El riesgo de un desastre ecosistémico
La Nación y los gobiernos provinciales están llevando adelante un plan de obras hídricas para reconfigurar el paisaje de la región de los Bajos Submeridionales y destinarlo a la producción agroganadera. Es la reedición de una estrategia que ya mostró sus consecuencias en un área considerada sensible y de importancia para la conservación de la biodiversidad. El proyecto avanza con hermetismo, lo que suma preocupación y voces críticas que luchan por hacerse oír entre el ruido del lobby.
Por Fabián Chiarmello para Enredando
En el corazón de los Bajos Submeridionales, se suele realizar una procesión que incluye un ritual particular: embarrar una cruz instalada en el arroyo Golondrinas e implorar por el milagro de la lluvia. La manifestación católica se repite tan seguido como las sequías extremas que azotan al norte santafesino y llevan a la desesperación a los habitantes de la zona. En esa extensa región, caracterizada por la oscilación entre períodos de seca e inundaciones, se intenta aplicar una receta para manejar la inestabilidad hídrica que ya fue probada y es responsable -al menos, en gran medida- del agravamiento de esta situación: extender una red de canales y desagües. El fin es generar un cambio de uso del suelo y aumentar la productividad agroganadera.
En los últimos meses, se hizo evidente el apuro por avanzar sobre esta cuenca que cubre más de cinco millones de hectáreas. Los principales interesados son el Estado nacional y los gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero; además de los sectores empresariales, potenciales beneficiarios de los desarrollos productivos. En febrero, el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS) -creado en 2018 e integrado por Nación y las provincias- se reunió en la Sociedad Rural de Reconquista, una sede nada simbólica. Un mes más tarde, se repitió el encuentro en la capital santiagueña. Los ministros nacionales Wado de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca) participaron de los cónclaves con los mandatarios locales.
En las conferencias y notas de prensa, se repitieron algunos tópicos de los temas abordados: presentar “avances” del Plan Director, dar a conocer la concreción de algunas obras y la proyección de otras. En Santiago del Estero, el gobernador santafesino Omar Perotti anunció la puesta en marcha de la construcción de un canal interprovincial para descargar agua al río Salado que será delimitado y compartido por el Estado anfitrión. Allí, el líder de la Casa Gris habló de “recuperar más de cinco millones de hectáreas”, mientras que su par santiagueño, Gerardo Zamora, explicitó los fines: esos miles de kilómetros cuadrados deben destinarse a una “producción adecuada”. El titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca fue más específico: para Domínguez, la región tiene una “extraordinaria oportunidad en el desarrollo de la ganadería”.
A principios de abril, Perotti, Zamora y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, junto a los ministros De Pedro y Domínguez, volvieron a reunirse para presentar el proyecto para la “recuperación de tierras productivas” en los Bajos Submeridionales ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu. “Son 5.400.000 hectáreas que queremos resguardar ambientalmente, recuperar algunas zonas que habían estado deterioradas e integrar un esquema productivo sustentable”, sostuvo el mandatario santafesino en la defensa del programa que prevé “aumentar la eficiencia reproductiva y productiva de los rodeos”. Actualmente, en el norte de Santa Fe, se concentra alrededor de un tercio de la producción ganadera de la provincia.
Pocos días más tarde, el 18 de abril, gobernadores del norte argentino se reunieron en el Congreso de la Nación con Sergio Massa y le exigieron que agilice el tratamiento de algunas leyes, entre ellas, la ratificación del CIRHBAS. Por razones geográficas, Perotti no participó del reclamo organizado por sus pares del norte, pero no es un dato anecdótico que las provincias con menos peso territorial sobre los Bajos Submeridionales le hayan otorgado tanta urgencia al tema. Estos movimientos parecen darle razones a quienes advierten que tanto Chaco como Santiago del Estero quieren “sacarse de encima” un exceso hídrico que, naturalmente, volcaría en Santa Fe, para avanzar con proyectos productivos propios.
“Potenciar el desarrollo sostenible en la zona de los Bajos Submeridionales es hoy una política de Estado que marcará un antes y un después en esta región”, dijo Perotti en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Paradójicamente, son varios los miembros de ese cuerpo que exigieron información sobre el plan para el norte de Santa Fe y aún no obtuvieron respuestas. Entre ellos, el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade y la presidenta de la Comisión de Ambiente, la socialista Érica Hynes.
