Los espías de Benetton y Bullrich
El modelo de operación que combina espías dependientes del presidente Macri, intereses de la embajada de los EE.UU. y fiscales serviciales no es exclusivo de la causa D’Alessio-Stornelli. En la Patagonia, se repite con la ministra Bullrich y el empresario Benetton como operadores, y los mapuche como víctimas. El modelo también repite el esquema de causas inventadas para conseguir objetivos políticos y económicos.
Por Sebastián Premici para Nuestras Voces
La Doctrina Bullrich de persecución a los pueblos originarios y, en particular, a la Pu Lof en Resistencia Cushamen –cuyo lonko es Facundo Jones Huala, preso y en huelga de hambre en Chile desde hace más de 30 días-, podría exponer lo que, hasta ahora, era un secreto a voces: una amplia red de espías, policías y fiscales con nombres y apellidos trabajando en conjunto para el Grupo Benetton. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supo utilizar este entramado para la construcción de sus “enemigos internos”, con fines políticos para el Gobierno y económicos para los empresarios.
La titular de la cartera de Seguridad promovió la vinculación de las comunidades mapuche con una supuesta organización terrorista –Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)-, acusó falsamente a comuneros y militantes sociales, e impulsó causas judiciales con pruebas apócrifas en sintonía con el mismo tipo de operaciones políticas desarrolladas en Chile, bajo el amparo de los Estados Unidos que, desde 2005, definió al “indigenismo” como parte de las “nuevas amenazas” en América Latina.
El pasado 11 de febrero, comenzó, en la ciudad de Esquel, el juicio por “usurpación y abigeato (robo de ganado)” vinculado a la recuperación territorial de marzo de 2015. La causa es contra varios integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, entre ellos, Andrea Millañanco, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Sergio Ruiz Huenchupan y los hermanos Nicolás Hernández Huala, Fernando Eloy y Facundo Jones Huala.
Esta causa judicial le sirvió a Bullrich para articular su acusación contra la RAM en un informe presentado en diciembre de 2017 junto a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro; la ministra venía trabajando en esta línea de persecución -afín a la embajada de los Estados Unidos- desde febrero de 2016, cuando visitó por primera vez la ciudad de Bariloche junto a Pablo Noceti, por entonces jefe de Gabinete de su cartera y, hoy, secretario coordinador con los Poderes Constituciones, donde los empresarios patagónicos le pidieron expresamente la represión a los mapuche.
De las 96 causas vinculadas a la RAM difundidas por Bullrich, 84 eran NN. Es decir que no tenían autores identificados. Del conjunto de denuncias, 18 estaban relacionadas directamente a la Pu Lof en Resistencia Cushamen, que es el territorio donde desapareció y murió Santiago Maldonado. Una causa madre y 17 conexas para articular toda la persecución hacia Facundo Jones Huala y la comunidad mapuche.
Adoctrinamiento
La causa por “usurpación” tambaleó en mayo del año pasado cuando el fiscal de Esquel Oscar Oro –funcionario público no muy adepto a defender la postura de las comunidades originarias- retiró la acusación contra los integrantes de la Pu Lof por falta de pruebas (y quizás, también, por considerar que lo incorporado dentro del expediente provenía del espionaje ilegal). Es decir, la principal causa judicial utilizada por Bullrich para vincular a los mapuche con la RAM pendía de un hilo. ¿Sabía Bullrich que todo su armado persecutorio podía caerse y, por eso, impulsó un “acuerdo de cooperación” con las Fiscalías generales de Chubut, Río Negro y Neuquén? Adelanto para spoilers: A la “piba” no le interesa la verdad.
En Chubut, ese acuerdo fue rubricado por Jorge Luis Miquelarena. Cuando el fiscal Oro se retiró de la acusación, el Procurador general lo desplazó y designó a Marcelo Crettón, quien hoy está al frente de la acusación (persecución) en el juicio que comenzó el 11 de febrero y podría tener sentencia entre el 8 y 11 de marzo.
