Bialet Massé: Comunidad Ticas denuncia aval judicial para el desalojo del territorio
La Fiscalía de Cosquín negó que el Municipio de Bialet Massé haya incurrido en un delito al desmontar bosque nativo protegido por la Ley de Bosques y trazar calles públicas en territorio comechingón. Ante los constantes atropellos por parte del Gobierno Municipal y desarrollistas privados, la comunidad exigió «el cese de la violencia sobre el territorio».
Por Redacción La tinta
A pesar que en noviembre de 2017 se prorrogó la Ley 26.160 que frena los desalojos a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales, la Comunidad Ticas del pueblo indígena Nación Comechingón denuncia que se encuentran en una situación de emergencia territorial.
La comunidad ubicada en el territorio Cochatalasacate (en la localidad de Bialet Massé) es reconocida por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (personería Jurídica Nº 111 del RENACI), el Registro Provincial de Comunidades Indígenas de Córdoba (Ley 10.316) y está incluida en el relevamiento técnico jurídico catastral realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Aún así, el pueblo comechingón está padeciendo distintas situaciones de atropellos, usurpación, venta irregular y fraudulenta de su territorio comunitario.
El pasado 19 de diciembre, funcionarios de la Municipalidad de Bialet Massé desmontaron bosque nativo protegido por la Ley de Bosques y trazaron calles públicas en territorio reconocido a la comunidad por la Ley 26.160. Custodiado por la Policía, una máquina de gran porte desmontó aproximadamente cinco cuadras de bosque y rompió cercos perimetrales del territorio.
Ante esto, los miembros de la Comunidad Ticas -junto con la Mesa Provincial Indígena- presentaron una denuncia por daños en el territorio protegido y abuso de autoridad ante Policía Ambiental y la Fiscalía de Cosquín. La Policía Ambiental constató de manera inmediata el delito y colocó carteles para el cese preventivo sobre actividad municipal de apertura de calle.
A dos meses de los hechos, finalmente el fiscal de Cosquín Martín Bertone falló a favor de la Municipalidad. Según señalan los Ticas, el fiscal Bertone resolvió que «no existe delito alguno y que el intendente Marcelo Oliva tiene el poder de policía para demolición, clausura y desalojo».
«Policía Ambiental fue la única que hizo valer la infracción a través de la Ley 10.208 de política ambiental (…) El fiscal desconoce los derechos adquiridos como reserva indígena en la resolución de la denuncia y por parte del Municipio, los cuales aluden no contar con papeles de la comunidad, desconociendo por completo nuestra existencia. De igual actuación, el intendente se refiere a velar por el ‘bienestar general’, de manera que Fiscalía determina que no le corresponde la figura de usurpador y por la misma razón la falta de ‘intencionalidad maliciosa’, descarta el delito de abuso de autoridad», recuperan los Ticas en un comunicado.
Ante los constantes atropellos por parte del Municipio y desarrollistas privados, la comunidad exigió «el cese de la violencia sobre el territorio y donde se encuentra nuestro asentamiento en barrio Mirador del Lago, siendo un grave conflicto el tema de tierras y el gran avance irregular de inmobiliarias en la zona, provocando una total falta de garantía en el bienestar de sus habitantes».
«No pueden abandonar el cuidado de la cuestión social, ambiental y cultural. Son tiempos en que la disputa sobre el modelo político y económico requiere de más instancia de discusión sobre la protección del medio ambiente y más actos de consenso sobre la población colindante (…) La conservación del patrimonio cultural arqueológico, paleontológico y antropológico aporta a la existencia y continuidad de la humanidad en los procesos históricos y culturales. No se comprende este crecimiento sin ordenamiento territorial, afectando aún más nuestros bienes comunes (el agua, el suelo, el aire) y nuestro paisaje arqueológico», concluyeron.
* Por Redacción La tinta
