La ciencia argentina y la falacia de la escasez
La historiadora Cecilia Gárgano mantuvo una entrevista con LN+ sobre las consecuencias de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). ¿Qué sucedió en este período oscuro para la historia del organismo y del país?
Por Nicolás Trivi para Notas
Según la doctora en historia de la UNSAM e investigadora del CONICET, la dictadura intervino el organismo creado en 1956 para poner al país en sintonía con la incipiente Revolución Verde. El objetivo era reorientar su política hacia un sesgo productivista, acorde a los intereses de los grandes dueños de la tierra, suprimiendo el área de formación en sociología rural, entre otras líneas de investigación. Lo hizo a su manera, con un operativo en la sede de Castelar (la más importante del país), cesanteando trabajadores y desapareciendo militantes.
El INTA, al igual que las universidades nacionales y el conjunto del Estado, era escenario de una disputa política de gran envergadura por el modelo económico y social que debía instalarse en el país, y que se traducía en la confrontación entre diferentes líneas de investigación, orientadas en función de intereses sociales contrapuestos. No se puede entender la presencia de enfoques críticos sobre el agro argentino en el INTA sin tener en cuenta la emergencia de las Ligas Agrarias, y el contexto de avanzada de la clase trabajadora desde el Cordobazo y durante la primera mitad de la década del setenta.
Macri y dictadura
Uno de los cantitos estrella que ha resonado en muchas de las concentraciones callejeras de estos años resume con maestría la similitud entre el presidente y la última dictadura. Mal que le pese a algunos sommeliers de expresiones populares, señala con fuerza que la gestión de Cambiemos es la continuidad más prístina del modelo social y económico que impulsaron las Fuerzas Armadas y los grandes grupos económicos desde 1976. Por eso dice “sos ‘la’ dictadura”, y no “‘una’ dictadura”.
¿A qué viene esto? Pues bien, como parte de su estrategia de achicamiento y reorientación del Estado, en su fase de deterioro manifiesto por el salvaje nivel de endeudamiento, el gobierno que ha cerrado fábricas como la de Fabricaciones Militares en Azul; que interrumpió el programa satelital ARSAT; que creó el Ministerio de Agroindustria y lo puso en manos de la Sociedad Rural, le da un golpe brutal al INTA, cerrando 25 agencias de extensión rural y 3 de las 5 sedes del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF), perteneciente al INTA, ubicados en diferentes puntos del país.
No hay que olvidar que los IPAF se crearon en 2005, en un contexto de avance de las demandas de los movimientos sociales y campesinos, retomando varias de las líneas de trabajo abortadas por la dictadura.
Con otros métodos y objetivos parecidos, se trata de un nuevo ataque a las líneas de investigación que han buscado ofrecer respuestas a las problemáticas de la agricultura familiar, los verdaderos perdedores del modelo del agronegocio y el supermercadismo. Ese modelo que el propio presidente Macri defendió al criticar el fallo judicial que limita las fumigaciones con químicos sobre las escuelas rurales, y que permite que el litro de leche esté dolarizado y se vuelva un privilegio.
Se trata de un nuevo intento de barrer con las débiles trincheras que se han levantado en la esfera estatal para defender los intereses de los sectores populares. Hay mil cosas para criticar y mejorar de lo que se hace desde estos espacios, pero no se puede negar su importancia, y mucho menos permitir que se destruyan así no más, porque son el resultado de arduas y pacientes batallas políticas y teóricas de generaciones de estudiosos y militantes. Batallas que han tenido siempre su correlato a nivel social y político, en el ámbito de las correlaciones de fuerza que exceden el aparato del Estado, algo que la investigación de Gárgano permite dejar en claro.
La falacia de la escasez
El viernes pasado se confirmó algo que no por ser predecible deja de ser doloroso: el CONICET publicó los resultados de la convocatoria al ingreso a la carrera de investigador, dejando afuera a cuatro de cada cinco postulantes.
Más allá de las historias personales de esfuerzo, no hay que perder de vista que son recursos del Estado que se están dilapidando. Los tan mentados recursos en educación que según el propio discurso oficial hay que cuidar, regalados a las potencias científicas del mundo. Se trata de mano de obra calificada que aquí, pasando el monto de estipendios y salarios a dólares, ganaban chirolas.
El discurso justificador del ajuste dice, entre otras falacias, que el CONICET no está obligado a darle trabajo a toda la gente que forma. Como siempre, se trata de un argumento válido en el contexto de una política (científica y económica) más o menos seria, algo que el gobierno nunca tuvo. En sus primeros meses, amagó a reorientar la política científica hacia un sesgo más productivista.
Pero luego, las propias modalidades de asignación de recursos que pergeñó el gobierno se vieron discontinuadas cuando la deuda y la bicicleta financiera hundieron al CONICET, las universidades nacionales, y organismos como el INTA y el INTI en un marasmo. La consecuencia es que esos recursos formados no tienen lugar adentro del Estado… y tampoco afuera, con un aparato productivo raquítico, aplastado por la apertura de importaciones, una tasa de interés exorbitante y un tipo de cambio inestable.
En este contexto, el ahora secretario de Ciencia y Tecnología Lino Barañao admitió que su gestión no cumplió con el aumento de presupuesto prometido en campaña, escudándose en la situación de crisis económica que vive el país. Resuena en su razonamiento la falacia de la escasez: somos un país pobre que debe ajustarse el cinturón para salir adelante, y todo gasto superfluo (la ciencia básica, la educación superior, el deporte de alto rendimiento) es un lujo. La consecuencia de este razonamiento es el achicamiento del Estado, la pérdida de los derechos ciudadanos que éste garantiza, y la profundización de la recesión económica. Así pasó en Grecia con los planes de austeridad perpetua de la troika europea.
Completando este panorama dantesco, el gobierno ha destinado recursos a campañas de difamación de la ciencia, al calor de la emergencia de discursos oscurantistas. Como respuesta, quienes trabajamos en los organismos científicos ensayamos distintas respuestas. En La Plata, desarrollamos la Feria de Ciencias como una manera de encontrarnos con la comunidad y contar lo que hacemos. Este miércoles 10 de abril se hace la tercera edición en la Plaza San Martín como forma de disputa del sentido del Día del Investigador Científico. Habrá manifestaciones similares en distintos puntos del país.
La feria es parte del repertorio de acción que se despliega para enfrentar el ajuste. Es divulgación científica y acción callejera directa. El lema de la feria de este año es “La ciencia también bajo la línea de pobreza”. Parece un chiste pero no lo es: muchos de los salarios (becarios, administrativos, personal de limpieza) están alrededor o por debajo del valor de la canasta familiar.
El desafío es contarle a alguien que pasa por el centro, con sus problemas y también golpeado por la crisis, que lo que se hace en el CONICET no es un lujo. De nuevo: dar vuelta la falacia de la escasez. La ciencia, la educación, el deporte, no son un lujo porque somos pobres. Porque somos pobres necesitamos ciencia, educación y deporte públicos.
*Por Nicolás Trivi para Notas / Foto de portada: Colectivo Manifiesto.
*Doctor en geografía. Docente, miembro de la de la Cátedra Libre “Ciencia, Política y Sociedad” de la UNLP, y becario posdoctoral del Conicet. Miembro de la Junta interna de ATE Conicet La Plata.