Si esta causa no llegaba a tribunales, a Bullrich se le caía toda su fachada sobre la RAM. Sin embargo, lo que la ministra no calculó fueron las revelaciones que empezaron a divulgarse durante el transcurso del juicio.
A partir de las distintas declaraciones testimoniales reconstruidas por Nuestras Voces, quedó configurado un entramado de espías, policías y fiscales que trabajaron (y trabajan) directamente para el Grupo Benetton y sus socios de la Sociedad Rural de Esquel, los mismos que le pidieron a la funcionaria perseguir a la comunidad mapuche en febrero de 2016. Aquí, las principales revelaciones:
Benetton y sus tropa 007
“Llamalo a (Hernán) Alonso, acá tenemos mucha información que le interesará.” La frase fue pronunciada por el fiscal Fernando Rivarola en mayo de 2015, luego de encontrarse –junto a la fiscal María Bottini- con el agente de la ex SIDE Dante Claudio Giménez, quien les había pasado información sobre Facundo Jones Huala y la Pu Lof obtenida de manera ilegal. Alonso, por entonces, era el presidente de la Sociedad Rural de Esquel (SRE), una patronal agropecuaria que defiende exclusivamente los intereses del grupo italiano y que seguía de cerca lo que estaba sucediendo en el campo de “La Compañía”.
Luego de las elecciones de 2015, Alonso pasó a formar parte del Gobierno de Mario Das Neves hasta diciembre del año siguiente. Durante 2017, volvió a la SRE como vocal hasta que, en noviembre, asumió nuevamente como ministro de la Producción en la administración de Mariano Arcioni. Es decir, Benetton también posee lobistas dentro del Poder Ejecutivo provincial.
¿Para quién trabajaba el ex agente de la SIDE, procesado por hacer espionaje ilegal? No es una pregunta fácil de responder, sobre todo, por el hermetismo generado a partir del momento en que quedó firme su procesamiento y su nombre real fue expuesto.
El espía Dante Claudio Giménez –su nombre fue dado a conocer en un fallo de la Cámara de Casación- dependía de la delegación de la ex SIDE –luego AFI- de Trelew. Cuando los hechos de espionaje salieron a la luz, el, por entonces, titular de la AFI, Oscar Parrilli, respondió los requerimientos de información del Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto (el mismo magistrado que, dos años después, sería clave en el encubrimiento a la Gendarmería por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado) y sostuvo que la Agencia no había iniciado ninguna investigación sobre la Pu Lof ni sobre Facundo Jones Huala ni los activistas de “No a la Mina”.
Fueron los propios policías de la provincia de Chubut que están declarando como testigos en la causa por la recuperación territorial de la Pu Lof los que confesaron que el espía los visitaba en sus domicilios particulares para aportarles información. ¿Y para quién trabajaban esos policías? Para Benetton.
Los mismos agentes que describieron el accionar del espía mencionaron en sede judicial las presiones del grupo italiano para avanzar contra la comunidad. Es decir, había un espía que recolectaba información de manera ilegal, luego visitaba los domicilios particulares de varios policías de Esquel, que, a su vez, confesaron que fueron presionados por Benetton para avanzar contra la comunidad.
Este entramado quedó expuesto durante las audiencias del juicio que comenzó el pasado 11 de febrero como así también en la causa por espionaje que ahora está en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, instancia que debe dilucidar el futuro procesal de les fiscales Bottini y Rivarola, acusados de utilizar la información del espía para perseguir a la comunidad.
Uno de los testigos que habló de esas “presiones” fue el comisario de El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso. “Me sentí presionado por La Compañía para hacer cosas ilegales”, sostuvo durante la audiencia del juicio por usurpación realizada el pasado 20 de febrero.
