Machismo y violencias en el ámbito académico: no nos callamos más

Machismo y violencias en el ámbito académico: no nos callamos más
1 abril, 2019 por Redacción La tinta

La marea feminista ha tenido, desde el 2015, un impulso que no frena y que invade cada uno de los espacios que habitamos las mujeres e identidades disidentes. El ámbito universitario y de investigación académica no ha sido ajeno, entendiendo que ahí se traman, además, complejas relaciones de poder entre estudiantes y profesores, directores de investigaciones y becaries. A partir de un caso específico en la Facultad de Ciencias Químicas y su instituto de investigación de CONICET, nos propusimos indagar en las acciones que han surgido desde abajo al calor de la lucha feminista y, desde arriba, aquellas que se han institucionalizado. Comisiones de géneros en diversas facultades, espacios de mujeres y planes de acción, algunos que se dejaron ver con fuerza durante las tomas del año pasado, trabajan cotidianamente para desandar el patriarcado y se encuentran, a veces, acompañando casos concretos de violencias. En la universidad, ya no nos callamos más.

Por Redacción La tinta

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica (UCC) y los institutos de investigación de CONICET han estado, en los últimos meses y desde hace unos pocos años, envueltos en algunas polémicas en relación a la violencia de géneros y a la violencia laboral. Al calor de las luchas feministas, empezaron a crujir las viejas estructuras institucionalizadas del patriarcado en estos ámbitos, así como también aquellas que representaban abusos de poder en relación al trabajo y la educación.

Desde abajo, grupos organizados de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores empezaron a juntarse y a poner en cuestión aquellas estructuras y actores que les violentaban. En el arriba, las autoridades de estas instituciones oyeron el clamor de esas voces y algunos cambios empezaron a asomarse: un Plan de Acción contra la violencia y protocolos específicos, algunas expulsiones de profesores acusados de acoso sexual y la más reciente, la aplicación de la Ley Micaela (para capacitar a funcionaries de Estado en violencia de género) en toda la UNC.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Desde abajo

Las experiencias de organización y lucha desde abajo son diversas. Muchas, empiezan con mujeres e identidades disidentes juntándose para problematizar algunas situaciones. Otras, se disparan con situaciones concretas que algune tuvo que atravesar y que ponen en evidencia la falta de conocimientos sobre el cómo actuar, tanto de las personas violentadas como de las autoridades y funcionaries.

Todas estas experiencias lograron, en mayor o menor medida, interpelar a las instituciones y ser escuchadas. En general, las facultades e institutos les otorgaron cierto rango institucional como asesoras de las autoridades en casos de violencias y a la hora de pensar y aplicar protocolos y normas. Pero esto no siempre sucede: algunas comisiones, a pesar de ser reconocidas, no son, de hecho, consultadas. Algo común, sin embargo, se sostiene en todos los ámbitos: son siempre las autoridades de las instituciones las que tienen la última palabra en las decisiones que se tomen, lo que deja a merced de muy poques, en general, varones, la intervención, o no, en situaciones de violencias.

Comisión interclaustro de géneros y diversidad de FAMAF (Facultad de Matemática, Astronomía y Física)

La comisión surgió para el 8M del año 2017, con el objetivo de sensibilizar, informar y hacer intervenciones sobre la problemática de géneros en la facultad. Está compuesta por docentes, no docentes y estudiantes, pero no tiene todavía una formalización institucional. Aunque les fue ofrecida, les miembres piensan que recién están iniciando el proceso y que no tienen la formación que se requiere para asesorar a las autoridades de la facultad. Hoy, trabajan en intervenciones que problematizan la mirada en un campo que se considera hostil: se piensa que la violencia machista, en las ciencias duras, no existe, por eso, se han realizado muchas campañas para sensibilizar y poner a la luz los micromachismos cotidianos. Hoy, están trabajando en una guía para incorporar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones institucionales de la facultad.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Comisión Interclaustros de Feminismos y Géneros de la Facultad de Ciencias Químicas

