Ser Trans en Argentina
El 18 de marzo de 2012 falleció Claudia Pía Baudracco, activista trans, fundadora de ATTTA y una referente en el debate por la ley de Identidad de Género. Se toma la fecha de su fallecimiento para instaurar el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, visibilizando las demandas todavía postergadas y denunciando las condiciones de vida actuales de las miembros de la comunidad trans. Aquí algunas cifras con las que conviven a diario.
Por Lucía Sánchez para La tinta
La realidad de una persona trans en nuestro país es alarmante. Lo que los grandes medios muestran, cuando deciden mostrar, es la noticia con tintes policiales sobre un crimen de odio. Si bien es preocupante la saña ejercida sobre los cuerpos trans, también lo es su recorrido vital. Aquí algunos datos sobre el acceso a las instituciones de salud y educativas, y al mercado laboral.
El promedio de vida de una persona trans en América Latina y el Caribe, varía entre los 35 y 41 años a diferencia de la expectativa de vida general de la región que es de 75 años. Particularmente en Argentina, se estima que el colectivo trans está conformado por entre 7 y 10 mil personas, un número calculado por organismos independientes porque aún hoy, los censos responden binariamente en cuestión de géneros.
Cerca del 90% de las personas trans, se encuentra por fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización. Asimismo, el VIH, la silicona industrial y los asesinatos configuran la primera causa de muerte. A más de cinco años de aprobada la ley de Identidad de Género, aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans.
Estado ¿presente?
La Ley 14.783 de la Provincia de Buenos Aires aprobada en 2015 establece que “una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ella”. Su aprobación representó una conquista porque logró que el Estado reconociera el derecho al trabajo formal de lxs trans. La Ley incluía incentivos fiscales y económicos para el área privada y un registro sistemático para poder modificar los Programas existentes de manera continua. De todas formas, todavía no se ha reglamentado su implementación.
En Rosario, el Municipio decretó – por primera vez – la contratación de cinco compañerxs trans como intento de formalizar su mercado laboral y en La Universidad Nacional de Mar del Plata, implementó que al menos el uno por ciento de los puestos no docentes, estuviera ocupado por personas transexuales, travestis y transgénero. En Salta, se presentó un Proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans en el 2015 y se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En él se establece que el 0.5% (que originalmente era del tres por ciento) de lxs trabajdorxs debe pertenecer al colectivo trans. Esto en la práctica, significaría más de 300 puestos de trabajo en la gestión estatal.
Más allá de puntuales avances en materia de derecho y reconocimientos del colectivo trans, en Argentina todavía falta mucho espacio por conquistar. Previo a la Ley de Identidad de Género, los hospitales públicos carecían de políticas, y las clínicas privadas y las obras sociales se negaban a tratar a pacientes trans. Hoy, los datos recolectados por organismos independientes denuncian que entre el ochenta, noventa por ciento de las personas trans, se ha visto en situaciones violentas con médicxs y todavía persiste una demora de las gestiones privadas para la entrega de mediación y cirugías. Existe otra deuda de la sociedad para con el colectivo trans: una medicina que acepte, contemple y trate a lxs cuerpxs de manera integral y no binariamente, sin intentar establecer “patologías” ni (im)poner en situaciones vulnerables a lxs pacientes.
Primera encuesta sobre Población Trans
Respecto a las estadísticas, recién en junio de 2012, el INDEC realizó la primera prueba piloto de lo que sería un censo que contemplase a todxs. En el se encuestó a quienes habitaban en La Matanza sobre salud, educación, justicia, mercado laboral.
En La Primera Encuesta Sobre Población Trans, el relevamiento concluyó que la comunidad trans de La Matanza reúne un 84% de mujeres y un 16% de hombres. Allí, la esperanza de vida de una persona trans es de 39 años y el 98% de quienes viven en el municipio, son de nacionalidad argentina. Asimismo, casi el 50% de quienes participaron del Censo dicen haber “expresado su identidad” entre los 13-17 años y el 64% sólo tiene aprobada la primaria, un 7% comenzó los estudios superiores pero apenas un pequeño dos por ciento terminó el terciario o universidad. Resulta interesante pensar el casi nulo acompañamiento institucional que contaron lxs encuestadxs: en la pubertad aceptaron socialmente su identidad pero lo hicieron en espacios que no fueron los escolares, es decir, la no presencia del Estado en la etapa de autodescubrimiento/aceptación/reconocimiento, colabora en la marginalización de lxs cuerpxs trans.
En cuestiones médicas, el 80% no contaba con ningún tipo de cobertura privada y un 55% realizo algún tipo de tratamiento hormonal (pero apenas el 16%, realizo controles médicos). Un 54% efectuó “algún cambio”: de diez entrevistas, ocho manifestaron haberse aplicado inyección de siliconas/líquidos y dos se colocaron prótesis. El 65% no ha podido acceder a una intervención quirúrgica u hormonal por cuestiones económicas. Manteniendo los números, ocho de cada diez recurren al hospital público y dos de diez a una clínica privada frente a una urgencia.
Esto no es más que un recorte sobre el acceso a la salud, la educación y el trabajo de las personas trans. Falta y para eso las organizaciones y referentes trans están en pie de lucha. Como dijo alguna vez Claudia Pía Baudracco: “Los derechos no se negocian, se ganan y se pelean”.
*Por Lucía Sánchez para La tinta.
