¿Quién defiende a los pueblos originarios?
Este año se cumple una década de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, incumplida sistemáticamente en todo el mundo. El afán extractivo, el principal problema.
Por Irene Savio para El Confidencial
El 4 de diciembre de 2011, cuando Petrona López Girón tenía veinticinco años, un grupo de hombres entró en su casa de Banavil, una aldea rural del Estado de Chiapas, en México. Portaban rifles, con los que la golpearon a ella y a su familia. Su padre, un indígena tseltal, fue hecho desaparecer y jamás volvieron a saber de él. Desde entonces, la familia nunca ha vuelto a casa. Malvive, con otros veinte familiares desplazados —en su mayoría, sus hermanos y tíos—, en un piso de alquiler en San Cristóbal de las Casas, a varios kilómetros de distancia. Ni el Gobierno nacional ni el federal encontraron jamás a su padre, ni ellos han salido adelante. “Continuamos reclamando justicia, pues no la hemos tenido”, cuenta Petrona, cuya historia recoge el último informe anual que realiza el centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas. Pero las historias de indígenas como esta, que a diario se registran en todo el planeta, no parecen interesar a los gobiernos, por lo que caen en el cajón del olvido.
A la hora de decidir qué avances ha obtenido el mundo indígena y qué desafíos quedan pendientes, las Naciones Unidas —y en especial organismos como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)— subrayan un hito particular: la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Este documento, integrado por 46 artículos (al que se llegó tras cuatro décadas de debates después del fin de la etapa colonial y que en su momento apoyaron 140 países, pero no Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) cumple este año su décimo aniversario. No obstante, los objetivos del mismo -entre ellos “el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad”, el derecho a la libre determinación, a la no discriminación y a no ser desplazados o despojados de sus tierras- han sido en gran parte traicionados.
Tanto es así que un reciente informe del Banco Mundial, titulado «Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI: Primera década», señala que dondequiera que habiten en América Latina —donde se halla el 8% de la población indígena mundial— los pueblos originarios pertenecen a los sectores más pobres y más marginados de sus sociedades.
En Bolivia, Ecuador, Guatemala, Mexico y Perú, la tasa de pobreza de la población indígena supera el 38%, casi dos veces más que el promedio del resto de la población. A nivel mundial, los indígenas representan al menos el 15% de la población extremadamente pobre del mundo y un tercio de los pobres rurales, como también hace hincapié otro estudio titulado «Indigenous Peoples, Poverty, and Development» [«Pueblos Indígenas, Pobreza y Desarrollo»] publicado por la Universidad de Cambridge.
Frente a ello, el FIDA celebró en Roma en febrero pasado la tercera reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, a la que siguió otra reunión de las Naciones Unidas en Nueva York en abril para presentar los resultados provisionales de estos últimos diez años.
Nuevos y viejos enemigos
No obstante, el gran enemigo de siempre sigue acechando: las grandes multinacionales. Antonella Cordone, especialista en Pueblos Indígenas y Cuestiones Tribales del FIDA, es directa. “En todo el mundo la batalla de los pueblos indígenas está recrudeciéndose porque ellos habitan mayormente en territorios ricos en biodiversidad y minerales y estas tierras son reclamadas por numerosos gobiernos y multinacionales para usos extractivos”, afirma. Unos objetivos de mercado por los que estas entidades, en muchos casos, también optan por saltarse la negociación con los indígenas.
Una prueba de ello ha sido la reciente orden ejecutiva del nuevo presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reautorizando la construcción del Dakota Access y el Keystone XL. Estos oleoductos, que pasan por tierras sagradas de los Sioux y amenazan incluso con contaminar el río Missouri, del cual dependen para vivir, había sido temporalmente bloqueado para su negociación por el antiguo presidente Barack Obama. Hasta que Trump tomó el relevo.
«Es un insulto a los Sioux de Standing Rock y a todos aquellos que defienden su causa en los territorios indígenas y representa la vuelta a un patrón histórico de vulneración de los derechos de las comunidades indígenas», declaró entonces Jan Hasselman, el abogado de la tribu.
Otras fuentes señalaron que Trump tomó la decisión de realizar este oleoducto —cuya construcción había sido descartada en diciembre por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos— sin consultar a los Sioux. Un contexto que ya ha provocado que algunas multinacionales, como la canadiense Transcanada, mostraran su interés por el proyecto, y que la tensión acabara en numerosas detenciones de activistas en febrero.
Morir por la tierra
Pero el problema no es solo americano. En muchas partes del planeta los indígenas están dispuestos a todo, incluso a poner en riesgo su vida, para defender sus tierras. “En 2015, en el mundo fueron asesinados 185 activistas medioambientales, 40% de los cuales eran indígenas. Y estos son sólo los números referentes a los casos que se han hecho públicos, es posible que haya habido más”, recuerda Cordone. “No hay que olvidar que el acceso a los recursos está en disminución y la población mundial está creciendo. Esta es la guerra. Pues los indígenas ocupan el 20% de las tierras del mundo y el 80% de la biodiversidad del planeta”, subraya la experta.
Así las cosas, la situación es cada vez más alarmante. En una visita a a Honduras de diciembre de 2014, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada de centenares de megaproyectos en las tierras de pueblos indígenas, “utilizando sus recursos naturales, sin procesos de consulta previa (…) acompañados de gran represión a los pueblos, quienes habrían sido desalojados forzosamente”. Mientras que en todo el continente, ha insistido CIDH, se registra una “débil supervisión y el escaso control de las compañías extranjeras en los países en donde operan desde su inicio, lo cual facilita violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes”, según se lee en el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas».
“En las ciudades no podemos cultivar, en los campos sí. Ahora nos lo están impidiendo”, se queja Petrona, la joven indígena desplazada originaria del Estado mexicano de Chiapas. “Los indígenas de México siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, afirma Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas.
Un problema mundial
En África y Asia las circunstancias no son diferentes. Si bien la situación varía de país en país, en varios casos, preocupa. Si, por ejemplo, en China la brecha entre las tasas de pobreza de la población indígena y la población no indígena se está acortando, en Vietnam crece. Y, si hace pocas semanas, en la República Democrática del Congo, los pigmeos Bambuti denunciaron ser objeto del despojo de las tierras que han habitado ancestralmente —a causa de que no poseen ningún papel que constante que son suyas—, esto ocurrió después de que el Parlamento congoleño votara en 2007 una ley para protegerlos.
Dicho esto, observadores como Cordone también señalan los avances producidos tras la Declaración de 2007, como haber logrado hacer entrar a los indígenas en las reuniones donde se debate la agenda global, tal como ocurrió con la Cumbre de París sobre Cambio Climático de 2015. Así como el haber logrado que organismos lleven adelante proyectos específicos cuyo objetivo es cambiar la narrativa predominante y promover que los indígenas sean vistos como ‘parte de la solución’ —y no del problema— ante los problemas de las sociedades y de las economías de los Estados. Algo que también ha sido posible gracias al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de 1989.
Además de ello, el marco jurídico también ha mejorado, en particular en América Latina. Bolivia fue el primer país en incluir los principios de la Declaración de 2007 en su Constitución, a lo que le siguieron otros de América Latina. Respecto a Colombia, la CIDH reconoció que la Corte Constitucional “ha venido cumpliendo un papel de suma importancia en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas”, mientras que Perú ya aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa, que recoge algunos de los supuestos en los que el Estado debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para tomar una decisión.
*Por Irene Savio para El Confidencial
