Gildo Insfrán y su máquina de causas judiciales contra los indígenas
Por Daniel Cecchini para El Furgón
Cuando en enero del año pasado, a partir de una denuncia del gobierno provincial, el titular del Juzgado N° 3 de Control de Jujuy, Raúl Gutiérrez, ordenó la detención de Milagro Sala por “instigación a cometer ilícitos y tumulto” como respuesta al acampe que desde hacía más de un mes realizaban la Túpac Amaru y otras quince organizaciones indígenas y cooperativistas en protesta contra el reordenamiento de subsidios por parte del gobierno de Gerardo Morales, la criminalización -y la consiguiente judicialización- de los reclamos populares como metodología represiva pareció instalarse como un signo de los nuevos tiempos políticos que corren.
Esa impresión de novedad -reforzada por la repercusión política y mediática del caso de Sala- dista mucho de ser cierta. La criminalización de las protestas indígenas es, desde hace años, un sello distintivo de los gobiernos cuasi feudales de casi todas las provincias del norte argentino, sin que sus signos partidarios marquen mayores diferencias. Para implementar esta política, los poderes Ejecutivo y Judicial locales -cuyas fronteras son más que difusas- actúan como un sólo bloque: el primero denuncia o apoya las denuncias de los actores del poder económico provincial; el segundo opera en consonancia.
El resultado es una lluvia de causas judiciales que, sin pausa, cae sobre quienes defienden sus territorios ancestrales, reclaman por derechos conculcados o exigen un trato igualitario ante la ley.
En este sentido, la Formosa gobernada de manera ininterrumpida por Gildo Insfrán desde 1995 es un caso de manual. “Nosotros hemos tenido en esta provincia represiones muy brutales. La más brutal, que fue también la más conocida, fue en la Comunidad qom La Primavera, el 23 de noviembre de 2010, cuando hubo un indígena muerto. Fue muy fuerte, se enteró todo el país. Por eso ahora el gobierno utiliza el mecanismo de judicializar a los representantes de las comunidades indígenas que hacen reclamos. Entonces, los toman porque estuvieron en un corte y les arman causas. A cada uno le hacen ocho, diez, doce causas. Los acusan de lucha en banda, con armas, por desacato a la autoridad, y cada una de esas causas tiene su ley. Algunas son excarcelables, otras no. Con eso los obligan a ir a tribunales, hacen que vaya a buscarlos la policía. Con eso quieren meterles miedo”, dice el sacerdote Francisco Nazar, vicario del Obispado formoseño para las comunidades indígenas y alguna vez candidato frustrado a gobernador. Nazar conoce a fondo el tema: durante más de dos décadas vivió en la Comunidad wichí Lote 8, en el inhóspito noroeste de la provincia.
La población indígena de Formosa no es desdeñable y está compuesta por cuatro pueblos. Los más numerosos son los wichí, distribuidos en 82 comunidades por casi todo el territorio; hay también 38 comunidades del pueblo qom, 22 pilagá y alrededor de unas veinte de la etnia nivaclé. En casi todas ellas hay caciques, referentes o representantes comunitarios judicializados por defender sus tierras o reclamar por derechos.
Un caso modelo
En Potrillo -un conglomerado de más de 10 comunidades del noroeste provincial- hay 16 procesados por la presunta toma de la subcomisaría. En julio de 2014, cinco hermanos de la comunidad, los hermanos Tejada, fueron detenidos en un operativo de una magnitud nunca vista en el lugar, del que participaron decenas de policías provinciales. Desde hacía tiempo, encabezaban los reclamos por la instalación de una nueva escuela, en uno de los límites del territorio wichí, porque la matrícula excedía largamente las posibilidades de la existente.
El 24 de julio, con el guiño de referentes políticos de la zona, alambraron una parcela dentro del territorio comunitario, lo cual está expresamente prohibido por la Ley Integral del Aborigen, que a su vez cumple lo establecido por la legislación internacional. Los Tejada fueron a quejarse. “Ellos alambraron un terreno que es el terreno donde nosotros entramos más porque hay bichos de monte. Fuimos a hablar con ellos y nos entregaron la moto en garantía, pasó el fin de semana y el lunes apareció la policía”, relató uno de los hermanos, Avelino, en aquella oportunidad. La policía provincial se los llevó sin querer revelar su destino. Ese mismo día, representantes de las distintas comunidades de Potrillo, acompañados por más de un centenar de personas, se presentaron en la subcomisaría con dos demandas: que les explicaran por qué los habían detenido y que les dijeran dónde los habían llevado. No obtuvieron respuesta, por lo que se quedaron toda la noche rodeándola, y aseguran que no pretendieron entrar en ningún momento. La situación se descomprimió a la mañana siguiente, cuando se les informó que los Tejada estaban en el Juzgado de Las Lomitas.
Días después, 16 referentes de la comunidad recibieron citaciones judiciales, acusados de haber intentado tomar la subcomisaría. Desde Potrillo a Ingeniero Juárez -la localidad más cercana sobre la ruta 81- hay cien kilómetros de un camino casi intransitable, sin transporte público. Para llegar a Las Lomitas, los procesados deben pagar 400 pesos cada uno para viajar en la caja de una camioneta que los lleva hasta el asfalto; desde allí, otros 250 pesos para viajar en ómnibus hasta el juzgado por la ruta 81. Los gastos se duplican con el viaje de vuelta. Tampoco tienen dinero para pagar abogados y los defensores de oficio son parte de un Poder Judicial que está totalmente cooptado por el gobierno.
De ese modo, las causas avanzan sin que puedan ejercer su derecho a la defensa. “La gente blanca sabe que tenemos nuestro estatuto, nuestra ley, pero no nos reconocen la autoridad. En lugar de responder a los pedidos de derechos, nos responden armando causas para callarnos. Así, tengo dos pilas de causas”, dice Francisco Torres, que en el momento de los hechos era presidente de la Comunidad Potrillo.
La mecánica del caso de los procesados de Potrillo -en realidad uno de los muchos casos en los que están judicializados los integrantes de esa comunidad- se repite, con matices, en casi todas las comunidades indígenas de Formosa. Ante cualquier acción en defensa de sus derechos legales o en defensa de las violaciones que sufren sus territorios, la respuesta del poder provincial es una judicialización que busca atemorizarlos y desmovilizarlos.
En Potrillo, como en las otras comunidades, tienen muy en claro que las causas judiciales por hechos puntuales tienen un objetivo más amplio: “Los hermanos Tejada tenían el conflicto con el criollo, es cierto, pero también pedían una escuela y siempre estaban defendiendo a la comunidad. Una vez hasta con armas de fuego vinieron a correrlos y no pudieron. Entonces les fueron haciendo una causa y otra y otra más hasta que pudieron meterlos presos. Con eso quieren que nos quedemos quietos”, explica Celso López, otro de los procesados.
Incluso en su perversidad, la estrategia de judicialización de los reclamos indígenas tiene, sin embargo, muy poca eficacia. Así lo explica el cura Francisco Nazar: “Todo este cuadro de la criminalización de la protesta es muy grande, pero a la larga no tiene éxito. El indígena lo sufre, pero nunca está más de diez o quince días encerrado, porque las causas casi siempre se caen solas. Y después, aunque tenga miedo, sigue reclamando porque no tiene otra salida”.
*Por Daniel Cecchini para El Furgón
