Las niñas y niños fumigados
Por Silvana Melo para Pelota de Trapo
Rociados de veneno, señales vivas para que el mosquito no se aparte del rumbo, muertos por jugar en un charco de desagote o aspirar la deriva del campo vecino, con la piel cristalina, atraídos por un avioncito que vuela tan bajo o por un pájaro que se puede acariciar porque el mareo le quitó la libertad, en la escuela, en el patio de casa. Los niños del modelo extractivo argentino no tienen cara y sus historias se pierden en las fichas clínicas de los hospitales. Son los niños rehenes de un modelo económico y cultural que necesita arrancar de la tierra los recursos vitales, quitarle el alimento de su panza y la vida de sus insumos esenciales. La Justicia suele ser, en estos casos, una diva mirando hacia su marquesina, sin venda ni balanza, pendiente de su ombligo de clase.
Le piden cuentas, a la Justicia, los alumnos de Mariela Leiva, los pibes que en Santa Anita se quedaron tiesos ese día de diciembre de 2014 cuando vieron un avión que volaba tan pero tan bajito que casi se podía tocar. Le pidió cuentas el cuerpito de Nico Arévalo, a los cuatro años plagado de endosulfán. Insiste en pedirle cuentas José Killy Rivero, también de cuatro, que vio morir los perros y los pollos antes de que se lo llevaran al hospital. Le pidieron cuentas las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba.
Y tantos otros que no se plantan en los tribunales porque el veneno no es sólo una lluvia que cae desde el avión o que brota de los tanques. El veneno es un instrumento de dominación sistémica. Es el darwinismo de campo: lo que sirve subsiste y el resto queda en el camino. Entonces la Justicia suele condenar –si es que condena- al piloto del avión que fumigó. O al dueño de 50 hectáreas a cien metros del barrio. O a ambos. Pero el sistema está en pie, fuerte y sólido. Rápido para echar al fuego sus prendas de sacrificio y salir indemne.
Mariela Leiva ya no es directora de la Escuela 44 de Colonia Santa Anita (departamento Uruguay, Entre Ríos). Pero su destino hoy es otra escuela rural de personal único, donde hay que ser directora, maestra, preceptora, cocinera y lo que pinte. Aquel diciembre de 2014, a la una de la tarde, la bandera ya estaba tocando el cielo cuando apareció el avión. Su puñadito de alumnos, extasiado por el pájaro fatal, quedó bajo una llovizna rara en una tarde de sol intenso.
Ella los llevó rápidamente dentro de la escuela. Les cerró puertas y ventanas. Los dejó a oscuras y en encierro ante los peligros del aire libre, del campo infinito que es el patio común de los pibes desurbanos, de ruralidad en la piel y en la inocencia. Cuando ellos estuvieron a resguardo, filmó con su celular la propia deriva en sus brazos, el avión, la lluvia pulverizada que le enrojeció los ojos, le redujo la visión y le enllagó la boca cíclicamente hasta hoy.
A los chicos, aun con un encierro a tiempo, aun con el protocolo difundido por Paren de fumigar las escuelas les habían atacado vómitos y mareos, ojos rojos y angustia. Las fotos, los videos y el testimonio de Mariela Leiva son medulares para el inicio del juicio a tres imputados por contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas. Sin dolo en los aplicadores ni en el propietario del campo, sin acercamiento mínimo a las responsabilidades políticas por la puesta en marcha de un modelo que mata, parece inminente el inicio de un juicio. Pero nunca se sabe.
Mariela sabe que la condena a un piloto, un empresario de fumigaciones y un chacarero no evitará más muertes ni malformaciones ni enfermedades graves como secuela. Cita el artículo 8° de la Ley de Plaguicidas (6.599): “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”. Pero la impunidad ha sido la arena de triunfo del poder sistémico. La autopsia que exhibía en el cuerpito de Nico Arévalo un depósito de endosulfán no evitó los sobreseimientos. Ni las derivaciones en la piel, los pulmones y los nervios de su prima Celeste. La causa por la muerte de Killy Rivero no avanza y nadie con fuerza impulsa que arranque. Y el resto de las muertes y de las tragedias, las que no golpearon la puerta de la Justicia, las que no son reconocidas como tragedias del sistema, quedarán para siempre como fotografías de niña sonriente sobre un mueble.
Mientras tanto, Mariela Leiva arrastra sus ojos con menos luz y las llagas recurrentes en su boca para relatar su caso. El campo (un arrozal, como en San Salvador) está pegadito al patio de la escuela. “Cuando el avión daba vuelta, para aquí y para allá, pasaba sobre la escuela. Con un viento que soplaba del norte, toda la deriva caía sobre nosotros”, relata a APe. Las imágenes que la persiguen son sus niños descompuestos, las señales que un policía hacía con un trapo para que detuvieran la fumigación y la indiferencia del piloto, que seguía escupiendo veneno sobre todos. Y ella filmaba.
Solamente en el departamento Uruguay hay 14 escuelas como la 44. Todas a merced de las lluvias ácidas para matar la maleza que se interpone al modelo. Incluidos niños y maestras.
Es el mismo país, la misma tierra, pero apenas cruzando el Paraná, donde se usó a niños como banderas para determinar los límites del campo fumigado. Niños como espantajos con una vida efímera, dañada, infectada, marcando los vértices donde se acaban los sueños y empieza el dolor.
Sus muertes, todas las muertes, todas las pieles cristalizadas y los organosforados en la sangre, todos los cuerpitos incompletos y los cánceres tienen culpables. Es la avaricia humana, es un modelo invulnerable por concentrado y violento. Y es la complicidad de aquellos que, con la justicia, prefieren juntarse a tomar mate en la cocina de la tragedia mientras el poder envenena la casa.
*Por Silvana Melo para Agencia Pelota de Trapo / Imágenes: Pablo Piovano
