Represión y falta de atención médica a detenidas en Bouwer
La violencia fue la respuesta a un reclamo que hicieron mujeres privadas de la libertad en Bouwer por hacinamiento, falta de medicación y comida en situaciones de aislamiento por casos positivos de COVID. La semana pasada, en pleno brote y ola de calor, no tenían ni agua fresca. Muchas de quienes encabezaron las protestas fueron trasladadas o llevadas a camas de sujeción como método de castigo. Un sistema carcelario cruel que incumple los derechos humanos.
Por Redacción La tinta
No es novedad las malas condiciones edilicias de los establecimientos penitenciarios así como la falta o ausencia de asistencia médica y acceso a la salud que viven las detenidas en las cárceles de Córdoba. Estos años de pandemia no hicieron más que visibilizar la situación intramuros. Cada tanto, nos llega una noticia de motín por reclamos, pero la realidad es diaria y dolorosa.
Conversamos con Adriana Revol, militante y referente anticarcelaria de Córdoba, sobre lo sucedido en el Establecimiento Penitenciario Cárcel de Mujeres de Bouwer la semana pasada en medio de la ola de COVID y calor que no dio tregua. “El 8 de enero, varias mujeres privadas de la libertad dieron positivo en los testeos por COVID-19. Las aislaron en un pabellón muy pequeño, con poca ventilación, sin ventiladores ni heladera. Un lugar para 10 personas, pero donde eran 19. La comida era insuficiente, mandaban para 10 y se encontraban sin asistencia médica. Las mujeres comenzaron a reclamar para que les alcanzaran ibuprofeno para quienes tenían fiebre. Ni agua fresca les dieron y las autoridades hicieron oídos sordos ante los reclamos. Al día siguiente, las mujeres levantaron el tono de la protesta, incendiaron un colchón que el servicio penitenciario no apagó inmediatamente -es importante mencionar que no hay extinguidores ni matafuegos en esa zona-. Una de las pibas que más se quemó requería traslado, pero no tenían camilla para poder sacarla. Ese es el estado en que están estas mujeres”.
El derecho que ven impedido quienes están cursando una condena es el de privación de la libertad, de ninguna manera deberían verse afectados los derechos a la salud, a la alimentación y a la vida. Sin embargo, esta foto de la semana pasada retrata una problemática común en las cárceles de la provincia que se agrava con la respuesta represiva ante los reclamos. “En medio de la protesta, se presentó el grupo de fuerza antichoque que tiene el servicio penitenciario y reprimieron con balas de goma a las mujeres que estaban allí. La respuesta a todos los pedidos fue en algunos casos el envío a camas de sujeción, eso significa que las tienen atadas de pies y manos, y a veces del cuello, o el traslado hacia otras cárceles como la de Río Cuarto y Villa María. Esa fue la respuesta que dio el gobierno de la provincia de Córdoba ante el pedido de sus legítimos derechos de las mujeres privadas de la libertad”, detalló Revol.
Estos últimos años, en plena pandemia, se han visibilizado las problemáticas de salud que hace tiempo se viven en las cárceles, “no se agudizó, porque, en realidad, nunca tuvieron buena asistencia médica las cárceles de Córdoba, por eso la cantidad de muertes que hubo hace algunos años. Lo que podemos ver con claridad es la política de salud que se tiene en la provincia para las cárceles, por ejemplo, en la cárcel de Río Cuarto, en un pabellón de 85 personas, se contagiaron 60 personas y la respuesta fue colocar un nylon en las rejas de entradas a los pabellones. Dejaron allí a todas las personas mezcladas sin atención médica y sin medicación. Han carecido de todo, todxs. Esa ha sido la política. Y creo que es la misma política que tienen diseñada desde hace largas décadas en las cárceles de Córdoba. Si bien para el primer momento de pandemia se armaron carpas sanitarias en algunas cárceles, por ejemplo, la de Bouwer, pudo usarse muy pocos días, ya que desde el servicio penitenciario aducían no tener personal ni de seguridad ni de salud para atender. Las personas terminaban cumpliendo el aislamiento en los calabozos, en lugares de visita privada, en los salones tirados en el piso y sin ser atendidos por personal de salud. En caso de gravedad, hubo traslados a hospitales y muchas personas murieron extramuros”, describe la referente anticarcelaria.
Adriana es una referente que viene trabajando hace mucho tiempo en el monitoreo de las situaciones en las cárceles, sabe de la realidad que allí se vive y ha expresado que somos una de las provincias con mayores índices de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y con mayor cantidad de población encarcelada. Para ella, el reclamo al Estado provincial y nacional es de una contundencia mínima y clara: que se respeten los derechos que tienen vigentes las personas privadas de la libertad, esto es: el derecho a la salud y el derecho a la vida.
En el informe Mujeres en prisión. Los alcances del castigo, publicado en 2011 por el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Ministerio Público de la Defensa de la Nación y Procuración Penitenciaria de la Nación, detallan cómo en los últimos años los estudios realizados sobre los centros penitenciarios femeninos indican un fracaso “como instrumentos de resocialización e integración», a la vez que, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las dos últimas décadas a nivel mundial, la tasa de encarcelamiento femenino se incrementó un 159%. Escalada que no está vinculada con el aumento o gravedad de los delitos, sino con cambios en las políticas públicas y la criminalización de la pobreza. “El aumento de la aplicación de la fuerza punitiva del Estado, lejos de responder a cambios demográficos o de la tasa delictiva, se debe en mayor parte a decisiones de política criminal”, afirmaron en dicho informe.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