Cuando lo escucharon, las defensas tardaron unos segundos en tragar la saliva atorada en sus gargantas. Las palabras del comisario habían sido inequívocas; así y todo, repreguntaron: “¿De qué cosas habla?” Veloso pareció darse cuenta de la gravedad de lo que había vociferado, por lo que ensayó algunas respuestas evasivas. Sin embargo, sostuvo, casi balbuceando, que se refería a “distintos métodos” para detenerlo a Facundo Jones Huala.
¿Quiénes presionaban para que se cometieran arrestos ilegales? Por entonces, el lobbista de “La Compañía” era Hernán Alonso (SRE), la persona a la que Bottini y Rivarola llamaron después de reunirse con el espía.
El pasado 22 de febrero, en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el abogado de la fiscal Bottini, Julián Ariel Schettini, vinculó directamente a Alonso con las presiones que se ejercían en aquella época para avanzar en la acusación contra los integrantes de la Pu Lof. Las menciones directas sobre este funcionario del gobierno de Arcioni fueron confirmadas a este periodista por la abogada Sonia Ivanoff y el letrado Gustavo Macayo.
En diálogo con Nuestras Voces, el ministro de la Producción de Chubut alegó no recordar si había hablado con los fiscales denunciados sobre el tema en cuestión, aunque aclaró que sí los conocía y que habrían tratado otros temas vinculados al robo de ganado. “Hay que dejar que la justicia actúe”, fue su muletilla.
Cuando le preguntaron a Veloso por sus contactos con el ex SIDE, el comisario entró en una suerte de cono del olvido, con una pérdida momentánea de la memoria. Por lo tanto, una de las abogadas defensoras tuvo que recordarle su propia declaración testimonial ante el juez Otranto en la causa por espionaje donde declaraba conocer al espía en cuestión. “Ah, no me acordaba”, ensayó como excusa.
En su testimonial ante el juez federal de Esquel, Veloso narró que el agente de la AFI fue hasta su casa junto a otro oficial de inteligencia de la delegación de Trelew, conocido suyo. En su momento, no le llamó la atención la visita del espía, ya que estaba enterado de que les fiscales Rivarola y Bottini acudirían a “todas las fuerzas de seguridad” por el caso de la recuperación de la Pu Lof.
Es decir, ¿tenía el sobre aviso de que podrían operar en la zona agentes de la ex SIDE, con la connivencia de la corporación judicial de Chubut? ¿O fue la policía de Chubut la que solicitó la “colaboración” del espía?
“Evidentemente, el trabajo de inteligencia le interesaba a Benetton, que presionaba a través de la Sociedad Rural de Esquel”, indicó Macayo, uno de los activistas espiados por el agente Giménez y querellante en la causa.
El pasado 26 de febrero, también declaró en Esquel el comisario José Luis Santillán, de la división de investigaciones de la policía chubutense. Este agente solía presentarse como la persona a cargo de investigar exclusivamente a Facundo Jones Huala, hoy detenido en Chile y en huelga de hambre desde hace más de 30 días.
Santillán aparece mencionado en la causa por espionaje como otro de los policías que mantenía contactos con el agente de la ex SIDE. De hecho, se sabe que el espía también estuvo en su casa, de la misma manera en que visitó a otros oficiales en su domicilio para llevarles la información que iba recopilando de manera ilegal. Es decir, espiaba para la Policía de Chubut en Esquel. Es más, Santillán afirmó que a Giménez ya lo conocía por haberlo visto en Trelew porque había participado en “otros trabajos”.
“Estuve hablando con muchos mapuches en la zona… Tienen miedo…. Son terroristas resultados de investigación que no se dijeron”, sostuvo el comisario en su cuenta de Twitter el 16 de enero de 2017, cinco días después que la propia policía de Chubut y la Gendarmería reprimieran dentro de la Pu Lof. ¿Cuáles serán esas investigaciones que no se dijeron? ¿Tendrán que ver con los otros trabajos realizados junto al espía Giménez?
