Tras una semana de protestas y movilizaciones, los movimientos sociales, feministas y de la diversidad sexual lograron que el Congreso archive la Ley 5.272, Decreto 18-2022, para la Protección de la Vida y la Familia. Sancionada el mismísimo 8 de marzo, a la luz del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, ponía una vez más en peligro los derechos de las mujeres y de las existencias LGBTTTQIANB+. Conversamos con Sandra Morán, ex diputada feminista, para comprender el actual escenario del país centroamericano.
Por Verónika Ferrucci para La tinta
El 8 de marzo, el Congreso de Guatemala, con 101 votos a favor -de aliados a la bancada del partido oficialista Vamos-, 8 votos en contra y 43 ausentes, aprobó la Ley 5.272, Decreto 18-2022, para la Protección de la Vida y la Familia. Al día siguiente, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró al país “Capital pro vida de Iberoamérica”, mientras se celebraba el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, presentado en un acto por el mandatario y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
En el día de ayer, el Congreso dio marcha atrás y archivó la Ley 5.272, decreto 18-2022, con 119 votos a favor -incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado-. La presencia y fuerza desde colectivas feministas, organizaciones sociales, instituciones y diversos sectores de la sociedad en las calles, manifestando el repudio hacia dicha legislación antijurídica e inconstitucional, tuvo sus efectos.
Dicha ley no hacía más que expresar la agenda conservadora de las alianzas políticas que gobiernan en el país centroamericano y que pretenden avanzar contra los derechos de las mujeres y hacia la comunidad LGBTTTQIANB+. Y la aprobaron a contramano del avance de la marea feminista en la región y sus conquistas de ampliación de derechos para las personas de la diversidad sexual y en la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, en algunos estados de México y ayer, la aprobación de la Constituyente de Chile para incluir el aborto voluntario en el borrador para la nueva Constitución.
Entre los retrocesos que planteaba la ley en cuestión, se encontraba el aumento de hasta diez años de las penas de cárcel por abortar, se criminalizaba a las personas que buscaban u ofrecían servicios de aborto seguro y cuidado. Se incluía riesgo de prisión para todas las personas gestantes que tuvieran un aborto espontáneo por la dificultad a comprobar que el mismo no fue provocado. Prohibía y rechazaba cualquier forma de expresión o vivencia distintas a la norma heterosexual cisgénero, tachándolas de «no normales» e «incongruentes con la moral cristiana», impidiendo las uniones y matrimonio igualitario. Legalizaba cualquier forma de agresión y crimen de odio realizado en contra de la diversidad sexual y de género prohibiendo la persecución penal de esos actos. Se prohibía la educación sexual en las escuelas y se restringía el concepto de familia. Un panorama estremecedor de avanzada fundamentalista.
Conversé con Sandra Morán, feminista, lesbiana y activista, quien fue diputada de Guatemala en el período 2016 a 2019, por parte del partido Convergencia. Estando en funciones públicas, fue defensora e impulsora de leyes vinculadas con los derechos de las mujeres, las niñas, la identidad de género. Se opuso a la iniciativa 5.272 que desde 2017 quieren imponer. Es integrante de la agrupación Mujeres con Poder Constituyente, que trabaja por una nueva constitución nacional.
¿Cómo logra archivarse dicha Ley por el mismo Congreso que la aprobó? Suena bochornoso y lo es, como era escandaloso el contenido del articulado.La ex diputada nos cuenta que, en 2017, lograron archivar una ley que pretendía modificar dos artículos del código penal sobre reducción y blindaje en delitos de corrupción, lo que sentó un precedente que fue usado ayer para impulsar la nueva votación y la marcha atrás. Para que una ley se haga efectiva, se necesitan 10 días hasta que la sancione el Ejecutivo; en ese marco, las manifestaciones de repudio tanto en el país como por parte de la comunidad internacional se hicieron oír y, en un contexto preelectoral, quienes la habían aprobado no pudieron ante las presiones y lo vergonzoso de la ley.
