Informe sobre la cuarentena en los barrios populares: primera parte
El siguiente dossier reúne informes provenientes de 14 provincias argentinas, fue realizado durante el último día de marzo y se enfoca en dos preguntas principales: ¿Se está cumpliendo el aislamiento social obligatorio en los barriadas pobres? ¿Estamos ante una deriva autoritaria, especialmente, contra los sectores populares? No podemos ofrecer respuestas terminantes, pero los indicios recolectados contradicen al sentido común y nuestras intuiciones de partida. Entre tanto, acaba de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Un mapa para ingresar a la segunda etapa de la cuarentena.
Por revista crisis
Una fuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la villa 1-11-14, más conocida como Bajo Flores. El dato puede modificar el ritmo y la eficacia de la cuarentena. Sin embargo, finalizada la primera etapa del Aislamiento social preventivo y obligatorio, hay un hecho que llama la atención porque contradice la mayoría de los pronósticos: según la multiplicidad de testimonios que logramos recabar, en los barrios mas carenciados, allí donde la vivienda muchas veces es sinónimo de hacinamiento y la infraestructura sanitaria esencial no está garantizada, la gente está cumpliendo la medida con inesperada disciplina.
No es fácil comprender las causas del acatamiento. Y tampoco es posible determinar hasta cuando durará la tensa calma, especialmente porque el Estado demora de manera exasperante su capacidad para acudir con la ayuda necesaria. Una hipótesis, sin embargo, adquiere mayor relevancia: a falta de explosiones y estallidos sociales, lo que estaría aconteciendo es una multitud de implosiones barriales, hogareñas, subjetivas. El colectivo Juguetes Perdidos lo viene describiendo con precisión: “Implosión es crisis que estalla para el lado de acá; replegada y ajustada en un interiorismo cada vez más recargado y asfixiante; crisis para adentro del barrio, para adentro del hogar, para adentro del cuerpo y la psiquis”. Un doloroso estallido con silenciador que se ramifica desde hace al menos cuatro años, especialmente durante el período de gobierno de Mauricio Macri.
El siguiente dossier contiene informes desde catorce provincias y reúne el aporte de periodistas de las mas variadas geografías del país. Un mapa complejo de lenguajes y vivencias, desde Salta hasta Río Negro, de Misiones a Mendoza, pasando por las populosas regiones metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, pero también de Tucumán y La Pampa, San Juan y Formosa, Santiago del Estero y Entre Ríos.
En todas estas realidades, se constata una fuerte ola represiva orientada a disciplinar a quienes violen el aislamiento, con particularidad intensidad durante la primera semana de la cuarentena. Entre el 21 y el 31 de marzo solo las fuerzas de seguridad nacionales habían notificado y/o controlado en la vía pública a 644.009 personas, de los cuales 19.939 fueron declarados infractoras –un porcentaje menor de ellas resultaron detenidas, mientras la mayoría fue devuelta a sus casas y sujeta a vigilancia. A lo que habría que sumar el accionar de las policías provinciales.
Este imponente despliegue, fuertemente estimulado por la retórica de los funcionarios y por vastos sectores de la sociedad, incluyendo a referentes del progresismo universitario, supone un empoderamiento de las estructuras represivas con preocupantes consecuencias para el futuro próximo.
Área metropolitana de buenos aires
Por Juan Pablo Hudson y Mario Santucho
Las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense estuvieron en el foco de la atención de los grandes medios nacionales durante esta primera etapa del Aislamiento. Algunos referentes sociales, como Nacho Levy de La Garganta Poderosa, relataron con detalle cómo están organizándose para salir adelante en plena cuarentena. Una vez más las organizaciones populares funcionan como eficaces diques de contención, impidiendo que ocurra lo peor ante la incapacidad estatal, aunque sin lograr el objetivo que las vio nacer: la mejora estructural de las condiciones de vida del pueblo.
