Monsanto y el conflicto por la Ley de Semillas: la historia de los transgénicos y el uso propio en la Argentina
En esta serie de notas, analizamos los distintos aspectos del conflicto en torno al cobro de regalías por las semillas de soja GM que lleva abierto ya más de dos décadas en el país. Un recorrido por los actores, las pujas e intereses que constituyen los cimientos del modelo agrícola dominante hoy a escala global.
Por Nicolás Pérez Trento* para La tinta
Corría el mes de septiembre del año 2004 cuando Miguel Campos, Secretario de Agricultura del gobierno de Néstor Kirchner, declaró, en una conferencia de prensa, que Monsanto intentaba imponer un mecanismo de pago de regalías que consideró “extorsivo e inaceptable para un país serio”. Se trató del punto más alto que había alcanzado, al menos hasta ese momento, el conflicto por el cobro de regalías de semillas de soja genéticamente modificada (GM), que lleva abierto ya más de dos décadas. Dicho conflicto continuó escalando velozmente para, tres años después, hallar lo que pareció ser un final abrupto y trascendental. En efecto, ante la intransigencia del gobierno kirchnerista en conceder a Monsanto las condiciones de cobro exigidas, la empresa trasladó la disputa a los tribunales de la Unión Europea, de donde se llevó una derrota que hizo historia: por primera vez, la empresa sufría un fuerte revés en el campo judicial.
Resultó, sin embargo, que Monsanto había perdido una batalla, pero no la guerra. En el año 2012, la empresa logró implementar su propio sistema paralegal de cobro de regalías por el uso de una nueva (o no tanto) biotecnología para las semillas de soja. ¿Cómo puede explicarse este no menos abrupto cambio de escenario?
No menos sorprendente resulta el devenir de la disputa por la sanción de una nueva Ley de Semillas (LS), que regula, entre otros aspectos, la posibilidad de cobrar regalías por la reproducción de semillas para uso propio. Junto con la implementación del mencionado sistema de cobro, el Gobierno Nacional resucitó los esfuerzos por modificar la actual legislación, aunque, bajo el mandato de Cristina Fernández, ningún proyecto de ley llegó al Congreso. Eso sí sucedió, en cambio, con la asunción de Mauricio Macri. Pero tampoco el llamado “gobierno de los CEOs” se mostró muy permeable a las presiones de Monsanto, ya que los proyectos que recibieron el aval del oficialismo seguían distando largamente de las pretensiones de Monsanto. Así, a pesar de las fuertes presiones ejercidas no sólo por Monsanto, sino también por el sector semillero, la LS no ha sido aún modificada.
En esta serie de notas, nos proponemos sintetizar algunas de las cuestiones vinculadas con el conflicto en torno al cobro de regalías por las semillas de soja GM. Aquel se intersecta, a su vez, con una multiplicidad de debates y cuestiones vinculadas a la forma actual que toma la producción agraria a escala global. En primer lugar, emerge la discusión de qué tan sustentable resulta la utilización de millones y millones de hectáreas para producir granos destinados, en buena medida, al consumo animal y la producción de biocombustibles, teniendo en cuenta que, para hacerlo, se utiliza una gran cantidad de agroquímicos que afectan tanto al medio ambiente como a la salud humana, se desplaza (usualmente, a través de la violencia más cruda) a comunidades que han ocupado territorios a lo largo de generaciones para ampliar las áreas de producción y se desmontan áreas forestales. Asimismo, la cuestión del efecto del consumo humano de organismos GM, o de animales alimentados con ellos, sigue estando a la orden del día en los debates. Del mismo modo, aspectos como la erosión genética, la concentración el mercado de semillas en manos de un número particularmente reducido de capitales o la pérdida de la llamada “soberanía tecnológica”, entre muchos otros, se convierten en tópicos que guardan relación directa con el conflicto en torno a la llamada “Ley Monsanto de Semillas” y a la cual nos vamos a referir aquí.
