¿Qué quieren les trabajadores del sexo?
La prostitución es un tema del que siempre se ha hablado y se habla, pero al que nunca se le dio un tratamiento adecuado desde las políticas de Estado ni desde la educación. A pesar de haberse implementado algunos modelos para su regulación, ninguno de ellos respondió a las verdaderas necesidades del colectivo. Existen infinidades de mitos y leyendas sobre su ejercicio, desconocido para quienes no lo transitan desde adentro. Los registros históricos evidencian el triste lugar que se le ha otorgado a un sector social tan vulnerado como imposible de erradicar. Sacar del tabú a la sexualidad y a la misma como elección laboral es, sin duda, un desafío histórico que nos toca enfrentar como generación.
Por Vero Cocotte para La tinta
Aún hoy, la sociedad muestra resistencias al momento de hablar de sexualidad de manera amplia. A pesar de que contamos con legislaciones que deberían garantizar el acceso a información desde la infancia, este tópico sigue siendo un agujero negro que se traga gran parte de los debates y reflexiones necesarias. Al momento de ser nombrado, el sexo se convierte en la intersección que tensa los mil hilos de la historia del patriarcado y, más específicamente, la historia de las trayectorias sexuales individuales. Hablar de la sexualidad como trabajo será, sin dudas, traer de la sombras un tema no sólo controversial, sino también incómodo para casi todos los sectores sociales.
La única conducta erótica tolerable para nuestras sociedades contemporáneas es la unión de un hombre con una mujer bajo el contrato sexual del matrimonio, actitud que se corrió apenas unos centímetros al habilitarse el matrimonio igualitario en unos pocos países. La sexualidad es un vector de opresión. Otra de las conductas eróticas toleradas es el intercambio de sexo por dinero, siempre y cuando el mismo se haga en privado, en silencio y lejos de las miradas normalizadoras. Si alguien que se desempeña en el rubro del comercio sexual reclama algún derecho o denuncia un hecho de violencia institucional, la sociedad en su conjunto parece ofenderse. Esto devela una doble moral que es necesario visibilizar, ya que por allí se filtran las mayores injusticias.
El trabajo sexual (TS) coloca sobre la mesa una discusión que necesita ser actualizada. El Estado, las instituciones y el conjunto de la sociedad están en deuda con quienes lo ejercen, el cual merece una reparación histórica que no va a cerrar las heridas por las que sangra, pero que permitiría un debate que nos debemos hace tiempo. La sexualidad como trabajo es una encrucijada moral que necesita ser complejizada, descripta y explicada, pero de ninguna manera valorada o juzgada desde las emociones individuales de las pocas manos por las que pasa el poder.
El comercio sexual es un sistema estratificado, donde las distintas jerarquías sociales operan de manera diferencial en la reproducción de las violencias y las desigualdades, por lo tanto, hay distintas demandas por atender y algunas de ellas son urgentes. El TS ha sido siempre una estrategia de supervivencia para colectivos sobre los que impacta algún tipo de violencia institucional que no es accidental, grupos a los que el Estado no quiere garantizarles el acceso a derechos: inmigrantes, pobres y personas LGBTIQ+, todo lo que la derecha y una gran parte del sector progresista rechaza.
Cuando se intenta prohibir algo que la gente necesita o quiere hacer, se crean más problemas de los que se resuelven. La discusión sobre si vender sexo es degradante o no se vuelve superflua e injusta, ya que no hay nada más degradante que no poder conseguir dinero en un mundo en donde prácticamente nada puede hacerse sin él. El sistema de leyes actuales, con sus intenciones higienistas, chorrea hipocresía y hace que los negocios del sexo operen en los vacíos que dejan las paupérrimas políticas de Estado.
Modelos de intervención: una breve historización
Hasta la actualidad, se aplicaron cuatro modelos con la intención de regular la prostitución, pero ninguno de ellos se diseñó de manera conjunta con el colectivo, por lo que han mostrado su ineficacia al momento de impactar positivamente en la realidad de las y los trabajadores.
1— El modelo de criminalización total, el cual considera que la prostitución no debería existir y tipifica a todas las personas involucradas en el trabajo: quien lo vende, quien lo consume e intermediarios/as. Esto parece más una fantasía que una política de Estado, ya que la amenaza de la fuerza policial jamás ha disuadido al ser humano a no llevar a cabo una acción considerada ilegal. Más aún si la necesidad opera como motor. Este modelo es una trampa sin salida que no sólo se lleva por delante la voluntad de la persona que quiere ejercer el trabajo sexual, sino que deja sin alternativa a quienes no tienen otra opción. Prohibir el TS es colocar a los cuerpos que lo ejercen a recibir la paliza del Estado.
2— El modelo de criminalización parcial, donde vender y consumir sexo no es ilegal, pero sí sus actividades intrínsecamente asociadas, como el funcionamiento de cabarets y whiskerías, la oferta en la vía pública o la agrupación de varias personas para compartir un alquiler y sostener un espacio de trabajo de manera conjunta. Esta modalidad rompe con los espacios tradicionales, en donde el trabajo existió históricamente, además de vulnerabilizar al colectivo aislando a sus miembros.
3— El que criminaliza la figura de quien consume el servicio. El conocido slogan “sin clientes no hay trata”, que tuvo cierta trascendencia en nuestro país, se desprende de estas lógicas de Estado. Aquí el terreno se vuelve más pantanoso, porque no diferencia entre la sexualidad como un trabajo posible de ser elegido y lo confunde con la explotación por parte de terceros, tema que merece un análisis y decisiones estatales diferentes.