Diferentes versiones coinciden en resaltar que durante los primeros días de la medida hubo un avance represivo especialmente orientado a disciplinar a los barrios populares. La Comisión Provincial por la Memoria documentó de manera fehaciente en una nota enviada al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el 20 de marzo, 15 casos de violencia y autoritarismo cometidos por la policía bonaerense en distintas zonas del conurbano. Otros videos que no llegaron a ser recogidos por la CPM circularon profusamente a través de las redes.
Sin embargo, poco a poco, se fue imponiendo el criterio de que no es posible esperar en los barrios populares el mismo tipo de encierro que se le exige a las clases medias y altas. La vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, por estos días despacha una anécdota para quien quiera escucharla: “llega la cana a Villa Palito y había diez pibes en la canchita jugando un partido; se bajan y los mandan a guardarse. ¿A dónde se fueron? Los diez pibes entraron a la misma casa”. La moraleja corre de boca en boca entre algunos dirigentes y funcionarios del peronismo: para los sectores populares la casa es el barrio. Una fórmula que sirve para descomprimir un poco los pedidos de mano dura que circulan como pólvora en las redes y los medios –también entre algunos dirigentes y funcionarios del peronismo–, pero no hay aún ninguna hipótesis concreta de cómo llevar a la práctica esa idea, cosa que sí está sucediendo en otras ciudades de América Latina.
Nahuel Berguier, Secretario de Justicia y Seguridad de Moreno, confirma que en los barrios hay un alto acatamiento al aislamiento social obligatorio. Dice que la medida se fue de mambo el viernes pasado cuando la gente salió en masa de los barrios a cobrar y hubo aglomeración en los cajeros. Por eso festeja que finalmente hayan podido llegar a Cuartel V, donde según el último censo municipal moran 75 mil familias, con el primer cajero de su historia. Pero Berguier sabe que la calma es tensa y en cualquier momento todo puede volar por los aires.
La hipótesis principal que manejan desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia son los asaltos a supermercados. Llegan noticias de Pergamino. También desde el sur de Italia. Por ahora son solo fantasmas. Además, una consecuencia indirecta del estado de emergencia es la baja sideral de los índices de delito: “tenemos tasas nórdicas de criminalidad”, bromean desde el Ministerio.
Otra de las preocupaciones que atormentan el sueño de los funcionarios de la Provincia es la posibilidad de que el virus ingrese al sistema carcelario. Según Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, todavía no se han registrado casos de Covid-19 entre los reclusos. “Son 45 mil las personas detenidas en la cárceles bonaerenses, que tienen lugar para 24 mil según estándares internacionales. Ese nivel de hacinamiento y superpoblación que viene de hace mucho y que estamos tratando de reducir, se torna más explosivo en este contexto en el que todas las personas detenidas decidieron voluntariamente dejar de recibir visitas, pero además se suspendieron todas las actividades educativas, los talleres. Por eso decidimos habilitar, de manera excepcional, el uso de celulares en las cárceles”. La medida “regirá mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio o cualquier otra restricción a la libre circulación de las personas con motivo de la pandemia Covid-19”, también permite el ingreso de “ordenadores portátiles (notebook/ netbook) y tabletas” y tiene como objetivo “a) el contacto con sus familiares y afectos, b) su desarrollo educativo y cultural y c) el acceso a información relativa a su situación procesal”.
Donde “la política” está dejando mucho que desear, pese al estrellato de la Junta Coordinadora conformada por el Presidente y los Gobernadores de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, es en la provisión de alimentos a los barrios. No se trata solo de un problema burocrático, sino también de las impostergables internas partidarias que entorpecen la circulación de los recursos. De un lado, los intendentes del conurbano intentan recuperar el control de toda la ayuda social que se vierte sobre sus municipios, como sucedió alguna vez en el ya lejano siglo veinte. Por otra parte, La Cámpora apostó a la movilización conjunta con el Ejército para desplegar un operativo de emergencia en Quilmes, que luego se extendió a La Matanza, está comenzando a implementarse en San Martin y se prepara el terreno para su aterrizaje en Moreno. En el distrito gobernado por Mayra Mendoza, los militares distribuyen raciones de comida en cuatro barrios periféricos: Ribera de Quilmes, Villa Luján, La Matera y La Paz.