Todas estas reuniones y anuncios, en los que se brinda información dosificada, dan cuenta del consenso para avanzar sobre uno de los mayores humedales de Argentina. La prescindencia de estudios de impacto ambiental y evaluaciones estratégicas demuestran, por otro lado, que los discursos que llevan los rótulos de sustentabilidad no son más que una estrategia de marketing verde (greenwashing, como le llaman los anglosajones) para camuflar el principal interés: el avance agroganadero. También se omiten aspectos importantes que ayudarían a entender mejor el estado de la cuestión y pensar políticas más coherentes: el gobernador santafesino y varios de sus funcionarios insisten con la necesidad de “recuperar” miles de hectáreas “dañadas”, pero no explican que una de las causas de ese deterioro tiene que ver, precisamente, con las canalizaciones que se realizaron en la zona a partir de la década de 1990.
De humedal a fábrica de terneros
Los Bajos Submeridionales ocupan el centro sur de Chaco, una pequeña porción del este de Santiago del Estero y gran parte del norte de Santa Fe. En total, son 5,4 millones de hectáreas y la mayor parte se encuentra dentro de los límites santafesinos: alrededor de treinta mil kilómetros cuadrados, más del veinte por ciento del territorio provincial. Se trata de uno de los humedales de mayor importancia de Argentina, y también de los más amenazados.
Este extenso sistema hídrico de llanura cubierto principalmente por pastizales naturales -que incluye parches boscosos- conforma un complejo de humedales que se alimenta del agua de las precipitaciones, que se escurre conectando lagunas, pantanos y esteros. Las inundaciones y los largos períodos de sequías son regulares y afectan a la rica fauna de la región, entre las que se encuentran varias especies en peligro de extinción como el venado de las pampas, el cardenal amarillo, el aguará guazú y el águila coronada. La última está considerada en riesgo crítico a escala global: quedan menos de mil en todo el mundo.
En un comunicado publicado recientemente por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Taller Ecologista, Los Bajos no se tocan, Cauce, Casa Río y la asociación civil Capibara, recordaron que las canalizaciones realizadas en el pasado, sin tener en cuenta el aspecto ambiental, “provocaron sequías extraordinarias” en la zona. “La ejecución de las obras en humedales sin la debida evaluación resultará en graves afectaciones a un ecosistema frágil ya amenazado por distintas actividades antrópicas como los fenómenos de sequía e inundaciones cíclicas y recurrentes que sufre la región. Estos fenómenos, si bien son naturales, se han agravado debido a los cambios de uso de suelo, el desmonte y desagües clandestinos de provincias vecinas que presenta la región desde hace décadas”, alertaron con la mirada puesta en el presente.
El documento es claro: las obras avanzan sin la elaboración y aprobación del Plan Director de los Recursos Hídricos y Red de Monitoreo Hidroambiental contemplado en los acuerdos de trabajo del Comité Interjurisdiccional. Las organizaciones señalaron que aún no se efectuaron los inventarios de humedales ni los procesos de ordenamiento territorial y sostuvieron que los gobiernos nacional y provinciales deben cumplir con la realización de las evaluaciones de impacto ambiental, en conjunto con una evaluación ambiental estratégica. Además del respeto por la normativa vigente y los términos acordados, advierten sobre el incumplimiento de una instancia de participación ciudadana.
Mientras tanto, el Gobierno nacional comunicó con estilo celebratorio el progreso de tareas prioritarias para “poner en valor y convertir alrededor de un millón y medio de hectáreas en tierras productivas” en la cuenca. “Básicamente, lo que a priori analizamos es que se trata de una zona ideal para la actividad ganadera, aunque también agrícola, y con las obras finalizadas conferimos un gran valor agregado a esta explotación primaria”, transmitió la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, a inicios de abril.
“Lo que se sabe son declaraciones públicas. Nos guiamos más por eso que por la parte técnica, porque no hay un estudio de impacto ambiental acumulativo, donde uno pueda ver qué obras son en conjunto y qué efectos van a tener a largo plazo”, cuestionó el naturalista César Massi, miembro de Los Bajos no se tocan y la Red Nacional de Humedales (ReNaHu). Estas dos organizaciones, junto a otras como Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre, también han impulsado petitorios y pedidos de informes a las distintas instancias estatales y, si bien obtuvieron algunas respuestas, se trata de generalidades que repiten la lógica del discurso público poco transparente que rodea a este proyecto.
