Justicia Juvenil Restaurativa: reparar el daño para no dañar penando

Justicia Juvenil Restaurativa: reparar el daño para no dañar penando
11 abril, 2023 por Verónica Cabido

Finalizó la capacitación de quienes trabajarán con jóvenes en conflicto con la ley penal en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Un intento de respuesta a las injusticias del enfoque penal retributivo y a la violencia estatal que produce y reproduce el sistema penal juvenil sobre las infancias y adolescencias de manera selectiva, recayendo con mayor dureza sobre los sectores empobrecidos. Esta nueva propuesta se centra en darle protagonismo a las personas involucradas, reducir los índices de reincidencia y propiciar la desjudicialización de los conflictos, reduciendo las intervenciones penales en adolescentes.

Por Verónica Cabido para La tinta

Los pibes cumplen condenas
entran y salen las penas
entran y salen las penas
de su niño corazón.

Gustavo “El Príncipe” Pena

Durante el último año, la provincia de Córdoba comenzó a trabajar en un programa restaurativo para abordar los conflictos interpersonales en los que estén involucrados niños, niñas y adolescentes. La semana pasada, finalizó la capacitación de las y los facilitadores que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley penal. Hasta ahora, se formaron 70 operadores que ya están realizando las primeras intervenciones. En un primer momento, el programa se llevará adelante en la ciudad de Córdoba, para luego extenderse al interior. De esta manera, la provincia se convierte en la primera del país en aplicar el enfoque restaurativo. 

En los últimos años, y de la mano de tratados internacionales de derechos humanos y recomendaciones de organismos internacionales, este enfoque ha ganado terreno con el objetivo de adecuar los sistemas de justicia juvenil a los estándares de derechos humanos en la materia. En la provincia de Córdoba, el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa surge de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia y la Municipalidad de Córdoba.  Lo que propone el enfoque es que la respuesta punitiva, en el caso de adolescentes, ceda en favor de otro tipo de respuesta, basada en la restauración y los procesos educativos. 

Cuando se afronta la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal, dos posturas confrontan entre sí con frecuencia. Aunque parece siempre prevalecer la demanda punitiva, el escenario se presenta bifurcado entre los enfoques que sostienen la necesidad de aplicar la ley penal bajo el modelo retributivo tradicional y quienes advierten que la criminalización de les jóvenes tiene consecuencias negativas severas, no logra una resocialización ni una adecuada reparación y no resuelve las verdaderas causas de la conflictividad social. Las inequidades que produce la respuesta punitiva son innegables. El sistema penal juvenil produce y reproduce violencia estatal sobre las infancias y adolescencias de manera selectiva, recayendo con mayor dureza sobre los sectores empobrecidos.


Como intento de respuesta a las injusticias del enfoque penal retributivo, surge el restaurativismo. Esta alternativa propone gestionar de manera beneficiosa los conflictos socio-penales, darle protagonismo a las personas involucradas y reducir los índices de reincidencia. Reconoce que la sanción penal no solo no logra los fines que se propone, sino que agrava la realidad de los jóvenes y propone sustituir o acompañar las sanciones con el aprendizaje y la reflexión sobre los propios actos, y la restauración o reparación del daño ocasionado con un sentido pedagógico que logre la transformación. Es un enfoque que fomenta el fin socioeducativo del proceso, procurando no estigmatizar ni reafirmar en las transgresiones a la ley penal a jóvenes que aún están en formación de su identidad y carácter. 


El abordaje restaurativo evita la incriminación prematura y la asimilación de sus transgresiones con la delictividad adulta.  Se orienta a ayudar a jóvenes a tomar responsabilidad por sus acciones y a reparar el daño que han causado, y, al mismo tiempo, les brinda apoyo y oportunidades para cambiar su comportamiento y evitar futuros conflictos. No sólo apunta de manera directa a brindar una respuesta integral ante un joven en conflicto con la ley penal, sino que también tiene un objetivo indirecto muy significativo: disminuir los niveles de reincidencia, logrando reducir también los índices de conflictividad penal en el mundo adulto.

En contraposición a los abordajes penales tradicionales, los enfoques restaurativos se presentan como alternativas conciliadoras que fomentan la participación de los sujetos involucrados en la resolución de su propio conflicto. En este sentido, se les devuelve el protagonismo que los sistemas penales tradicionales les quitan, confiando en sus capacidades de recomponer la situación y apelando a métodos de autocomposición que promueven la participación activa. Lo novedoso es que no apunta sólo al caso individual, sino que aspira a una transformación en la comunidad.