Y están también los movimientos sociales, los únicos con presencia permanente en los barrios más postergados (aunque no en todos), obligados a forcejear con los funcionarios para que les “bajen” los recursos que se precisan en los territorios. Juan Grabois lleva días lidiando con esa clase política que, según cuenta, no puede dejar de lado la desconfianza. Horas y horas de tironeos para que, finalmente, la última jornada de la primera etapa de cuarentena, llegaran las partidas de alimentos secos a los comedores. En el mientras tanto, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) organizó una colecta que le permitió recibir donaciones de personas y empresas impensadas. Grabois cuenta que hay un cuarto actor relevante en esta emergencia: los curas villeros. Dice que desde “la política” los intentaron instrumentalizar para relegar a las organizaciones sociales. Pero el “bloque social” no se rompe, anuncia. Y hay también una quinta pata, con presencia territorial, que son los narcos. “Por ahora cuidan su pasillo”. El dirigente social suma un comentario picante: “las escuelas públicas de la Provincia están cerradas; ¿no deberían abrir al menos los comedores para hacer frente a la emergencia?”. Y concluye con una reflexión: “esta pelea se libra en tres niveles a la vez: el sanitario, el alimenticio y el que tiene que ver con el uso del tiempo. En los barrios hay poca conectividad digital y si hay es mala. La gente no se puede enchufar en sus casas a ver series o a jugar a los jueguitos. Hay que llevar juguetes, juegos de mesa, repensar el tema del entretenimiento”.
En la Ciudad de Buenos Aires, hay 470 comedores “conveniados”, que reciben mercadería para la elaboración de 90 mil raciones diarias. 290 de ese total, están en las villas. Se estima que hay al menos un 20 por ciento más de comedores que no están reconocidos por el Estado pero igual reparten comida, por lo que el número de personas que no consiguen solucionar su alimentación diaria alcanza los seis dígitos. Además, están los merenderos que se esparcen con todavía mayor capilaridad por todo el territorio de la Capital Federal.
Durante la segunda semana de cuarentena, la asistencia a los comedores creció considerablemente. “Empezaron a venir los chabones, incluso algunos que a veces nos trataban con desdén”, cuenta Charly Kostiuk, de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Es el efecto de la clausura del mercado de las changas y del encarecimiento veloz de los productos de primera necesidad. Rápidos de reflejos, en algunos comedores “desarmaron la cocina y armaron la olla”, para estirar las raciones. Aún así algunos comensales se quedaron sin su plato de comida, y hubo escenas de tensión en la puerta de los establecimientos. Charly cuenta que también organizaron un sistema para hacerle llegar raciones a los ancianos y ancianas a quienes le piden que no se acerquen durante estos días: “delivery piketero”.
Los comedores gestionados por la Iglesia y por los sectores políticos más tradicionales de los barrios (hay quienes les llaman “punteros”, muchos de ellos son delegados) están padeciendo el mismo incremento de la demanda. Desde el Gobierno de la Ciudad acordaron con las organizaciones sociales un refuerzo que sería inminente, aunque hasta el 31 de marzo las provisiones estatales no habían aumentado. Sin embargo, afloran también problemas estructurales: si se cocina más, hacen falta más garrafas.
Lo mismo ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde las necesidades alimentarias están desbordando las mallas de contención social. Allí los comedores y merenderos solo reciben mercadería seca, mientras las carnes y verduras son compradas con un fondo provisto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El último aumento en el monto de ese financiamiento fue obra del macrismo, durante los meses previos a las elecciones de 2019. Barrios enteros del immenso conurbano aguardan por una ayuda estatal, que no llega a tiempo. Las organizaciones locales “paran la olla” como pueden y algunas establecieron protocolos para que los concurrentes ingresen de a 30 cada veinte minutos, evitando la aglomeración, con turnos organizados por manzana; otros entregan la ración para que los beneficiarios la consuman en sus casas y entonces se arman filas de hasta tres cuadras, siempre guardando la distancia de un metro.