El desarrollo de las semillas GM
Comencemos por el principio: ¿qué son las semillas GM? Hasta la década de 1980, existía una única manera de mejorar las semillas (ya sea para que la planta arroje una mayor cantidad de frutos o granos, que estos tengan mejores características para su transporte o consumo, que aquella sea más resistente a sequías/inundaciones/plagas, etc.): la cruza entre dos variedades y la selección, entre su descendencia, de los ejemplares con las características deseadas. Esta técnica, utilizada por los agricultores a lo largo de milenios, sigue constituyendo hoy uno de los pilares del aumento de la productividad del trabajo agrícola. Se trata, sin embargo, de un proceso impreciso, ya que el cruzamiento implica la transmisión de una gran cantidad de genes de una variedad hacia la otra, sobre los cuales se carece de control.
Con el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética, que se consolidaron hacia mediados de la década de 1980, comenzó a ser posible identificar genes relevantes, crear otros nuevos a través de técnicas como la recombinación de ADN e insertarlos en el código genético de las plantas mediante las técnicas de transgénesis. Esto permite obtener plantas que jamás hubieran podido crearse con las técnicas tradicionales debido a la posibilidad de incorporar material genético de otras especies vegetales e, incluso, de otros reinos naturales. El caso de la soja RR, diseñada por Monsanto, es uno de ellos.
Estas técnicas, sin embargo, resultan menos precisas de lo que aparentan. En particular, investigaciones científicas han sugerido que podrían tener como consecuencia la emergencia de mutaciones genéticas lo que, a su vez, puede ocasionar la aparición de características inesperadas en las plantas.
La soja RR y el “paquete tecnológico”
Hacia la década de 1970, el mercado de agroquímicos había alcanzado un techo. Fue precisamente en ese momento cuando irrumpió en el mercado el hoy célebre glifosato, patentado por Monsanto y comercializado a partir de 1973 bajo el nombre RoundUp. Se trata de un herbicida que permite eliminar amplio rango de malezas. Por ser de tipo no selectivo, sin embargo, su uso en la agricultura se hallaba restringido: de aplicarlo sobre los cultivos, hubiera matado tanto a las malezas como a aquellos.
El incipiente desarrollo de las técnicas de ingeniería genética, sin embargo, llevó a que Monsanto intentara diseñar una planta modificada genéticamente de modo tal que tolerara la acción del glifosato, de forma de multiplicar las ventas del herbicida. Para lograrlo, sus técnicos buscaron durante años, infructuosamente, crear la secuencia genética en cuestión dentro de sus laboratorios. La obtuvieron años más tarde y de manera completamente azarosa: en una planta de producción de glifosato que arrojaba sus desechos en un estanque conexo, una bacteria había evolucionado naturalmente de modo tal que era capaz de sobrevivir a ese medio, que inicialmente le resultaba tóxico. Los técnicos de Monsanto lograron así aislar el gen bacteriano que portaba la resistencia al herbicida, pero aún no habían perfeccionado la tecnología para introducirlo en las plantas. [N2] Este problema fue resuelto de una forma sumamente expeditiva: poco tiempo después, Monsanto compró la empresa (y, por lo tanto, la patente correspondiente) que había desarrollado la primera tecnología de transgénesis.
Nació así el primer evento biotecnológico (esto es, una secuencia genética aislada o diseñada mediante técnicas de ingeniería genética e introducida en una planta para conferirle una propiedad específica), denominado RR (RoundUp Ready, en referencia al herbicida). En 1996, las primeras variedades de soja RR se lanzaron al mercado, revolucionando la producción a escala mundial.
¿Por qué tuvo tanto éxito? Detengámonos en algunas de las razones. En primer lugar, la aplicación de glifosato no sólo reemplazó el uso del paquete de herbicidas utilizado tradicionalmente, sino que abrió también la posibilidad de implementar una técnica conocida como “siembra directa”, que consiste en sembrar sobre los rastrojos de la cosecha anterior en lugar de arar la tierra. Esto elimina el trabajo mecánico de labranza, lo que no sólo reduce el consumo de combustible y la utilización de fuerza de trabajo, sino que permite un mayor aprovechamiento del agua, un incremento en la incorporación de materia orgánica al suelo y una menor erosión de éste. Al reducir la duración de los ciclos de producción, asimismo, aumenta la posibilidad de que pueda realizarse un doble cultivo.
