De la promesa eldoradista a la cruda realidad de los impactos
Pese a que Vaca Muerta está instalada en la agenda pública y mediática a nivel nacional y ha sido evocada de modo recurrente por las y los candidatos presidenciales , la Argentina está lejos de haber entablado un debate serio, democrático y multidimensional sobre los impactos socioambientales y territoriales, así como sobre las diferentes consecuencias económicas, financieras, culturales y sociosanitarias que implica un megaproyecto de estas características en términos de desarrollo.
Por Maristella Svampa para OPSUR
Existe un consenso generalizado entre los científicos contemporáneos sobre la gravedad de la crisis socioecológica que atraviesa el planeta. Los diagnósticos coinciden en que hemos ingresado a una nueva edad, el Antropoceno, en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación con alcance global y geológico. En esta línea, el debate sobre el Antropoceno plantea la idea de que hemos traspasado un umbral peligroso, que puede llevarnos a experimentar cambios bruscos e irreversibles, ilustrado –cual punta del iceberg– por el calentamiento global y sus consecuencias sobre el cambio climático, así como por la extinción masiva de especies y la consecuente pérdida de biodiversidad a gran escala (Svampa, 2019). En términos energéticos, esto conlleva varias consecuencias. Por un lado, estamos ante la evidencia de que los impactos producidos por la quema de combustibles fósiles sobre los ecosistemas, humanos y no humanos, son cada vez mayores. Así, los cambios de origen antropogénico, a escala planetaria, están directamente ligados a la dinámica de acumulación del capital, esto es, a los modelos de extracción, producción y consumo dominantes, cuyo carácter insustentable ya no puede ser ocultado. Por otro lado, a futuro la disponibilidad energética será menor. La finitud de los recursos fósiles y la imposibilidad de aprovechar las fuentes renovables por los límites en los materiales (también se requieren minerales) son una realidad actual. Estamos, pues, frente al fin de las energías baratas y abundantes (Svampa y Bertinat, 2019).
Todo esto nos inserta en un escenario civilizatorio inédito y desafiante, a partir del cual cualquier esquema de transición energética exige el urgente reemplazo de las energías contaminantes por energías limpias y renovables, como también nos confronta con la necesidad de reducir el metabolismo social (producir con menor cantidad de materia y energía).
Sin embargo, en lugar de discutir posibles escenarios de transición energética que apunten a redefinir las relaciones sociales en el plano de la producción, la distribución y el consumo, las élites económicas y políticas globales promueven la fuga hacia adelante a través de la expansión de la frontera tecnológica, con la extracción de energías extremas.
En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues “se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales” (Avedaño y Scandizzo, 2016). En esta línea, Vaca Muerta aparece como un caso emblemático de energía extrema. En términos específicos, Vaca Muerta designa una formación sedimentaria que se extiende unos 30 000 km² en el corazón de la meseta neuquina. En esta enorme superficie rica en fósiles de dinosaurios y yacimientos de hidrocarburos, existen una treintena de proyectos, con fuerte protagonismo de YPF y Tecpetrol, y presencia de las grandes transnacionales del sector.
En términos más amplios, la problemática que instala Vaca Muerta involucra un área mayor, la Cuenca Neuquina, que abarca diferentes formaciones geológicas de shale y tight, un total de 120 000 km². Así, encontramos la formación Lajas, en la cual desde 2011 se extrae tight gas entre plantaciones de peras y manzanas en la localidad rionegrina de Allen, hoy de la mano de YPF. En 2018, la frontera de explotación se amplió también hacia Malargüe, en Mendoza, donde el fracking fue autorizado por decreto provincial. Estamos, por lo tanto, frente a un conjunto de megaproyectos, asociados a las energías extremas, cuyos impactos sociales, ambientales y territoriales tienden a darse en términos amplios, dado que repercuten en diferentes territorios, poblaciones y economías.
Pese a que Vaca Muerta está instalada en la agenda pública y mediática a nivel nacional y ha sido evocada de modo recurrente por las y los candidatos presidenciales de las elecciones de octubre pasado, la Argentina está lejos de haber entablado un debate serio, democrático y multidimensional sobre los impactos socioambientales y territoriales, así como sobre las diferentes consecuencias económicas, financieras, culturales y sociosanitarias que implica un megaproyecto de estas características en términos de desarrollo.
Silenciando las críticas, el kirchnerismo abrazó la idea de que Vaca Muerta y sus reservorios no convencionales salvarían a la Argentina del déficit energético y la convertirían rápidamente en una suerte de Arabia Saudita del sur.
