Contagios y discriminación a comunidades indígenas en la minera de litio Exar
Ya son 72 contagios de COVID-19 en la multinacional Exar S.A. y las comunidades indígenas atacamas denunciaron que la empresa y el gobierno jujeño niegan información a las mismas y no dan respuestas a sus planteos, poniendo en riesgo no sólo a obreros, sino a las familias y a los pueblos que viven en esos territorios. Solicitan el cierre de la empresa ante la pandemia.
Por Natalia Morales para La izquierda diario
La multinacional de capitales chinos (Ganfeng Lithium) y canadienses (Lithium Americas Corp) está ubicada en el salar Olaroz-Cauchari, departamento de Susques, Jujuy. Funcionó durante la cuarentena, ya que la actividad minera es considerada esencial por el gobierno nacional de Fernández y Morales, promoviendo más extractivismo en el país durante la pandemia y afectando derechos de los pueblos originarios.
La situación de Exar es particular, ya que se encuentra en fase de construcción y, recién a mediados del 2021, avanzaría en la producción y exportación de carbonato de litio para baterías. Sin embargo, son más de 600 personas, entre ellas, integrantes de 6 comunidades atacamas, quienes realizaron su trabajo con la empresa y a través de contratistas en estos meses en actividades vinculadas a la perforación de los pozos de salmuera, laboratorio, mantenimiento, limpieza, catering y el área eléctrica.
Cuando se dieron los primeros 2 casos de coronavirus, el directorio de la multinacional minimizó la situación, la empresa siguió funcionando, sin alertar a las autoridades indígenas, partiendo que varios obreros volvían a sus comunidades. Varios días después, cuando confirma 58 contagios, anuncia la suspensión de las actividades “salvo las esenciales”. El domingo 12/07, el gobierno reconoció que ya son 72 los casos que representan, por lo menos, el 14 % de los contagios en Jujuy.
La actuación de la empresa desde los primeros casos, como también la del gobierno, ha generado no sólo el cuestionamiento de obreros, sino también de referentes de las comunidades que, nuevamente, dan cuenta del trato discriminatorio para con ellos, como si sus vidas y la salud de las comunidades no importase nada.
Esta situación no es la única. Recientemente, un estudio firmado por más de cien investigadores del CONICET dan cuenta que “la pandemia trajo más racismo y desigualdad para los pueblos originarios”, donde se expresan situaciones represivas, de vulneración de derechos, y donde el COVID no afecta de la misma manera a las comunidades indígenas. Las mismas viven en condiciones sanitarias y sociales críticas, potenciadas aún más por el extractivismo, la megaminería y el agronegocio en territorio indígena.
“A nosotros nunca nos trataron como autoridades para tomar decisiones como corresponde”
En una entrevista realizada por FM Región el viernes 10, Estela Cruz, presidente de la comunidad de Huancar en Susques, describió cómo la empresa, así como el Gobierno, no sólo que no tomaron las medidas necesarias ante la Emergencia Sanitaria y los casos de coronavirus tanto dentro y fuera de la empresa, sino que ningunearon a las autoridades comunitarias y los planteos realizados ante el temor de que se expandan los contagios y afectasen no sólo a obreros, sino también a las comunidades que tienen vinculación con la empresa.
Fueron las comunidades que, al enterarse de los primeros contagios, hicieron el trabajo de identificar y aislar a obreros que habían vuelto a sus casas. “Desde ese momento, empezamos a agilizar y solicitar los test para la gente [que trabaja en la mina] y que está en las comunidades. Nosotros lo consideramos contactos estrechos porque hay personal de limpieza, de gente cercana a otras que dieron positivo…”.
Enfatiza que han solicitado “el cierre de la mina y que urgentemente se trasladen a las personas que dieron a los test negativo, ya que están expuestos allí… Solicitamos que los trasladen a hoteles y que ellos [la empresa] se hagan cargo, pero nos dicen que no tienen capacidad… Pedimos respuestas a ellos y nos dicen que la responsabilidad es del COE (Comité Operativo de Emergencia del gobierno provincial ante el COVID-19), y el COE plantea que no pueden intervenir ante una empresa privada…”.
En lo que respecta al reconocimiento de las autoridades comunales, Estela afirma que “a nosotros nunca nos trataron como autoridades para tomar decisiones como corresponde. Desde marzo que habíamos hecho el pedido para minimizar guardias y nos dijeron que no tenemos autoridad, y, ahora, cuando está esta situación, nos tratan como autoridades para que nos hagamos cargo…”.
Las vidas trabajadoras y de las comunidades indígenas importan
La instalación de multinacionales mineras del litio como Exar S.A. o Sales de Jujuy tiene el aval del Estado provincial (que es socio del 8.5% a través del JEMSE) y de los gobiernos de turno, ha generado y genera múltiples conflictividades con las mismas comunidades en territorio atacama, resistido por productores como el Colectivo Apacheta de Pueblo Atakama que denunció que se estaba violando el derecho del consentimiento previo, libre e informado. También por comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
A las mismas se les niegan derechos preexistentes y no se respeta su organización y autoridades. Tampoco el derecho a poder decidir cómo y de qué vivir, y qué emprendimientos realizar en sus territorios. Pero, además, los obreros integrantes de las comunidades de Susques, Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey, Olaroz y Catua, ante la pobreza, la falta de trabajo y de poder vivir de sus actividades productivas, son la mano de obra barata que realizan tareas de limpieza y catering, que hoy necesita la multinacional Exar para erigirse en sus propios territorios para saquear los bienes naturales como el litio y el agua.
La denuncia actual de las autoridades de algunas comunidades atacamas, que tienen vinculación con la empresa, expresa también esos derechos avasallados y que el Gobierno de Fernández y Morales los refuerzan, no sólo entregando los territorios para el saqueo, sino también a los mismos obreros que ponen en riesgo sus vidas, en este caso, ante el COVID-19.
Saqueo y pobreza
Las comunidades atacamas de la puna jujeña viven en condiciones estructurales de pobreza. Si hablamos a lo que se refiere en materia de salud, no sólo que no se garantiza el derecho a la salud intercultural y bilingüe, sino que ni siquiera se garantiza la atención sanitaria de manera integral.
En las comunidades, solo hay agentes sanitarios y enfermeros. Un trabajador del hospital nos comenta que el Hospital Susques tiene 10 camas de internación, 1 ambulancia de SAME que funciona y otra que está en reparación. El quirófano está desarmado y no funciona. Un sólo respirador que lo llevaron al hospital de campaña en la capital jujeña cuando comenzó la pandemia.
Hay 2 médicos, 17 enfermeros, 20 agentes sanitarios, 2 odontólogos,1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 nutricionista, 1 educador sanitario, 1 fisioterapeuta, para atender a 3.800 personas aproximadamente en más de 10 comunidades de Susques y alrededores.
Mientras el Gobierno permite que las multinacionales se lleven todo, la situación de las comunidades es más que preocupante. A los problemas históricos como el saqueo, el extractivismo, la pobreza, el no reconocimiento de su organización y autoridades, se le suman los problemas vinculados a la pandemia del coronavirus en sus territorios que se expresan con las multinacionales y el Estado.
Como todos sabemos, el virus se propaga con mayor rapidez y gravedad donde reinan la desigualdad y la pobreza, aspectos que hacen al pasado y presente de los pueblos originarios.
*Por Natalia Morales para La izquierda diario / Imagen de portada: La izquierda diario.
