Amazonia colombiana: Las tierras autóctonas saqueadas por el extractivismo
El Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno amenaza la cuenca amazónica y a los pueblos autóctonos que viven en ella.
Por Matthias Motin para Reporterre
Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador, es el nexo entre los últimos valles andinos y la selva amazónica colombiana. Las concesiones otorgadas a las compañías petroleras cubren 70 por ciento de los territorios ancestrales de los pueblos autóctonos. La presencia y la actividad de las compañías petroleras en los resguardos (reservas indígenas), en general creados sin el consentimiento de los pueblos originarios, causan daños considerables a los ecosistemas de los alrededores y a la vida de las comunidades.
Deforestación, contaminación del agua y actividad sísmica: eso es, por ejemplo, lo que debe soportar la comunidad Siona, del resguardo Buenavista, que se encuentra cerca de la frontera ecuatoriana y que, además, debe cohabitar en su territorio con los agentes de la petrolera inglesa Amerisur Resources. Por otra parte, la comunidad está expuesta a la intensificación de los enfrentamientos entre sectores disidentes de las FARC y grupos narco-paramilitares y el ejército. Es una situación de vulnerabilidad extrema que se traduce en una pérdida constante del territorio de los Siona de Buenavista, quienes tienen hoy solamente 4.500 hectáreas reconocidas y esperan una respuesta del gobierno sobre las 52.029 hectáreas de territorios ancestrales que reclaman.
Ofensiva del gobierno
La multinacional británica no solo explora y explota los hidrocarburos del subsuelo de Buenavista. Es una de las diez compañías más activas en el país en cantidad de hectáreas exploradas y explotadas. En 2019, ha firmado once nuevos contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), teniendo en cuenta solamente a Putumayo, multiplicando así por cuatro sus inversiones en relación a 2018. “Gracias a la firma del acuerdo de paz, podemos ahora extender nuestras operaciones a zonas a las cuales no podíamos acceder y que representan, según los estudios más recientes de geología y las previsiones de nuestros contratos, reservas importantes que pueden ir más allá de los 500 millones de barriles”, analiza el presidente ejecutivo de Amerisur Exploración Colombia, Carlos Andrés Martínez Bonilla.
Esos once pozos nuevos que pronto van a ser perforados en Putumayo forman parte de los 161 nuevos sitios de perforaciones petroleras en el país de ahora a 2022, o sea cuatro veces más que las 46 que existen en la actualidad. El sector minero no se queda atrás, ya que el gobierno prepara, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, reactivar los mercados del oro y del cobre en Colombia, cuyas reservas son importantes pero poco explotadas. Las minas que existen son, sobre todo, de carbón y de níquel.
Ambiente y Sociedad, una organización medioambientalista, ha publicado de manera documentada y puesto en línea un geoportal, en el que están inventariadas más de 2.000 alertas sobre los impactos que ya existen y sobre las degradaciones potenciales de los grandes proyectos mineros, energéticos y de carreteras en las áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad. Ese tipo de trabajos tienen una importancia clave pues el gobierno -al servicio de las multinacionales extrajeras (el porcentaje de la plusvalía recaudada por el Estado es ridículo: 0,4 por ciento para el oro y 3,27 por ciento para las minas de carbón a cielo abierto)- lanza una ofensiva de gran envergadura sobre todos los territorios colombianos que podrían contener ese tipo de riquezas. El gobierno no cuenta auto limitarse y todas las técnicas de extracción podrán ser utilizadas, incluida la técnica de la fracturación hidráulica, comúnmente llamada “fracking”.
En la Amazonia colombiana “sabemos, por ahora, que existen dos sitios, en los departamentos de Caquetá y de Vichada, en los que la técnica del fracking sería utilizada. Eso nos preocupa sobremanera, ya que el empleo de esta técnica es una amenaza de contaminación mayor aún de los ríos y de las aguas subterráneas, mayor que la que provoca la extracción clásica, y podría llegar a provocar catástrofes medioambientales importantes, dada la actividad sísmica que caracteriza al territorio colombiano”, según lo explica Julio César Jamioy, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
Pese a las alertas lanzadas por las organizaciones ambientalistas y a las interrogantes de la comunidad científica, la técnica del fracking transita las vías de la legalización en Colombia. El texto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, adoptado por el Congreso en la noche del 2 al 3 de mayo último, por 58 votos contra cuatro (o sea una participación de 62 diputado/as de los 350 que conforman el Congreso), prevé el lanzamiento de pilotos para “profundizar las fases de exploración de reservas de gas y de petróleo bruto no convencionales, con la realización de estudios de seguridad para garantizar una utilización responsable de la técnica del fracking”, se puede leer en el sitio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El fracking puede destruir amplias zonas de la Amazonia
En ese sitio ya se puede constatar que 18 yacimientos no convencionales están en fase de exploración en Colombia, las concesiones han sido atribuidas a los gigantes de la rama: la compañía estadounidense Exxon Mobil, la anglo holandesa Shell, la canadiense Sintana Energy Inc o la firma nacional colombiana Eco Petrol. Siete grandes bloques de yacimientos no convencionales ha sido localizados en el país, principalmente en el norte, siguiendo el río Magdalena (departamento de Boyacá, sobre todo), lo que convierte a Colombia en el tercer país sudamericano con mayor potencial de yacimientos no convencionales, detrás de Argentina y Brasil.
