Monsanto y el conflicto por la Ley de Semillas: actualidad y perspectivas
En esta serie de notas, analizamos los distintos aspectos del conflicto en torno al cobro de regalías por las semillas de soja GM que lleva abierto ya más de dos décadas en el país. Un recorrido por los actores, las pujas e intereses que constituyen los cimientos del modelo agrícola dominante hoy a escala global.
Por Nicolás Pérez Trento* para La tinta
A partir del año 2012, tras un encuentro auspiciado por el Council of Americas entre funcionarios del gobierno argentino y capitalistas extranjeros, celebrado en junio en New York, comenzó a hacerse evidente que el escenario estaba cambiando. Comenzaba así a desarrollarse la segunda fase del conflicto, que aún perdura.
La fase actual del conflicto
En aquella reunión, la presidenta Cristina Fernández, electa el año anterior para su segundo mandato, exclamó que: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”. El saldo oficial del encuentro fue anunciado allí por la propia Fernández, quien anticipó que Monsanto volvería a invertir en el país mediante la instalación de una planta de procesamiento de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentina (lo que desataría un intenso conflicto local, en el que la articulación de pobladores locales con organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda logró impedir la puesta en funcionamiento de la planta).
Apenas dos meses más tarde, y nuevamente sin realizar estudios propios ni divulgar los expedientes, el Ministro anunció la aprobación de una nueva biotecnología para la soja, denominada Intacta. Lo hizo junto a representantes de Monsanto, afirmando que “hay que respetar la propiedad intelectual”. Mientras tanto, parecía inminente el envío al Congreso de una nueva Ley de Semillas (LS), como afirmó Yauhar en ese mismo acto. Por su parte, desde la empresa, reconocieron que “los mecanismos de consenso se están alcanzando, trabajamos con un gobierno que ha abierto el diálogo» y, de forma inmediata, implementaron un nuevo sistema de regalías para dicha biotecnología. El año siguiente, por otra parte, Monsanto volvió a vender sus propias variedades de soja bajo la marca Asgrow.
Mientras tanto, funcionarios del reconstituido Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MINAGRI) se dieron a la tarea de preparar un nuevo anteproyecto, de carácter marcadamente más restrictivo que los discutidos previamente. Allí, se establecía que la posibilidad de hacer uso propio gratuito quedaría restringida a un grupo de pequeños agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, cuya gestión quedaba en manos del Instituto Nacional de Semillas (INASE), mientras que, para los restantes, se creaba la figura del “uso propio oneroso”, limitado a la cantidad de semilla adquirida originalmente y por el cual se pagarían regalías, parte de las cuales apropiaría Monsanto por intermedio de los criaderos. Todo pareció indicar que el gobierno había alcanzado, finalmente, un acuerdo con Monsanto.
Dicho anteproyecto, no obstante, tampoco llegó al Congreso, aunque, esta vez, su oposición más tenaz provendría de las entrañas del propio MINAGRI. Allí, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y designado poco tiempo antes para conducir la Subsecretaría de Agricultura Familiar, se opuso tenazmente a cualquier tipo de modificación a la LS. El mismo destino corrieron las otras tres propuestas que se consensuaron en el MINAGRI durante los tres años siguientes. Monsanto, sin embargo, ya no tenía la misma urgencia: sin que el gobierno se interpusiera y sin mediar una modificación en la LS, había logrado implementar su propio sistema de cobro de regalías. Se trata de un sistema de licencias de uso que incluye la llamada “cláusula Monsanto”, en la que se requiere a lxs capitalistas agrícolas declarar la proporción de semillas reproducidas para uso propio y pagar un canon por ellas, y se establece la realización de controles sobre la circulación de granos mediante el uso de una tecnología capaz de identificar la secuencia genética de Intacta. En caso de hallar infractores, se previó que acopiadores y exportadores realizaran un descuento compulsivo sobre el valor del grano por un monto superior al cobrado sobre la siembra.
Mientras tanto, las organizaciones agrupadas para luchar contra la sanción de una nueva LS realizaron una Jornada de Debate en el Congreso, de la cual participaron incluso algunos legisladores.
Así, estos actores sociales comenzaban a ganar mayor peso en el conflicto, planteando una tercera perspectiva: la oposición no sólo a las exigencias de cobro de Monsanto, sino a la forma concreta que adquirió la producción agrícola tanto en la Argentina como a escala global, poniendo de relieve sus consecuencias ambientales y sociales. Poco tiempo después, un buen número de estos individuos y organizaciones se articularon en la Multisectorial contra la “Ley Monsanto” de Semillas, que se mantiene aún activa.
Tras la asunción del gobierno de Macri, el conflicto volvió a recrudecer. Ante la multiplicación de las protestas por la imposición de la “cláusula Monsanto”, la empresa aceptó la implementación de un nuevo método de cobro propuesto en el ámbito de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, llamado Bolsatech. Allí, se elimina el cobro compulsivo en nombre de la empresa por parte del acopiador o exportador, y se deja a cargo de la Bolsa el arbitraje en caso de que Monsanto encuentre cargamentos de soja Intacta no declarados; por lo demás, el sistema original mantenía su esencia. Esto provocó el rechazo de las entidades agrarias, que manifestaron dudas respecto del procedimiento de análisis del grano y denunciaron la privatización del poder de policía sobre la circulación de granos.