“La primera actividad organizada como comisión/espacio (no institucional) fue una clase abierta para toda la facultad, titulada “#Niunamenos: Abriendo el debate en la FCQ” en la que disertó Eduardo Mattio y para la cual contamos con el aval institucional de la FCQ (Facultad de Ciencias Químicas). El 8 de marzo de 2017, realizamos la segunda actividad convocando al primer paro internacional de mujeres con una clase abierta a cargo de Maite Rodigou del FemGes (Área de Feminismos, Género y Sexualidades), también con el aval institucional del Honorable Consejo Directivo (HCD). En esta ocasión, el decano y el HCD nos propusieron constituirnos como una comisión asesora institucionalizada dentro de la FCQ. Frente a esta propuesta, nos dimos un debate interno, que duró varios meses, sobre los alcances y limitaciones de aceptar esa invitación, ya que nuestro funcionamiento y participación en ese espacio siempre fue autogestivo y horizontal. Finalmente, llegamos al consenso de aceptar la propuesta manteniendo el espíritu con el que nos habíamos conformado: continuar siendo un espacio interclaustro, abierto a quien quisiera participar, donde la construcción de las decisiones y actividades fuera de manera horizontal, sin representantes o coordinadoras (que es lo usual en otras comisiones institucionales). Así, en Octubre de 2017, nos constituimos como una comisión institucional”.

Esta comisión tuvo un rol activo en una denuncia contra un investigador. “Ante la primer denuncia por violencia de género en la facultad, las reuniones con las autoridades de la FCQ se hicieron más frecuentes y el diálogo más dificultoso, sobre todo, por lo que implica una situación como esta: constituye el primer caso de denuncia por violencia de género en nuestra facultad. Por consiguiente, no existen antecedentes ni experiencia previa como comisión ni como institución. Esta situación nos interpeló a comenzar a pensar y construir herramientas institucionales que permitan afrontar esta situación con una perspectiva de género. A la hora de tomar decisiones sobre estas posibles herramientas, las autoridades de la Facultad, de departamentos e institutos, muchas veces, no nos convocaban a pensarlas colectivamente. Varias de nosotras tomamos esto como una subestimación de la perspectiva de género que podíamos aportar y que nosotras consideramos clave en la toma de decisiones, que permitan garantizar los derechos de la denunciante en el marco de acciones preventivas que prevé el plan de acciones de la UNC. Hubo una clara falta de perspectiva de género en la mayoría de las decisiones tomadas desde las autoridades en todos los niveles, lo que incluye también a autoridades académicas, en particular, a la comisión de tesis doctoral de la denunciante”.

Asamblea Interfacultades de Mujeres de la Universidad Católica de Córdoba

Con la explosión mediática de un caso de acoso en la universidad, y la utilización de las redes sociales con el hashtag #machismoenlaucc, comenzaron a temblar la estructuras de la universidad. “La Asamblea Interfacultades de Mujeres de la UCC nació a finales de octubre de 2018, como un espacio de reunión entre estudiantes mujeres de diferentes facultades que atravesamos, en nuestras actividades cotidianas en la UCC, comentarios machistas por parte de algunos profesores y compañeros. La idea de reunirnos fue escucharnos entre nosotras, contenernos y poder visualizar que vivíamos a diario situaciones similares en el aula con las que no nos sentimos cómodas porque nos ponían en un lugar de inferioridad. Sobre todo, algunos profesores que están en un lugar de poder respecto a las estudiantes”.

Frente a la gran masividad que se logró, las autoridades de la Católica se vieron interpeladas, pero respondieron inicialmente que el movimiento era minoritario y que la universidad venía trabajando el tema de la violencia de géneros aunque, era claro, no era fructífero. “Con el tiempo, tuvimos varias reuniones entre las autoridades y representantes de nuestra asamblea para delinear un Protocolo de Atención y Prevención de Violencia de género en la UCC, en la que nos dieron bastante lugar y, de hecho, se incluyeron la mayoría de los puntos que nosotros solicitamos. Finalmente, se aprobó el Protocolo el 13 de diciembre de 2018 y empezó a regir durante este año lectivo. El Protocolo es experimental y por un año, para la prevención, atención, acompañamiento, orientación y seguimiento de casos de violencia de género de la UCC. La idea es evaluar los resultados de su implementación para que pueda ir modificándose en el caso que sea necesario para después aprobar uno definitivo”.

