Por Ludmila Ferrer para Página 12
Una consultora dedicada a asesorar a colegios privados está dictando capacitaciones sobre cómo negar la matriculación o la rematriculación de alumnos. Las estrategias se brindan directivos, representantes y apoderados legales de instituciones educativas privadas de la ciudad y provincia de Buenos Aires, detalló un concurrente a uno de los cursos.
“Todo esto estrictamente dentro del sistema normativo”, dijo a Página|12 C.F., uno de los asistentes a la capacitación. Además, contó, representantes de distintas instituciones solicitaron información para negarle la matrícula a estudiantes que habían cambiado de género y a quienes están a favor de la legalización del aborto.
Según C.F., “la capacitación no era oficial”, es decir, no intervino el Ministerio de Educación, sino que fue organizada por Redes S.A., “que nuclea instituciones privadas de todos los niveles (inicial, media y superior) y de diferentes jurisdicciones”.
“Los que dieron el curso dijeron que lo habían armado por la cantidad de consultas que habían recibido sobre este tema”, detalló. La capacitación, brindada a fines de septiembre, tenía como objetivo ayudar a los directivos de las instituciones con los procesos de “matriculación y procedimientos internos”.
El «derecho de admisión» para negar el derecho a la educación
La capacitación, a la que concurrieron “20, 30 personas” de diferentes instituciones de gestión privada, duró dos horas. “Lo que se fue perfilando de a poco es que no se habló de cómo hacer para que haya más alumnos matriculados. Las preguntas de los asistentes iban en torno a cómo impedir o negar la matriculación a estudiantes para el año siguiente”, afirmó. C.F.
El material brindado en la jornada “no era para evitar quilombos porque la demanda la podés hacer igual”, sino que explicaba «cómo tener las herramientas para que, llegado el caso de una judicialización, tener todo bajo control y no correr ningún riesgo”, afirmó C.F.
Muchos de los asistentes eran representantes de colegios parroquiales y «consultaban por situaciones de alguien que no cumple con los criterios de misión y visión de la escuela”, relató C.F.. Con diapositivas y detallando la legislación correspondiente, el personal encargado de la capacitación presentó un “documento que tendrían que firmar los estudiantes” ingresantes, en el que se comprometen a respetar “la misión, la visión y la ética institucional”.
Después, agregó C.F., “una monja preguntó cómo cubrirse legalmente para negar la matriculación a gente con cambio de identidad de género o ‘las de los pañuelitos verdes’”.
“Son cosas que existen hace años, pero no esperaba que lo dijeran explícitamente. Me sorprendió”, afirmó. Los capacitadores “decían cuál era el marco normativo y que después cada escuela decide qué hacer”. “No tenían una bajada de línea ética”, opinó.
“El tema del derecho de admisión está muy instalado en los privados, pero acá hay una discriminaciónclara”, dijo a Página|12 Celeste Fernández, abogada y coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según Fernández, el derecho de admisión “no te habilita a discriminar” y que las escuelas “no pueden seleccionar alumnos”. “El criterio para rechazar a una persona debe ser objetivo, no se puede decir que no cumple con los estándares de la institución”, agregó.
«Una monja dijo que podía venir el Inadi y hacer quilombo»
En las diapositivas entregadas a los asistentes, los capacitadores explicaban que “los errores más comunes” que cometen las escuelas al momento de negar la rematriculación son, entre otras, “no comunicar a las familias en tiempo y forma de los casos de no rematriculación”; “‘ceder’ ante presiones”; “omitir en nuestros reglamentos la posibilidad de no matriculación/rematriculación por situaciones ajenas a los alumnos”; “no fundamentar la negativa” o “‘asustarnos’ ante amenazas de acciones legales o presentaciones administrativas (Inadi/otros)”.
“Una monja dijo que podía venir el Inadi y hacer quilombo por un caso de discriminación -contó C.F.-. Los capacitadores dijeron que sí, pero que se tranquilizaran porque el Inadi no es vinculante, sólo dictamina y que lo único que puede hacer es un flor de lío, que salga en los diarios. Pero (Inadi) no tiene injerencia legal sobre las instituciones educativas”.
Fernández explicó que lo que hace el Inadi en casos de discriminación es “convocar a una mediación entre las partes” para, luego, “hacer un dictamen para decir si se trató de un caso de discriminación”. “El dictamen deberían cumplirlo porque es un organismo nacional. Pero si la escuela no quiere cumplir, el Inadi no tiene herramientas (para que lo hagan)”, sostuvo.
Según la abogada de ACIJ, “es más útil una intervención judicial”. Sin embargo, reconoció que para las familias es un proceso “desgastante” y que tiene altos costos económicos y de tiempo. “En general, antes probamos ir al Ministerio de Educación, que es el órgano de contralor y debe hacer que las escuelas privadas garanticen el derecho de los niños” a la educación, señaló Fernández.
Por su parte, C.F. contó que según los capacitadores “el Estado está obligado a garantizar ese derecho, pero no los particulares”. “Tomaron como jurisprudencia un fallo de Santa Fe en el que una obra social le había negado la prestación de un servicio médico a un paciente”, señaló.
“Esa interpretación no sé de dónde la sacan -manifestó Fernández-. Naciones Unidas ha dicho que el Estado tiene que garantizar que los privados garanticen el derecho a la educación. La educación es un Derecho Humano fundamental y los privados deben garantizarlo”, afirmó.
*Por Ludmila Ferrer para Página 12. Foto de portada: Colectivo La tinta.
