Río Negro: “La llegada de las mineras es un nueva etapa de la Campaña del Desierto”
El gobierno de Río Negro otorgó permisos de cateo a una minera. Lo hizo sin la consulta previa a las comunidades originarias que es de carácter constitucional. Las comunidades mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios siempre en disputa.
Por Canal Abierto
En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar la actividad.
La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo, Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero tiene que tener arraigo en la población local”.
La anterior cita es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.
“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que esta había rechazado”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta”.
A partir de ese momento, las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo, “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.
“En realidad, nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
El 7 de julio, un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche, es inviable cualquier proyecto minero; para nosotros, es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.
El gobierno de #RíoNegro otorgó permisos de cateo a empresas mineras sin la Consulta Libre, Previa e Informada a las comunidades originarias violando derechos plasmados en la Constitución y en Tratados Internacionales.
Las comunidades definieron cerrar las tranqueras. pic.twitter.com/hAI4Op2rDj— Canal Abierto (@canalabiertoar) July 16, 2021
“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que, junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena), se reunió con personal de la firma.
Buen vivir
Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico, sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas, están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello, la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.
“Después de la Campaña del Desierto, vinieron las estancias que se quedaron con los mejores campos y que nos fueron arrinconando en los pedreros. Después, vinieron las represas hidroeléctricas y las comunidades corridas de esos territorios ni siquiera tienen luz eléctrica. Esas represas provocaron cambios en el clima. Ahora, para finalizar la Campaña del Desierto, nos plantean la llegada de las mineras”, concluye Carriqueo. “El buen vivir necesita de un territorio sano. Hoy vemos que falta mucha agua, las lagunas y los ríos han bajado, las vertientes se han secado, plantearse un proyecto minero de estas dimensiones es devastar el territorio”.
El gobierno de #RíoNegro otorgó permisos de cateo a una minera sin la consulta previa a las comunidades originarias que es de carácter constitucional. Las comunidades #mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios siempre en disputa. -> https://t.co/TEoy4dy3Um pic.twitter.com/48CLzRZUJf
— Canal Abierto (@canalabiertoar) July 21, 2021
Oro, plata, uranio y otras baratijas
Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.
En Río Negro, se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque, en 2005, la Ley 3.981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
Cerca de Valcheta, la canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.
Si bien el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes -se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio-, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas, pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.
Además de estos casos en etapa de exploración y estudio, podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales, son probadas muestras de que el “desarrollo” promisorio de la minería no tiene buenos augurios.
*Por Canal Abierto / Imagen de portada: Canal Abierto.
