Por Fernando López para EnRedacción
Para empezar a entender de qué manera se hace trampa, de qué manera los poderes reconcentrados manejan la economía, la política y el destino de nuestro país (no quiero decir el futuro, por razones obvias), conviene repasar algunos eventos paradigmáticos para descubrir cómo actúan los cipayos vernáculos, para realizar tareas sucias por las que pretenden gozar de impunidad de por vida en beneficio de algunos productores argentinos y empresas multinacionales. Hagamos un poquito de Historia.
La primera remesa de los modernos agroquímicos (léase glifosato, entre otros) ingresa a la Argentina en marzo de 1996, durante el gobierno de Carlos Menem con la firma del entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Se trata de Felipe Solá, cuyo último cargo público debe agradecerse al presidente Alberto Fernández, que lo nombró canciller (ya destituido, por suerte). Solá, en un trámite administrativo que no fue avalado por los organismos de control como el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV –hoy Senasa–) ni por el Ministerio de Salud, estampó su firma sin que se evaluara la seguridad de los productos que iban a ser utilizados en este territorio.
Por eso, el 2 de abril de 1996, el ingeniero Juan Carlos Batista elevó a la presidencia del “IASCAV” un documento sobre la evaluación del Organismo Genéticamente Modificado (OGM), donde afirma que, para probar su seguridad e inocuidad, se deben realizar “ensayos de carácter toxicológico, alergógeno, cancerígeno, teratológico (…) a corto, mediano y largo plazo” (folio 142) porque esos pesticidas “influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y este avance en caminos aún desconocidos obliga a que sean desandados con prudencia”. La omisión en el cumplimiento de una norma sanitaria implica que el o los funcionarios responsables del área están cometiendo un delito, agravado porque la advertencia que fue desestimada era muy clara y no admitía la continuidad del proceso.
El expediente administrativo que autoriza la introducción en Argentina de la soja transgénica de Monsanto (resistente al potente herbicida glifosato) tiene solo 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a los informes presentados por la multinacional que, en los años 70, era una de las 14 fábricas que producían el agente naranja para quemar desde el aire a todo ser vivo (animal, vegetal o humano) en las frondosas selvas de Vietnam. Esos informes estaban escritos en inglés y, en el apuro por llegar a una decisión forzada por la premura del fabricante, el Secretario de Agricultura, Felipe Solá, ni siquiera dispuso su traducción al castellano.
El título: “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans («Aspectos de seguridad, de composición y nutricionales de la soja tolerante a glifosato)” ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. Ese podría constituir otro delito, el de falsedad ideológica.
La Argentina llegó a ser, y lo sigue siendo, uno de los principales productores de cultivos genéticamente modificados del mundo, luego de Estados Unidos y Brasil, con 24,5 millones de hectáreas en 2015, lo que representa casi el 14 por ciento del área global de hectáreas cultivadas con transgénicos.
En el mundo, hay 194 países reconocidos por la ONU, de los cuales 74 han prohibido los cultivos transgénicos.
Todos estos herbicidas actúan inhibiendo la síntesis de aminoácidos. Se los utiliza simultáneamente para potenciarlos y combatir las hierbas resistentes a cada uno de ellos. Se sabe que el organismo de un ser humano cuenta con 22 aminoácidos, algunos de ellos esenciales, que son proteinogénicos, y además forman parte o son precursores de infinidad de mediadores químicos, hormonas y enzimas, imprescindibles para la vida. Si enumeramos los que son afectados por estos biocidas, observamos que son, por lo menos, la mitad. Los aminoácidos que son captados como parte de los alimentos y que no pueden ser sintetizados por el organismo son denominados esenciales. La carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear tejidos nuevos, en el caso del crecimiento. Científicamente, al daño producido al equilibrio ecológico por el glifosato, inhibiendo la síntesis de numerosos aminoácidos, se suma el glufosinato de amonio, utilizado en la semilla transgénica llamada «Intacta», que inhibe la síntesis de glutamina. Y por si no fuera suficiente, los nuevos eventos de algodón transgénico inhiben la síntesis de aminoácidos como la Valina, Leucina e Isoleucina, tres aminoácidos que componen casi la tercera parte de los músculos esqueléticos en el cuerpo humano y desempeñan un papel muy importante en la síntesis de proteínas para reparación y crecimiento. (FUENTE: “Tierra Viva, Agencia de noticias – junio 23, 2021).
Es fundamental comprender la criminalidad de quienes saben el daño que están causando a los seres vivos cuando inventan, producen y utilizan en forma masiva estos disruptores de la naturaleza. El 4 de septiembre de 2012, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, Secretaría N° 2 de la ciudad de Córdoba condenó a dos productores agropecuarios que fumigaban en cercanías de barrio Ituzaingó, por sentencia confirmada en todas las instancias (incluida la CSJN), a la pena de tres años de ejecución condicional por los delitos previstos por el art. 55 de la ley de Residuos Peligrosos –Ley 24.051- en forma continuada y en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba Nº 9.164, que prohíbe la aplicación aérea de esos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas.
En el barrio Ituzaingó, fueron denunciados 200 casos de cáncer, 100 de ellos fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos, se comprobó que 114 tenían agroquímicos en su organismo.
Entre la numerosa prueba analizada, hay una ecografía Fetal, estudio en el que pudo constatarse las siguientes malformaciones: “Marcada retro micrognatia en nariz y labios, y probable fisura palatina. En las áreas pulmonares se observa ascenso de asas intestinales delgadas, parte de colon y estómago, el cual se encuentra en ubicación retrocardíaca, con desviación del mediastino, presentando hernia diafragmática del hiato pleuroperitoneal de Bochdalek. También, la disminución del volumen pulmonar del pulmón izquierdo contra-lateral que se encuentra comprimido. Ascenso del lóbulo hepático izquierdo. Abdomen de reducido tamaño; escaso contenido intestinal; disminución de la longitud del antebrazo en los miembros superiores, con desviación cubital de ambas manos con 4 dígitos en cada una, con posible digitalización del pulgar; alteraciones distales en los miembros inferiores, impresionando 4 dígitos en un pie, mientras que el contralateral muestra 5 dedos con asimetría en su longitud. Conclusiones: (…) Dadas las características fenotípicas mencionadas, cabe la posibilidad de síndrome de Nager (malformaciones congénitas)”.
No tenemos noticia sobre si hubo alguna otra sentencia posterior. En la provincia de Entre Ríos, hay una causa penal, pero sin sentencia. En Corrientes, hay otra causa contra un agricultor que fumigó directamente encima de un colegio primario, donde se constató el daño producido en los niños de forma inmediata. En el resto del mundo, la empresa alemana Bayer, actual propietaria de Monsanto, deberá pagar en distintos juicios la friolera de 11.000.000.000 de dólares de indemnizaciones por daños producidos a la salud de la Tierra y sus habitantes. Ya es hora de frenar definitivamente y sancionar estos hechos criminales en nuestro país, cometidos para favorecer a minorías poderosas, insensibles y con absoluto desprecio por las leyes nacionales, lo que crea en el resto de la población un fuerte sentimiento de que esta gente goza de impunidad.
*Por Fernando López para EnRedacción. Foto de portada: Gentileza Agencia TSS.
**Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial “Córdoba Mata”.