Para el activista radicado en Bigand, el secretismo y la información “largada a cuentagotas” vía declaraciones de funcionarios tiene que ver con el fondo del proyecto. “Cuando dicen que van a pasar un millón y medio de hectáreas a la producción, ahí te das cuenta por dónde viene la mano: viene con cambio de uso del suelo, porque aumentar la carga ganadera con el verso de que van a mejorar los índices de preñez de las vacas y todas esas cosas es mentira. Lo que quieren hacer, en todo caso, es evitar el riesgo de inundaciones prolongadas en la parte más alta de los Bajos para poder implantar pasturas. No van a aumentar tres veces la capacidad ganadera de la zona sin implantar pasturas, porque eso es un espartillal gigante, con pasturas que dependen del manejo con fuego”, explicó Massi a Enredando.
El lobby puede más
El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa) está integrado por cámaras empresariales e industriales de varios departamentos de la mitad superior de la provincia, entre ellas, las seccionales de la Sociedad Rural de Tostado, Reconquista y Vera. Desde sus inicios, a mediados de la década de 1980, la entidad impulsó la realización de obras en los Bajos Submeridionales. Entre sus miembros, se encuentran nombres como el de Alberto Padoan y Alberto Buyatti: el primero estuvo varias veces al frente de la institución y fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el segundo preside actualmente el comité ejecutivo del Corenosa y es dueño de la algodonera, cerealera y aceitera Buyatti S.A.I.C.A. Ambos están unidos por otros vínculos: los Padoan y los Buyatti son dos de las cuatro familias propietarias mayoritarias del emporio Vicentin, investigadas por lavado de dinero, defraudación y estafas a través de esta firma.
“Son los grandes lobbies detrás de las obras en los Bajos Submeridionales”, indicó Massi y encadenó la conformación de ese mapa de intereses al proceso de concentración de tierras, que en muchos casos se dio “a los tiros”. El ex CEO de Vicentin, Alberto Padoan, es uno de los grandes terratenientes de la zona, pero el mayor símbolo de la transformación de la propiedad y del uso del suelo en el Chaco santafesino es Domingo Ianozzi: el empresario de origen italiano comenzó a comprar campos en las décadas del ochenta y noventa, principalmente, mediante maniobras opacas -como lo demostraron las investigaciones publicadas por los periodistas Daniel Enz y Andrés Klipphan hace más de quince años- veladas por sus vínculos con el poder. El productor ganadero llegó a concentrar grandes extensiones -es difícil precisar la conformación actual de ese patrimonio, pero rondaba las 400 mil hectáreas cerca de los 2000- durante el menemismo y el gobierno de Carlos Reutemann, con quien tuvo una relación muy estrecha. Fue durante las gestiones pejotistas del ex piloto y de Jorge Obeid cuando se realizaron las mayores obras de canalizaciones en la región.
Esta configuración territorial es determinante al momento de encarar la defensa de ese importante ecosistema y para contrarrestar la influencia de sectores económicos concentrados. En una zona con muchas carencias y necesidades, el puñado de pequeños productores que aún se resisten a ceder ante un sistema de producción que no los necesita tienen muchas dificultades para hacerse oír. “El principal problema ambiental que tiene Argentina es la concentración de la tierra. A medida que se va expulsando gente del monte, del campo o del humedal, cada vez es más difícil contra el modelo de agrotóxicos, contra el desmonte, contra el drenaje de humedales. Menos gente hay en el territorio, más difícil de controlar”, lamentó Massi y contrastó con los grandes terratenientes que “tienen dinero y mucho poder para hacer lobby con los políticos”.
Siguiendo la descripción, el activista remarcó que la política está cooptada por estos sectores económicos: “Si no, no se entiende cómo la Ley de Bosques en esta gestión llega al mínimo histórico de financiamiento con menos del tres por ciento (1.200 millones de pesos para todo el país) y la Ley de Humedales hace diez años que la vienen pateando, una vez por el lobby del litio, otra vez por el de las arroceras, otra vez por el de los eucaliptus, otra vez por los ganaderos. Y siempre hay lobbies que tienen más peso que el poder del pueblo”.