“Los primeros sitios de exploración y de explotación por fracking establecerían una jurisprudencia que permitiría contaminar y destruir de manera irreversible amplias zonas de la Amazonia colombiana. Por eso, queremos que esto se sepa en el mundo entero, desde la minga de resistencia de Putumayo, mostrando la contradicción total que existe entre la campaña de comunicación contra la deforestación llevada a cabo por el gobierno y las motivaciones de su Plan Nacional de Desarrollo, abiertamente ecocida”, dijo Julio César Jamioy a Reporterre el 9 de mayo, inmediatamente después de la anulación del diálogo que tendría que haber tenido lugar en Condagua ese día, entre los 14 pueblos autóctonos del Putumayo, reunidos en minga durante los 50 días previos, y el gobierno.
La minga aunó a voluntarios de esos 14 pueblos en asamblea permanente durante los meses de marzo, abril y mayo, primero en el pueblo de Villagarzón, luego en el norte de la capital departamental, Mocoa, en el resguardo Condagua, dando lugar a acciones de bloqueo de rutas destinados a mostrar los problemas propios de los pueblos autóctonos. Estos piden la aplicación de los varios acuerdos firmados entre la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), el gobierno actual y las administraciones anteriores, los que incluyen:
—El reconocimiento de la extensión de los resguardos y cabildos que nunca fueron legalizados por el Estado, en parte ocupados por las compañías petroleras y las actividades mineras ilegales. La minga exige que se cree una Agencia Nacional de Tierras en el Putumayo, como las que existen en cada departamento, y que la opinión de los pobladores autóctonos sea tomada en cuenta en las políticas de gestión del territorio y de conservación de la biodiversidad en la Amazonia.
—La aplicación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hace obligatoria la consulta previa de los y las habitantes antes de iniciar todo proyecto de extracción, así como el respeto de la Amazonia como sujeto de derecho especial desde abril de 2018.
—El respeto de los Derechos Humanos de los pueblos autóctonos, cuyos dirigentes y representantes políticos son amenazados permanentemente, agredidos o asesinado en cuanto adoptan una posición de defensa de sus territorios y de sus derechos.
Todos esos acuerdos, a pesar de su valor jurídico y constitucional que garantizaría las necesidades y los derechos esenciales de las poblaciones amerindias, carecen flagrantemente de voluntad política por parte del gobierno para ser puestos en práctica. “Ya en 2008 y en 2012 nos reunimos con el gobierno para que los acuerdos fueran aplicados, y nunca pasó nada. Este año, se repite el mismo esquema: el gobierno posterga constantemente los diálogos a los cuales se había comprometido con el objetivo de debilitar la minga y envía a las fuerzas del orden para reprimirnos y sacarnos de la carretera, como lo pudiste ver esta mañana”, explica Nixon López Hernández, coordinador de la comisión Territorio, Medio Ambiente y Producción en la OZIP. Seis mingueros acababan de resultar heridos por la intervención del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) durante el bloqueo de la carretera que va de Mocoa a Pitalito. “A pesar de los heridos, y pese a los asesinatos y las amenazas de muerte que siguen pesando sobre los dirigentes autóctonos, el gobierno cierra los ojos y continúa con su Plan Nacional de Desarrollo sin tener en cuenta nuestra opinión y sin considerar nuestras realidades y nuestro modo de vida, que es muy diferente del suyo. La visión que tiene de nuestros territorios y de la Amazonia es la de un pozo con recursos que hay que explotar, lo más rápido posible y por todos los medios posibles”, agrega Nixon López.
La importante movilización contra el PND
Durante los meses de marzo y abril de este año, los pueblos autóctonos del Putumayo no se movilizaron solo contra la política de Iván Duque. En el vecino Cauca, más de 20.000 personas bloquearon la carretera Panamericana durante 27 días y lograron que el presidente viniera, así como algunas concesiones presupuestarias, muy por debajo, es cierto, de lo exigido por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La movilización social se extendió a nivel nacional y varias categorías sociales -poblaciones autóctonas, afrodescendientes, agricultores, profesores, estudiantes-, se sumaron al bloqueo nacional del jueves 25 de abril, que reunió a miles de manifestantes opuestos al Plan Nacional de Desarrollo en varias grandes ciudades del país. Del 28 de abril al 2 de mayo, un colectivo de más de 3.000 líderes sociales venidos de diferentes lugares del país constituyeron el Refugio Humanitario por la Paz, instalado en la Plaza de toros de Bogotá, para reclamar medidas de seguridad por parte del gobierno ante los asesinatos y las amenazas de muerte de los que son víctimas.
El colectivo organizó un recorrido por las embajadas francesa, española y alemana, así como la de la Unión Europea (UE), para sensibilizar a la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Colombia contra los líderes sociales y para transmitir el mensaje de las diferentes mingas. Lamentablemente, esos movimientos de protesta pacífica no han logrado que el gobierno de marcha atrás sobre el PND, programa que anuncia otros cuatro años difíciles.
*Por Matthias Motin para Reporterre / Traducción: Ruben Navarro
