Escuela Secundaria 2030: el Plan Maestr@ en marcha
Fuera de toda legalidad, ocultando información indispensable y sin ningún tipo de consenso, las reformas en el sistema educativo se vienen implementando a toda máquina en sintonía con las “recetas internacionales”. Una nueva forma de privatización en la escuela pública que mina el derecho a la educación integral, laica, democrática, crítica, descolonizadora.
Por Colectivo de Educadorxs Desde el Sur para La tinta
El miércoles 6 de diciembre el Consejo Federal de Educación, máximo órgano a nivel nacional, con la representación de todas las provincias a través de sus ministros de educación, aprobó el proyecto Secundaria 2030, un paso más en este proceso que gana terreno ante la pasividad de las conducciones de los sindicatos docentes más grandes del país.
Llegamos a fin de año con un panorama oscuro: en Jujuy cerraron profesorados, Buenos Aires lanzó la “Secundaria del futuro”, en CABA la Universidad Docente también apunta al cierre de los Institutos de Formación Docente, en Córdoba las PROA vienen siendo la punta de lanza de la reforma en la escuela secundaria y el ISEP limita la autonomía de los profesorados y centraliza y regula la formación en servicio. El bombardeo fragmentado y diversificado, el vaciamiento presupuestario y el cierre de programas socioeducativos, la presión y el control, se agudizan en las escuelas de nivel medio, tanto como la padecen los Instituto de Formación Docente (IFD) y el resto de los niveles educativos.
Sin participación ni debates acerca de la educación que queremos, este proyecto se justifica sobre el “fracaso” que arrojan los resultados de las pruebas estandarizadas APRENDER 2016 en nuestro país. Todos los diarios de mayor circulación anuncian que esta iniciativa es una respuesta a los preocupantes indicadores. Pero la solución que propone ha sido importada en recetas de la UNESCO, el Banco Mundial, la OECD, fundaciones y ONGs solventadas por empresas multinacionales.
En clara sintonía con la orquesta de reformas que se quieren imponer a nivel nacional, este proyecto organiza un mercado educativo con políticas de ajuste y privatización en las escuelas públicas, aspirando a producir mano de obra con criterios construidos según una lógica empresarial, de competitividad y eficiencia. Esta nueva etapa se consolida a través del rol clave de las ONG y fundaciones que intervienen en las políticas educativas, forman a funcionarixs de todos los partidos mayoritarios en esta línea, hacen grandes negocios con la capacitación docente, inundan las escuelas con proyectos “novedosos” y reorientan los proyectos educativos en función de las prioridades definidas a nivel internacional.
Escuela Secundaria 2030: el futuro ya llegó
Dice el borrador del proyecto Marco para la Implementación de la Escuela Secundaria 2030 “Hay muchos ejemplos de escuelas en nuestro país que se animaron a innovar, transformar y trabajar de forma distinta, casos en los que se puede ver reflejado el esfuerzo colectivo del equipo de conducción, los supervisores/inspectores/ coordinadores, los docentes y los estudiantes. Los casos de éxito sostenible (Se entiende por procesos sostenible aquel que permite su propia autogestión y logra un equilibrio. Promueve la construcción de estructuras independientes pero en constante conexión) y escalable pueden aumentar con el respaldo continuo de los equipos técnicos de los ministerios provinciales y nacionales».
Las transformaciones que promueve se estructuran en cuatro dimensiones: organización de los aprendizajes, organización docente, régimen académico y formación y acompañamiento. Los cambios fundamentales expresados en el documento apuntan a concentrar el trabajo del docente en una sola institución, disminuir la cantidad de exámenes, trabajar por proyectos en equipos, y realizar prácticas laborales y sociocomunitarias de la mano de ONGs y fundaciones.
En la precisión con la que se explican los en mecanismos de implementación, se observa que no se convocó ni se prevé convocar a los sindicatos para dialogar sobre esta propuesta. La democracia, palabra que figura una sola vez, no atraviesa ninguna instancia de participación y debate concreta. En cambio hace hincapié en el liderazgo como rasgo individual para la conducción –palabra que imprime un rasgo verticalizante a la función de lxs directivxs.
Otro fragmento del proyecto menciona la modificación del acceso al cargo: “Los mecanismos de designación docente también pueden ser objeto de cambio para garantizar mayor pertinencia entre la PIA (Planificación Institucional del Aprendizaje) de una escuela y sus docentes. Los concursos docentes pueden incluir instancias de presentación de proyectos elaborados específicamente para la escuela donde se encuentra el cargo vacante y/o de entrevistas con los equipos directivos. Éstos son esquemas posibles para generar mayores niveles de involucramiento, compromiso y acercamiento entre los docentes y las características de la institución en la que han de desempeñarse”.
