Chubut en llamas por el rechazo a la Iniciativa Popular

Chubut en llamas por el rechazo a la Iniciativa Popular
10 mayo, 2021 por Redacción La tinta

Trece votos en la Legislatura provincial dejaron de lado más de 30 mil firmas juntadas con paciencia en plena pandemia para decirle no a la megaminería. La reacción popular fue cortar rutas y ocupar edificios municipales. Qué dicen los históricos asambleístas y cómo confluyen en la lucha los pueblos originarios.

Por Mariano Pagnucco para Cítrica

La democracia chubutense tiene la extraña capacidad de subvertir la lógica de las matemáticas. En ese territorio patagónico, 13 vale más que 30.000. En la jornada de ayer, que será recordada como un hito más en la larga historia de lucha socio-ambiental que tiene la provincia, los votos de 13 representantes del pueblo le dieron la espalda en la Legislatura provincial a una Iniciativa Popular que tenía el respaldo de 30.916 firmas recogidas en distintas localidades durante algunos (pandémicos) meses de 2020.

¿Qué es lo que está en juego? El avance de la megaminería contaminante, una actividad a la que la IP (construida en asambleas y con el aval de muchos años de aprendizajes ambientales) le quería poner freno. Fueron trece votos que refrendaron lo que el día anterior había sucedido en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente: el rechazo a la IP.
La lista de “traidores al pueblo”, según la definición del portal No a la Mina: Miguel Agustín Antin, María Magdalena Cativa, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucia, Carlos Eliceche, Xenia Adriana Gabella, Carlos Gómez, Roddy Ingram, Sebastián López, Emiliano Mongilardi, Pablo Sebastián Nouveau, Juan Horacio Pais y Claudia Mariela Williams. Las abstenciones de María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, de la UCR, jugaron a favor del primer grupo. Los doce votos restantes fueron favorables a la IP.

La usuaria @GiseFeregotti tuiteó el miércoles: “Si nos habremos cagado de frío todo el invierno juntando esas firmas, hablando con la gente, explicando 50 veces al día lo mismo. Controlando cada una 2 o 3 veces, contándolas. Preparando cómo defenderla. Poniendo todo de nuestros bolsillos y dejando las vidas personales de lado. Lo que está haciendo esta gente es imperdonable. Una corrupción tiene esta legislatura que no se ve en otro lado. Asqueroso el manoseo, la falta de comunicación hacia el pueblo”.

La respuesta al conocerse la “traición” fue casi inmediata: cortes en la Ruta Nacional 3 (en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Dolavon) y en la Ruta Nacional 40, y tomas pacíficas de los edificios municipales de Esquel y Trevelin. Inclusive en Comodoro Rivadavia, la cuna del extractivismo petrolero en el país, hubo manifestaciones de repudio.

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(Imagen: Luan Colectiva Fotográfica)

“Es un día de luto para la participación ciudadana de la provincia, es un día gris”, definía el sentimiento generalizado Pablo Lada, un histórico de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH), donde comenzó la resistencia contra el modelo extractivo provincial en el lejano 2002.

Lada explicaba vía WhatsApp: “En menos de 24 horas, sacaron un dictamen negativo, a pesar de las notas que habían presentado los promotores de la Iniciativa Popular, este proyecto que busca ampliar y mejorar la prohibición que existe a la gran minería en Chubut. Nunca fuimos convocados ni escuchados. Casualmente, para la semana que viene habíamos organizado una campaña de lucha, actividades para fundamentar el proyecto de ley y presentar la documentación. Habíamos invitado a los diputados y diputadas, a especialistas de distintas áreas. Sin embargo, las cámaras mineras y distintos sectores del lobby salieron a denostar completamente la Iniciativa Popular con argumentaciones falsas”.

“Esto generó zozobra, esto nos roba la paz social por la falta de un tratamiento respetuoso –decía en tono serio–. Si hubiesen tenido el coraje de rechazarnos a cada vecino y vecina poniendo la cara, sería distinto. Por eso, hay toda una comunidad movilizada”.
Al ingresar al hall de la Municipalidad de Esquel, el grupo de personas que encabezó la ocupación pacífica comenzó a cantar: «Olé olé olé olá / la iniciativa es popular / si no la aprueban / qué quilombo se va a armar”.