Todos los canales conducen al desastre
Los primeros en advertir los efectos de ese intento infructuoso del manejo hídrico fueron los propios pobladores y productores de la zona. El ingeniero agrónomo Hugo Terré -fue presidente comunal de Villa Minetti y senador del departamento Nueve de Julio- es una autoridad en el tema y vale de ejemplo: para él, lleva años diciéndolo, los canales empeoraron la situación y el sistema productivo implantado no es acorde para la región. Actualmente, todos los colectivos y organizaciones ambientalistas ponen el foco en el efecto negativo de este tipo de obras hidráulicas.
“Los canales nunca sirvieron para hacer lo que ellos quieren, pero insisten con esa fantasía. En época de inundaciones, esa semejante masa de agua en tres millones de hectáreas es imposible de controlar y, en época de sequía, esos canales se llevan la poca agua que hay. Entonces, generan lo que pasó cuando Reutemann quiso canalizar todo e hizo la cuadrícula canal: en muchos lugares, se llevaba la poca agua disponible, bajaban las napas, se salinizó mucho el terreno y los períodos de sequía se sufren mucho más que los de inundaciones, generando mortandad masiva de animales”, explicó Massi y puso en perspectiva el escenario actual: “Es cierto que ahora hay agua de más. Hay agua de más en todos lados porque han habido cambios de uso de suelo en todos lados. El mismo problema que tienen los Bajos lo tiene la pampa de la laguna del sur de la provincia, La Picasa, compartido con Córdoba y Buenos Aires. Cuando se empezó a cambiar el uso de suelo masivamente, para pasar de pastizales ganaderos a soja en el sur de la provincia y de bosque a pastizales ganaderos o a soja en el norte, y en las provincias vecinas, lo que hubo es un exceso de agua que va a esos dos lugares, las partes bajas del sur y del norte”.
El naturalista, muy activo en el debate por el futuro de esa ecorregión, señaló que los problemas se agravaron en los 2000: “Después de que empezaron a implantar soja transgénica, cuando se empezó a acelerar el desmonte, empezó a sobrar el agua. Y ese curso natural que había, de sequía e inundaciones reguladas con la presencia de forestación, hoy no existe más. Entonces, el agua va ahí. La solución tampoco es sacársela de encima, porque si vos tirás toda el agua por el Salado, en algún momento, llega a Santa Fe y ya vimos lo que pasó una vez, cuando toda el agua bajó directamente por el Salado: se inundó la ciudad y se murió gente. O se inundan los productores que tienen campo al lado del río”. La referencia es atendible: en 2003, los aportes hídricos de los Bajos Submeridionales potenciados por las canalizaciones, sumados a las precipitaciones extraordinarias y a cuestiones de otra índole (planificación e infraestructura), provocaron la trágica inundación de la capital provincial.
“Lo que hemos escuchado siempre en reuniones y en charlas es que los canales hacen poco para manejar semejante masa de agua y hacen demasiado daño cuando hay sequía”, sintetizó Massi. Para él, pero también para el ambientalismo en general como para pequeños productores de la zona, el avance de este tipo de planeamiento hidráulico es contradictorio: “Obviamente, si hay un exceso de agua, hay necesidad de manejarla, por eso está bien que piensen en las defensas para ciudades y en hacer alteos para animales, pero quieren cambiar la dinámica del lugar para que eso pase a ser, como ellos dicen, la fábrica de terneros de la provincia. Involucra sí o sí un atentado contra ese ecosistema, no vemos cómo puedan manejar todo esto como dicen, de manera sustentable. Aumentar la carga ganadera ahí no es sustentable para nada”.
Cuidar los últimos pastizales naturales de la provincia es prioritario en un marco en que el avance de la frontera agropecuaria, arrasando con los bosques y modificando la configuración del paisaje, ya dejó marcas indelebles en la zona. En el contexto de crisis climática global, preservar los ambientes que pueden mitigar los efectos más extremos del clima se hace todavía más necesario. Según explicó Massi, tanto para un escenario de inundaciones -cuando es esencial que el agua “se quede” en una zona como los Bajos Submeridionales y no descienda hacia el resto de la provincia- como en otro de seca prolongada -donde se necesita de grandes reservorios de agua-, se hace indispensable la protección integral de todo ese ecosistema. “Si no, no van a poder producir nada. En momentos de extrema sequía, van a empezar a circular camiones por todos lados para llevarse las vacas, como pasa en el Paraná cuando se inunda”, proyectó con apoyo material.