La tarjeta Alimentar, caballito de batalla del Gobierno Nacional durante su primer trimeste de lucha contra el hambre, se encontraba en pleno proceso de ejecución cuando la Argentina tuvo que ponerse en off para aislarse del virus. Con los bancos cerrados y la explosiva demanda de dinero y alimentos, la distribución de los plásticos se caotizó. Hay tarjetas emitidas y con dinero depositado pero nadie sabe cómo llevarlas al bolsillo del adjudicatario.
Todos los testimonios coinciden en la gran expectativa que generó en los barrios el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), propuesto por el Ministerio de Economía y a punto de ser ejecutado por el ANSES. Se trata de un aporte incompatible con otras prestaciones previas como el Salario Social Complementario, por lo que alcanza a aquellos sectores de la economía informal que hasta el momento no recibían ayuda estatal. Según Alejandro Vanoli, titular del ANSES, entre el 27 de marzo que comenzaron a recibir presentaciones on line hasta el 1 de abril inclusive, se anotaron 10,7 millones de personas. Una cifra impactante, teniendo en cuenta que el universo de beneficiaros, según los cómputos de Economía a la hora de idear la medida, era de 3,6 millones. Consultado por esta diferencia, Vanoli confirmó que mucha gente que no cumple los requisitos se anotó igual, aunque estima que el total de receptores podría alcanzar entre 4,5 a 6 millones. El primer pago se pautó para el 3 de abril para que sea percibido por los beneficiarios de la AUH, unas dos millones de personas. El resto de los Ingresos serán abonados hacia mediados de mes, luego de que los cruces de información correspondientes.
Mientras tanto, un conocedor de las mañas del peronismo bonaerense asegura que los intendentes no están poniendo toda la carne en el asador: “Saben que la gente va a cobrar ahora el IFE, más los refuerzos de la AUH, el Salario Social, las Pensiones, y que por unos diez días van a tirar con eso. Esto va para largo. El 10 vemos”. Son tiempistas. Pero quizás esta vez no se trata de una maratón, sino de una final de cien metros.
Misiones
Por Sebastián Korol
En un barrio garupense, dos pibes transitan las calles de tierra colorada con motoguadañas al hombro. Son las 10 de la mañana y el sol empieza a picar. Llevan barbijos, camisas manga larga y guantes. Rige la cuarentena obligatoria, pero quedarse en casa no es una opción aceptable cuando no hay qué comer. En las barriadas marginales de Misiones la situación se repite. La crisis sanitaria del coronavirus encuentra a miles de familias hacinadas en casas precarias, sin servicios elementales ni alimentos suficientes. Y sin changa. Las organizaciones sociales y sindicales presentaron al gobierno provincial una propuesta de trabajo conjunto. Pusieron a disposición sus cuadros técnicos, experiencia y desarrollo territorial para coordinar la solidaridad en todos los niveles, con redes de contención y comités de emergencia en ciudades y zonas rurales. Alertaron que en estas poblaciones vulnerables los ingresos principales dependen casi exclusivamente de actividades informales que hoy están paralizadas: “La situación se pondrá dramática si no se toman medidas preventivas para la alimentación antes del pico de la pandemia”.
Las Cataratas del Iguazú atraviesan por estos días una de sus peores sequías. Donde hace poco tronaban imponentes saltos hoy lucen inmensas paredes rocosas, con unas pocas caídas de agua. En medio de esa calma, temporal y aislada, algunas empresas que operan en el Parque Nacional Iguazú empezaron a despedir gente. Las patronales aducen que la crisis del coronavirus afecta la actividad y deben reducir personal.