Mantener prendido el fuego

La Iniciativa Popular estuvo cajoneada más de dos meses en los despachos legislativos y su tratamiento, frente a la expectativa social, pareció responder a las intenciones del gobernador Mariano Arcioni. El mandatario tiene su propio proyecto de ley, que hasta ahora no pudo ser tratado por falta de consensos: el de la tan temida “zonificación”, que dispone de áreas para la actividad megaminera (con uso de sustancias contaminantes del ambiente).

Una de las “zonas” de sacrificio, si avanza el proyecto del Ejecutivo, es la vasta meseta central que se extiende entre la cordillera y la costa atlántica. De allí es Iván Paillalaf, 20 años, integrante de la Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste.

Iván lee en clave histórica la votación en la Legislatura: “Fuimos parte de la construcción colectiva de la Iniciativa Popular y el proyecto de ley. Ver cómo los diputados se burlan de este trabajo, de esta lucha que estamos llevando adelante para prohibir la megaminería, nos produce mucha bronca e indignación. Es una muestra más del carácter extractivista, megaminero y capitalista de este Estado que nos oprime y domina. El negarnos la Iniciativa Popular, el querer imponer la zonificación minera, son parte y continuación de lo que fue el genocidio fundante con la Campaña del Desierto. Después de todo, el objetivo es el mismo: quedarse con el territorio, saquear nuestras riquezas, vulnerar nuestros derechos como pueblos originarios y exterminarnos definitivamente”.

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(Imagen: Luan Colectiva Fotográfica)

Mientras habla al teléfono, de fondo se escuchan los bombos de protesta que retumban en Trelew, donde Iván está estudiando. Su participación en las luchas ambientales no es nueva. En noviembre pasado, cuando regresaba en auto desde Rawson luego de una de las tantas movilizaciones populares para remarcar que No es No a la megaminería, sufrió el hostigamiento policial de cerca: otro vehículo se les cruzó en la ruta y efectivos de civil bajaron para golpear y llevarse detenidos a dos compañeros de viaje. “Quieren imponer la megaminería por la fuerza y con mucha brutalidad y violencia”, denunciaba entonces.

Ahora dice: “Con la excusa del progreso, buscan enriquecer sus bolsillos. En este caso, los bolsillos de empresas canadienses que son realmente las que están gobernando Chubut. Nuestra exigencia es que se retire el proyecto de zonificación minera y como pueblo Mapuche Tehuelche exigimos que se respeten nuestros derechos y que los legisladores se retiren, porque no nos representan. Sólo representan los intereses de capitales extranjeros. Nosotros vamos a seguir defendiendo el agua y el territorio”.

Entrada la noche, las fogatas seguían ardiendo en la RN 3, en el acceso norte a Trelew, donde las fotos panorámicas del drone de Aníbal Aguaisol mostraban filas de camiones que se perdían más allá de los márgenes del encuadre. La temperatura, apenas por encima de los cero grados, se potenciaba por la bruma húmeda que caía sobre los grupos de manifestantes que bancaban el corte después de un día larguísimo. La decisión asamblearia era habilitar el paso de un reducido grupo de camiones por hora y sostener la permanencia en la ruta.

Casi en simultáneo, las ollas populares y los bombos de los estatales (acostumbrados al pago escalonado y los sueldos atrasados que impone el Gobierno provincial) armaban la escena nocturna en la Casa de Gobierno de Rawson. Hoy se espera una nueva jornada de protestas, cortes selectivos y un pueblo movilizado, aunque las formas de la democracia chubutense estén tan peleadas con las matemáticas y con la propia voluntad popular.

*Por Mariano Pagnucco para Cítrica / Imagen de portada: Luan Colectiva Fotográfica.

Palabras claves: Chubut, megaminería, pandemia, Trelew

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Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 

Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 
26 noviembre, 2024 por Soledad Sgarella

El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.

Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.

Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.


«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”. 


Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”. 

Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.

“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Tejer las redes para una vida digna

Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.

Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.

En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.

Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024. Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.

El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.

Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.

Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector

Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”, historiza. 

Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”. 

La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.

Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.


Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”. 

Yamila, de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.

*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

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Palabras claves: Católicas por el Derecho a Decidir, Feminismo popular, Movimiento Campesino de Córdoba, mujeres campesinas, Salud Comunitaria, salud sexual y reproductiva

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