Morir de discriminación
El trabajo sexual es para la mayoría de las personas trans la única opción laboral posible. Según el último relevamiento nacional, el 90% vive de la prostitución en estado de extrema vulnerabilidad. Esta situación muestra la falta de políticas públicas, que también se refleja en muertes como la de Marcela Tisera, una de las primeras trabajadoras sexuales trans de la ciudad de Río Cuarto.
Por Carina Ambrogi para La Marea
Lorena sale a trabajar con temor de que el hombre del auto al que se sube le apunte en la cabeza con un arma, la abuse sexualmente, de que en vez de uno sean cuatro, o de aparecer sin vida tirada al costado de una ruta. Tiene 34 años y es trabajadora sexual trans desde los 16, edad en la que decidió salir del closet y vivir según su mente y su cuerpo se lo exigían. “Yo quería ser Lorena Maite a cualquier costa”, contó a La marea Noticias.
El trabajo sexual es para la mayoría de las personas trans la única opción laboral posible. Según el último relevamiento nacional el 95% de las personas trans no accede a un trabajo formal, y el 90% vive de la prostitución en estado de extrema vulnerabilidad. Lorena no es la excepción:
“Terminas como trabajadora sexual porque la sociedad te cierra todas las puertas. Es horrible. La vergüenza de tener que desnudarte delante de un hombre que no te gusta y pensar que ese hombre te va a dar de comer. Pensar que al estado no le importa que estés ahí, si vivís o si morís ahí”.
En Argentina la expectativa de vida de las personas travestis y trans es de 35 a 40 años, mueren de discriminación. La amiga de Lorena, Marcela Tisera, es una de las que el sistema de exclusión se tomó por víctima. “Fue una de las primeras trabajadoras sexuales trans de la ciudad de Río Cuarto, salió a la calle cuando realmente era muy discriminada, la golpeaban por vestirse de mujer, se la llevaban presa o le cortaban el pelo. Te llevaban presa por el sólo hecho de tener más de un preservativo en la cartera”, recordó Lorena. Marcela fue conocida por ser pionera en pedir el cambio de identidad, lo hizo cuando estaba en la cárcel acusada de homicidio. Fue la primer trans que habitó la cárcel de mujeres, y pidió que se le cambiara el nombre de “Jorge” que figuraba injustamente en su DNI por “Marcela”, para poder comenzar a vivir una relación amorosa que surgió tras las rejas. La última vez que Lorena la vio fue en una de las rondas en que repartía preservativos a las trabajadoras en la calle, hace menos de un año.
“La vi un viernes y me enteré el martes siguiente que la habían encontrado muerta en su casa. Nadie sabe por qué murió, el caso no tuvo ninguna trascendencia”, dijo. Eliana Alcaráz, Pinki, y Marcela son algunas de las que no pasaron los 45 años, son los nombres de la tragedia evitable.
La organización como trinchera
Desde hace tres años Lorena junto a otras trabajadoras sexuales formaron un colectivo que les permitió acceder a algunos derechos. El primer reclamo fue hacia las fuerzas policiales, pelea con la que lograron que las detenciones arbitrarias y los abusos ya no sean moneda corriente. Abrieron además espacios de formación para alfabetizar a las compañeras que no sabían leer ni escribir, y llevan adelante campañas de vacunación y festejos del día de las infancias. “Ya sacamos a dos chicas de la calle, una trabaja en el Centro Cívico y otra en un centro médico en el área de limpieza”, contó.
El derecho a la educación es una de las primeras vulneraciones que sufre la comunidad travesti y trans, entre el 75 y el 85% no terminaron la primaria ni la secundaria. “En la mayoría de los casos las deserciones se producen por discriminación. Es muy difícil contener en las escuelas estos casos, estamos trabajando en cada situación de la que tomamos conocimiento ocupando el lugar que debería ocupar el estado. Llevamos la ley de Educación Sexual Integral, pero la realidad es que al interior de los colegios no se respeta la identidad autopercibida”, explicó Walter Torres, responsable de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto.
Desde el año 2008 trabajan desde esta organización para que el estado cumpla con su rol de garante de los derechos universales a todas las personas, sin embargo, no consiguen que se desarrollen acciones positivas que acompañen la difícil situación que viven las personas con identidades sexuales diversas.
“Hace 10 años atrás las personas tras no podían llegar a la plaza porque eran detenidas y pasaban 10 días presas. Eso hoy ha cambiado, pero si el 90% sigue teniendo como única alternativa el trabajo sexual significa que todavía queda todo por hacer”, enfatizó el dirigente.
Desde el año 2015 presentan anualmente una serie de proyectos en el Concejo Deliberante a donde piden la implementación de acciones concretas como capacitación en oficios y creación de cooperativas con micro créditos productivos, exenciones de impuestos para las empresas que tengan cupos trans, fomento para la terminalidad educativa, entre otros. Ninguno de estos proyectos se ha tratado durante todos estos años en ninguno de los ejercicios deliberativos.
“La falta de decisión política para que se concreten estas u otras políticas públicas se debe a que hay una profunda homofobia internalizada tanto en funcionarios municipales como en algunos concejales. El estado debe estar para garantizar el derecho de todos. Cuando planteamos que se hace un uso de la diversidad para la foto es porque cuando hay que hacer acciones concretas no pasa nada. No puede haber un poder democrático que no discuta las propuestas que llevamos, eso además de una mirada discriminatoria y homofóbica es antidemocrática para aquellos que tienen la obligación de generar políticas públicas”, señaló Torres.
“No quiero trabajar en la prostitución nunca más”, dijo al finalizar la entrevista Lorena. Pidió además que dejemos de ser “banderas”, y empecemos a ser “acciones concretas” que permitan que la discriminación no siga siendo mortal.
*Por Carina Ambrogi para La Marea. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto
