Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en Página/12 por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
*Por Darío Aranda para Página/12.