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(Imagen: AsambleaInterf1)

Mesa de Géneros del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET/UNC)

“En el transcurso del año 2018, becarias e investigadoras asistentes CIECS (CONICET y UNC) nos autoconvocamos para avanzar en acciones que abordaran situaciones de violencia de género en el ámbito de nuestro instituto. Presentamos el Proyecto de ‘Mesa de Género’ al Consejo Directivo del CIECS y, luego de su aprobación, comenzamos a avanzar en objetivos que nos permitieron concretar acciones puntuales. En este sentido, uno de los mayores esfuerzos se orientó hacia la elaboración de una propuesta de ‘Comisión de seguimiento y prevención de la violencia laboral y de género’ que instrumentara una política que ya existía en CONICET, pero que, hasta ese momento, no tenía herramientas claras y articuladas en nuestra provincia: el ‘Protocolo de actuación para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencia en ambientes de trabajo’ (CONICET, Res. 1457/17). En este camino, abrimos el diálogo con compañeras de otras unidades académicas e institutos radicados en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Facultad de Ciencias Químicas, Observatorio Astronómico de Córdoba, Facultad de Psicología).

En realidad, el protocolo, como política pública, ya venía definido desde su aprobación en 2017 y es aplicable para todo el territorio nacional. En lo que avanzamos nosotras fue en una instrumentación en el ámbito que abarca el CCT-Córdoba (conformando por 38 Unidades Ejecutoras y dos Unidades Asociadas), siguiendo el espíritu del protocolo, pero atendiendo a las problemáticas locales y a las características institucionales de la región. Como principios básicos, planteamos cuatro:

1) Perspectiva feminista y de derechos humanos, para garantizar que quienes integren la comisión de aplicación del protocolo desarrollen su trabajo desde una experiencia y/o formación en derechos humanos, perspectiva de género, diversidad sexual y/o violencia laboral.
2) Presupuesto, entendiendo que el destino de fondos para esta tarea es requisito mínimo para garantizar derechos y no precarizar a lxs compañerxs integrantes de la comisión de aplicación.
3) Autonomía respecto de las instancias de decisión del CCT, a fin de garantizar la independencia y continuidad de las medidas de prevención o sanción que se lleven adelante.
4) Institucionalización, para asegurar el reconocimiento laboral de las personas que integren la comisión y la disposición de espacios para su actuación”.

Todos estos espacios resaltan que, en la mayoría de las instituciones, no existían mecanismos para atender a situaciones de violencia de géneros o, si existían, distaban mucho de cumplir con una perspectiva de géneros o, siquiera, de cumplirse. El trabajo de estas comisiones es fundamental para la protección de las víctimas y para instalar los debates en las distintas unidades académicas. Además, el trabajo conjunto con autoridades y programas de las instituciones son claves para todas: desde su formalización como asesoras o representantes en mesas de diálogos hasta su trabajo fluido con los espacios que lograron un lugar en la estructura institucional como los protocolos o el Plan de Acción de la UNC, son indispensables para garantizar lugares seguros para visibilizar las violencias.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Desde arriba

Estos movimientos en el abajo no pasaron desapercibidos y les miembres de los diversos espacios comenzaron a buscar un marco institucional que garantice protección frente a estas violencias y que trabaje cotidianamente para que éstas no existan más. De allí, nacieron, en la UNC y dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria, el Programa de Género y el Plan de Acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC (también en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles). En el marco de CONICET, se aprobó, en el año 2017, el “Protocolo de actuación para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencias en ambientes de trabajo”. Todas estas herramientas son repensadas en el andar cotidiano y potenciadas por esa corriente que se impulsa desde abajo, que les reclama mayor profundidad, presupuesto acorde, personal capacitado y más libertad de acción.