(Imagen: Red de comunicadoras indígenas Jun Na’oj)
“La ley era una aberración técnica e inconstitucional por varios motivos. Por ejemplo, en uno de los artículos prohibía a mandatarios participar de eventos internacionales con una opinión distinta a la establecida en la ley. Es improcedente en materia de política internacional que el Congreso mandate sobre la representación política del presidente en ese ámbito. Nuestra constitución tiene en su espíritu y fundamento el respeto a los derechos humanos y con dicha ley transgredían los derechos de las niñas, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, así como la juventud y las infancias aduciendo que estaban protegiendo los derechos del no nacido al prohibir la educación sexual en las escuelas. Era una ley que dejaba abiertamente la posibilidad de discriminaciones y expresiones de trans-lesbo-homofobia bajo la “libertad de expresión”. Fortalecía la heteronormatividad, definiendo a la familia tradicional de hombre y mujer “así nacidos”; prohibiendo la existencia de las personas trans y quedando afuera las 14 formas de familia que existen en nuestro país según el último censo. Prohibía el matrimonio igualitario -aun cuando no lo tenemos aprobado, por si acaso- y el reconocimiento de la unión de hecho”, expresó Morán en diálogo con La tinta.
Es una ley de las iglesias evangélicas pentecostales, presentada a través del partido Viva, que expresa la agenda fundamentalista. “Hace tiempo quieren obstaculizar la ampliación de derechos e impedir y controlar el avance de los feminismos, porque ven que la potencia del Sur, esa ola viene muy fuerte y está expandiéndose en la región. La ley con la que pretendían proteger la vida y la familia es un ejemplo de una reacción a esos activismos organizados. Por supuesto que pueden presentarla nuevamente, porque es un pensamiento que constituye una agenda, tuvieron la decisión de hacerlo y de generar esas acciones de inconstitucionalidad, que desde el 2017 lo denunciamos. Incluso algunas organizaciones antiderechos también lo expresaron. Aun así, los diputados se atrevieron a aprobarlo. Ahora es necesario que avancemos en una denuncia penal contra los 101 que votaron a favor, por el delito de incumplimiento de deberes y en contra de la constitución que han jurado respetar”, detalla la activista.
#AHORA El pleno del congreso de la república archiva el decreto 18-2022. Sin embargo, durante el proceso la presidenta del congreso no dio la palabra para discutir las objeciones.#NoALa5272#LasQueLuchanpic.twitter.com/R29LxvyEW2
Durante el 2021, en Guatemala se registraron más de 65.000 niñas y jóvenes de menos de 19 años embarazadas por violación, dentro de las cuales 2.041 tenían menos de 14 años y dieron a luz, en muchos casos, falleciendo. El 70 % vive en la pobreza y 1 de cada 2 niñes sufre desnutrición crónica. Para Sandra Morán, “es paradójico que declaren al país Capital Iberoamericano de la vida y la familia, cuando en realidad el pueblo está cansado y tiene hambre, y ahora, en medio de la incertidumbre del escenario mundial con una guerra, la canasta básica se fue por los cielos”.
Mucha gente no está de acuerdo con estos conservadurismos extremos y por eso salieron a las calles en contra de la ley. La activista me cuenta que las poblaciones más jóvenes ya no quieren crecer en este contexto de represiones, violencias y odio. Celebra que en estas semanas, en las expresiones públicas de repudio también se pronunciaron hombres, jóvenes, estudiantes, población indígena que muestra una mirada solidaria de lucha. “Me pareció importante porque hemos estado sectorizados y ahora es tiempo de mayor unidad. En estos territorios, las manifestaciones masivas han dejado de serlo, ya que una de las estrategias de la derecha es la persecución y hostigamiento. Estos días hubo espacios de articulación, son avances en función recobrar un movimiento más amplio de cara a las acciones que pretenden aleccionarnos, en un contexto preelectoral, para garantizar el seguimiento a esta propuesta de crear un Estado oligárquico criminal, sostenido entre militares asesinos de la guerra, políticos corruptos, narcotraficantes e iglesias evangélicas. Esta es la alianza que gobierna hace 12 años”, concluye la ex diputada guatemalteca.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Red de comunicadoras indígenas Jun Na’oj.