Derecho penal del enemigo
En marzo de 2015, cuando se produjo la recuperación territorial en la Pu Lof, ninguna de las banderas que se colgaron en los alambrados hacía referencia a la sigla RAM. De hecho, nadie hablaba de ella, todavía. Sin embargo, en la denuncia por “usurpación” efectuada por el mayordomo Bruno Andrés Maier, sí se indicó a la RAM como la autora de la “usurpación”. Mencionada esta palabrita mágica, el fiscal Rivarola, junto al juez Martín Zacchino, actuaron velozmente y pretendieron acusar a los “usurpadores” de terroristas. Se declararon incompetentes y le pasaron la pelota a Otranto. El juez federal sostuvo que el caso no era de su jurisdicción y le devolvió el expediente a la justicia ordinaria.
La persona que designó a les fiscales Rivarola y Bottini para “investigar la ocupación de un predio de la Compañía de Tierras del Sud” fue el Procurador general Jorge Miquelarena, el mismo que firmó el convenio de colaboración con Bullrich para perseguir a la RAM; hasta ahí, todo normal, ya que formaba parte de sus atribuciones como fiscal general.
Sin embargo, cuando tuvo que reemplazar al funcionario que había desistido de acusar a los mapuche de usurpación y abigeato (Oscar Oro) por falta de pruebas, se encargó de seleccionar a otro que cumpliera bien el papel solicitado por Bullrich: Marcelo Crettón.
“El fiscal está trabajando fuertemente en la construcción del sujeto peligroso poniendo de relieve lo que se conoce como ‘derecho penal de autor’, es decir, juzgar a las personas no por el delito que pudieron cometer, sino por considerarlos peligrosos. Es el derecho penal del enemigo, algo que se dejó de lado después de la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo a este cronista uno de los letrados que asiste diariamente a las audiencias del juicio contra los comuneros de la Pu Lof.
A los fiscales acusados de haberse relacionado de manera ilegal con un agente de inteligencia, Miquelarena los colocó en otros puestos; por ejemplo, Rivarola fue designado jefe de fiscales de Rawson.
La ministra Bullrich, brazo armado de Mauricio Macri, construyó su andamiaje de acusación hacia los comuneros también basada en trabajos de inteligencia chilenos, denominados Operación Huracán y Andes. La primera cayó cuando se descubrió que los Carabineros habían fraguado pruebas para acusar a los comuneros de su país, donde se llegaron a inventar mensajes telefónicos “plantados” en los celulares de los acusados. La segunda planteaba el tráfico ilegal de armas entre Argentina y Chile, y fracasó antes de nacer porque también se descubrió evidencia trucha para establecer el vínculo.
Sin embargo, la Fiscal Federal de Esquel, Silvina Avila (otra de las encubridoras en el caso Maldonado), ensayó una acusación a la comunidad por tenencia de armas a partir de unos artefactos explosivos que fueron encontrados (plantados en realidad) dentro del territorio el 16 de agosto de 2017, cuando se estaba desarrollando un allanamiento y la ministra Bullrich instalaba desde el Senado la falaz vinculación de Santiago Maldonado con la RAM.
Un dato más: el avance de Avila en esa acusación ocurrió en octubre de 2017 (ya se había encontrado el cuerpo de Maldonado), un mes después de una reunión que mantuvo Bullrich con Mahmud Aleuy, ex subsecretario de Interior chileno, para analizar en conjunto el falaz tráfico de armas que planteaba la Operación Huracán y Andes.
Lo que no debería dejar de sorprender a nadie es que, a partir del juicio contra la Pu Lof y la causa por espionaje, se está develando un entramado de nombres que desviste, por un lado, al verdadero poder de Benetton en la región y, por el otro, la utilización política de ese espionaje y la persecución a las comunidades –que en la Patagonia ya se cobró la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel- por parte de la Alianza Cambiemos, vía su brazo armado, la ministra Bullrich.
*Por Sebastián Premici para Nuestras Voces