Puerto Iguazú es uno de los principales destinos turísticos del país. También uno de los municipios más desiguales de Misiones. A poca distancia de las Cataratas hay asentamientos con miles de personas en situación de emergencia alimentaria. Entre dos de esos barrios populares, San Juan y Altos del Paraná, sobresale un edificio amplio, aun inconcluso. Allí funciona el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), creado en 2011 con el objetivo de desarrollar investigaciones, planes y acciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades tropicales y subtropicales. Este organismo estatal pertenece a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos Malbrán” y cuenta con infraestructura, tecnología de punta y personal calificado para procesar muestras de Covid-19. Sin embargo, todavía no ha intervenido en la actual Emergencia Sanitaria. Científicos locales denuncian que tampoco lo ha hecho ante los brotes de dengue registrados en la provincia “demostrando inobservancia en su misión y función”. El gobierno anunció esta semana que el Laboratorio de Alta Complejidad de la Provincia recibió la validación y realizará los análisis de los casos sospechosos de coronavirus. Por el momento es el único centro habilitado para tal fin en Misiones. El último parte epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud indica que en la provincia se confirmaron tres casos positivos de Covid-19: dos de Iguazú y uno de Posadas. Y reporta que más de 500 personas cumplen aislamiento domiciliario bajo seguimiento.
Por el puente internacional Tancredo Neves, que desde Iguazú comunica Argentina con Brasil, entre el 17 y el 29 de marzo ingresaron al país cerca de 16 mil argentinos que luego fueron trasladados hasta sus lugares de residencia en ómnibus y aviones, con la orden de cumplir el aislamiento domiciliario preventivo. Hubo también otro tipo de retornos. En las últimas semanas cientos de trabajadores golondrina regresaron a la Argentina desde el sur de Brasil, donde trabajaban como peones rurales, especialmente en la cosecha de manzana, que se produce entre febrero y marzo. Muchos de ellos cruzaron el Río Uruguay en canoas, de madrugada, esquivando los controles del puerto.
El regreso forzado también se dio dentro del territorio provincial. Pese a que la cosecha de yerba mate, uno de los principales cultivos de Misiones, está comprendida dentro de las excepciones del aislamiento preventivo, numerosos establecimientos optaron interrumpir la zafra. Miles de tareferos abandonaron los yerbales y volvieron a sus casas, en las periferias urbanas. Desde UATRE solicitaron que se tripliquen los subsidios para estos asalariados agrarios.
“Los misioneros tenemos experiencia en epidemias”, dijo este lunes el gobernador Oscar Herrera Ahuad, buscando infundir ánimo a la ciudadanía. En la provincia el dengue está presente de manera continua desde 2006 y hoy ya circulan tres cepas diferentes (DEN 1, DEN 2 y DEN 4). La combinación de dos o más de esos serotipos puede provocar dengue hemorrágico, la forma más grave de la enfermedad, que ya habría ocasionado varias muertes, no informadas oficialmente.
De acuerdo con el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de Misiones hay cerca de siete mil notificaciones de personas con sintomatología compatible con dengue, de las cuales 238 se confirmaron por laboratorio. El reducido número de positivos reconocidos obedece a un deliberado ocultamiento de la casuística real, ya que desde años Salud Pública practica los análisis específicos solo a un mínimo porcentaje de los pacientes sospechosos. Se ocultarían los casos para no afectar la actividad turística. También la leishmaniasis visceral es una enfermedad de alto impacto en Misiones, con miles de casos positivos en perros (que en su gran mayoría fueron sacrificados) y cientos en humanos.
Y la proyección a futuro es desalentadora. Especialistas alertan que es inminente la aparición de casos de leptospirosis y temen por la reaparición de fiebre amarilla, que podría llegar desde regiones silvestres de Brasil próximas a Iguazú, donde ya hay brotes confirmados en monos.
Organizaciones socioambientales y referentes científicos atribuyen estos dramas sanitarios a las serias alteraciones de los ecosistemas y hábitats de la región, en buena medida ocasionadas por las represas hidroeléctricas, la pérdida de monte nativo y el avance arrasador de la forestoindustria y la soja transgénica. “La calidad ambiental es un determinante de la salud”, destacan.