Lydia de Leeuw, investigadora del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, se ha centrado en los últimos meses en la responsabilidad de las empresas en el genocidio contra el pueblo palestino. En esta entrevista, habla de las características de ese trabajo de documentación.
El 17 de diciembre, Frank Barat mantenía esta conversación con Lydia de Leeuw, quien lidera el litigio estratégico de SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, por el que el objetivo es conectar la investigación con el trabajo de cientos de organizaciones de la sociedad civil y juristas. En esta entrevista, De Leeuw presenta las principales conclusiones del informe “Alimentando la injusticia. Explorando las consecuencias legales para los Estados y empresas que participan en el suministro de energía a Israel”. En el informe, se examina cómo el comercio exterior y la inversión en el sector energético de Israel pueden contribuir a las graves violaciones del derecho internacional perpetradas por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Gaza. Considera las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel.
Esta entrevista forma parte de una serie de diálogos que Frank Barat lleva manteniendo desde octubre de 2023 y que pueden encontrarse en su canal de YouTube subtituladas al castellano por el colectivo Viva Palestina Libre – Subtítulos contra la ocupación, que se encarga, además, de su edición en formato texto para este medio.
Frank Barat: Hola, Lydia. Me alegro de verte. Quería hablar contigo hoy porque SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, la organización para la que trabajas, ha publicado un nuevo informe titulado «Powering Injustice«, que analiza las consecuencias legales para los Estados y las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel. Diriges el litigio estratégico de SOMO y, por lo tanto, eres una de las principales personas detrás de este informe. Mi primera pregunta es: este informe se enmarca en torno a dos resoluciones hechas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2024. ¿Puedes decirme cuáles son exactamente y por qué fueron relevantes para empezar a trabajar en el informe?
Lydia de Leeuw: Sí. Gracias, Frank. De hecho, son dos resoluciones tomadas por la Corte Internacional de Justicia apenas este año. La primera fue en enero de este año, donde la Corte determinó en sus medidas provisionales que era plausible que Israel estuviese cometiendo genocidio en Gaza. Y la relevancia de eso para todo el mundo, para las empresas, para los Estados, para todo el mundo que tenga una conexión, que tenga cualquier forma de influencia, es que ponen sobre aviso que se está desarrollando un genocidio potencial. Eso significa que los terceros Estados tienen una obligación —no es algo que puedan elegir, hacer o dejar de hacer—, es una obligación activa de tomar todas las medidas razonablemente disponibles para prevenir el genocidio en Gaza. De hecho, puede que ya tuvieran el conocimiento o la información necesarios antes de la decisión sobre las medidas preventivas de la CIJ, pero, sin duda, deben tener ese conocimiento e información desde entonces. Y para nosotras, también fue una información relevante ver que ahora tenemos que mirar, todo el mundo tiene que mirar, más allá de los suministros de armamento que van a Israel, más allá de los bienes estrictamente militares. Tenemos que mirar de manera más coherente y holística qué tipos de cadenas de suministro permiten a Israel continuar con este genocidio.
La segunda resolución que creemos que es realmente relevante para el suministro de energía a Israel es la que se hizo en julio de este año, el 19 de julio. Esa fue una opinión consultiva, pero es una opinión muy autorizada del más alto tribunal del sistema de la ONU. Encontró que toda la ocupación, toda la presencia militar de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, es ilegal y debe terminar. Y lo mismo ocurre con la presencia de colonos, es ilegal y hay que acabar con ella. Con respecto a los asentamientos, eso ya se estableció o determinó en la opinión consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, pero lo que la Corte también hizo esta vez fue detallar, muy explícitamente, todas y cada una de las obligaciones que tienen los terceros Estados de garantizar que sus Estados o las entidades dentro de su Estado, como las empresas, como no ofrecer ayuda para mantener esa situación ilegal creada por Israel. Así que, como acabas de decir, es importante para nosotras mirar holísticamente lo que está sucediendo y lo que está permitiendo a Israel, con total impunidad, cometer un genocidio en Gaza.
