La guerra más cercana
Entrevista al escritor que mejor describió la violencia que arrasa a México, Sergio González Rodríguez, uno de los primeros que se acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, fallecido el 3 de abril de este año.
Por Amador Fernández-Savater para La Vaca.
Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, noche del 26 de septiembre de 2014: decenas de estudiantes son atacados por policías y criminales. Sucede entonces una de las masacres más terribles de la historia reciente del país. Los jóvenes son secuestrados y sufren torturas antes de ser asesinados. Los cuerpos al día de hoy siguen sin encontrarse. El Estado atribuye la autoría a “bandas criminales”. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y en todo México se disparan las movilizaciones bajo las consignas de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Fue el Estado”.
Unos meses antes, de visita en Ciudad de México, le comenté a una amiga lo perdido que estaba en la desmesurada realidad mexicana, mi incapacidad para entender casi nada de lo que sucedía, sobre todo esa “extraña guerra” en la que se vive allá y que se ha cobrado en torno a 100.000 muertes entre 2007 y 2012: la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mi amiga me dijo: “Tienes que conocer a Sergio para saber dónde estás”. Se refería a Sergio González Rodríguez, periodista y escritor mexicano, uno de los primeros que se acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es célebre su libro Huesos en el desierto, en el que conjuga el reportaje, la crónica y el ensayo para intentar desentrañar la naturaleza de los asesinatos de Juárez. Luego vinieron El hombre sin cabeza y Campo de guerra, ensayos sobre la violencia contemporánea que encuentra en México un laboratorio avanzado y terrible.
En esa comida que compartimos, tuve que ponerme en el lado derecho de Sergio porque no podía oír con el oído izquierdo desde que fue golpeado por unos desconocidos casi hasta la muerte en el barrio chilango de la Condesa. “Pero estoy vivo”, decía. Su capacidad de percepción no ha disminuido en absoluto y así lo prueba Los 43 de Iguala, el libro que acaba de publicar dedicado a analizar el caso de los estudiantes de la aldea de Ayotzinapa desaparecidos.
Hablando de México, del capitalismo salvaje, de la confusión entre el poder político, económico y criminal, del desmantelamiento del concepto de soberanía, de la militarización y paramilitarización del país, de la ilegalidad como negocio, de la sociedad fragmentada y del recurso a la excepción como forma de gobierno, Sergio no se refiere en absoluto a una anomalía o una realidad aparte, sino que nos describe las tendencias mayores que configuran a día de hoy el futuro de todos.
El Estado a-legal
-En Los 43 de Iguala dices: “Debo hablar de lo que nadie quiere hablar”. ¿Por qué el silencio?
-Cada vez más, las sociedades actuales tienden a silenciar los actos de abusos en todo sentido, los estados de excepción, la barbarie, el terror, el riesgo y la vulneración de los derechos, libertades y dignidad de las personas. El silencio al que aludo tiende a establecer nuevas líneas de coexistencia en todas partes donde la polarización y las tensiones sociales establecen una dinámica de adhesión versus rechazo tajante de una u otra causa, y la reflexión racional deja de ser importante para ser reemplazada por la simple emotividad de “buenos contra malos”. Las movilizaciones posteriores a la masacre de Ayotzinapa señalaron “Fue el Estado”. ¿Cuál es tu interpretación del papel del Estado en la masacre? Con la información disponible a la fecha, postulo que el Estado mexicano es presunto responsable de delitos de lesa humanidad por omisión en aquella noche. La participación activa de policías y militares debe ser indagada, desde luego. Tanto el gobierno local, como el estatal y el municipal, tienen responsabilidad al respecto y la investigación debe precisar los detalles de por medio. Asimismo, estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable, por mantener dos mercados de alto impacto a partir de México y, en especial, en Guerrero: el de las drogas y el de las armas. Rechazo por completo la versión del gobierno acerca de que lo que sucedió en Iguala fue un mero asunto de drogas y criminalidad. En mi libro me permito analizar lo político y lo geopolítico que surge de aquellos hechos.
-La figura de Abarca, el ex-alcalde de Iguala, me parece muy llamativa porque condensa la fusión y confusión de poder político, económico y criminal que a tu juicio está devastando el país. ¿Podrías hablarme de esa figura y de esa conexión y entrelazamiento entre esos distintos poderes en México?
-La figura de tal individuo, su esposa y la trama de corrupción que de él se ostenta, entrega otro episodio más, ya no sólo de la corrupción mexicana, sino de procedimientos perversos de ejercer la política. Por ejemplo, emplear a criminales en tareas policiales, obtener el apoyo de fuerzas políticas, económicas y partidarias a pesar de tener pésimos antecedentes, reemplazar la legalidad a través de componendas de alto nivel, simular un respeto a la ley, funcionar, en suma, por dis-funcionalidades. Es lo que llamo un Estado a-legal. Son procedimientos estructurados que unen lo legal y lo ilegal.
Democracia formal
-En otro de tus libros utilizas el concepto de An-Estado, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona el An-Estado en México?