La fiebre eldoradista desatada con la expropiación parcial de YPF en 2012, agravada por el contexto de desabastecimiento energético, obturó la posibilidad de un debate responsable y desideologizado, y así generó lo que en su momento denominamos con Enrique Viale el consenso del fracking. A partir de 2016, Cambiemos profundizó la apuesta por los no convencionales, aunque sin esconder sus aspectos vergonzosos (la asociación con grandes corporaciones transnacionales y los subsidios del estado), ya en abierta clave neoliberal (esto es, con mayor flexibilización ambiental y laboral, transfiriendo el costo a los usuarios y trabajadores).
En Estados Unidos, país pionero del fracking, existen numerosos estudios científicos que prueban los impactos socioambientales y sanitarios de esta técnica, entre ellos, el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación, publicado en 2014 por el Concerned Health Professionals of New York (CHPNY, 2015), que advierte con datos concretos sobre la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la lubricación de fallas sísmicas, los escapes radioactivos, filtración del gas y de los fluidos. En Argentina, pese a la corta experiencia con el fracking, gran parte de los impactos que señala la literatura científica ya son visibles: aumento de derrames, proliferación de basureros con residuos tóxicos, ocupación intensiva del territorio y desplazamiento de poblaciones y otras economías, emisión de gases y aumento de la sismicidad, entre otros riesgos y daños.
En la actualidad, en la Cuenca Neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Según información de la Secretaría de Ambiente de Neuquén, entre enero y octubre de 2018, se registraron 934 hechos de contaminación (Diamante, 2019), mientras que 2015 fueron 863 (Página12, 2018).
Uno de los derrames más serios se produjo en octubre de 2018 en el área Bandurria Sur, donde la surgencia de un pozo estuvo 36 horas fuera de control y afectó unas 45 hectáreas (Aringoli, 2018). El hecho no fue informado por la empresa sino por los trabajadores. Asimismo, entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce accidentes de envergadura en la localidad de Allen. En junio de este año se produjo también el primer derrame en Malargüe, en el yacimiento El Mollar, minimizado por las autoridades (La Izquierda Diario, 2019).
Uno de los grandes problemas del fracking es la utilización de agua, un detalle no menor en la meseta neuquina, zona de escasos recursos hídricos. Un informe reciente indica que para 2023, la demanda de agua en Vaca Muerta se duplicará y alcanzará casi los 30 millones de metros cúbicos anuales (Del Pozzi, 2019). Otro gran problema es el almacenamiento de los residuos tóxicos que genera la actividad. Los basureros petroleros existentes en Vaca Muera revelan enormes deficiencias, tal como lo ejemplifica la empresa Treater, cuyo vertedero, situado a cinco kilómetros de Añelo, que ocupa 13,6 hectáreas (equivalente a 15 campos de fútbol), fue denunciado en 2018 ante la Justicia por no respetar la distancia mínima de un núcleo urbano (ocho kilómetros) y por tener piletas de disposición de residuos sin canales de drenaje adecuados ni mallas protectoras que eviten la contaminación de suelos y napas de agua, tal como exige la legislación nacional. Entre los clientes de Treater figuran YPF, Shell y Total.
Otro de los impactos es la utilización intensiva del territorio (Bertinat et al., 2014).3 Esto acentuó la disputa con los pueblos originarios, pues en Vaca Muerta se asientan de modo disperso unas veinte comunidades mapuches. En 2014 el Gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. Aunque el territorio en disputa son unas 10 000 hectáreas, el Gobierno solo aceptó como parte de la comunidad unas 630. En abril de 2019, dicha comunidad fue llevada a juicio por “usurpación”, y pese a que el juez a cargo dictaminó su absolución, el fallo fue anulado dos meses después en una clara señal política (Gaffoglio, 2019). Así, el avance de las locaciones empuja ostensiblemente a los pueblos originarios que se encuentran en la zona y agrava el histórico proceso de criminalización de las comunidades mapuches.