“Lo gracioso en el tema de Santa Fe es que insisten con que van a aumentar la carga ganadera y va a ser sustentable. Dicen que quieren usar los Bajos y que va a ser de un modo sustentable. Y para eso van a aumentar la carga ganadera tres veces… Son alquimistas”, ironizó el ambientalista y redondeó: “Además, hablan de catástrofes ambientales y sociales, pero se olvidan de que, en realidad, ese curso es natural de esa zona. El tema es que ellos lo han agravado justamente con estas cosas. Ya saben que cualquiera que ha trabajado ahí les dice que los canales no sirven”.
Reducción de daños
“Si nos preguntamos cuál es el porcentaje que ocupan las Áreas Naturales Protegidas en Santa Fe en relación con el territorio total de la provincia, nos encontramos con datos desalentadores: solo el 0,1324% del territorio está protegido bajo este sistema”. La cifra se desprende del libro Áreas Naturales y Legislación: una propuesta para la conservación de los Bajos Submeridionales y las Lagunas de Añapiré –publicado recientemente– y ubica a la provincia como una de las que menos protege sus ecosistemas.
Frente a este diagnóstico, un equipo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y miembros del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino que realizan tareas científicas y territoriales propusieron identificar regiones que “podrían integrar el conjunto de áreas naturales protegidas y especies que podrían reconocerse como monumentos naturales”. El trabajo, compilado por Andrés Pautasso y Valeria Berros, repasa los diferentes niveles regulatorios que existen actualmente, ya sean las convenciones internacionales ratificadas por Argentina, como la legislación nacional y provincial. La propuesta consiste en la declaración e implementación de áreas protegidas de las Lagunas de Añapiré (ubicadas a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad capital) y en los Bajos Submeridionales. Para el caso de los últimos, la protección solo abarcaría una porción de su vasta extensión, pero sería estratégicamente delimitada en función de la preservación de su heterogeneidad ambiental y la riqueza de su fauna.
“La conservación del área propuesta en los Bajos Submeridionales permitiría, por un lado, vincular dos áreas naturales protegidas existentes: Reserva Natural Estricta La Loca (2.169 hectáreas) por el este y la Reserva Privada de Usos Múltiples Isleta Linda (22.154) por el oeste, fortaleciendo a dichas áreas. Esto también implica abarcar el gradiente ambiental entre la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales estrictos, y el ecotono entre estos y los bosques y arbustales del Chaco Semiárido”, detallaron los coordinadores del estudio. Los expertos incluyeron en el área protegida al núcleo relictual de venado de las pampas y poblaciones de otras especies en peligro como el aguará guazú, el cardenal amarillo y el águila coronada. También comprende hábitats restringidos y altamente sensibles (por efecto de incendios, ganadería y especies exóticas invasoras) como los mogotes de palo azul y los bosques perilagunares.
El documento plantea que, para lograr avances en la conservación del área, se puede apelar a un esquema protectorio basado en una yuxtaposición de estrategias jurídicas. Por un lado, aparece la declaración -que podría ser gestionada desde el Estado provincial, proponen- de la región como Sitio Ramsar (la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como “Convención de Ramsar” por la ciudad iraní en la que fue firmada en 1971, es un instrumento jurídico para la protección de humedales y aves acuáticas a escala global); por otro, señalan que “debido a que algunos ecosistemas o especies requieren un manejo especial, restauración y/o conservación e, incluso, un carácter de intangibilidad”, se puede dedicar una porción de la superficie como “área núcleo” mediante la figura de Parque Nacional. También proponen métodos que permitirían crear áreas de amortiguamiento, como Reservas Privadas de Usos Múltiples, Reservas Nacionales o Provinciales. “Este conjunto de estrategias podría convertirse en una alternativa eficaz para avanzar en la tutela de la biodiversidad de los Bajos Submeridionales. Además, este esquema mejoraría sensiblemente la actual situación y se constituirá como una enérgica acción climática”, sintetiza el documento. El trabajo realizado por los expertos no fue pensado en la abstracción de un laboratorio, por eso, la propuesta comprende la colaboración con varias comunas del norte santafesino para “armonizar las actividades productivas existentes o futuras con la tutela de la biodiversidad”.
