieron a iniciar el trámite”.

Con buena fe, se acercaron a pedir información y comentar lo que iban a hacer al juez de paz local subrogante, quien también representa la Junta Electoral y quien les trabó el trámite en el comienzo. Tras negarse a iniciar el trámite, estuvo de licencia y no se pudo concretar el inicio del pedido de revocatoria. Pero, además, una de las vecinas fue intimada con pedido de restricción por una denunciada realizada por la intendenta por violencia de género, la que fue desestimada rápidamente por la fiscalía. Esta acción fue leída por lxs vecinxs como una práctica para infundir miedo, ya que cuenta con una articulación de todos los medios para poder hacerlo.

“Logramos presentar el pedido de revocatoria, no sin sospechas de qué podría pasar ante tantos obstáculos que tuvimos y si efectivamente podría prosperar o quedar archivado en un cajón. La jueza en reemplazo es quien dio inicio al proceso que estaba parado y, a partir de ahí, debían arbitrarse los medios para las firmas. Sin embargo, la jueza de paz, Marisel Ocampo, declaró inválido el proceso de convocatoria por falencias formales. Entre ellas, la certificación de las firmas. Necesitaban un motivo para que la revocatoria se cayera, ya que generó mucha inquietud ante muchos jefes comunales e intendencias que alertaron al Gobierno provincial de lo que podría generar este antecedente de prosperar”.

La comunidad autoconvocada sigue organizando cuáles serán las próximas acciones. En la presentación que hicieron, 20 hojas ocupaban la lista de incumplimientos e irregularidades de la función pública de Contini. «En estos días de lluvias, las calles son intransitables, 300 estudiantes no tienen cómo llegar a la escuela ―algunos están a 7 km― porque sacó el transporte escolar gratuito, con un aviso apenas 72 horas antes del comienzo del ciclo lectivo a través de TikTok. En lo que va de gestión, las tasas subieron casi el 600% el valor; si dos meses no pagás la tasa municipal, te llega un mensaje por WhatsApp de judicialización de la deuda. 


Apenas asumió, despidió a 80 empleados municipales antes de la Navidad e intervino un centro vecinal. Otro de los temas centrales es el abuso de autoridad y la persecución política; ante cualquier opinión externa que no le gusta, realiza una denuncia o el bloqueo en redes, también el mal manejo de las cuentas públicas, entre muchos otros temas”, detallaron vecinxs. 


Referéndum revocatorio como la posibilidad de subsanar las estafas electorales

Dalmazzo insistió en que su accionar es “sin banderías políticas, de ningún tipo, no lo hago bajo ninguna presión política y no quiero que nadie se quiera apropiar de esto políticamente, porque hay muchos que se quieren colgar de este tema. Pero esto es algo propio, sano de los vecinos, no quiero que la política ensucie este proceso, somos simplemente vecinxs”.

Más allá de los resultados que puedan darse en ambas localidades, hay algo que están mostrando estas acciones y es un creciente malestar ciudadano y una respuesta ante ello, el uso de mecanismos legales para la evaluación de los gobiernos municipales.

Paralelismos 

Nicolas Calvi es abogado y secretario general de Anisacate en Común, único partido vecinal de la localidad. En diálogo con La tinta, analiza estas prácticas que se están dando en las dos localidades: “La revocatoria de mandato es el remedio más eficaz contra las estafas electorales. En democracia, el voto es un contrato social entre la ciudadanía y sus representantes, elegimos a quienes gobiernan con la esperanza de que cumplan con lo que prometen. Pero ¿qué sucede cuando ese contrato se rompe? Cuando un candidatx dice una cosa en campaña y, al asumir, hace exactamente lo contrario, esto no puede ni debe ser gratuito. El referendo en un revocatorio es la herramienta que la ley provincial nos otorga para recomponer esa situación. Se trata de un instituto de democracia semidirecta que permite a la ciudadanía evaluar la gestión de un funcionario electo y, si corresponde, revocar su mandato”. 

En Córdoba, la Ley 8102 sobre el régimen de municipios y comunas establece en su capítulo 3 lo que concierne a revocatoria popular como mecanismo de control social y popular sobre quienes ejercen el poder. “A nivel municipal y comunal, este tipo de herramientas han tenido una mayor acogida legislativa, esto es así porque en el ámbito local, donde las relaciones de vecindad hacen más evidente la necesidad de rendición de cuentas de los funcionarios, lxs intendentes no son figuras lejanas, lxs vecinxs los conocen, los ven en la calle y sienten de manera inmediata el impacto de sus definiciones en su vida cotidiana”, detalló Calvi.

Para el integrante del espacio Anisacate en Común, es preocupante cómo destruyó la diversidad política de la comunidad. Hay un profundo malestar en quienes confiaron en su promesa de cambio y, hoy, se sienten traicionados. “Muchos consideran que su gobierno no es más que una gestión de ajuste y atropello, y en vez de ofrecer soluciones en un contexto económico crítico, actúa con autoritarismo y desprecio hacia quienes lo necesitan, y persiguiendo a quienes piensan distinto. En este escenario, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria. La democracia no se agota en las elecciones, es un ejercicio constante de participación y control ciudadano, y la revocatoria es la herramienta que nos permite corregir el rumbo cuando quienes gobiernan se olvidan de a quiénes representan y de qué prometieron. El poder no es un cheque en blanco. Cuando la política traiciona, el pueblo puede decir”.

*Por Redacción La tinta.

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