Frank Barat: Entonces, ¿cómo la energía, o el combustible para producir energía, juega un papel importante en la acción de Israel y en los crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza?
Lydia de Leeuw: Bueno, creo que un hecho clave a tener en cuenta es que Israel es extremadamente dependiente de la importación tanto de petróleo como de combustible. El 98,6% del petróleo de Israel se importa realmente del extranjero. Por tanto, esto nos dice algo acerca de la dependencia que el país tiene de las importaciones para permitir el abastecimiento de combustible de sus aviones, de sus tanques y otros vehículos del ejército que se utilizan en crímenes de guerra y en el genocidio contra el pueblo palestino. Así que uno de los ángulos que hemos analizado es de dónde proviene el petróleo y de dónde provienen los diferentes tipos de combustible, incluyendo el diésel y la gasolina. Y cuáles son las diferentes cadenas de suministro que podemos descubrir, que permiten establecer el vínculo con el ejército.
Luego, el segundo ángulo que examinamos en términos de suministro de energía son los diferentes recursos energéticos que contribuyen a la generación de electricidad en Israel. Y la razón por la que esto es importante es porque la red eléctrica a la que están conectados los asentamientos es la misma que la red eléctrica israelí dentro de las fronteras de 1948. Así que no hay distinción. Si estás exportando carbón a Israel que se utiliza para generar electricidad en una central eléctrica de carbón, ese carbón se va a utilizar para generar electricidad para toda la red. Así que, inevitablemente, va a alimentar una red contaminada por la ilegalidad.
Frank Barat: Y, durante la elaboración del informe, ¿qué países dirías que son los mayores proveedores de Israel, ya sea en armas o en energía?
Lydia de Leeuw: No hemos analizado las armas. Hemos mirado… quiero decir, lo más cercano a las armas sería el combustible para aviones militares porque eso sólo tiene un tipo de uso. Sólo puede ser utilizado por el ejército. La única cadena de suministro que encontramos es la que viene de los EE. UU. Se trata de contratos del Departamento de Defensa de EE. UU., por los cuales las empresas estadounidenses como Valero y Saltchuk Resources están exportando, o transportando, combustible militar a Israel, al ejército israelí. Otras cadenas de suministro desde el extranjero que hemos analizado son, obviamente, las de petróleo, debido a la gran dependencia. Y los principales proveedores de los principales exportadores de petróleo crudo son Azerbaijan, Kazajstán y Gabón. Pero también hay cantidades relativamente menores procedentes de Brasil, Nigeria y la República Democrática del Congo. No sólo nos hemos fijado en cuáles son los países exportadores, sino también cuál es el trayecto. Y ahí vimos que Turquía es un país de tránsito muy importante para el petróleo, por cuyos puertos se exporta el petróleo de Azerbaiyán, y el petróleo kazajo suele pasar por Rusia.
También es importante mencionar el papel de los Estados intermediarios, por así decirlo. Hemos visto diferentes tipos de combustible; diésel, gasolina, etc., que pueden ser utilizados en vehículos militares. Los mayores proveedores son Rusia y EE. UU., y, luego, cantidades mucho más pequeñas vienen también de Brasil, Grecia y Albania. Creo que es importante volver a mencionar el carbón. Esto está ligado a los asentamientos, no tanto al genocidio, y, en este caso, los proveedores son Rusia y Sudáfrica. Es bastante importante. Mucha gente se sorprende cuando escuchan Sudáfrica, debido a los increíbles esfuerzos que están haciendo para tratar de que Israel rinda cuentas por el genocidio. Pero sí, estamos viendo esto en un sentido más amplio. Tenemos que considerar la ocupación ilegal y la campaña genocida de forma holística. Luego, cuando se trata de otras cadenas de suministro de energía que están contribuyendo a la generación de electricidad, las energías renovables con inversiones extranjeras y el gas natural con inversiones extranjeras, también hemos analizado el papel de las empresas extranjeras.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles dirías que son las obligaciones de los Estados, pero también de las empresas, a la hora de suministrar energía a Israel?