Desde el Estado provincial, las únicas señales en ese sentido las dio la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet: el gobierno impulsa la creación de una “reserva hídrica” que abarcaría unas 300 mil hectáreas en los Bajos Submeridionales. César Massi, atento a todos los movimientos y anuncios que se realizan, advirtió que ese “intento de conservación” se quiere hacer a través de una categoría sin ningún peso específico: “Es una figura de la Ley de Áreas Naturales Protegidas de la provincia que no tiene ninguna implicancia en nada, porque básicamente la ley no dice nada, son dos renglones. Y además esa categoría ni siquiera está reglamentada”.
El naturalista es escéptico frente a estos anuncios que intentan sopesar los aspectos más cuestionados del avance sobre el área. En primer lugar, al no estar reglamentada la figura de reserva hídrica, se desconocen sus implicancias: “No se sabe cómo se van a manejar, operativamente qué implica, ponerse a lidiar con privados que en los últimos tres años quemaron completa esa zona de la cañada de Las Víboras, que es la parte donde están las lagunas”. Massi sabe de lo que habla: realiza desde hace años un relevamiento propio de los incendios en las islas del Delta y en otras regiones de Santa Fe que le permiten calcular la superficie quemada y contrastarlo con los informes oficiales. Según pudo comprobar a través de un minucioso trabajo, durante 2020, se quemó más de un 70 por ciento del territorio de los Bajos y, en 2021, alrededor del 40. “Si hoy se quema de esa manera, con la carga de ganado actual, imaginate si multiplican por tres la carga en ese espartillal: eso vive incendiado todos los años. No hay manera de que eso sea sustentable”, lamentó.
“Cómo van a ponerse a trabajar para que eso sea una reserva o para que tenga buenas pautas de desarrollo, eso no se entiende. Explican muy lindo el terreno, pero no es una figura de conservación que hoy esté activa en la provincia. De hecho, hoy ninguna de las figuras de conservación está activa. Santa Fe tiene categorías de reserva, incluidas de reserva estricta donde no se puede tocar nada, pero ninguna tiene guardaparques, no existen. Las reservas son polígonos cerrados en algunos casos, con un cartel despintado en la entrada. En algunos lugares, han puesto alguna casilla, que te das vuelta y la afanan o la vandalizan, como pasó en el Potrero 7B (NdR: reserva natural en el departamento de Vera), que justo el día que lo fui a recorrer estaba el muchacho que oficiaba de controlador, un tipo que iba al campo y le quedaba de paso cuando iba a darle de comer a los animales: miraba si había alguien y se iba”, fue describiendo a Enredando, para no ahondar en generalidades, y concluyó: “Ese es el estado en que está la conservación en Santa Fe. Entonces, cuando te dicen que quieren conservar o esas cosas, uno que está en esto se caga de risa. Porque no implica esfuerzo monetario, no implica trabajo con los productores, no implica personal del Estado santafesino presente en esos lugares ni guardaparques, no implica nada. Ese es el verso más grande: que van a proteger ese lugar con la reserva hídrica”.
Todavía hay salida
Expertos, organizaciones ambientalistas, pequeños productores, vecinos de la región: nadie desconoce las particularidades del norte santafesino, una zona llena de necesidades, la más despoblada y la más desigual de todo el territorio. Por eso las advertencias, pero también las alternativas. “Lo que se debe hacer es fomentar el arraigo de otra manera, de un modo sustentable. No convirtiendo eso en una cuadrícula de canales que saquen el agua y que se transforme en un desierto en época de sequía”, simplificó Massi.