4— La legalización de la prostitución consiste en la creación de áreas específicas para su ejercicio, además de un sinfín de obligaciones a cumplir como controles médicos estrictos, registros en padrones, uso de libreta sanitaria, entre otros. Estos requisitos no sólo son difíciles de cumplir por innumerables variables intervinientes (como la dificultad en la accesibilidad a los servicios de salud), sino que también son imposibles de controlar por parte del Estado. El traslado de las zonas rojas hacia otras áreas de las ciudades, que casi siempre son las periferias, han demostrado que lo que se intentó fue correr el bulto de lugar para que no se vea, en lugar de ser una verdadera política de Estado que beneficie a sus destinataries.
El único modelo que ha sido superador, con respecto a todos los anteriores, es el implementado por Nueva Zelanda, el cual tuvo en cuenta los aportes de les trabajadores sexuales al momento de diseñar la ley. El mismo permite el régimen de autónomos y la auto-organización en cooperativas de trabajo, reconoce el derecho de admisión que permite aceptar o rechazar ciertas prácticas o clientes, dando así la posibilidad de seguir mejorando las condiciones del trabajo. Sin embargo, su eficacia aún no está demostrada.
Todos los modelos han mostrado sus falencias, en gran parte, por no apelar a las verdaderas necesidades del colectivo, el cual viene pronunciándose desde hace mucho tiempo a través de distintas organizaciones nacionales e internacionales. En Argentina, se han aplicado distintas variables de los cuatro modelos descritos, según el gobierno de turno. El punitivismo que subyace a estas políticas traslada la intención de criminalizar a la pobreza, que es el tipo de prostitución que molesta principalmente al feminismo blanco y académico de clase media-alta, el cual tiene mucho por reflexionar.
Entonces: ¿qué quieren les trabajadores sexuales?
Desde trabajadores organizades, militantes hasta activistas o personas autoconvocadas, coincidimos en que queremos pasar de la categoría objeto a la de sujeto, con todo lo que de ello se desprende. Escuchar las realidades de este trabajo contado por sus protagonistas implica apertura de mente y de corazón. No queremos que nos estudien ni nos analicen ni nos digan lo que tenemos que hacer. Muchísimo menos que nos pidan que cambiemos de trabajo, que hagamos cosas decentes. Por mucho que le pese a los sectores sociales conservadores, una gran parte de la sociedad elige la sexualidad como opción laboral en una cruda intersección entre capitalismo, comercio y patriarcado. Para aquellas que se rasgan las vestiduras o que no pegan un ojo a la noche pensando en que hay prostitutas que no quieren serlo, me pregunto: ¿por qué abrazan la prohibición y el punitivismo como una política de Estado?
El paradigma de pensamiento que se necesita para crear leyes que amplíen derechos e incluyan la diversidad que nos compone debe superar el doloroso estigma social que se asoció a nuestras prácticas, debe considerar a quienes trabajan como personas capaces de decidir sobre sus vidas, debe incluir las necesidades de las personas LGBTIQ+, debe ofrecer opciones reales para aquellas que no quieran ejercer el trabajo sexual, debe derogar los códigos contravencionales que reproducen la violencia cotidiana y debe garantizar el acceso a los mismos derechos que cualquier trabajador/a de otras áreas, y con ello hago referencia a seguridad social, cobertura médica y jubilación.
Las leyes se diseñan desde los territorios, no desde los marcos teóricos ni desde las creencias de un segmento social. Superar el binarismo con el que se ha analizado el trabajo sexual será, sin dudas, muy complicado, porque hay que revisar prejuicios que están fuertemente instalados en el inconsciente colectivo. Hay que desmantelar las categorías sexo/genéricas, la función de la sexualidad dentro del sistema capitalista y adentrarse en las aguas profundas del deseo y su inevitable disputa con la moral sexual impuesta.
Un modelo que apoye las verdaderas demandas del colectivo de TS es aquel en el que quepa una visión pro-derechos y pro-sexo, de manera simultánea. Y, ¿qué decimos cuando decimos pro-sexo? Significa construir una posición crítica en el campo de las políticas sexuales, es reconocer que hay una urgencia por crear espacios de discusión sobre los placeres y la diversidad con la que las personas experimentamos el erotismo desde otras prácticas sexuales no hetero-normativas. Implica preocuparse por la autonomía en el campo de los derechos sexuales y la libertad de elección, bajo la premisa de que todas las formas de deseo son el resultado de los marcos socioculturales y económicos que nos rodean. Bajo una visión pro-sexo, el TS encuentra una grieta por la cual entrar y desplegar también todo su repertorio de prácticas que no surgieron de la nada, sino que son el resultado del mismo tejido social que después lo expulsa. Sus saberes, de los que poco se habla por temor a las represalias, por las consecuencias sociales o familiares que traería salir del clóset, merecen tener un lugar visible en el discurso social. El reconocimiento del TS es, en este sentido, la respuesta más justa para la vida concreta de este colectivo del que cada día forman parte más y más personas a lo largo y lo ancho de nuestro planeta. Ocuparnos de esto es urgente.
*Por Vero Cocotte para La tinta / Foto de portada: Collages Verdecina.
