Alerta ante una nueva ley de semillas
Organizaciones sociales exigieron este martes al Gobierno nacional que difunda el anteproyecto para modificar la ley de semillas. Detrás de la nueva regulación están los intereses de Monsanto y las industrias semilleras, que pretenden cobrar regalías por la tecnología aplicada a los cultivos transgénicos. Advierten una seria amenaza a la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Pese a que el Gobierno nacional anunció tener prácticamente terminado el proyecto para modificar la ley nacional de semillas, muy pocos conocen el texto. Los cambios se discuten en una mesa chica, entre autoridades del Ministerio de Agroindustria, empresas multinacionales, exportadores de granos, cámaras empresarias y entidades rurales. Ante este hermetismo, unas treinta organizaciones sociales presentaron el martes último una nota al Ministerio para expresar su rechazo a la modificación de la ley y, al mismo tiempo, exigir que se difunda de manera urgente el anteproyecto.
“Logramos un amplio consenso para articular acciones e impedir este avance sobre las semillas”, explicó Carlos Vicente, integrante de Grain, una de las organizaciones que firmaron el pedido. También participan el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Greenpeace Argentina, la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, la Asociación por la Justicia Ambiental, el Frente Popular Darío Santillán y Acción por la Biodiversidad en América Latina y El Caribe, entre otras.
En el documento entregado al Gobierno, manifiestan: “Nos hemos reunido para unir nuestras fuerzas y articular acciones frente a la preocupación por este nuevo embate sobre la soberanía y la salud de nuestro pueblo, para rechazar la modificación inconsulta de la Ley y los intentos por avanzar en la privatización de las semillas, base de toda la cadena alimentaria”.
La ley que rige en la Argentina es la Nº 20.247, de 1973, que permite al agricultor guardar en forma gratuita semillas de su propia cosecha para volver a utilizarlas en otra siembra. Lo que no autoriza es que el productor venda esa semilla que se guardó; en ese caso, pasa a ser ilegal y se la conoce como semilla de “bolsa blanca”.
La posibilidad de comprar semilla sólo una vez y luego sembrar de la propia cosecha perjudica los intereses de empresas como Monsanto, que introducen modificaciones genéticas a las semillas y pretenden cobrar todas las veces que el productor las siembra (porque los cambios se reproducen de generación en generación).
Una de las modificaciones más conocidas y cuestionadas es la que se aplicó a la soja, el maíz y el algodón, que hace a las plantas resistentes al herbicida glifosato (comercializado por Monsanto bajo la marca Round Up). Estos cambios genéticos se conocen como eventos biotecnológicos que Monsanto, Dow y Syngenta, entre otras compañías, venden a las industrias semilleras locales. Al ser adoptados y comercializados por los semilleros, los cultivos transgénicos dominan el mercado y se reducen las posibilidades de conseguir otras variedades de semillas.
Si bien el Ministerio de Agroindustria no muestra el anteproyecto de ley, sus principales autoridades ya adelantaron cuál es la intención. “Queremos garantizar que la industria cobre por la tecnología”, anticipó el ministro Ricardo Buryaile a Canal Rural. Y en ese sentido, afirmaron que se permitirá el uso propio de la semilla pero restringido.
Conflicto con Monsanto
Hace 20 años, cuando Monsanto ingresó al país el paquete tecnológico de semillas resistentes al glifosato y su herbicida Round Up, no intentó cobrar regalías por la tecnología. Pero en los últimos años empezó a reclamar derechos de propiedad por el evento biotecnológico Intacta RR2 aplicado a la soja, que le otorga al cultivo resistencia a insectos.
Como el país no tenía un mecanismo para controlar y cobrar este canon tecnológico, la empresa implementó un contrato con los productores al momento de la compra de la semilla. En él, los agricultores se comprometían a pagar no sólo la semilla, sino el canon por la tecnología en cada cosecha. La multinacional hizo acuerdos con los acopiadores y exportadores para controlar los granos. Si detectaba soja que contenía Intacta y el productor no había pagado la tecnología, se le descontaba de manera automática.
