Autovía Paravachasca: entre gallos, medianoche y a un costo insólito
Pese a los cuestionamientos que diversos sectores sociales, ambientales y científicos hacen a varias autovías proyectadas en la provincia de Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti insiste con oídos sordos. Un millón ochocientos mil dólares por kilómetro es el costo de la proyectada autovía Ruta 5, en Paravachasca… ¿cuántas escuelas podrían construirse, hospitales, y cuánto bosque nativo se salvaría?
Por Graciela Pedraza para Prensa Red
¿Qué tufo desprendemos los ciudadanos que tanto repele a muchos políticos? En Córdoba las opiniones son aplastadas por el peso de la burocracia y los intereses variopintos que nunca cesan. Los habitantes de Punilla, por ejemplo, han recorrido sinuosos laberintos para impedir que la autopista proyectada se lleve a cabo. Noventa por ciento de la audiencia pública se manifestó en contra, pero el ínfimo diez por ciento, que controla el poder político y económico, tiene la última palabra.
En los próximos días se ventilará en instancia similar, la llamada Variante Ruta Provincial N° 5, una herida profunda en el Valle de Paravachasca. Todo fue cocinado en silencio y horneado en la Unicameral con manos de yeso en alto. El oficialismo es mayoría; la desgracia de tener un solo parlamento (1).
Hay políticos que mienten y otros que ocultan y otros que hacen las dos cosas. Tanto el proyecto de Punilla como el de Paravachasca rebalsan de rechazos. Los grandes medios tejen y tejen sin descanso para armar una red que nos sofoque con noticias falsas o triviales, tapando lo importante. Vivimos un tiempo de maldad e ignorancia sin que muchos se percaten.
La Asamblea de Paravachasca es una de las voces que se han alzado a tiempo. Resume el sentir de vecinas y vecinos del valle que se define con dos municipios, Alta Gracia y Anisacate, y varias comunas: Falda del Carmen, La Paisanita, Dique Chico, José de la Quintana, San Isidro, Valle de Anisacate, La Bolsa, Los Aromos, La Serranita, La Rancherita y Villa Ciudad de América. El corredor propiamente dicho arranca desde el sur de Alta Gracia, tiene su columna vertebral en la ruta 5 y se perfila hacia el valle de Calamuchita. “Como asamblea -dicen- hemos delimitado un área de intervención y usamos un solo criterio, somos vecinos y vecinas que compartimos problemáticas socioambientales comunes”.
En esta zona, maravillosa por el verde, el agua, el aire que se respira, viven unas ochenta mil personas. La mayoría, sesenta mil, en Alta Gracia, el resto se reparte. Hablamos de un lugar increíble pero azotado por incendios y un desarrollo inmobiliario sin control, o controlado por intereses cuya única zanahoria se mide en pesos.
El 23 de diciembre del 2020 la Unicameral aprobó entre gallos y medianoche la ley 10733 (Variante Ruta 5), cuyo ‘tratamiento’ llevó solo una semana. Había tal apuro que se olvidaron de consultar a los principales afectados: los habitantes. Tampoco sabían los jefes comunales o los intendentes, que de todas maneras luego aprobaron sin chistar. Es la estratagema que se utiliza para desarticular cualquier oposición: ocultar y negar.
La modificación que se pretende arranca antes de la rotonda Fangio, desde ahí va hacia el este por atrás del aeroclub, luego en línea recta hacia el sur (por el este de La Bolsa), pasa por la actual rotonda de Los Aromos y se amplía al llegar a la Rancherita; 27 kilómetros. Es notable que tanto en el presupuesto 2020 como en el 2021, la obra no figura como autovía, sino como “duplicación de calzada”, lo cual se entendería como ampliación de la actual.
El 1° de febrero de este año, el gobernador Juan Schiaretti blanqueó el tema en la apertura de sesiones ordinarias, cuando ya habían modificado el proyecto inicial, que atravesaba la reserva natural de La Rancherita. La queja de los vecinos y del mismo jefe comunal, impulsó en enero el cambio de traza, lo que habla de la improvisación y torpeza de quienes proyectan. “Esa primera opción era tan obscena por el nivel de daño socioambiental que implicaba, que la modificaron”. Una desprolijidad mayúscula, “por eso en nuestro comunicado de marzo último, desde la Asamblea decimos que el único proyecto aprobado, tiene una traza diferente a la que se llevaría a cabo; la actual nunca pasó por la Unicameral. Ese dato es fundamental para ver la invalidez y la ilegalidad de esto, si los argumentos jurídicos son sólidos para impugnar, y también para revisar los fondos destinados a expropiar los terrenos”.
Pero aun con ese cambio, los vecinos muestran un mapa donde el trazado pasa por zonas rojas y amarillas, “de conservación de bosques nativos, zonas que sufrieron los incendios de agosto y septiembre del año pasado y que, por lo tanto, deberían protegerse. Pasa también por cursos de agua, no solo por el río Anisacate, sino por afluentes de agua potable de todo el valle, uno de los cuales abastece a La Rancherita” (2).
Obra de altísimo costo oculta prioridades
En febrero de 2021, el ministro de Obras públicas, Ricardo Sosa, declaraba que el costo de la obra ascendía a 3.900 millones de pesos (3), sin embargo, en la respuesta al pedido de informes que hiciera la legisladora Cecilia Irazuzta (CC) días atrás, el ministerio de referencia calcula el precio en 4.800 millones ($4.800.000.000), unos 48 millones de dólares al cambio oficial; es decir que en menos de cuatro meses trepó mil millones más y por lo tanto cada kilómetro costará casi un millón ochocientos mil dólares. Cabe ilustrar que en Europa el kilómetro en obra similar se estima en 180 mil dólares, en promedio (4).
Pero además de estos números hay que ubicarse en el mapa: entre Anisacate y Dique Chico (por donde pasaría la nueva traza haciendo un rodeo), hay apenas seis kilómetros, y entre Anisacate y la autovía 36 a Río Cuarto, solo 17 kilómetros. ¿Justifica una tercera vía a costos altísimos y con habitantes oponiéndose?
Sin embargo a los gobiernos les gusta que las obras se vean, que el cemento -difícil de controlar- luzca. Los turistas no reparan en basurales o en los barrios sin agua potable de Anisacate porque no están a la vista, en cambio el asfalto, la velocidad que permite, los negocios inmobiliarios… ¡ah, eso sí!
Desde la Asamblea señalan que “el perjuicio ambiental será inmenso, pero también la fragmentación del territorio es fundamental, porque hace a las prácticas sociales y culturales que deja al margen, y lo más alarmante y lo que menos se tiene en cuenta, es lo que se instala en los territorios después de la autovía. Decimos que la implicancia directa es el desarrollo inmobiliario del lugar, el uso del suelo que se produce con una obra así, porque nadie pregunta ni dice cómo se abastecerá de agua potable, qué pasa con el tema la basura, con los servicios básicos. La obra es un beneficio directo para los grandes desarrollistas que sí tienen negocios con el gobierno provincial, por lo que implica en materia turística, que para nada es intraprovincial, sino que supone el acceso desde otras provincias al valle de Paravachasca. Hay importantes intereses que se ponen de manifiesto cuando uno empieza a preguntarse por qué hay tanto impulso para este tipo de obras. Por eso dejamos bien en claro que no estamos cuestionando una u otra traza, sino la obra en sí y la lógica de este tipo de obras. Queremos que se consideren las prioridades del valle”. (5)
Agilizar el tránsito para quiénes y para qué. “Esa sería una buena pregunta para las autoridades. Agilizar tiene que ver claramente con una urgencia turística, con un tránsito que no se genera en el mismo valle de Paravachasca sino en Calamuchita, sobre todo en el sector del dique, en Potrero de Garay, donde hubo un boom del desarrollo inmobiliario que lleva a la congestión del tramo. Desde la Asamblea decimos que es necesario solucionar ese tema que por otra parte solo se ve en los fin de semana largos y en el verano, ¿pero justifica eso gastar tantos millones de dólares en una obra, cuando hay otras necesidades para cubrir?”.
El relevamiento del territorio hecho por los integrantes de la Asamblea Paravachasca muestra que hay barrios en Anisacate que esperan el agua potable desde hace diez años. “Tienen que comprar el agua al mismo municipio o a empresas privadas que les llevan el agua con camiones… calculamos unos dos mil vecinos”.
Los que argumentan a favor dicen que la autovía es necesaria para trasladar con rapidez un enfermo. “Pero no plantean una solución de fondo. Hay un solo hospital regional en Alta Gracia y otro en Santa Rosa de Calamuchita, ambos totalmente saturados, vaciados de insumos, de personal, porque la política, claramente, es seguir centralizando en la ciudad de Córdoba. Ninguno de los dispensarios del valle de Paravachasca realiza placas radiográficas, muy pocos hacen laboratorios. En Alta Gracia se atienden no solo los sesenta mil habitantes de esa ciudad, sino los de las comunas de alrededor. Y no da abasto. Sería fundamental otro hospital público en el departamento Santa María, con especialidades médicas y que dé respuesta de fondo a los problemas de salud”.