A pesar de las protestas, el sistema fue oficializado por el gobierno, que encargó su implementación al INASE (a pesar de que este organismo, como su nombre lo indica, tiene jurisdicción sobre la circulación de semillas, mas no sobre la de granos), y anunció que sólo se mantendría en pie hasta tanto se sancionara una nueva LS. Resultaba evidente, en este sentido, que el asunto no se había zanjado completamente aún. Del lado de Monsanto, se mostraron conformes con la solución alcanzada, pero resolvieron suspender nuevos lanzamientos tecnológicos en el país. Para la empresa, sin embargo, la sanción de una nueva LS no constituía la única respuesta posible a sus demandas: “Es importante tener un marco para lanzar nuevas tecnologías; puede ser a través de una ley, resoluciones o instrumentos”, destacó su presidente.
En efecto, el sistema Bolsatech no se constituía más que como un parche (zurcido, ciertamente, a la medida de Monsanto), debido a que restaba aún diseñar y poner en marcha un sistema de cobro de regalías por el uso de eventos patentados, y determinar si este incluiría también el pago de un canon a los criaderos, excluidos del sistema Bolsatech. Este último, por otra parte, no tenía más soporte legal que la promulgación de sucesivas resoluciones ministeriales, cada una de las cuales prorroga su funcionamiento durante un año. De este modo, su reproducción se halla sujeta a la voluntad del gobierno en funciones.
Tras implementar oficialmente el sistema, el gobierno de Cambiemos hizo otro anuncio de rigor: el envío inminente de un proyecto de ley al Congreso, que ingresó en octubre del 2016. Allí, se establecía que el pago de la propiedad intelectual se agotaría en la compra o reproducción de la semilla, y sería efectuado únicamente a los criaderos. Esto implica que el titular de eventos patentados no estaría autorizado a reclamar ningún tipo de pago más que el convenido con aquellos. Asimismo, se permitiría reproducir semilla para uso propio al 80% del total de agricultores, lo que significaba que el pago de regalías no superaría el 60% de la producción. En particular, si durante tres campañas no se superaba la superficie sembrada originalmente, lxs agricultorxs deberían pagar regalías sólo durante ese lapso. También se estipulaba que quedaría excluido del derecho de hacer uso propio quien guardara más semilla de la comprada, aunque bastaría simplemente con comprar otra variedad para evitar caer en el caso. Asimismo, el proyecto estipulaba que el pago de regalías sobre la semilla sería una cuestión de “orden público”, lo que impedía la puesta en funcionamiento de sistemas de cobro más gravosos mediante contratos privados. Esta disposición se tornó en el aspecto más resistido del proyecto por parte de los criaderos, que buscan dejar abierta la posibilidad de establecer sistemas de cobro sobre dicha base.
A pesar de haber sido formulado por un gobierno de marcado signo neoliberal, el proyecto es menos restrictivo respecto de las propuestas discutidas en años previos. Lo que no puede sorprender si se considera que dicho gobierno entregó el Ministerio de Agroindustria a miembros directos de la clase terrateniente, por añadidura vinculados directamente a las asociaciones agrarias: tras la gestión de Ricardo Buryaille, quien había sido vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el mando pasó a manos de Luis Miguel Etchevehere, que, hasta su designación, había sido presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Tan poco restrictivo resultó que la CRA lo calificó como “interesante”, mientras que, desde la Federación Agraria Argentina (FAA), se limitaron a señalar que “el uso propio es más acotado de lo que proponemos”, sin rechazarlo de plano. En contraste, los criaderos de semillas nucleados en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) sí lo hicieron, argumentando la “falta de consensos”, su “carácter inconstitucional” y que no impulsaba la venta legal de semillas ni implementaba mecanismos fiables de control, promoviendo, en su lugar, “la inseguridad jurídica, la desinversión y la destrucción de empleos genuinos». Por su parte, desde Monsanto, dejaron trascender su rechazo, afirmando que se trataría de “un golpe al principal activo de las empresas de biotecnología”.
El proyecto fue, finalmente, presentado al Congreso, pero no fue ni el primero ni el último. En efecto, los rumores de que, esta vez, el gobierno efectivamente enviaría un proyecto constituyeron un piedra libre: tanto la ASA como la FAA, así como una ONG y el diputado de un partido de oposición presentaron proyectos propios. Así, el Congreso pareció haberse convertido en el teatro de la disputa.
Se trató, sin embargo, de una mera apariencia. Transcurrido un año de su ingreso, el proyecto oficial perdió estado parlamentario y el gobierno anunció el inicio de negociaciones para enviar uno nuevo. Hacia finales del 2018, la secuencia se repitió de manera casi idéntica.