Formosa
por Alejandro Linares
Al 31 de marzo no se habían registrado casos de Coronavirus y solo había un sospechoso de contagio. El ministro de Gobierno, Jorge González, no dudó: “Dios es formoseño”. Como una extensión de los discursos del Presidente, el vocero provincial para la emergencia sanitaria se enoja con los “inconscientes que no pueden quedarse en sus casas” y promete aplicar “todo el rigor de la ley”. Algunas circunstancias concretas pudieron beneficiar a la provincia. Desde el 18 de marzo, un día antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria, Paraguay prohibió el ingreso de extranjeros no residentes hasta el 12 de abril. El aeroupuerto internacional de Asunción se convirtió hace algunos años en la principal vía de los formoseñes para ir y venir de Europa u otros destinos turísticos de América Latina. Su cierre fue también el bloqueo de posibles contagios en la provincia. Un hostal que guarda los autos de les viajantes argentines no recibe clientes desde el 11 de marzo. Además, la sociedad formoseña acumula experiencia desde hace años en la prevención comunitaria de una enfermedad: el dengue, la principal preocupación de las autoridades sanitarias. El virus transmitido por mosquitos afectó a todas las familias en algún momento. Las sugerencias sobre cuidados para evitar su propagación forman parte de las conversaciones cotidianas, de las campañas gubernamentales y hasta de las tareas en las escuelas primarias.
El aislamiento obligatorio se cumple con altísimo acatamiento en la Capital provincial, donde vive la mitad de la población formoseña. Se sostiene en estrictos controles de la policía que incluyen retenes en las principales avenidas y en las arterías que conectan a los distintos barrios con el centro comercial y administrativo. El transporte público ofrece un servicio reducido de emergencia y cada línea pone solamente dos colectivos en la calle entre las 6 y las 21 horas. Así, la populosa aglomeración urbana de veinticinco barrios de trabajadores en la periferia de la Capital, conocida como Circuito 5, se encuentra prácticamente cercada. La policia le agrega minuciosos controles dentro de los micros y quienes no cuentan con autorizaciones no pueden salir de sus barrios. No hubo denuncias sobre abusos.
El cumplimiento de la cuarentena también se justifica por la paralización casi total del sistema educativo, en la administración pública y en empresas privadas. Solo el pago de sueldos y jubilaciones sacudió un poco la siesta continua que vive la capital provincial. Volvieron las largas filas en los cajeros, una imágen habitual en cada fin de mes, con la novedad del metro de distancia.
Según la última medición oficial, el Noreste es la región más pobre del país, con un 42,4% de las personas por debajo de la línea de pobreza. En Formosa, el 40,1% era pobre en el primer semestre de 2019. A las Asignaciones Universales entregadas desde el Estado nacional se sumó desde noviembre de 2018 un plan alimentario provincial para alrededor de 17 mil personas que reciben bolsones de comida dos veces por mes. Además, al menos 21 mil formoseñxs vieron acreditados en los últimos días en forma excepcional 1200 pesos en una Tarjeta Social que permite la compra en supermercados. A tono con las medidas nacionales, luego del anuncio de la extensión de la cuarentena, el gobierno decretó la suspensión de los cortes de luz y agua por 180 días para los usuaries subsidiades. Quienes más sienten el impasse económico son les albañiles, plomeros, empleadas domésticas, vendedores ambulantes y changarines. Se agregan en fila les comerciantes pero con una capacidad económica de resistencia mayor. Todes elles comienzan a sentir el notable aumento en las frutas y verduras durante las últimas dos semanas. La paralisis de la economía informal la sintetiza el cocinero de una fabrica casera de chipa en el barrio San José Obrero: “No hay casi pedidos de los chiperos. Pasa que no están abriendo los bancos”.
Sobre la situación sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación envió 26 respiradores artíficiales que deben repartirse entre las provincias de la región Noreste, pero las autoridades formoseñas no confirmaron cuántos estarán disponibles en esta provincia. Según el director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, Formosa “tiene 211 camas en unidades críticas, de las cuales 136 son del sector público”. Además, confirmó la llegada de 1000 kits de reactivos para realizar los testeos de Coronavirus. En la capital provincial no hubo cacerolazos en la noche del 30 de marzo. Tampoco hay aplausos a las 21 de cada jornada. El sonido de la cuarentena es el silencio, con alguna cachaca o el rugido de cortadoras de cesped de fondo.
*Por revista crisis / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