Para los asambleístas, tema primordial es la falta de bancos en la zona, lo que obliga a los habitantes de las comunas a mandar a los chicos a escuelas más alejadas y recurrir al transporte público. Fuera de Alta Gracia, solo hay tres escuelas secundarias. Una en Los Aromos, otra en Anisacate, y la escuela de minería en José de la Quintana. Esas son las verdaderas necesidades que tenemos. Y otra cuestión grave es el enterramiento en Piedra Blanca, adonde va a parar la basura de todo el departamento Santa María. No hay ninguna solución ni plan estratégico sobre qué hacer con los residuos. A esas cosas deberían destinarse los fondos y no a una autovía de la cual unos pocos serán los beneficiados”.
La ley y la trampa
A medida que escarbamos, encontramos. En la audiencia pública se discutirán cuestiones fundamentales, como el estudio de impacto ambiental que realiza Caminos de las Sierras -empresa de capitales provinciales- y luego controla la Secretaría de Ambiente. Es decir que la provincia propone y se autoriza a sí misma. Algo así como un estudiante que redacta las preguntas y después toma su propio examen.
Desde la Asamblea dicen que “es la forma de proceder de la obra pública, en este caso hay aspectos legales que avalan ese trámite. Pero lo interesante es que antes de hacer ese estudio, cada comuna y municipio involucrados tienen que otorgar lo que se llama ‘factibilidad del uso del suelo’, es decir, tiene que autorizar que por su ejido o cercanía pase la obra. Los primeros días de marzo de este año nos enteramos que la comuna de Los Aromos ya había otorgado la factibilidad, y preguntamos por nota qué estudio técnico de ambiente se había tenido en cuenta para decidir. Nunca tuvimos respuesta”.
Similares notas se presentaron a los municipios y comunas involucrados. “Solo recibimos tres respuestas. El 20 de marzo, Ramón Zalazar, intendente de Anisacate, respondió a través de su jefe de prensa que no había otorgado factibilidad alguna ni tenía conocimiento formal de la obra. La primera semana de abril, la jefa comunal de Los Aromos dijo lo mismo y respuesta por el estilo dio La Serranita. Pero nos llevamos una gran sorpresa al publicarse el estudio de impacto ambiental, porque en una foja adjunta constan las autorizaciones que dio cada municipio y comuna: la de La Bolsa había otorgado esa factibilidad en febrero, o sea que en marzo cuando preguntamos, nos mintieron, lo mismo pasó con La Serranita. En cuanto al intendente de Anisacate, el 15 de diciembre del 2020 ya había otorgado la factibilidad; y como dato anecdótico, para dar esa autorización pidió a cambio materiales para adoquinar dos cuadras de su municipio”.
Para algunos políticos, ¡qué devaluada está la naturaleza con habitantes incluidos!
¿Qué recursos tienen los vecinos para hacerse escuchar y debatir criterios? “Es la pregunta que nos hacemos. Aunque en la audiencia pública la negativa fuese mayoritaria por completo, como ocurrió con Punilla, aun así, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que evalúa el impacto ambiental, puede decidir que se lleve adelante la obra y no hay ningún tipo de herramienta participativa para frenar eso. Uno podría pensar en un amparo colectivo como herramienta… pero son las organizaciones territoriales quienes deben decir no al proyecto, mostrar la ilegalidad y la ilegitimidad. Eso es lo que queda: acciones concretas en el territorio para impedir que este tipo de obra se lleve adelante”.
*Por Graciela Pedraza para Prensa Red / Imagen de portada: Diario Sumario.
Notas
1-http://diariotortuga.com/2020/12/23/variante-ruta-5-las-opiniones-de-lxs-legisladorxs/
2-Ley Nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos. Ley Provincial 9814 de ordenamiento territorial de bosques nativos. Ley Nacional 25831 de Acceso a la información pública ambiental.
4-En Europa el costo promedio es de 180 mil dólares por km. https://www.infobae.com/2013/09/29/1512287-el-kilometro-carretera-america-latina-cuesta-7-veces-mas-que-europa/
5- Asamblea Paravachasca. https://es-la.facebook.com/pg/asambleaparavachasca/posts/
6-Se consultó por teléfono y mail al intendente de Anisacate (Ramón Zalazar) y a las jefas comunales de Los Aromos (Nely Morales) y La Bolsa (Verónica Diedrich), solo esta última respondió, entre otras cosas: “… no podemos ignorar que estas decisiones también afectan al ambiente, los comercios, emprendedores y artesanos de la localidad (que) van a quedar un poco aislados…”.