Lydia de Leeuw: La obligación de los Estados es una obligación muy seria, especialmente, cuando se trata de la prevención del genocidio, porque el requisito que deben cumplir los Estados es que tomen todas las medidas razonablemente a su alcance para prevenir el genocidio.
Defendemos que, si desde su territorio se exporta petróleo o se exportan combustibles que podrían acabar en manos del ejército, o si empresas bajo su jurisdicción participan en esa cadena de suministro, deben tomar todas las medidas razonablemente disponibles para garantizar que sus cadenas de suministro no están, de hecho, alimentando crímenes de guerra y actos de genocidio. Y si no pueden afirmarlo al 100%, entonces, eso no es hacer tal contribución. Deben tomar medidas para detener esa cadena de suministro. Eso en relación a la prevención del genocidio. Pero, con respecto a la ocupación, de nuevo, de forma holística, la Corte Internacional de Justicia fue muy clara en su opinión consultiva del 19 de julio. Dijo que “los Estados deben abstenerse de hacer tratos económicos o comerciales con Israel, que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio”. Podríamos argumentar que, si van a garantizar el suministro de electricidad a los asentamientos, eso afianzaría la presencia ilegal. Hay otro requisito u obligación establecido por la Corte Internacional de Justicia que dice que “los Estados deben tomar medidas para evitar las relaciones comerciales o de inversión que ayuden al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios ocupados”. Entonces, eso significa que los Estados están obligados por el derecho internacional a tomar medidas contra sus empresas para impedir esas relaciones comerciales, esas relaciones económicas, que contribuyen a la presencia ilegal de colonos y militares. Porque debo decir que, en relación con la ocupación ilegal, se trata tanto de los asentamientos como del ejército. Además, el ejército se abastece de combustible por todo Israel y los territorios ocupados. De manera que las estaciones de servicio en las que los jeeps militares y los camiones cisterna pueden repostar están esparcidas por todas partes. También se encuentran en los asentamientos. Están localizadas por todo Israel dentro de las fronteras de 1948. Es una misma reserva, es una red, es un mismo suministro que se está alimentando o, más bien, que las empresas están alimentando.
Las responsabilidades de las empresas… las empresas no se adhieren a los convenios ni a los derechos humanos ni a los instrumentos del derecho internacional, pero las normas y parámetros que se aplican a las empresas, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, obligan a las empresas a actuar con la debida diligencia y, especialmente, en las zonas afectadas por conflictos, tienen que actuar con la debida diligencia, lo que significa que tienen que identificar los riesgos, prevenir y mitigar los riesgos, y poner remedio cuando hayan causado un impacto. Y si no pueden hacer mitigación, si no pueden prevenir impactos perjudiciales y no pueden detenerlo, entonces, deben desvincularse responsablemente de esa relación comercial.
Entonces, yo diría que antes, del 7 de octubre del año pasado, los Estados tendrían que pensárselo muy bien para no contribuir a ninguna violación en el contexto de la ocupación. Pero con el genocidio en curso y la determinación explícita de que tanto los colonos como la presencia militar es ilegal, se vuelve, creo, muy, muy difícil para las empresas tener cualquier participación allí porque está manchada con la ilegalidad vinculada a la ocupación.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles son vuestras conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones de vuestro informe en relación a los Estados y en relación a las empresas? Y mi segunda pregunta sería, ¿pueden las empresas tomar medidas independientemente de los gobiernos? ¿O tienen el deber de actuar independientemente, incluso, si los gobiernos no toman las medidas adecuadas?
