Cárceles en Ecuador: “Existe un desentendimiento por parte del Estado”
Bianca Gavilanes, integrante de la Fundación Dignidad de Ecuador, analiza la situación crítica en las cárceles del país, donde las masacres se multiplican y el gobierno mira para otro lado.
Por Redacción La tinta
La situación en las cárceles de Ecuador es crítica. Aunque poco se conoce a nivel regional e internacional, el sistema penitenciario del pequeño país sudamericano se encuentra rodeado de pólvora seca y, con el correr del tiempo, los estallidos se producen cada vez con más frecuencia.
Un ejemplo de este panorama sucedió el viernes pasado en el penal del Litoral, en la provincia de Guayas, cuando se desató un motín en el que murieron -según cifras oficiales- 62 personas privadas de la libertad. Lo ocurrido en ese centro carcelario no es una anomalía. En lo que va del año, en todo el país se registraron varios hechos similares y un total de 320 personas murieron dentro de las prisiones en el marco de casos de violencia extrema.
En diálogo con La tinta, Bianca Gavilanes, integrante dela Fundación Dignidad, asegura que este tipo de problema en Ecuador es “histórico” y “se viene arrastrando de la gestión penitenciaria desde años anteriores”. A esto, se suma la reforma penitenciaria de 2014, la cual permitió la construcción de mega-cárceles y la criminalización de hechos menores, como el microtráfico de drogas o la encarcelación directa de padres que no pagan las pensiones a sus hijos e hijas. Además, señala Gavilanes, la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) amplió “el aparato punitivo y el catálogo de delitos”, al mismo tiempo que cortó los beneficios penitenciarios.
El resultado de la reforma fue inevitable: el aumento del hacinamiento en los penales, una situación considerada por la CIDH como una forma de trato cruel, inhumano y degradante contra las personas privadas de libertad. Para Gavilanes, los cada vez más frecuentes estallidos de violencias en los centros penitenciarios se deben al hacinamiento, “que desde 2014 ha ido aumentando. De un 30 por ciento, el hacinamiento no baja. En los mejores momentos, hemos tenido un 25 o 26 por ciento, pero no baja más que eso”.
Las propias cifras difundidas por la Fundación Dignidad, que trabaja en el acompañamiento de los familiares de las personas privadas de libertad, muestran que en todo el país hay 37.519 ciudadanos y ciudadanas tras las rejas, repartidas en 53 Centros de Privación de Libertad, de los cuales más de la mitad presentan problemas de hacinamiento.
Algo fundamental para entender lo que sucede en las cárceles de Ecuador es que, con la reforma de 2014, el Estado dejó de brindar casi todos los servicios dentro de los penales, permitiendo un vacío que ahora está en manos de “los grupos de poder, que se manejan desde una economía ilegal y controlan la vida en las prisiones, porque el Estado no brinda la posibilidad de subsistencia”, remarca la integrante de la Fundación Dignidad.
Gavilanes detalla que los “grupos de poder” se organizan desde afuera, vinculados principalmente a pandillas, o en la propia estructura interna penitenciaria. Los niveles de organización que ostentan “les permite controlar las economías ilegales, a las demás personas que no están organizadas y no tienen nada que ver con ellos, algo que también ha apoyado muchísimo el Estado, porque con la nueva reforma penitenciaria se diluyen los comités de internos. Estos comités eran elegidos entre las personas privadas de libertad de forma democrática y servían para denunciar y para llevar sus voces a las autoridades. El Estado cierra estos comités internos y no permite que se elijan, y entonces los únicos organizados son estos grupos, que son muy poderosos y que tienen nexos directos con el Estado y actúan con el aval del mismo”.
Aunque en Ecuador exista un imaginario por el cual “el Estado es el que pone muchísimo dinero y mantiene a las personas privadas de libertad –dice Gavilanes-, en realidad son las familias quienes las mantienen. Frente a este abandono histórico, ante la constante y paulatina falta de servicios a nivel penitenciario, tenemos en la actualidad una situación bastante crítica. Las personas privadas de libertad acceden a una llamada telefónica no por las cabinas oficiales, porque no existen o no tienen el dinero para acceder, sino que lo hacen desde la economía ilegal, controlada por estos grupos de poder”.
Con la última masacre en la cárcel del Litoral todavía latente, para la integrante de la Fundación Dignidad se pudo comprobar que un hecho como el ocurrido tiene la “aquiescencia del Estado y del aparato de la policía nacional”. Gavilanes explica que, frente a las masacres penitenciarias y otros hechos de violencia en 2021, las fuerzas de seguridad alertan de las situaciones demasiado tarde. “Nosotros alertamos en octubre lo que estaba por pasar. Las personas privadas de libertad también lo estaban alertando –asevera-. Tenemos conocimiento que también sucedió en otras prisiones”.
A este panorama, Gavilanes advierte que las fuerzas de seguridad, en el caso de Guayas, “entraron en acción ocho horas después de haber sido alertadas y al día siguiente con los operativos. Es complejo el contraste, porque vemos que, en otras ocasiones, la policía nacional es alertada de inmediato y llega, por ejemplo, en protestas ciudadanas. En ese tipo de casos, existen varios efectivos dispuestos a retomar el control del espacio público, pero no sucede en la prisión. Entonces, esto nos deja muchísimas preguntas”.
“Vemos cómo la política penitenciaria y la política nacional está enfocada en un dejar pasar, un dejar morir –alerta la activista-. Eso es lo que nos preocupa: la necropolítica existente, no solo en el sistema penitenciario, sino también en el tratamiento de la pandemia con los sectores más empobrecidos. En esta pandemia, se vio que los sectores burgueses tuvieron acceso a la medicina, a hospitales y a las vacunas, en primer lugar. Mientras tanto, se dejaba morir masivamente a otra población. Podemos ver cómo se ha manejado en el Estado, que viene arrastrando de gobiernos anteriores una necropolítica estatal: dejar morir a los que no importan. Y las cárceles no son una prioridad o una preocupación para el gobierno, y no les importa en general”.
Gavilanes asevera que, al respecto del sistema penitenciario ecuatoriano, “existe un desentendimiento por parte del Estado”. “Pedimos que las fuerzas actúen en estricto respeto a los derechos humanos de todos y todas, pero eso no cabe en el imaginario de la fuerza pública -analiza-. Ellos creen que al actuar deben violar todos los derechos humanos y simplemente eso es actuar para la fuerza pública. No se puede permitir, en aras de solicitar que el Estado garantice la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad, y no existan más asesinatos masivos y exterminios como los que estamos presenciando en 2021. Eso no quiere decir que estamos a favor del uso desproporcional de la policía o, peor aún, de los militares, que no están para controlar a la ciudadanía o realizar cuestiones a nivel civil, sino que tiene funciones específicas que señala la Constitución”.
En el trasfondo de esta realidad en Ecuador, aparece algo por demás de peligroso, finaliza Gavilanes: con esta política oficial, desde el Estado, “se tratan de aprovechar de estas masacres” para justificar que las fuerzas de seguridad “puedan reprimir con todas las de la ley y sin ningún control de ningún tipo a la población”.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Fernando Machado – AFP.