Perspectivas
Como puede verse, a la derrota inicial de Monsanto en su intento por cobrar regalías sobre el evento RR, sucedió una nueva fase en la que la relación de fuerzas parece hallarse más nivelada. Veamos, a modo de cierre, las bases sobre las cuales se sostiene dicha relación.
En primer lugar, resalta el hecho de que los desarrollos de biotecnología agrícola se han estancado, al menos, en lo que refiere a las semillas de soja. En efecto, la biotecnología Intacta tiene poco de novedoso: se trata de un “apilamiento” de los eventos BT (un insecticida que ya era utilizado en variedades de maíz desde 1998) y RR2 (que no es más que una segunda versión del evento RR en la que se incrementa el rendimiento de las variedades que lo portan). A pesar de haber sido lanzada comercialmente hace más de cinco años, la superficie sembrada con variedades Intacta apenas supera el 20% del total implantado con soja, lo que indica que, a excepción de algunas áreas del norte de la región pampeana en las que los insectos susceptibles a la acción del BT constituyen una plaga, no resulta rentable pagar regalías por su uso. Por otra parte, las asociaciones agrarias han denunciado que las patentes de Intacta son inválidas y que, por lo tanto, la empresa tampoco tendría derecho a cobrar regalías por el uso propio de las variedades que incorporan el evento.
Monsanto, sin embargo, aún guarda un as bajo la manga: la biotecnología Xtend, que ha decidido no lanzar comercialmente en la Argentina como estrategia de presión. Pero aquella tampoco constituye una auténtica innovación, ya que no se trata más que de otro evento de tolerancia a la acción de un herbicida: el Dicamba. De manera similar, Dow DuPont desarrolló su propio evento de tolerancia al herbicida 2,4-D, cuyo lanzamiento comercial también ha demorado.
¿Qué convierte, entonces, a estas biotecnologías en una posible carta de triunfo para los capitales biotecnológicos, que siguen siendo liderados por Monsanto? Ocurre que, tras años de utilización sistemática del glifosato como principal (o único) herbicida, las malezas han adquirido gran resistencia a su acción. La respuesta inicial consistió en aplicar mayores dosis de glifosato, lo que no hizo sino acelerar el proceso evolutivo de las malezas. Esto tuvo como resultado inmediato (dejando a un lado los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana vinculados a esta expansión en el uso del herbicida) un aumento sostenido en los costos de producción de granos (y derivados) de soja.
De este modo, Monsanto parece estar jugando una carrera contra la evolución de las especies: si la resistencia de las malezas al glifosato se acelera suficientemente, el Estado argentino se va a ver forzado a acceder, de algún modo, a las demandas de la empresa para poder disponer de esta biotecnología. En efecto, la restricción en el uso de este tipo de innovaciones tecnológicas dejaría a la Argentina rezagada en la competencia por la exportación de granos y derivados de soja. Dicho rezago tendría la consecuencia de contraer la magnitud de renta de la tierra que fluye hacia aquí, lo que, a su vez, tendría como efecto la estrangulación de la acumulación de capital, sostenida parcialmente sobre la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de los capitales del sector industrial. Si, por el contrario, la producción de soja sobre la base del paquete tecnológico anterior sigue siendo rentable para competir en el mercado mundial (al menos, durante el tiempo suficiente para que las patentes de Xtend expiren o se acerque la fecha de su expiración), Monsanto perderá la ventaja que le brinda el desarrollo de innovaciones tecnológicas a la hora de luchar por la apropiación de ganancias. Como señalamos previamente, sin embargo, no parecen haber desarrollos tecnológicos de peso en el horizonte inmediato.
Por último, cabe destacar que una modificación en la LS no constituye la única forma bajo la cual Monsanto se aseguraría el cobro de regalías, como lo demuestra la existencia del sistema Bolsatech. De hecho, dado que los eventos biotecnológicos no se hallan protegidos por la LS, sino por la Ley de Patentes, la posibilidad de regular su comercialización a través de una modificación de la LS constituye un embrollo jurídico.
En este sentido, los proyectos y anteproyectos discutidos, tanto bajo el último mandato de Cristina Fernández como durante la presidencia de Macri, ceden sólo parcialmente a las exigencias de Monsanto, manteniendo en grado variable la posibilidad de hacer uso propio gratuito y ofreciendo tanto a la empresa (así como a los criaderos) condiciones de cobro sensiblemente peores en relación no sólo a las que reclama, sino, incluso, a las que ya dispone para la biotecnología Intacta. En contraposición, la universalidad del uso propio gratuito para las variedades protegidas acabaría siendo liquidada.
Con la derrota de Cambiemos en las elecciones presidenciales del 2019, la reforma de la LS pareció volver a quedar sepultada, ya que la cuestión no parece integrar la agenda política del gobierno de Alberto Fernández. Aunque permanezca en estado latente, sin embargo, el conflicto sigue abierto.
* Por Nicolás Pérez Trento para La tinta. Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de General Sarmiento / Instituto del Desarrollo Económico y Social) y becario postdoctoral (Universidad Nacional de Quilmes / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Imagen de tapa: La Poderosa