Asimismo, la problemática es visible en Allen, donde el retroceso de la actividad frutícola es evidente: con más de 150 pozos de fracking y 93 en carpeta, los datos revelan que entre 2009 y 2014 la localidad perdió 409 hectáreas, esto es el 6,3 % de la superficie cultivada (Svampa, 2018).4 Finalmente, entre los impactos palpables está el aumento de la sismicidad. Desde el inicio, los registros sísmicos recorren la cartografía global del fracking afectando regiones geológicamente estables antes de la llegada de las energías extremas; desde Arkansas a Texas, hasta la provincia de Sichuan, en China, donde en febrero de 2019 se ordenó el cese temporal de las operaciones luego de que el último sismo provocara dos muertos y varios heridos (“Suspenden fracking…”, 2019). En Neuquén, junto con el aumento de los accidentes ambientales y laborales, una de las mayores preocupaciones es el incremento de la sismicidad, que afecta a la localidad de Sauzal Bonito, aunque también se ha extendido a Cutral Có. Según estudios recientes, Sauzal Bonito se asentaría sobre la Dorsal de Huincul, un sistema de fallas geológicas, pero no se descarta que estas se potencien o activen a raíz del fracking (“Un sismo con epicentro…”, 2019). A raíz de ello, la provincia ordenó instalar sismógrafos para monitorear los movimientos (“Los sismógrafos de Vaca Muerta…”, 2019).
De esta manera, el escenario actual de la Cuenca Neuquina desmiente con claridad la existencia de un “fracking seguro y responsable”, fórmula difundida a nivel global y repetida a nivel local y nacional por las compañías petroleras y los Gobiernos.
Cabe agregar que nada de lo que está sucediendo constituye una sorpresa, pues la información sobre los impactos ambientales y territoriales del fracking ya estaba disponible en 2013, año en que arrancó la explotación en Vaca Muerta. La diferencia entre 2013 y 2019 es que, en su carácter multidimensional, tales impactos ya son visibles y palpables. Si a esto sumamos que, en realidad, Vaca Muerta apenas ha despegado, pues solo se ha explotado el 3 % (Roberts, 2019), cabe preguntarse cuál será la envergadura de estos cuando la gran escala sea una realidad.
Por último, en un contexto de calentamiento global, Vaca Muerta es considerada una potencial bomba de carbono. Lejos de ser un “combustible de transición”, como vienen sosteniendo las corporaciones petroleras, el shale gas y el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero durante su etapa de producción que el convencional, ya que se necesitan más pozos por metro cúbico de gas producido; además, sus operaciones utilizan energía, por lo general procedentes de los motores diesel, lo que aumenta las emisiones de CO2 por unidad de energía útil producida. Asimismo, la fracturación hidráulica requiere mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de terminación del pozo. Por otro lado, las emisiones de gas metano contribuyen de modo muy potente al efecto invernadero. No es casual que en 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dejara en claro que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París” (CESCR, 2018), y que por ello recomendara al Estado argentino reconsiderar su explotación, a la luz de los compromisos adoptados.
En suma, el objetivo de convertir a Argentina por la vía de Vaca Muerta (y la Cuenca Neuquina) en una potencia hidrocarburífera a gran escala expresa como pocos la apuesta ciega por un extractivismo energético, de tipo contaminante y depredatorio, que colisiona con las necesidades de un planeta marcado por el cambio climático.
Alude a la histórica dificultad de amplios sectores de la dirigencia política y económica por superar una visión productivista y primario-exportadora del desarrollo; y consolida el rechazo a pensar escenarios de transición energética, basados en las energías limpias y renovables. En realidad, mucho de la tozudez política que existe en el país, del afán de aceleración en la explotación en Vaca Muerta, de la apelación constante al “milagro” que recorre los discursos mediáticos, políticos y empresariales, se basa en el hecho de que, a nivel global, pese al lobby petrolero, la transición hacia energías renovables deviene cada vez más inevitable, lo cual permite predecir que en un futuro próximo los combustibles fósiles quedarán bajo tierra, como activos paralizados, pero descartados como fuente de energía.
En su peligrosa fuga hacia adelante, Vaca Muerta tiende a convertirse en un descabellado laberinto que, al calor de los impactos ambientales y territoriales y ante la ausencia de milagros, va habilitando una serie de interminables excepciones: beneficios impositivos, subsidios estatales que repercuten sobre la economía de todas las y los argentinos, mayor flexibilización laboral y un blindaje jurídico que avanza sobre los derechos de las poblaciones. En verdad, la promesa eldoradista de Vaca Muerta tiene todos los elementos para convertirse en una pesadilla nacional de repercusiones múltiples y en un desastre ambiental a gran escala.
*Socióloga y escritora, Investigadora del Conicet y miembro del Gecipe (Grupo de Estudios Críticos e Interdisicplinarios de la problemática energética)
**Por Maristella Svampa para OPSUR
