Desde la Campaña Nacional Migrar No Es Delito, que agrupa distintas organizaciones de migrantes, derechos humanos, estudiantes y organizaciones políticas, convocaron a una concentración en la Plaza de la Intendencia que finalizó en la Dirección Nacional de Migraciones de Córdoba. Allí, se dialogó con diversas autoridades a las que se les planteó un rechazo a las vigentes políticas migratorias xenófobas, discriminatorias y criminalizantes.
Por Débora Cerutti para La tinta
Cientos de personas de diversas nacionalidades realizaron, este miércoles, una movilización para rechazar las políticas migratorias xenófobas del gobierno de Cambiemos. La convocatoria fue propuesta por la Campaña Nacional Migrar no es Delito que, desde hace unos años, visibiliza el conflicto en torno a la migración en el país, apuntando a generar conciencia de los derechos de lxs migrantes y detener las actitudes xenófobas, racistas y criminalizantes que proliferan en nuestros territorios urbanos y rurales.
La movilización se realizó para intentar establecer de forma urgente un canal de diálogo donde se discutan soluciones a la vulneración de derechos de migrantes residentes en Argentina.
Las trabajadoras de a pie, las que corren riesgo de ser expulsadas, las discriminadas, las que sostienen gran parte de las tareas de cuidado y reproducción en este territorio nacional, así como otras cientos de tareas de la economía popular, las estudiantes, salieron a marchar.
(Imagen: Colectivo Manifiesto)
Bajo la consigna Migrar no es delito, la Dirección Nacional de Migraciones fue el epicentro de los reclamos y exigencias de quienes rechazan las políticas migratorias del gobierno macrista y exigen la devolución al territorio argentino de Vanessa Gómez Cueva y su hijo lactante de dos años. Este caso de expulsión arbitraria del país se convirtió en bandera de lucha de las migrantes que se encuentran en Argentina, cuando la mujer de nacionalidad peruana fue subida a un avión y expulsada del país bajo la excusa de haber infligido la ley de drogas, tras una condena que había terminado de cumplir en el 2014. Habitante de Villa Lugano (Buenos Aires), enfermera de profesión, Vanessa fue apresada con el menor de sus hijos y expulsada el pasado 4 de febrero de 2019, mientras que los otros dos niños de 5 y 14 años quedaron en el domicilio sin ser acompañados, ni siquiera notificados del destino de su madre y hermano.
Carla, de nacionalidad peruana, lleva más de 11 años viviendo en Argentina y es parte del Encuentro de Organizaciones (EO). Con la alegría de que fue una marcha multitudinaria, nos expresó su preocupación por la expulsión de Vanessa: “La idea de la marcha es para que la devuelvan ya”.
(Imagen: Colectivo Manifiesto)
También reclamaron por los muertos migrantes en trabajos de construcción y por los muertos en manos del Estado en tomas de tierras: los asesinatos, en 2019, de Rodolfo Orellana, oriundo de Bolivia, y, de 2010, cuando mataron a Bernardo Salgueiro, Rosemery Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, migrantes de origen paraguayo y boliviano. También nombraron a Delia Polijo, la joven desaparecida en Traslasierra el año pasado.
Quienes se autoconvocaron, exigieron la anulación del Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 70/2017. Una de las voces entrevistadas por La tinta, ayer, en la movilización, fue la de Alejandro, oriundo de Colombia, quien manifestó: “Venimos a movilizarnos a Migraciones para hacer una serie de exigencias, entre ellas, una de las más importantes pedir la anulación del DNU 70, decreto que hizo el gobierno con el que pueden expulsar a cualquier migrante o ser detenido arbitrariamente. Además, estamos preocupados por la grave situación que se dio en Jujuy donde se aprobó una ley provincial que aranceló la salud para los migrantes”.
(Imagen: Colectivo Manifiesto)
Por otra parte, conversamos con María Patricia, nacida en Perú y residente en Córdoba desde hace 18 años. Mientras algunas de sus compañeras ingresaron a hablar con las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones, ella se quedó afuera esperando y visibilizando en la calle las problemáticas de lxs migrantes.
“Todos somos migrantes. Estamos aquí apoyando a nuestras compañeras bolivianas, peruanas y de otros países latinoamericanos para que sean más fáciles sus trámites. Nosotras tenemos derechos, a jubilaciones, a médicos, a un trabajo digno. En Argentina, somos discriminados por el gobierno. Y queremos una vida digna, venimos para mejor y a echar raíces aquí. Somos migrantes, sí, venimos a trabajar una vida digna para nosotras y para nuestros hijos”, dijo a La tinta.
Ana es colombiana y parte de la Asamblea de Migrantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos planteó su desacuerdo con las políticas migratorias que está llevando a cabo el gobierno nacional y otros gobiernos provinciales. Y aclaró que la intención de la movilización es también visibilizar algunos atropellos como las expulsiones y la impunidad de algunos asesinatos “de compañeros migrantes que están en otras luchas sociales y han perdido su vida en medio de estas políticas de injusticia, y lucharon por cambiarlas”.
En la negociación, las y los migrantes conversaron con el funcionario Diego Puente que ocupa el cargo de Delegado en la Dirección Nacional de Migraciones. Allí, las delegadas de la Campaña, pertenecientes a distintas organizaciones, plantearon sus posturas respecto a la política migratoria y su preocupación por los niveles crecientes de criminalización de la migración. Ante esto, Ana planteó: “Vamos a seguir movilizándonos porque la política migratoria nos afecta. Nos criminaliza y no lo vamos a permitir”.
(Imagen: Colectivo Manifiesto)
* Por Débora Cerutti para La tinta. Imágenes: Colectivo Manifiesto
El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.
Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.
Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.
«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”.
Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”.
Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.
“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Tejer las redes para una vida digna
Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.
Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.
En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.
Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024.Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.
El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.
Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.
Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector
Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”,historiza.
Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”.
La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.
Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.
Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”.
Yamila,de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