El Programa de Género de la SEU tiene dos ejes de trabajo: “Derechos, participación política y condiciones de acceso y permanencia en la universidad”; y “Derechos humanos y violencias de género”. Busca promover cambios culturales a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los derechos humanos de las mujeres, varones y otras identidades. El Plan de Acciones, en cambio, busca atender y sancionar aquellas situaciones de violencias concretas, además de sensibilizar para su prevención desde el año 2015. Hace unas semanas, se presentaron los resultados del trabajo de estos últimos años, con datos muy alentadores y otros alarmantes.

El Plan define sus competencias en torno a aquellas conductas consideradas como violencias de género, incluyendo, pero no limitándose, a las siguientes situaciones: uso de palabras que resulten discriminatorias, humillantes u ofensivas para quien las reciba; agresiones, acercamientos u otras conductas físicas y/o sexuales indeseadas u ofensivas para quien los recibe; requerimientos sexuales que impliquen promesas de trato preferencial y/o amenazas para quien las recibe; hechos de acoso sexual, sea un comentario reiterado o conducta con connotación sexual; hechos de violencia sexual que responden a “Delitos contra la Integridad Sexual” del Código Penal. La complejidad de este trabajo es interesante, porque las relaciones de poder que se juegan en los ámbitos universitarios se entrecruzan con las violencias que se ejercen, en su mayoría, a las identidades no masculinas.

Frente a los casos concretos de violencias de género, el Plan se rige bajo los principios que del respeto, la confidencialidad, la contención, la gratuidad, la no revictimización, la diligencia y la celeridad. En 2017, incorporaron una nueva herramienta para la recepción de las demandas, el manifiesto, en las situaciones en la que no se quiere concretar una denuncia o que, por algún motivo, no se puede efectivizar. Esta nueva herramienta de registro tiene características similares a una exposición ante la policía. Brinda al Equipo una herramienta para accionar administrativamente junto a las dependencias de la UNC, sin llegar a la instancia de sumarios y dejando un precedente ante posibles situaciones futuras. Desde el 2018, se pueden realizar manifiestos colectivos.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

En los institutos de investigación, rige el Protocolo elaborado desde CONICET. Es importante resaltar que, en muchas facultades de la UNC, existen institutos que tienen una doble dependencia (CONICET-UNC), por lo cual es complejo, a veces, para quienes han sufrido violencias, encontrar los mecanismos “adecuados” para presentar sus denuncias y, muchas veces, son derivadas una y otra vez a las distintas dependencias. Lo interesante de este protocolo es la tipificación de las violencias, logrando abarcar aquellas laborales y aquellas de género en la complejidad que estos espacios demandan. Además, identifica algunos indicadores interesantes para pensar en las relaciones de poder a las que se someten quienes ingresan a este circuito académico: aumento de licencias por enfermedad, aumento de renuncias, incremento del ausentismo, insatisfacción con el trabajo, falta de claridad en las directivas laborales, dificultad en la integración en las tareas, utilización de frases descalificadoras y discriminatorias, distribución desigual de recursos técnicos, recursos económicos y recursos humanos, evaluación inequitativa, formación de subgrupos radicalizados, aislamiento social dentro del ámbito laboral, quejas reiteradas sobre el trato de los superiores hacia los trabajadores, ausencia de mecanismos de corrección de la desigualdad existente entre el poder de negociación del empleador y los trabajadores, e impedimento de acceso a la capacitación.

Todos estos últimos indicadores estuvieron presentes en el caso de Eliana, quien denunció a su director de beca en la Facultad de Ciencias Químicas-CIQUIBIC (Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba).

El acoso laboral y la violencia de género están presentes en todos los lugares que habitamos las identidades no masculinas. En este último tiempo, hemos logrado visualizarlas, nombrarlas y hacerlas públicas. El trabajo es cotidiano y arduo, pero, en casi todas las facultades y espacios académicos, están saliendo a la luz casos que muestran relaciones de poder muy imbricadas y un machismo institucionalizado.

Desde abajo, les compañeres nos demostraron que no se callan más. Desde arriba, han empezado a escuchar. La estructura cruje, el patriarcado se está cayendo.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.

Palabras claves: CONICET, machismo, UNC, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Violencia de género

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