Así se habilita la designación “a dedo” y el recorte de salarios. Sin ningún tipo de eufemismos esta transformación pasa por alto las normativas plasmadas en los estatutos docentes que regulan el ingreso a la docencia. Regulaciones que, aunque no están exentas de cuestionamientos, han sido construidas en el marco de negociaciones colectivas y a fuerza de luchas incansables de lxs trabajadorxs de la educación organizadxs. Es un ataque a los derechos laborales de lxs docentes.
En Córdoba, desde hace más de cinco años, los cargos de Coordinadorxs de Curso, los PIT y desde el 2014 las escuelas PROA vienen incorporando trabajadorxs en condiciones que no respetan esas normativas. No olvidemos otros programas socioeducativos como el CAJ, CAI, Fines, PMI, SIPES. Pero este proyecto, en el momento actual de ajuste, despidos y precarización laboral, implica que estos ejemplos pasan de ser la excepción a ser la regla.
A partir de estas propuestas, cada escuela tendría que “competir” con su autonomía a cuestas en el mercado para mantener no solo su matrícula, sino también, su presupuesto. La cantidad de ingresos aparece condicionada por la cantidad de estudiantes y por los convenios con empresas que ofrecen programas, capacitaciones, concursos, etc., que van imprimiendo una cotidianidad vincular marcada por el emprendurismo, la precarización y la meritocracia. Las TICs ahora son la vedette de los procesos de innovación; la herramienta por excelencia de la flexibilización en este modelo capitalista transnacional financiero. A quienes trabajan en las escuelas se lxs exhorta a incorporar las nuevas tecnologías en la educación, pero ¿sobre qué se se justifica esa demanda, sino sobre el planteo de una dicotomía dudosa, la de que las tics prometen el progreso y la motivación frente a la obsolescencia de la escuela tradicional? ¿Cómo podemos aceptar la incorporación de las TICs sin reflexionar sobre los sentidos políticos que la atraviesan, por ejemplo el impacto de la robótica en el mundo del trabajo?
Se diluye esa aspiración democrática expresada en la Ley Nacional de Educación N° 26206 que encuadra la formación de ciudadanxs con pensamiento crítico y reflexivo que respeten y defiendan sus derechos, y que promueve la democratización de las instituciones. La educación es de alguna manera un proceso de humanización por nombrarlo de alguna manera, sin sobreestimar el impacto de una ley. En cambio, asumiendo el paradigma que este proyecto impulsa, aquí prima la concepción de “ciudadanía global” donde lxs sujetxs son construidxs como consumidorxs o usuarixs. La educación deja de ser pensada como un derecho para pasar a ser, en forma generalizada, una mercancía que se produce, se administra y se distribuye en un mercado educativo muy rentable para los inversionistas. Es un sistema que genera competencia, desigualdad y fragmentación en la escuela, desdibujando su carácter público.
La escuela del futuro trae presupuestos repartidos focalizada y discrecionalmente. ¿Cómo construir condiciones para que lxs docentes, estudiantes y comunidad educativa puedan reflexionar críticamente en escuelas sumidas en medio de la competencia despiadada por recursos siempre insuficientes, con una organización basada en rígidas jerarquías, con operativos estandarizados de evaluación y en un contexto de censura y represión?
El miércoles 6 de diciembre sesionó en forma extraordinaria la Asamblea Departamental de UEPC. Como en muchas oportunidades, por mayoría oficialista, resolvió rechazar las reformas laboral, previsional y fiscal. Pero esa declaración no promueve ningún tipo de debate en torno a acciones concretas, una movilización que resista el avasallamiento a los derechos, que denuncie la represión a las comunidades originarias, a los trabajadorxs, y lxs manifestantes en gral. En las escuelas, la conducción llamó a asambleas informativas hace 3 meses y de un tiempo a esta parte, nada.
Entonces, ¿Quién mejor que lxs docentes y la comunidad educativa para proponer las transformaciones, defendiendo el derecho a la educación y construyendo la escuela pública que queremos?
El proyecto de ley nacional PLAN MAESTR@ aún no se ha tratado en el congreso. Sin embargo las reformas ya se están implementando, en algunos casos desde antes que asumiera Macri como presidente. Porque son políticas de miseria importadas que apuntan a producir mano de obra precarizada y funcional a los sectores que concentran el poder económico. Como otras veces, hoy el desafío es construir una resistencia organizada desde las escuelas y que tanto sindicatos como centros de estudiantes y la comunidad general asuman la urgencia de esta situación.
Cuando el estado va contra el derecho a la educación para hacer grandes negocios, la respuesta pedagógicamente necesaria es el debate y la formación, para construir una lucha sólida en las escuelas y en la calle.
*Por Colectivo de Educadorxs Desde el Sur para La tinta. Foto: M.A.f.I.A.