Lydia de Leeuw: Bueno, voy a empezar con los Estados. Los Estados tienen la enorme tarea de, como ya he dicho, examinar de forma holística la implicación que las empresas y los empresarios en su jurisdicción tienen en la ayuda al mantenimiento de la ocupación ilegal, los asentamientos, pero también en la contribución a que Israel pueda seguir cometiendo crímenes de guerra y genocidio. Los Estados son los principales titulares de obligaciones. Y creo que lo que debe ocurrir, a nivel nacional, es que estas obligaciones tienen que empezar a cumplirse. La gente protesta, la gente hace lo que puede para presionar a sus Estados, pero también creo que los tribunales tienen que empezar a tomar decisiones sobre si las cadenas de suministro se pueden mantener o si, de hecho, los Estados deben ser obligados a intervenir y tomar ciertas medidas políticas para detener, por ejemplo, las exportaciones de carbón, para detener la exportación de petróleo, para detener las exportaciones de varios combustibles.
Creo que estamos en el nivel que… las palabras sobre el papel son hermosas y estas opiniones consultivas y las medidas provisionales son hermosas, pero ahora se trata de traducir eso en acción y poner a prueba las políticas nacionales. Las empresas no tienen que esperar a que un tribunal les diga: “No pueden hacer esto”. Tienen su propia responsabilidad y se enfrentan a sus propios riesgos legales. Porque, por ejemplo, una empresa como Valero ha sido un proveedor constante de combustible para aviones militares a Israel. Han estado proporcionando ese combustible que se envía casi cada dos meses, creo, con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general. Así que esto plantea cuestiones relativas a la responsabilidad penal individual de los ejecutivos involucrados. Hemos escrito a la empresa y no han respondido a nuestras preguntas. Pero yo diría que es cuestión de tiempo hasta que ciertas empresas se vean involucradas en cuestiones de responsabilidad legal por su participación.
Frank Barat: Traes a colación mi última pregunta: ¿y si no se toman medidas? ¿A qué tipo de repercusiones podrían enfrentarse los gobiernos extranjeros —aunque quizá deberíamos centrarnos más en las empresas— y desde dónde?
Lydia de Leeuw: Voy a hablar muy teóricamente, porque dependerá de la capacidad y la voluntad de los sistemas jurídicos para actuar. Así que va a depender de la legislación que exista en determinados países y de lo que se pueda probar. Pero cuanto más se pueda probar sobre el conocimiento que estas empresas o sus ejecutivos tenían, y cuanto más se pueda probar sobre la naturaleza y la escala de su contribución a la comisión por parte de Israel de crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad… Cuanto mayor sea la cantidad de pruebas, mayor será la posibilidad de que, en algún momento, los individuos tengan que rendir cuentas. Y realmente estoy pensando en, por ejemplo, empresas como Valero, que están enviando este combustible para aviones militares a Israel como si estuvieran enviando zapatos o calcetines. En ciertas jurisdicciones, las empresas también pueden ser consideradas responsables por su papel en crímenes internacionales. Así, por ejemplo, en los Países Bajos, tenemos una legislación que permitiría procesar a las empresas por su participación en crímenes internacionales. Ese tipo de legislación no existe en todas partes, por lo que debe estudiarse caso por caso.
Y luego creo que, como decirlo… me gustaría llamarlo “futuro idílico”, yo también esperaría y contribuiría con mi granito de arena para poder ver que los ejecutivos también estén en el foco de la Corte Penal Internacional. No hay nada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que impida a la Corte perseguir a los actores corporativos, líderes corporativos individuales. Al igual que lo que sucedió después del Holocausto, donde líderes corporativos individuales fueron procesados y condenados por su papel en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. El Estatuto de Roma lo permite, pero, por desgracia, hasta ahora, el enfoque de la Corte Penal Internacional se ha centrado únicamente en el liderazgo militar y político. Pero creo que crímenes de esta envergadura no pueden producirse sin la complicidad de las empresas. Así que me gustaría que, en algún momento en el futuro, eso también se convierta en realidad.