Esta técnica, no obstante, presenta el problema de ofrecer un menor control sobre las malezas. El paquete glifosato/soja RR resolvió esta cuestión de una forma sumamente efectiva: se trataba de un herbicida particularmente eficaz contra las malezas que, en combinación con las variedades de soja RR, podía aplicarse no sólo sobre la tierra en barbecho, sino también sobre los cultivos ya germinados. Así, el combo glifosato/soja RR permitió la expansión de la siembra directa, lo que simultáneamente aumentó la productividad del trabajo agrícola y redujo los costos de producción.
En la Argentina, sin embargo, la producción de granos y derivados de soja presenta una ventaja extra: debido a que Monsanto no logró patentar aquí el evento RR, y fue por tanto incapaz de cobrar regalías por su uso, dicha producción se halló particularmente abaratada, situación que dio origen al conflicto. Antes de avanzar sobre él, repasemos brevemente algunos aspectos del marco institucional y jurídico en el que tuvo lugar.
El uso propio en la Argentina
El conflicto argentino por el cobro de regalías sobre semillas no comenzó con el lanzamiento comercial de la soja RR. A principios de la década de 1960, a instancias de asociaciones de capitales semilleros de todo el mundo, se constituyó una asociación que vela por los derechos de propiedad intelectual (DPI) de las variedades de semillas creadas por dichos capitales, que se agruparon en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y, desde allí, dieron luz a un convenio para la defensa de estos derechos. A partir de la década siguiente, distintos países, entre los que se encuentra la Argentina, sancionaron legislaciones de distinto alcance en las que se establece la existencia de un sistema de Derechos de Obtentor de Variedades (DOV), enmarcados en los lineamientos de UPOV.
Específicamente, aquí, se sancionó en 1973 la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (LS) que establece que la reproducción de semillas para uso propio (esto es, para que utilice el agricultor en su propia explotación) no afecta los DPI de su titular. En otras palabras, en la Argentina, se puede multiplicar para uso propio semillas de cualquier variedad protegida por DOV; venderla, en cambio, se transformó en un delito.
Esta última disposición chocó contra la tradición mantenida a lo largo de generaciones de comprar, vender y cambiar semillas libremente. Así, una gran porción del mercado argentino pasó a estar constituida por las semillas de “bolsa blanca”, esto es, reproducidas ilegalmente para su venta.
Hasta aquí, por lo tanto, la reproducción de semillas para uso propio sigue siendo legal. Ocurre, sin embargo, que los eventos biotecnológicos son protegidos mediante la Ley de Patentes sancionada en 1995, que no contempla excepciones de ningún tipo a los DPI del titular. De modo que, si bien la reproducción de variedades para uso propio se halla permitida por la LS, la de eventos biotecnológicos se halla prohibida por la Ley de Patentes, lo que constituye un impedimento para hacer uso propio de variedades que incorporan eventos patentados.
Así, un primer conflicto en torno a las semillas de “bolsa blanca” comenzó a desarrollarse a principios de la década de 1990, cuando el Instituto Nacional de Semillas (INASE), creado en 1991 como órgano de aplicación de la LS, comenzó a ejercer un cierto control sobre el mercado. De este modo, hacia mediados de la década, la venta de semillas por canales legales había superado el 40% del total de semillas sembradas, lo que constituía un récord. Con el lanzamiento de las variedades RR, sin embargo, la tendencia se revirtió.
* Por Nicolás Pérez Trento para La tinta. Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de General Sarmiento / Instituto del Desarrollo Económico y Social) y becario postdoctoral (Universidad Nacional de Quilmes / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
