Los que marchan hace siglos: Originarios por los Derechos Humanos
Comunidades indígenas caminaron desde la Puna y Quebrada jujeña hasta la capital de Jujuy para visibilizar las luchas contra el avance sobre sus derechos. ¿La motivación de la caminata? Territorios invadidos. Aguas contaminadas por la minería. La criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a la consulta libre, previa e informada.
Por Santiago Romero para Emergente
Pasaron más de 60 años y casi nada cambió: las tierras ancestralmente habitadas y trabajadas siguen siendo invadidas por intereses extranjeros y locales, y no se encuentra amparo en la justicia ni respuesta del estado. Las comunidades indígenas volviendo a las calles recuerdan el Malón de la Paz de 1946.
Las distintas comunidades que vienen caminando desde sus territorios, algunos a más de 300 kilómetros, iniciaron la semana pasada temprano el último trayecto hasta destino: llegar a San Salvador de Jujuy y compartir con la ciudadanía las problemáticas que afectan a las comunidades y los territorios. Advierten que todos se verán afectados si no se hace nada.
Mediante una radio abierta en la plaza principal acercaron también sus reclamos a la gobernación de Gerardo Morales que, detrás de un discurso indigenista, continúa sancionando leyes que atentan contra los derechos de las comunidades. La caravana comenzó el jueves 16 en Casira — casi frontera con Bolivia — y a lo largo del recorrido se le fueron encontrando con pueblos hermanos que además de sus reclamos y problemáticas puntuales, se sumaron a los reclamos comunes: derogación de la Ley 5.915, rechazo a la vulneración de la consulta libre, previa e informada, y repudio a la criminalización de la protestas social indígena, a la contaminación de los territorios y al incumplimiento del derecho de Educación Bilingüe.
Las comunidades del Rodeo, Casira, La Quiaca y la región de Laguna de Pozuelos se manifiestan en contra de los proyectos megamineros. Ya existen en Jujuy antecedentes de proyectos que han dejado los pasivos sin remediación alguna, como el caso de Metal Huasi que abandonó los residuos de plomo y ha causado que una gran parte de la población de Abra Pampa sufra saturnismo (envenenamiento por plomo en sangre). Los vecinos denuncian que la laguna — hoy ya casi inexistente — empezó a secarse casi junto con el inicio de la mina Pirquitas y que la gran cantidad de muertes de camélidos en años recientes se debe al agua contaminada.
Las comunidades kollas y atacama de la laguna de Guayatayoc hacen frente al avance de la minería de litio en el territorio por presentar una amenaza para el Salar Grande, en donde diferentes empresas transnacionales han avanzado en el desarrollo de sus proyectos. La comunidad de Cueva del Inca defiende su territorio hace décadas de los distintos intentos de desalojo que sufren, y principalmente luego de la re-valoración de tierras que trajo consigo la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2003.
“Sabemos que la Justicia se creó para defender los derechos, pero nosotros lo único que vivimos es hostigación, avasallamiento, denigración y atropellos constantes”, manifestó Verónica Mamaní, presidenta de la comunidad. Sus tierras están bajo una orden judicial de “no innovar”, y cuenta que no los dejan construir ni un baño y tampoco hacer sus celebraciones culturales en el salón comunal. Desde la población de Piedra Negra resisten a la instalación de una planta fotovoltaica que trabajaría en territorio donde hoy y hace décadas viven familias y sus animales. Y la lista sigue.
En mayo de 2016 se aprobó la ley 5.915, también conocida como “Ley de Servidumbre”, que permite a las empresas hacer uso del territorio sin tener en cuenta el reconocimiento indígena sobre el territorio y sin necesidad de realizar la consulta libre, previa e informada que estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Argentina es firmante. Tampoco respeta la Constitución Nacional ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. La ley, que afecta específicamente a las comunidades indígenas, se sancionó en tiempo récord y fue elaborada y tratada sin su participación. “Es contradictoria con todos los derechos que hemos adquirido como pueblos originarios” expresó Enrique González, uno de los voceros de la caravana.
Luego de una ceremonia en la entrada de la ciudad y con los niños al frente seguidos por los ancianos, la caravana entró a la capital de Jujuy cerca del mediodía. Al llegar a la plaza principal, la casa de gobierno se encontraba cerrada. Nadie se acercó a dialogar. Ya lo saben por experiencia, en los últimos años han hecho pedidos de audiencia, notas, cartas documento y nunca hubo respuesta. “Han cerrado las puertas y las ventanas, esos son los luego dicen que dialogan pero en todo este tiempo nunca se acercaron”, enfatizó Enrique González.
*Por Santiago Romero para Emergente (Texto y fotos)