El ambientalista, y, en su voz, la de muchos de los que se preocupan por el destino de los Bajos, hizo hincapié en la necesidad de extender infraestructura como redes eléctricas, agua, gas e internet, y rutas y caminos para mover la producción. “Evidentemente, hay que llevar oportunidades de desarrollo porque es una zona de las más postergadas de la provincia. Son los pueblos que están más lejos, que no tienen gas, que usan mucho monte nativo para leña, para calefaccionarse, donde hay un montón de carencias que hay que tratar de resolver de alguna manera, tratando de que lo que se produce en esa zona se industrialice en esa zona. Pero lo que no se puede hacer es modificar la carga ganadera para que se extinga el ecosistema. Sería como permitir que haya feedlot o que se aumente el triple de la carga ganadera en las islas, entonces no queda nada”, comparó.
Por otro lado, el “influencer de plantas nativas” -como lo llamó un portal digital- sostuvo que es imprescindible un diálogo con las provincias vecinas, pero en un sentido distinto al que están llevando, para definir estrategias de reparación del ecosistema. “Porque mientras ellos sigan desmontando y cambiando el uso del suelo, a nosotros nos va a caer cada vez más agua y Santa Fe no puede hacerse cargo, porque tampoco lo soluciona hacer canales”, apuntó y siguió: “Es un lugar complicado y el desastre natural que a veces vive depende de lo que pasa en otras provincias, que han cambiado masivamente el uso de suelo. Una alternativa sería volver a forestar con algarrobo, que sería una alternativa económica híper viable y que además podría venderse para capturar carbono, por ejemplo. Mantener la carga ganadera actual, forestar los bordes donde había bosques, donde había quebrachales y demás, con plantaciones de algarrobo; eso fomentaría bastante industria y laburo”.
El ecoturismo también es una opción viable, tal como lo vienen señalando productores y pobladores de los Bajos. Según Massi, la región es “lo más parecido a estar en una sabana africana” y presenta una gran oportunidad: “Sería increíble poder recorrer ese lugar, se podría vender ese tipo de turismo. Se podría dar alguna posibilidad de desarrollo a chacras que hoy están en el medio de la nada y que podrían ser un lugar para turismo de avistaje de aves, que mueve muchísima guita en todo el mundo”.
“Forestar los costados, tratar de generar masas de árboles de vuelta, para que retengan un poco el agua, no es mala idea. Pero la idea que se piensa ahí es la de modificar la carga ganadera y lo que viene atrás de eso no es algo bueno: no hay manera de hacerlo sin modificar el suelo. Y encima la propuesta de conservación es vacía”, sintetizó el viverista de plantas nativas.
Evitar el desastre
Desde Los Bajos no se tocan y la ReNaHu, coinciden en que el cuadro ideal para la protección del humedal se completa con la creación de un Parque Nacional en la cañada de Las Víboras y que se declare como Sitio Ramsar al resto. “Entonces, las cosas se manejarían de otra manera. Hay que trabajar mucho con las comunidades de ahí para que estén de acuerdo con esa idea”, dijo el activista e integrante de esas organizaciones.
Una salida acorde al cuidado de un ecosistema imprescindible para amortiguar los efectos de la situación ambiental crítica que atraviesa el planeta no puede restringirse a lo que suceda dentro de los límites santafesinos. Queda bastante claro que el apuro de Chaco y Santiago del Estero no tiene que ver con el desarrollo de la parte mayoritaria de los Bajos, sino que el interés principal consiste en drenar sus propios terrenos para destinarlos a la ganadería y la agricultura.
Los Bajos Submeridionales son uno de los humedales más amenazados de Argentina y son tan importantes que, por su biodiversidad y su rol estratégico en la regulación hídrica de la región, fueron considerados como uno de los más importantes y sensibles por organizaciones como The Nature Conservacy, Fundación Vida Silvestre y Wetlands International.
Su destino no puede ser decidido en soledad por sectores con poder -político y empresarial- y sin medir consecuencias. Esto último no es una figura retórica: se habla de desarrollo, de producción, pero sin avanzar con los estudios de impacto ambiental ni los relevamientos e inventarios de humedales. “Si es necesario que se haga alguna obra, que se haga pensando en la integridad del ecosistema. Hacer canales hoy atenta contra los Bajos Submeridionales y el secretismo y las declaraciones, peor todavía. Quizás lo más grave sea eso, que las declaraciones apuntan hacia un desastre ecosistémico”, concluyó Massi.
*Por Fabián Chiarmello para Enredando / Imagen de portada: Los Bajos no se tocan.