Frank Barat: En realidad, ahora tengo otra pregunta. Supongo que lo que estás diciendo es que vuestro informe, y supongo que el informe de Amnistía Internacional, también son muy útiles porque si se puede demostrar que lo que la empresa está haciendo, si se puede demostrar que saben que está mal y que saben que podrían enfrentarse a consecuencias, este es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad?
Lydia de Leeuw: Sí, exactamente. Como has dicho al principio, es difícil saber y ver que lo que estamos haciendo no está salvando vidas en este momento, ¿verdad? Creo que todo lo que todas estamos haciendo es tratar de asegurar que este genocidio se detenga lo antes posible. Cada día que se consiga que este genocidio se pueda detener antes, se salvan vidas. Pero también, el punto que acabas de mencionar. Para el futuro, para la rendición de cuentas, para el ajuste de cuentas, para la búsqueda de los hechos y la verdad, es crucial que sepamos quién sabía qué y quién hizo qué y quién debería haber hecho qué. Lo que siempre hacemos en SOMO cuando investigamos y antes de publicar información es ponernos en contacto con las empresas mencionadas, con todas las empresas nombradas en el informe, y les escribimos una carta indicando lo que hemos encontrado. Pero también exponiendo nuestro análisis sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando publicamos conclusiones sobre la posible responsabilidad legal, se lo planteamos a la empresa y le damos derecho de réplica. También lo hemos hecho con este informe. Sólo hubo una empresa que respondió con una pequeña elaboración de los hechos. Pero, además de garantizar que la investigación que publicamos es objetivamente correcta y está revisada por las personas que escriben sobre ello, también se trata de más tarde poder decir: «Les informamos en las fechas X e Y de tales y tales implicaciones, que estaban implicados en relación con el genocidio o los crímenes de guerra que Israel está cometiendo”. Así que se trata de reunir documentación, de reunir archivos, si no es para la acción legal ahora, para el futuro. Creo que esa es también una de las razones por la que estamos haciendo esto.
Frank Barat: Gracias, Lydia. Ha sido muy esclarecedor y, obviamente, animo a todo el mundo a leer el informe. Y sí, como dices, creo que todas lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Todas nos esforzamos al máximo. Quiero decir, no todas, tal vez, pero muchas de nosotras. Y creo que, a pesar de que la situación sobre el terreno es catastrófica, horrible y paralizante, si miramos con perspectiva, no creo que Israel haya estado nunca en una posición tan mala. Nunca hemos tenido a la CIJ, a la CPI, las principales organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria publicando informes sobre el apartheid israelí, el genocidio israelí, las órdenes de arresto, un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Por desgracia, no está trayendo acciones directas concretas para salvar vidas en Gaza, pero en el futuro, esperemos, podría permitir cambiar esto.
Lydia de Leeuw: Sí. Y creo que Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, también advirtió que la situación en Cisjordania está ahora en un continuo, que podría… que corre el riesgo de convertirse en un genocidio también. Esto es relevante para, creo, toda Palestina, el trabajo que se está haciendo ahora, pero también… ¿qué quedará del orden jurídico internacional o del sistema legal internacional cuando esto termine? Porque esto es la destrucción paralela del pueblo palestino en Gaza y del orden jurídico que supuestamente fue diseñado para garantizar que nunca más pudiera ocurrir un genocidio. Así que creo que estamos en un momento sin precedentes, un genocidio en directo, con los tribunales emitiendo conclusiones decisivas, mientras el genocidio sigue ocurriendo. Así que el nivel de aviso y el nivel de posibilidad y las obligaciones de los Estados para actuar e intervenir no creo que haya sido nunca más obvio y fuerte. Así que, sí, tenemos que seguir presionando.
*Por El Salto Diario para La tinta / Imagen de portada: A/D.
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