-El An-Estado es un Estado a-legal, como el mexicano, pero esto no es privativo de México. Funciona por sus dis-funcionalidades. Está fuera y contra -eso significa el prefijo “a”- de la legalidad y simula respetar la ley. En otras palabras, no sólo cumple fórmulas de excepción o ruptura de normas, sino que las incluye y las llega a invertir. Por ejemplo, sus nexos con el crimen organizado, que puede ser un instrumento de gobernabilidad o de apoyo, mediante aportaciones financieras, dentro del orden constituido. En este tipo de Estado, el gobierno puede ser reemplazado por prácticas comunicativas de control de daños, propaganda y campañas de contra-información en lugar de atender problemas concretos. En un An-Estado la democracia es formal, no sustancial, y se reproduce a partir de una clase política cada vez más ajena a la sociedad.
-México es un “campo de guerra”, dices, ¿podrías explicarnos este concepto y la realidad que nombra?
-México es un campo de guerra desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió desatar, bajo el patrocinio de Estados Unidos, una guerra contra el narcotráfico (2007-2012) y las fuerzas armadas del país fueron entregadas a tareas de gendarmería. Hay localidades, zonas, trayectos tomados, en forma temporal o continua, por el crimen organizado; el país mantiene un índice de impunidad de todos y cada uno de los delitos que se cometen del 98 al 99 por ciento, por lo que los ciudadanos son víctimas reales o potenciales de los abusos de las fuerzas armadas, las policías, el crimen organizado o el delito común. Estados Unidos es co-responsable de la degradación institucional en México, pues el estado de guerra descrito es producto directo del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN 2005). La soberanía del país fue entregada a los intereses estadounidenses.
Revolución de las mentes
-¿Dónde colocas tus esperanzas en este momento en México?
– En el conocimiento, la información, la reflexión, la claridad, en una revolución de las mentes que pueda sentar las bases prácticas para dejar atrás las imposiciones del sistema de mundo actual. Hay que re-pensar en forma integral la realidad y proponer nuevos entendimientos al respecto. En cuanto a las demandas específicas de las familias de las víctimas, su cumplimiento sería alentador. El petitorio de ocho puntos planteado por las familias al gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser aceptado. Y habrá que evitar que el gobierno postergue la investigación judicial debida para favorecer acciones supletorias de tipo burocrático o comunicativo.
-Mi impresión leyéndote, Sergio, es que describes un mundo cada vez más fragmentado donde “todo son bandas”, incluido el Estado, incluida la izquierda en muchos casos. Es la caída del Estado de Derecho. Hay opciones políticas, como el EZLN, que parecen olvidarse de esa “misión imposible” y dedican sus esfuerzos a construir espacios de justicia, solidaridad y autonomía. ¿Se trataría entonces, a tu juicio, de restablecer el Estado de Derecho o de constituirse en él como fuerza asimétrica emancipadora?
-La fragmentación señalada atañe a ciertas partes del país; en otras se mantiene cierta inercia de unidad a través del clientelismo partidario-electoral, a través de sindicatos como el de los maestros (que incluye grandes porciones disidentes), a través del impacto colectivo de los medios masivos de comunicación, a través de buena parte de la población que trabaja y mantiene un respeto parcial, pero concreto a la ley y a la convivencia. El Estado de derecho debe restablecerse porque, de otro modo, las instituciones se degradarán más cada día. La aceleración de la decadencia actual sólo reafirmará al poder constituido. El surgimiento de un contra-poder asimétrico que defienda de verdad valores de igualdad, justicia y solidaridad resulta deseable, pero en el entendimiento actual de las cosas políticas en México es una posibilidad difícil de ser realizada en el corto plazo: la izquierda ofrece más dichos que hechos en tal sentido.
-¿Qué propones en concreto para ese restablecimiento del Estado de Derecho?
-Desde tiempo atrás he sugerido:
Retirar al ejército y a la marina de su función de gendarmería de la seguridad pública, al mismo tiempo que se fortalezcan y renueven los cuerpos policiales;
Controlar el flujo y la posesión de armas ilícitas en el país, y desarmar a los grupos criminales;
Establecer un plan de desarrollo para las localidades con los mayores índices de violencia con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad, la violencia y los delitos, y regularizar servicios eficaces de salud, empleo, vivienda, transporte, educación, cultura, etcétera.
Se requiere más inversión productiva, y menos gasto en armas. Por desgracia, el gobierno actual ha gastado en tres años 3.500 millones de dólares en armamento, todo para satisfacer los protocolos del ASPAN y la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
Como muestro en mis libros, basta ahondar en el examen de los hechos para descubrir su evidencia ofensiva, su claridad perversa. Y si bien en un primer momento podemos confundirnos sobre el verdadero estatuto del policía que es un criminal, o viceversa, el mecanismo que lo posibilita puede ser desarmado por la observación, la denuncia, la insistencia política, la crítica.
*Por Amador Fernández-Savater. Fotografías: Fernando Gutiérrez Juárez y Ferran Sendra.