El argumento de Monsanto es que tiene una patente sobre la Intacta y que, por lo tanto, le corresponde cobrar regalías. Esto generó un gran revuelo en las entidades rurales que iniciaron demandas contra la empresa. Fue el propio Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien en octubre del año pasado salió al cruce de Monsanto al afirmar que, según un informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la multinacional no tiene patente sobre la soja Intacta en la Argentina.
Finalmente, el Gobierno nacional intervino a través de la resolución 207 del Ministerio de Agroindustria, publicada el 24 de junio pasado. En un acuerdo con Monsanto, logró que la multinacional acepte cesar sus controles para dar paso al Instituto Nacional de la Semilla (INASE). Este organismo oficial no controlará la presencia del evento Intacta, sino que fiscalizará los granos para detectar aquellos que provengan de semillas ilegales o de “bolsa blanca”. Pero habilita a que la multinacional, al conocer quiénes son los productores que utilizaron bolsa blanca, pueda avanzar con denuncias ante la Justicia para cobrar regalías.
Al anunciar este acuerdo, el ministro Buryaile reiteró que se trata de una solución provisoria hasta tanto se sancione la nueva ley de semillas.
Soberanía alimentaria y biodiversidad
“Estas regalías son ilícitas. Las regalías se cobran por los inventos y la semilla no es un invento de Monsanto”, afirmó Vandana Shiva, referente mundial de la lucha contra la privatización de las semillas. Lo hizo el 7 de junio pasado ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado argentino, en una conferencia junto a Marie Monique Robin, la autora del libro y documental “El mundo según Monsanto”.
“En 1987 estas compañías desarrollaron transgénicos para recaudar regalías. Comenzaron a decir que la semilla fue su invento y a imponer esta idea en la Organización Mundial de Comercio”, denunció Shiva. “En 1995 ingresaron con la semilla de algodón BT (transgénico resistente a insectos) en la India. El argumento era que ya no se iba a tener que fumigar. Pero la tecnología es tan torpe que ha creado más pestes. Nada de esto detuvo a Monsanto para recaudar regalías aunque en la India no tenían ningún derecho a hacerlo (…). El incremento del precio de la semilla fue de un 800 por ciento. Y en un país donde el terreno promedio tiene dos hectáreas ese incremento no se puede afrontar. Los productores se encontraron atrapados en deudas que no podían pagar. Ahora el 95 por ciento de la semilla en la tierra del algodón es de Monsanto”, advirtió.
En su documento Ley de Semillas en América Latina, la organización Grain pone la lupa sobre los objetivos que se persiguen al intentar cambiar estos marcos regulatorios. “Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito”.
El trabajo explica que las leyes de semillas se complementan con regímenes de derechos de propiedad intelectual, como la protección de variedades vegetales y las patentes. Asimismo, advierte sobre la gravedad de las leyes UPOV. Con esta sigla se identifica a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Entre 1972 y 1991, las sucesivas disposiciones de UPOV, “conceden propiedad sobre variedades ‘descubiertas’ y otorgan derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir confiscación de cultivos (…) y demandar penalmente a los agricultores”, señala el documento.
Este tipo de regulaciones, remarca Grain, niegan derechos a los agricultores porque les cercenan la posibilidad de guardar e intercambiar semillas, y habilita a las corporaciones a adueñarse de la biodiversidad al lograr un control comercial completo sobre las semillas. “Además, los criterios de protección de obtenciones exacerban la erosión de la biodiversidad al promover la uniformidad de las semillas”, agregan.
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA insiste en la necesidad de poner en agenda el tema de las semillas criollas y nativas como patrimonio genético y cultural y su aporte fundamental para la construcción de soberanía alimentaria.
En ese sentido, advierten que si se prohíbe o limita la libre circulación e intercambio de semillas entre agricultores “se favorece la apropiación privada de bienes naturales y de conocimientos públicos y colectivos, así como graves procesos de erosión genética observados a nivel local y global, que también erosionan a su vez todo un conjunto de prácticas, conocimientos y creencias asociados a territorios y agroecosistemas particulares”.
