Comunidad Ticas: imputades por la defensa de la vida
La Comunidad Ticas del pueblo comechingón viene denunciando hace años los atropellos de desarrollistas sobre la vida y los cuerpos de quienes defienden el territorio, sin recibir respuestas judiciales. En su lugar, el 19 de agosto, la Fiscalía de Cosquín comunicó la imputación de cuatro integrantes de la comunidad. El próximo sábado, realizarán una conferencia de prensa buscando apoyo y visibilizando la situación.
Por Redacción La tinta
Desde el año 2015, la Comunidad Ticas denuncia la construcción de fideicomisos y barrios cerrados en la zona rural y en la periferia de Bialet Massé, territorio del pueblo comechingón. Como sucede en otras partes de la provincia y el país, el avance desarrollista se da con altos niveles de violencia contra quienes defienden sus derechos ancestrales.
Según relatan en un comunicado público, atentaron contra el territorio, el monte nativo y los bienes comunes bajo amenazas, patotas armadas, incendios intencionales y usurpaciones. Además, desplegaron una violencia específica contra el cuerpo de las mujeres, quienes mayoritariamente trabajan en territorio: “Fueron los focos más vulnerables para estos depredadores”, expresaron.
Ante estos hechos, realizaron más de 50 denuncias ante la Fiscalía de Cosquín que no prosperaron. Hace unos 15 días, presentaron una querella pidiendo la verificación de todas las causas. El 19 de agosto pasado, cuatro personas de la comunidad fueron citadas a la comisaría de Bialet Massé, donde se les comunicó que la Fiscalía había decidido imputarles, sin manifestar los motivos por secreto de sumario. “Está imputada una propiedad comunitaria indígena, se pone en duda a través de las instituciones la Ley 26.160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país), se pone en duda quiénes son los que defienden, trabajan y habitan hace más de 20 años, y se da prioridad a personas que llegaron en la pandemia a decir ‘estas tierras son mías’ bajo una posesión que no tienen”, expresa Melina, integrante de la comunidad, en diálogo con La tinta.
“El secreto de sumario es el desarrollismo porque todo se está tejiendo en catastro, en los municipios, en los gobiernos, en los distintos espacios y ejes institucionales, pero la gente habita acá abajo”, señala Melina. “Se rematan tierras y se le da acceso a gente como Agustina (Tolosa), y después se la intenta sacar”.
La pandemia significó una excusa para el desarrollismo inmobiliario, que aprovechó para desplegar obras en distintos territorios en conflicto. El caso de Bialet Massé no fue la excepción. La comunidad denuncia que, en 2020, se asentó en la zona un nuevo fideicomiso exigiendo “derechos posesorios” en tierras campesinas indígenas. “Instalaron containers pertenecientes a la empresa vinculada a Andrea Franceschini, alquilado por los actuales operadores del delito en cuestión”, expresaron desde la comunidad.
“Hoy, la burocracia judicial archiva causas contra violencias de género y violaciones de Derechos Humanos de las poblaciones y comunidades, y ‘pareciera favorecer’ las causas de la mafia inmobiliaria”, sentencian. Pese a las denuncias, continúan “vendiendo, alambrando, mensurando, amenazando y están procesados en causas de estafa”.
Demandan el nulo accionar de la Secretaría de Ambiente de la provincia que no responde a los pedidos de información que realizaron frente a los atropellos. Incluso, hay una compañera de la comunidad con custodia policial asignada: “No podemos vivir más así”, reclaman.
Desde la Comunidad, relacionan este conflicto con la Autovía de Punilla y con la pretensión de urbanizar el oeste de la zona. “Hoy, tenemos un avance desarrollista que viene justamente a ubicar un centro metropolitano para destinar las distintas rutas y las vías de comercialización”, afirma Melina. El uso de métodos delictivos no es nuevo, se suma a la persecución y el hostigamiento a otras comunidades que defienden la vida.
“Hay un retroceso muy fuerte en las políticas públicas. No tiene que ver con una cuestión de quién gobierna o no, tiene que ver con dónde ponemos al progreso”, afirma Melina.
La comunidad exige que se respeten las leyes de orden público, las normas constitucionales y los tratados internacionales que les amparan. Reclaman que se declare la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, en cumplimiento de la ley 26.160, y que se avance con la reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad, contemplada en la legislación 27.118.
“La gente tiene que entender que la defensa que hacemos no es para nuestro propio provecho, va mucho más allá”, expresa Aldo, naguan de la comunidad. “Cuando defendemos el monte, el aire limpio, el agua limpia, esos beneficios son para la humanidad toda, no quedan para nosotros, van para quienes están en contra de esta defensa. Es una defensa generosa desde la conciencia de que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza nos sostiene, y que esa forma de defender es defender la vida”.
“Estamos vivos y resistimos, y se continúa con el legado ancestral de quienes caminaron y ya no están”, concluye Melina.
El próximo sábado 28 de agosto a las 11 horas, convocan a una conferencia de prensa en territorio de la comunidad indígena.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Comunidad Ticas – Pueblo Comechingón.