Detrás del restaurativismo, subyace una concepción filosófica. Rechaza la idea de que las personas son malas por naturaleza, como postulaba Hobbes, y confía en la bondad de las personas, adoptando una perspectiva optimista de las interacciones humanas, basadas en la cooperación y colaboración.  El restaurativismo cree en la bondad, en la cooperación, en la capacidad de transformación de las personas y en que tiene sentido resolver de una manera positiva nuestro conflicto.  La concepción tradicional que tenemos acerca de la justicia penal es hobbesiana, porque se afirma en la idea de nuestra incapacidad para resolver nuestros propios conflictos y postula la necesidad de una entidad que detente el monopolio de la violencia para ejercerla contra quien cometa delitos.

Nuestras ideas sobre la justicia a menudo hunden raíces en lo que algunos autores llaman “la cultura del castigo”. Desde nuestra concepción, el castigo, tanto dentro como fuera del sistema penal, se presenta como la mejor -cuando no la única- forma de resolver los conflictos interpersonales, depositando la confianza en que logrará transformar a las personas. Sin embargo, sabemos que produce consecuencias sociales devastadoras. Un abordaje restaurativo en clave antipunitiva puede tensionar nuestros preconceptos sobre la justicia, permitiendo ampliar los límites de nuestra imaginación respecto de la resolución de los conflictos, de manera que podamos corrernos del paradigma punitivo.  

La necesidad de un enfoque antipunitivo

Si bien Córdoba es la primera provincia en implementar el modelo restaurativo, numerosas ciudades de Argentina ya han avanzado en este sentido. En Pergamino, el programa se inició en 2018 y, aunque originalmente fue pensado para jóvenes de entre 16 y 18 años, paulatinamente, incluyó a quienes están por debajo de la edad de imputabilidad. Esto puede encender algunas alarmas. El modelo restaurativo puede ser muy beneficioso como alternativa a la respuesta penal tradicional, tanto para jóvenes como para personas adultas, pero no debería ser utilizado como caballo de Troya para expandir la respuesta judicial alcanzando a niños, niñas y adolescentes no punibles. Más bien al contrario, debe propiciar la desjudicialización y fortalecer el enfoque antipunitivo de las intervenciones.

Otros lineamientos del modelo restaurativo juvenil, en este caso, a nivel nacional, datan del 2019, cuando Patricia Bullrich y Garavano presentaron un proyecto que bajaba la edad de punibilidad y establecía la “mediación penal y acuerdos restaurativos” para la intervención de casos que involucraran a jóvenes. Así, de manera encubierta, ampliaba los límites de la respuesta punitiva habilitando la intervención penal bajo eufemismos que insinuaban abordajes “restaurativos”, pero con la misma estigmatización, selectividad y clasismo propio del sistema penal. No debemos dejar de mencionar que estas políticas se ven alimentadas por la sobrerrepresentación de los “menores” como delincuentes en los medios de comunicación y los discursos manoduristas que estos alientan.

Si creemos necesario desarrollar intervenciones que no criminalicen a las infancias, debemos llevar a cabo prácticas restaurativas en clave antipunitiva que crean que es posible la transformación individual y no pierdan de vista la necesidad de la transformación social. El objetivo de reparar el daño no debe desatender la necesidad de modificar las condiciones estructurales subyacentes. Es importante que las prácticas restaurativas adopten un enfoque antipunitivo, que permita visibilizar y reafirmar la perspectiva de derechos, y resignificar el rol de la comunidad como una red activa de contención, fortaleciendo los lazos sociales y comunitarios. Prevenir la escalada del conflicto mediante el diálogo y la participación activa de las personas involucradas, eliminar o minimizar las intervenciones punitivas sobre adolescentes, y evitar la estigmatización deben ser los objetivos principales. Cuidar bien al niño, cuidar bien su mente… y alejarlos del sistema de justicia penal, para que no entren y salgan las penas de su niño corazón.

*Por Verónica Cabido para La tinta / Imagen de portada: A/D.

Palabras claves: justicia, Justicia Juvenil Restaurativa, punitivismo

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Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 

Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 
26 noviembre, 2024 por Soledad Sgarella

El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.

Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.

Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.


«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”. 


Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”. 

Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.

“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Tejer las redes para una vida digna

Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.

Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.

En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.

Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024. Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.

El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.

Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.

Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector

Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”, historiza. 

Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”. 

La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.

Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.


Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”. 

Yamila, de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.

*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

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Palabras claves: Católicas por el Derecho a Decidir, Feminismo popular, Movimiento Campesino de Córdoba, mujeres campesinas, Salud Comunitaria, salud sexual y reproductiva

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